La provincia del Chaco, en Argentina, atraviesa un momento de gran tensión política y social, marcado por la investigación de gastos publicitarios que alcanzan cifras escandalosas. Esta situación se encuentra bajo la lupa de la justicia, y tres figuras clave, Fanny Fernández, Paola Gómez y Marcos Resico, podrían enfrentarse a detenciones inminentes. El caso, conocido como “Causa FAPPO”, ha revelado una red de corrupción y manipulación mediática que evidencia el giro hacia un sistema político cada vez más feudal en la provincia.
Origen del Caso FAPPO
El fondo fiduciario de promoción pública (FAPPO) es un mecanismo implementado por el gobierno provincial cuyo propósito aparente es la distribución de recursos para la publicidad. Sin embargo, las investigaciones han puesto en jaque la legitimidad de este fondo, ya que se ha utilizado como un arma para beneficiar a amigos del poder, mientras se silencia a medios críticos. Desde el inicio de la gestión de Leandro Zdero como gobernador del Chaco, ha surgido una preocupación creciente sobre la falta de transparencia en los gastos públicos, particularmente en el área de la comunicación.
Los Escandalosos Gastos en Publicidad
Los datos revelados hasta el momento indican que el gobierno provincial ha gastado la asombrosa cifra de siete mil millones de pesos en pauta publicitaria. Este monto, desproporcionado en relación con otros programas sociales y de infraestructura, ha generado sospechas sobre la correcta utilización de los fondos públicos. A medida que avanza la investigación, las autoridades estatales han sido acusadas de usar estas partidas no solo para promover la gestión del gobernador, sino también para amordazar a los medios de comunicación que se atreven a criticar las políticas del gobierno. En este contexto, la palabra “fondo” se convierte en sinónimo de financiamiento de un sistema que intenta perpetuar el control sobre la información y las voces críticas.
El Rol de los Medios Independientes
Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es el ataque sistemático a los medios independientes. En una democracia saludable, la prensa juega un papel crucial en la fiscalización del poder y en la divulgación de información veraz. Sin embargo, en el Chaco se ha observado una tendencia a acallar a aquellos medios que se atreven a cuestionar las acciones del gobierno. La censura, ya sea a través de amenazas, hostigamiento o la negación de la publicidad estatal, se ha convertido en una estrategia más para mantener el statu quo.
Los periodistas que intentan llevar a cabo su labor en este contexto enfrentan desafíos sin precedentes. Algunos han sido objeto de campañas de desprestigio, mientras que otros se han visto obligados a cerrar sus medios ante la imposibilidad de operar en un entorno hostil. Por tanto, la libertad de expresión en Chaco se encuentra en serias dificultades, un signo alarmante que debería preocupar a toda la sociedad argentina.
Implicaciones Jurídicas y Sociales
A medida que avanza la causa FAPPO, la posibilidad de detenciones de funcionarios ligados al gobierno no solo representa un avance en términos de justicia, sino también un posible cambio en la cultura política de la provincia. La corrupción y el abuso de poder, que durante tanto tiempo han sido tolerados, podrían estar llegando a su fin. Sin embargo, la recuperación de la confianza en las instituciones y en los medios de comunicación exige un profundo cambio cultural que vaya más allá de la simple detención de unos pocos.
Las repercusiones sociales son igualmente significativas. Un gobierno que se sostiene en la censura y el control de los medios de comunicación está condenando a su población a la desinformación, lo que puede resultar en una ciudadanía pasiva y desinteresada. La educación y la conciencia crítica son fundamentales para que los ciudadanos comprendan el valor de su voz y exijan rendición de cuentas a sus gobernantes. En este sentido, la causa FAPPO podría convertirse en un punto de inflexión que impulse a la población a despertar y reclamar sus derechos.
Conclusión
El escándalo de los siete mil millones en gastos publicitarios y la investigación de la causa FAPPO son un claro indicio de los problemas que enfrenta la administración actual en el Chaco. La lucha por una comunicación libre y plural, así como la búsqueda de justicia, son esenciales para la revitalización de la democracia en la provincia. A medida que los focos de la justicia iluminan las oscuras prácticas del gobierno de Leandro Zdero, es crucial que la sociedad se movilice, apoyando a los medios independientes y exigiendo un futuro donde la verdad y la transparencia primes sobre el silencio y la opresión. Solo así el Chaco podrá avanzar hacia una real democracia, lejos de los fantasmas del feudalismo político que hoy la amenazan.
El gobierno de Zdero sigue de fiesta mientras el pueblo chaqueño sufre.
Al igual que el año pasado la Cabalgata de la Fe que promociona el gobierno de Zdero le costará muchos millones al pueblo chaqueño.
La provincia con mayores déficits y la más pobre del país deberá afrontar gastos millonarios por decisión del gobernador Leandro Zdero.
Como se sabe, una nueva edición de la denominada Cabalgata de la Fe dio inicio el sábado teniendo como punto de partida la sociedad rural de Quitilipi. El encuentro religioso se celebra hace muchos años en la provincia de Chaco, en cada una de sus ediciones recibe aportes millonarios por parte del estado para su realización.
Las órdenes de compra a las que pudo acceder Chaco Ahora dan cuenta de que aproximadamente son 129 millones de pesos lo que se gastará para esta edición y de ese monto 30 millones de pesos se los quedará el Chaqueño Palavecino por su actuación.
Mientras tanto todo el sector estatal: policías, médicos y enfermeros siguen luchando por dejar de percibir sueldos miserables que no le permiten llegar a fin de mes y deben “comerse el verso de que no “hay plata”, misma mentira que promociona el gobierno de Milei mientras deja a miles de argentinos sin trabajo en el marco de un plan de desguace del Estado. Esta situación es replicada por Zdero en la administración pública provincial que también sufre los embates de achicamiento.
DETALLE
En detalle algunos de los gastos son:
$4.800.00 en servicio de lunch para 500 personas, bebidas, morfi, etc. (ver orden de compra).
$4.200.00 en servicio de lunch-almuerzo y cena- (Ver la orden de compra)
$30.250.0000 Por el servicio de honorarios de asesoramiento por presentación del Chaqueño Palavecino
$7.500.000 por el servicio de lunch-almuerzo y cena- (Ver la orden de compra)
$16.940.000 por servicios de alquiler de equipos, 200 baños químicos, etc (ver orden de compra)
$40.000.000 por servicio de sonidos, iluminación, pantallas y proyectores.
$13.500.000 por alquiler de servicio de carpas, catering, gazebos, etc.
$1.500.000 por servicio de alojamiento a los artistas, etc.
$9.560.000 por servicio de alquiler de muebles para eventos, servicio de logística para instalación.
En medio de una crisis educativa que golpea con fuerza a las escuelas públicas del Chaco, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, firmó un contrato de locación que no pasa desapercibido: $96 millones de pesos para alquilar un inmueble destinado a oficinas de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología.
El alquiler, aprobado mediante la Resolución N.º 3470/25 del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, contempla un pago mensual de 8 millones de pesos durante 12 meses, con posibilidad de extenderse por otro año. Todo sin pasar por el sellado de ATP, según consta en el expediente.
Mientras en distintos puntos de la provincia se multiplican las denuncias por falta de infraestructura, precariedad edilicia y docentes que aún reclaman por salarios justos, el Gobierno elige priorizar los metros cuadrados de una oficina antes que las necesidades básicas de cientos de escuelas.
Hasta ahora, la ministra Naidenoff no explicó públicamente por qué se destinó semejante suma al alquiler ni si se consideraron alternativas más austeras, como el uso de edificios estatales ya disponibles. Tampoco se conoce el nombre del propietario del inmueble ni su ubicación exacta.
Una decisión que confirma una tendencia: cuando el ajuste es para abajo, la comodidad sigue siendo para los de arriba.
El Juzgado Federal N° 1 de Resistencia avanza en una causa por presunto lavado contra Jorge Ledesma.
La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, ordenó el levantamiento del secreto fiscal y financiero del pastor evangélico Jorge Ledesma, quien semanas atrás recibió al presidente Javier Milei en el templo Portal del Cielo. La decisión fue impulsada por el fiscal Patricio Sabadini, tras detectar que la Iglesia Cristiana Internacional no presenta balances desde 2016 ni estados contables ante el registro público de comercio. La investigación se centra en el presunto lavado de dinero y en determinar si hubo ingreso de fondos públicos para la construcción del estadio religioso con capacidad para 15.000 personas.
El caso tomó fuerza luego de que Ledesma afirmara en una entrevista radial que la financiación fue posible gracias a “un milagro”, relatando que los 100.000 pesos guardados en una caja de seguridad aparecieron luego convertidos en dólares. “No fue ni la primera ni la última experiencia similar”, dijo. Consultado por la regularización del dinero ante la AFIP, el pastor respondió: “Ahí empieza el trabajo de la contadora”. Para Sabadini, el relato carece de sustento: “No le creo la conversión de pesos a dólares. Gran parte de la ciudadanía tampoco le cree”, sostuvo.
La Justicia busca determinar el verdadero origen de los fondos utilizados para edificar el templo en uno de los barrios más vulnerables de la capital chaqueña. Se solicitaron informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Municipalidad de Resistencia y el Ministerio de Infraestructura del Chaco. También se indaga sobre posibles vínculos políticos y financiamiento estatal encubierto en una obra de gran magnitud.
Además, se analiza la trazabilidad del dinero a través de los registros contables, que según consta en el expediente, presentan vacíos significativos. La resolución también incluye el relevamiento de las cuentas bancarias personales y jurídicas del pastor y de la Iglesia Cristiana Internacional, así como el acceso a la documentación que acredite el origen y destino de los fondos en cuestión.