La provincia de Chaco, situada en el noroeste de Argentina, se enfrenta a una grave crisis de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de fondos públicos. Recientemente, una investigación ha revelado una preocupante serie de irregularidades, incluyendo la asignación de 120 millones de pesos destinados a una fiesta cultural que, según se afirma, nunca llegó a su verdadero destino. Este escándalo se ve agravado por un esquema de contrataciones directas entre funcionarios, lo que sugiere un posible conflicto de interés y corrupción en la administración provincial.
La Fiesta Cultural que Nunca Fue
La cultura chaqueña tiene sus raíces profundamente arraigadas en la historia y tradiciones de la región. A pesar de su riqueza cultural, la inversión en actividades que potencialmente pueden impulsar turismo y desarrollo local no siempre ha sido efectiva. La emblemática fiesta conocida como “chacarera del monte”, que se celebra en Miraflores, un pequeño pueblo de aproximadamente 3,000 habitantes, es un ejemplo de cómo una celebración austera puede mantener vivas las tradiciones culturales. Sin embargo, lo que debería ser un ejemplo de alegría y orgullo cultural se ve empañado por las irregularidades en la gestión de fondos.
El destino de los 120 millones de pesos asignados a una celebración en el impenetrable chaqueño plantea serias dudas sobre la capacidad de los funcionarios responsables para manejar adecuadamente los recursos del Estado. La falta de transparencia en el uso de estos fondos no solo afecta a la cultura local, sino que también disminuye la confianza del pueblo en sus líderes.
Contrataciones Directas: Un Sistema Problemático
La situación se vuelve aún más crítica al considerar que, solo en julio, se realizaron contrataciones directas en la provincia por un monto total de 400 millones de pesos. Este método de contratación, que evita la necesidad de licitaciones públicas, ha generado preocupaciones sobre el uso indebido de recursos y la falta de competencia entre proveedores. La ley en Argentina establece que cualquier contratación que supere los 33 millones de pesos debe someterse a un proceso de licitación, un procedimiento diseñado para garantizar la transparencia y la gestión eficiente del dinero público. La omisión de este tipo de procesos no solo es alarmante, sino que podría abrir la puerta a la corrupción.
La Respuesta del Gobernador
Frente a estas acusaciones, el gobernador de Chaco ha defendido con fervor su administración, argumentando que las críticas de la oposición son maniobras políticas destinadas a desestabilizar su mandato. En su discurso, enfatiza su compromiso de transformar la realidad de la provincia y pide unidad al pueblo chaqueño para avanzar en este objetivo. Sin embargo, su retórica no logra silenciar las voces de preocupación respecto a la gestión de fondos públicos ni a las acusaciones de corrupción.
Este tipo de defensa es común en contextos de crisis política, donde los funcionarios a veces intentan desviar la atención hacia la supuesta conspiración de sus oponentes en lugar de abordar las preocupaciones legítimas de la ciudadanía. No obstante, el verdadero desafío radica en la capacidad de las autoridades para demostrar que están actuando en el mejor interés del pueblo y no como parte de un esquema de enriquecimiento personal o político.
La Importancia de la Transparencia
La transparencia en la gestión pública es un pilar fundamental de cualquier democracia. Sin ella, la confianza del público se erosiona y se pavimenta el camino para la corrupción. Para que Chaco avance y supere sus desafíos, es vital que la administración provincial implemente medidas efectivas para garantizar la rendición de cuentas en todas las áreas, particularmente en la asignación y uso de fondos públicos.
Es esencial que se realicen auditorías independientes sobre la utilización de los 120 millones de pesos asignados a la fiesta cultural, así como un análisis detallado de las contrataciones directas realizadas en julio. Solo a través de una mayor transparencia y responsabilidad se podrá restablecer la confianza de los ciudadanos en sus líderes.
Conclusión
Las recientes revelaciones sobre las irregularidades en el manejo de fondos públicos en Chaco no son solo un problema administrativo, sino una crisis de confianza entre la ciudadanía y sus gobernantes. Mientras la cultura chaqueña sigue siendo un componente vital de la identidad local, la forma en que se gestionan los recursos destinados a su promoción debe ser revisada y mejorada.
La defensa del gobernador, en lugar de abordar las preocupaciones legítimas planteadas por la oposición y la ciudadanía, podría interpretar la incapacidad de su administración para asumir la responsabilidad por sus acciones. El pueblo chaqueño merece open, transparencia y que sus fondos sean utilizados de manera responsable para fomentar el desarrollo cultural y social de la provincia. En tiempos de incertidumbre e desconfianza, la unidad del pueblo y el compromiso con la transparencia son más necesarios que nunca.
El gobierno de Zdero sigue de fiesta mientras el pueblo chaqueño sufre.
Al igual que el año pasado la Cabalgata de la Fe que promociona el gobierno de Zdero le costará muchos millones al pueblo chaqueño.
La provincia con mayores déficits y la más pobre del país deberá afrontar gastos millonarios por decisión del gobernador Leandro Zdero.
Como se sabe, una nueva edición de la denominada Cabalgata de la Fe dio inicio el sábado teniendo como punto de partida la sociedad rural de Quitilipi. El encuentro religioso se celebra hace muchos años en la provincia de Chaco, en cada una de sus ediciones recibe aportes millonarios por parte del estado para su realización.
Las órdenes de compra a las que pudo acceder Chaco Ahora dan cuenta de que aproximadamente son 129 millones de pesos lo que se gastará para esta edición y de ese monto 30 millones de pesos se los quedará el Chaqueño Palavecino por su actuación.
Mientras tanto todo el sector estatal: policías, médicos y enfermeros siguen luchando por dejar de percibir sueldos miserables que no le permiten llegar a fin de mes y deben “comerse el verso de que no “hay plata”, misma mentira que promociona el gobierno de Milei mientras deja a miles de argentinos sin trabajo en el marco de un plan de desguace del Estado. Esta situación es replicada por Zdero en la administración pública provincial que también sufre los embates de achicamiento.
DETALLE
En detalle algunos de los gastos son:
$4.800.00 en servicio de lunch para 500 personas, bebidas, morfi, etc. (ver orden de compra).
$4.200.00 en servicio de lunch-almuerzo y cena- (Ver la orden de compra)
$30.250.0000 Por el servicio de honorarios de asesoramiento por presentación del Chaqueño Palavecino
$7.500.000 por el servicio de lunch-almuerzo y cena- (Ver la orden de compra)
$16.940.000 por servicios de alquiler de equipos, 200 baños químicos, etc (ver orden de compra)
$40.000.000 por servicio de sonidos, iluminación, pantallas y proyectores.
$13.500.000 por alquiler de servicio de carpas, catering, gazebos, etc.
$1.500.000 por servicio de alojamiento a los artistas, etc.
$9.560.000 por servicio de alquiler de muebles para eventos, servicio de logística para instalación.
En medio de una crisis educativa que golpea con fuerza a las escuelas públicas del Chaco, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, firmó un contrato de locación que no pasa desapercibido: $96 millones de pesos para alquilar un inmueble destinado a oficinas de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología.
El alquiler, aprobado mediante la Resolución N.º 3470/25 del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, contempla un pago mensual de 8 millones de pesos durante 12 meses, con posibilidad de extenderse por otro año. Todo sin pasar por el sellado de ATP, según consta en el expediente.
Mientras en distintos puntos de la provincia se multiplican las denuncias por falta de infraestructura, precariedad edilicia y docentes que aún reclaman por salarios justos, el Gobierno elige priorizar los metros cuadrados de una oficina antes que las necesidades básicas de cientos de escuelas.
Hasta ahora, la ministra Naidenoff no explicó públicamente por qué se destinó semejante suma al alquiler ni si se consideraron alternativas más austeras, como el uso de edificios estatales ya disponibles. Tampoco se conoce el nombre del propietario del inmueble ni su ubicación exacta.
Una decisión que confirma una tendencia: cuando el ajuste es para abajo, la comodidad sigue siendo para los de arriba.
El Juzgado Federal N° 1 de Resistencia avanza en una causa por presunto lavado contra Jorge Ledesma.
La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, ordenó el levantamiento del secreto fiscal y financiero del pastor evangélico Jorge Ledesma, quien semanas atrás recibió al presidente Javier Milei en el templo Portal del Cielo. La decisión fue impulsada por el fiscal Patricio Sabadini, tras detectar que la Iglesia Cristiana Internacional no presenta balances desde 2016 ni estados contables ante el registro público de comercio. La investigación se centra en el presunto lavado de dinero y en determinar si hubo ingreso de fondos públicos para la construcción del estadio religioso con capacidad para 15.000 personas.
El caso tomó fuerza luego de que Ledesma afirmara en una entrevista radial que la financiación fue posible gracias a “un milagro”, relatando que los 100.000 pesos guardados en una caja de seguridad aparecieron luego convertidos en dólares. “No fue ni la primera ni la última experiencia similar”, dijo. Consultado por la regularización del dinero ante la AFIP, el pastor respondió: “Ahí empieza el trabajo de la contadora”. Para Sabadini, el relato carece de sustento: “No le creo la conversión de pesos a dólares. Gran parte de la ciudadanía tampoco le cree”, sostuvo.
La Justicia busca determinar el verdadero origen de los fondos utilizados para edificar el templo en uno de los barrios más vulnerables de la capital chaqueña. Se solicitaron informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Municipalidad de Resistencia y el Ministerio de Infraestructura del Chaco. También se indaga sobre posibles vínculos políticos y financiamiento estatal encubierto en una obra de gran magnitud.
Además, se analiza la trazabilidad del dinero a través de los registros contables, que según consta en el expediente, presentan vacíos significativos. La resolución también incluye el relevamiento de las cuentas bancarias personales y jurídicas del pastor y de la Iglesia Cristiana Internacional, así como el acceso a la documentación que acredite el origen y destino de los fondos en cuestión.