Quiero expresar con total claridad que la causa judicial iniciada en la Fiscalía Federal de Sáenz Peña, impulsada por la señora Silvina Canata y sostenida con sorprendente torpeza y mala fe por el fiscal federal Carlos Amad, no es más que un capítulo más de la persecución política que impulsa el gobierno de Leandro Zdero contra el peronismo chaqueño.

La única asociación ilícita que existe en esta causa es la de Canata y Amad, con Zdero como ideólogo y jefe de la maniobra. Esta operación judicial-mediática pretende instalar una narrativa falsa, carente de pruebas, y basada en una denuncia ridícula, plagada de suposiciones, prejuicios y vínculos personales sin relevancia jurídica.

La denuncia de Canata es una hoja y media. Lo que hay detrás no es una causa judicial seria, sino un intento de criminalizar la gestión del exgobernador Jorge Milton Capitanich y de la compañera Marta Soneira, basándose en procedimientos que se ajustaron a la Ley de Tierras de la provincia. La entrega de tierras fiscales observada fue hecha por otra presidenta del Instituto de Colonización, Sheina Wassman, siguiendo todos los pasos administrativos y legales. Aún más claro: ¡las tierras siguen siendo del Estado!

Acusan de “enriquecimiento ilícito” cuando ni siquiera se titularizaron las tierras. Acusan “asociación ilícita” sin incluir a los verdaderos responsables administrativos si hubiera existido delito. Es evidente: no buscan justicia, buscan titulares.

Y yo lo digo claramente: con un fiscal como Amad, ningún ciudadano está seguro. Hoy les toca a Capitanich y Soneira, ¿pero quiénes son los próximos? ¿Cuál es el límite de este abuso? Si permitimos que se utilicen los estrados judiciales para venganzas políticas, mañana cualquier chaqueño o chaqueña puede ser víctima del mismo circo judicial.
¿Quién controla al fiscal Carlos Amad? ¿Quién lo autoriza a forzar una figura penal como la de asociación ilícita sobre actos administrativos perfectamente legales? Hacemos un llamado público al Procurador General de la Nación y a la Auditoría General del Ministerio Público Fiscal para que investiguen de oficio la conducta del fiscal Amad, por abuso de poder, falta de objetividad y actuación parcial en causas de notoria connotación política.

Leandro Zdero debería explicar por qué su gobierno no gestiona, no gobierna y solo se dedica a perseguir opositores. Porque mientras se hunde la provincia en el ajuste brutal, el hambre y el desempleo, el gobierno dedica recursos del Estado a sostener una guerra judicial contra el peronismo. No pueden tapar su fracaso con causas inventadas.

Los mismos que desfinancian la salud, despiden trabajadores, reprimen al pueblo y quitan derechos, ahora pretenden encarcelar a quienes sí hicieron. La verdad es muy simple: quieren disciplinar a quienes defienden un modelo de inclusión y justicia social. No lo van a lograr.
Invitamos a todo el pueblo chaqueño a estar alerta. Porque cuando la justicia se transforma en un arma del poder, la democracia está en peligro.

Por Raúl Bittel

La asociación de abogados ambientalistas denuncia que el ministro o un familiar directo de Dudik estaría vinculado a un desmonte cuando ya estaba vigente la cautelar impuesta por la jueza Zunilda Niremperger

🧨🧨Tras la escandalosa salida del primer ministro de la Producción de Leandro Zdero, Hernán Halavacs por estar implicado en desmontes ilegales, ahora es el tuno de Dudik. ¿Otra vez el zorro al cuidado del gallinero?

Lo que denuncian los abogados ambientalistas es que Dudik posee o poseia un campo en el cual se habria realizado un desmonte ilegal cuando ya estaba vigente la cautelar de la Jueza Niremperger. Si bien en los pasillos del ministerio se afirma que dicho campo ya no pertenece al ministro, en las actuaciones administrativas iniciadas se debería haber presentado la documentación que acredite la transferencia del predio, en vez paralizar su tratamiento e incluso archivarlas.

La sospecha tiene razón de ser: el expediente quedó parado ahí, no le dieron trámite directamente. Inclusive, antes de asumir este cargo, ya tendría que haberse desvinculado de este expediente. Si lo vendió, se presenta los papeles, y el tema se cierra. Pero eso no se hizo, argumentan.

En definitiva, los ambientalistas señalan que Dudik o un familiar directo estaría vinculado a un desmonte cuando ya estaba vigente la cautelar impuesta por la jueza Zunilda Niremperger.

Vale recordar que la Justicia Federal de Resistencia ordenó suspender los desmontes en los bosques de Chaco en agosto del año pasado. Así lo decidió en ese entonces Niremperger al hacer lugar a una medida cautelar. Consideró el daño inminente e irreversible que podría ocasionarse al ecosistema de continuarse con los actos de desmontes.

Lo loco de todo esto es que Dudik se hizo el ofendido ante las investigaciones de los ambientalistas. En lugar de enojarse, el ministro debe dar explicaciones si es otro Halavacs. O sea, digamos, si no es otro zorro al cuidado del gallinero.

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas repudió el intento de amedrentamiento público por parte del ministro de Producción del Chaco, Oscar Pablo Dudik contra esa organización, querellante en la causa por la “Mafia del desmonte”. A la par, denunciaron el archivo de un desmonte ilegal en el inmueble del que sería un familiar del actual ministro.

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) repudió el intento de amedrentamiento público por parte del ministro de Producción del Chaco, Oscar Pablo Dudik contra esa organización, querellante en la causa por la “Mafia del desmonte”. A la par, denunciaron ante la justicia federal nuevos casos de desmonte ilegal en violación de la medida cautelar vigente que habrían sido archivados por la Dirección de Bosques, dependiente de Dudik, por haberse realizado en un inmueble que sería propiedad de un familiar del actual ministro.

La denuncia

Según la denuncia de la AAdeAA, entre julio y agosto de 2024 se detectó la tala de 25,4 hectáreas en una parcela ubicada en el Departamento de Independencia, seguida de otro desmonte de 1,5 hectáreas en septiembre del mismo año. Las imágenes satelitales y los informes administrativos respaldan estas acusaciones.

La gravedad del caso se agudiza al revelarse que el titular del terreno afectado es “Pablo Dudik”, nombre que coincide con el del actual Ministro de Producción de Chaco, Oscar Pablo Dudik. Dado lo poco frecuente del apellido, se sospecha que podría tratarse del propio funcionario o de un familiar directo, lo que configuraría un grave conflicto de intereses. La denuncia destaca que el ministro es identificado públicamente como productor agropecuario, lo que agrava las sospechas de parcialidad en su gestión.

Además, se denuncia la inacción de la Dirección de Bosques de Chaco, que archivó uno de los expedientes sin justificación y mantuvo otro paralizado durante casi un año. Estas irregularidades administrativas apuntan a un posible encubrimiento de los hechos, reforzando la hipótesis de un patrón de permisividad hacia actores vinculados al poder político provincial.

La asociación solicitó medidas urgentes, como el allanamiento de las oficinas de la Dirección de Bosques para secuestrar documentación clave, así como un relevamiento histórico de la parcela afectada. También pidió que se investigue el trámite sucesorio de Pablo Dudik para determinar si el terreno en cuestión forma parte de su patrimonio.

Este caso pone en evidencia no solo la violación de normas ambientales, sino también la posible existencia de negociaciones incompatibles con la función pública. La denuncia subraya la necesidad de actuar con celeridad para proteger el bosque nativo y garantizar la transparencia en la administración pública.

Sin carta documento

A través de un comunicado de prensa, desde la asociación repudiaron la amenaza pública proferida por el ministro Dudik y revelaron que aún no recibieron ninguna carta documento. En ese contexto, consideraron que “el accionar del ministro resulta temerario, impropio de un funcionario público, y constituye un apriete político y amenaza directa contra la libertad de expresión y el derecho a la defensa del ambiente, a la vez que afecta la institucionalidad social y ambiental y la independencia de los poderes del Estado en Chaco”.

Así, la AAdeAA aseguró que “es insólito e inadmisible que el titular de una cartera del Poder Ejecutivo pretenda exigir explicaciones o pruebas a una organización de la sociedad civil por una causa ya judicializada, en la que nuestra Asociación no solo es denunciante sino que participa activamente como parte querellante”.

“El rol de evaluar la prueba corresponde al Juez, al Ministerio Público Fiscal, a las defensas de los imputados, y no al Poder Ejecutivo, que no tiene atribuciones para condicionar ni interferir en el desarrollo de un proceso penal en curso”, advirtieron.

Al respecto, consideraron que “este tipo de acciones –replicadas además a través de los principales medios de comunicación, muchos de ellos que reciben pauta oficial–, persiguen el único objetivo de condicionar el trabajo de nuestra organización, presionar al Ministerio Público Fiscal e influir en el Poder Judicial, para frenar la investigación penal que involucra a empresarios locales, empresas transnacionales, funcionarios públicos, ex funcionarios públicos, y legisladores lobbistas, lo que atenta gravemente contra el Estado de Derecho”.

Desde la AAdeAA recordaron que desde que iniciaron la denuncia penal en 2024, aportaron “de manera sistemática y transparente múltiples pruebas al expediente y denunciamos con nombre y apellido”, entre ellas:

-Informes de docenas de páginas sobre el entramado que denunciamos (ej. “Análisis de datos del listado de permisos y guías aportados por la provincia del Chaco”, entre muchos otros)

-Análisis detallado de Documentación oficial que demuestra el otorgamiento de permisos en zonas protegidas

-Evidencia sobre el ingreso sistemático de camiones con madera de quebracho colorado a las tanineras INDUNOR y UNITAN, incluyendo unidades sin matrícula o identificación clara.

-Imágenes satelitales, estudios de georreferenciación, videos, expedientes administrativos, documentación contable, etcétera.

Por último, exhortaron al ministro Dudik “que revise las actuaciones judiciales en la causa federal, donde consta información relevante que involucra penalmente a funcionarios y exfuncionarios públicos de la provincia, entre ellos Miguel López, Hernán Halavac, Luciano Olivares, entre otros”.

Revista Litigio