Fue a través de una acción de amparo y medida cautelar presentada ante el Superior Tribunal de Justicia por la Defensora General Adjunta, Gisela Gaúna Wirz. Las familias de la etnia wichí de El Impenetrable denunciaron falta de alimentos y dificultades para acceder al agua potable, además de la vulneración de derechos básicos como el de una vivienda digna, salud y educación. Aseguraron que la situación de pobreza crónica se agudizó en los últimos meses debido a las medidas de ajuste ejecutadas por el gobierno nacional, sumado a los escasos esfuerzos por parte del gobierno provincial para intentar amortiguarlas.

La historia se repite. Tal como ocurrió en 2007, cuando el Defensor del Pueblo de la Nación solicitó a la Corte Suprema que ordene al gobierno del Chaco garantizar condiciones de vida digna para las comunidades indígenas y evitar así el “exterminio silencioso” al que estaban siendo expuestos, una vez más se recurre a la vía judicial para exigir medidas urgentes que enfrenten la pobreza crónica, la falta de alimentos y la escasez de agua potable en El Impenetrable chaqueño.

La Defensora General Adjunta del Poder Judicial del Chaco, Gisela Gaúna Wirz, interpuso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) una acción de amparo colectivo y un pedido de medida cautelar para que el gobierno del Chaco garantice el acceso a estos elementos básicos al pueblo wichí, población que no se encuentra amparada por la cautelar dictada por la Corte Suprema hace 17 años, la cual hasta hoy sigue vigente.

La medida presentada el 22 de noviembre pasado ante el STJ es a favor de las comunidades que habitan las localidades de Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y poblaciones de parajes El Tartagal, Tres Pozos, Nueva Población, Pozo del Toba, Comandancia Frías y Fortín Belgrano, y todas aquellas asentadas en la región de El Impenetrable, en el noroeste provincial.

La misma tiene como objetivo que el gobierno chaqueño garantice sus derechos al territorio, a un medio ambiente sano, a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la alimentación, al acceso al agua potable, autodeterminación y acceso a la Justicia, entre otras prerrogativas que hoy les son negadas.

Para esto, solicitó que se ordene la conformación de una Mesa de Coordinación Interinstitucional e Intercultural tendiente a elaborar un plan de trabajo que contemple la realización de medidas a fin de avanzar progresivamente en el cumplimiento de los derechos humanos vulnerados a lo largo de tantos años al pueblo wichí, una de las comunidades indígenas que se encuentran asentadas en las zonas más alejadas de los centros urbanos chaqueños.

Además, como medida cautelar, solicitó que se adopten en forma inmediata acciones tendientes a garantizar de manera efectiva el agua potable y la alimentación adecuada para estas familias.

La funcionaria judicial explicó que para avanzar en esta cuestión se encuentran reunidos los requisitos para su procedencia debido a que existe una “omisión por parte del Estado al no adoptar la totalidad de las acciones gubernamentales necesarias y adecuadas para garantizar los derechos de las comunidades indígenas que habitan El Impenetrable chaqueño”.

Señaló en este sentido la inexistencia de políticas públicas que puedan sostenerse en el tiempo. En lugar de eso, indicó que lo que se realizó fueron “esfuerzos asistencialistas espasmódicos” que no alcanzaron ni siquiera a brindar soluciones momentáneas, lo que redunda en el sostenimiento de una situación de “pobreza estructural”, la cual “ha empeorado en los últimos meses”, según lo refieren las propias comunidades, fundamentalmente por las políticas de ajuste aplicadas por el gobierno de Javier Milei, sin que el gobierno provincial haga demasiado esfuerzo para amortiguar sus devastadores efectos en las poblaciones más vulnerables.

Situación crítica

En su escrito, la funcionaria judicial indicó que la zona que se pretende amparar abarca a una región caracterizada por la pobreza estructural, sin acceso por ruta de asfalto, con caminos de tierra que se tornan intransitables durante las lluvias, con carencia de acceso a servicios básicos para sus pobladores como luz, agua, vivienda, salud, educación y acceso a justicia.

Esta situación determina las condiciones de vida de los Pueblos Originarios que habitan la zona de El Impenetrable, donde se evidencia una problemática histórica, multidimensional y articulada que refleja distintas intersecciones de derechos humanos esenciales vulnerados que se combinan, superponen e interrelacionan entre sí.

De acuerdo a datos del INDEC, la zona es identificada como de “pobreza crítica”. Algunas de las condiciones que se viven, de acuerdo a los propios testimonios de las comunidades, son el hambre, la malnutrición y desnutrición crónica, la falta de agua potable, la falta de trabajo y la pobreza extrema. Esta última definición, vale aclarar, se refiere a la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información.

A todo esto, se le suma las relocalizaciones forzadas y tensiones con los habitantes criollos. Estas relocalizaciones son muchas veces por la misma falta de agua o de alimentos y termina por influir en la pérdida de las prácticas culturales y de los recursos, también en los cambios dietarios forzosos redundando en malnutrición y desnutrición, y en gran medida en la pérdida de su organización social.

Pese a proyectos y acciones de ONGs y de grupos religiosos, y a proyectos aislados y esporádicos puestos en marcha desde el Estado provincial o nacional, no se ha logrado paliar las inequidades en derechos humanos e implementar metodologías para responder a las razones por las cuales estas comunidades viven estas situaciones de indefensión y ausencia de respeto a sus derechos constitucionales.

Esto se ve agravado por el desmonte y avance de la frontera agrícola, siendo que para la cosmovisión indígena el territorio es concebido como un todo intrínsecamente ligado a la vida espiritual comunitaria, con el que se relacionan en armonía donde se desarrolla su vida, y les provee de alimentos y medicina.

La medida judicial presentada por Gaúna Wirz tiene como objetivo inmediato que se garantice la alimentación y acceso a agua potable de las comunidades, habiéndose detectado en las múltiples visitas a las localidades y parajes que en el último tiempo la situación alimentaria se agravó considerablemente, con los recortes a comedores y ayuda social.

También, a pesar de que en los últimos años el acueducto logró llegar hasta las localidades de El Impenetrable, las poblaciones rurales siguen sin poder acceder al agua potable por falta de obras indispensables para ello.

Antecedente

La génesis de esta presentación judicial se dio el 19 de agosto pasado, cuando la Defensora Genreal Adjunta y su equipo fueron convocados por el grupo de personas pertenecientes a la comunidad wichí que se encontraba realizando un acampe de protesta en la localidad de Castelli, en el acceso a El Impenetrable chaqueño. De esas reuniones, también participó el Defensor del Pueblo del Chaco, Bernardo Voloj.

En esa ocasión, le explicaron a la Defensora General Adjunta que históricamente, ante la falta de diálogo por parte del gobierno provincial, las comunidades utilizaban los cortes de ruta y caminos como medida de protesta. Sin embargo, debido a los recientes desalojos y represiones violentas que se produjeron en diversos piquetes por parte de la Policía del Chaco, los dirigentes de la comunidad consideraron que en estos momentos resulta sumamente peligroso para la población realizar este tipo de medidas.

Tras varias horas de diálogo, se les hizo saber que existe la posibilidad de presentar una nueva acción de amparo con solicitud de medida cautelar en favor de aquellas comunidades que no quedaron comprendidas dentro de la solicitada por el Defensor del Pueblo de la Nación en 2007, la cual posteriormente hizo lugar la Corte Suprema.

En aquella ocasión, Mondino pidió a la Corte que adopte las medidas que fueren necesarias para modificar las actuales condiciones de vida de las poblaciones indígenas del Chaco, quienes se encontraban en una situación de “exterminio silencioso, progresivo, sistemático e inexorable”. Se solicitó que se garantice el derecho a la vida, asistencia médica, a la alimentación, al agua potable, a la educación, a una vivienda digna y al trabajo, entre otros. La medida abarcaba únicamente las zonas del sudeste del Departamento Güemes y noreste del departamento San Martín, dejando afuera a gran parte de las comunidades que habitan El Impenetrable.

Tras el encuentro en Castelli, se realizaron asambleas en otras localidades y parajes. De acuerdo a los testimonios recolectados y recorridas realizadas, está claro que las condiciones de vida de la comunidad wichí están muy lejos de ser las óptimas.

Las familias residen en viviendas precarias. Algunas, de ladrillos con techo de chapa cinc y piso de tierra; otras, en ranchos fabricados con chapas, lonas y postes. Respecto al espacio y confort cuentan con un sitio muy reducido, el cual es compartido por todos los miembros residentes. Además, usualmente preparan los alimentos a fuego con leña.

En relación al sistema de saneamiento, el 60% no dispone de baños, ni letrina dentro de las viviendas. Respecto a los servicios públicos, existe una demanda específica porque no cuentan con agua potable y luz eléctrica con conexión formal.

Salud y Educación

Es necesario destacar que municipios como el de la localidad de El Sauzalito tienen bajo su dependencia administrativa numerosos parajes y asentamientos que se encuentran alejadas del centro urbano, a horas de viaje en caminos de tierra.

Un ejemplo de ello es Fortín Belgrano, ubicada en el extremo más boreal del Chaco, a 110 kilómetros de El Sauzalito, con la gran mayoría de población wichí. Allí cuentan con un centro de salud, pero que no tiene médico fijo, por lo que la población depende de largos traslados hasta el hospital de dicha localidad para recibir tratamientos de mediana complejidad.

A su vez, estas localidades cabeceras carecen de suficientes profesionales e infraestructura en materia de salud. Como resultado, los pacientes más graves deben ser derivados a la localidad de Castelli. Sin embargo, los traslados se realizan en ambulancias por caminos de tierra, lo que puede tomar varias horas. Además, en caso de lluvia, estos caminos se vuelven intransitables, incluso para vehículos todoterreno.

Durante el acampe realizado en Castelli, las comunidades informaron que se encontraban en emergencia en materia de salud, solicitando la construcción y refacción de hospitales, centros de salud y puestos sanitarios, como así también la presencia constante de profesionales en las diversas localidades y parajes (médicos, enfermeros, pediatras y especialistas).

También manifestaron la falta de medicamentos (pastillas, inyectables y jarabes, entre otros) como así también de leche y control para mujeres embarazadas. Agregaron además la necesidad de equipamientos, de ambulancias y la implementación de un programa para tratar los casos de tuberculosis en la zona, como así también la formación inmediata de Consejos de Salud que controlen e informen el real funcionamiento de los servicios, los cuales deberán estar integrados por profesionales, el municipio y las organizaciones sociales.

En materia educativa, la educación superior solo es accesible a quienes viven en centros urbanos. De los datos ofrecidos por el Indec, surge que Misión Nueva Pompeya y el Sauzalito cuentan invariablemente desde 2010 a 2022 con un porcentaje menor al 5% de habitantes que alcanzaron estudios universitarios.

De acuerdo al Censo 2022, en el Departamento Güemes, de las 13 mil personas que se reconocen indígenas o descendientes indígenas, menos de la mitad de ellas asistió a un establecimiento educativo a lo largo de su vida. En cuanto a la terminalidad, la situación es aún peor. Poco más del 10% llegó a terminar el nivel primario y sólo el 5% terminó el nivel secundario.

La falta de oportunidades para que los jóvenes continúen sus estudios, dadas todas las dificultades que deben superar, los hace proclives a caer en adicciones y en nuevas formas de vulnerabilidad.

Durante las asambleas de agosto se solicitaron la refacción y equipamiento de las escuelas existentes, la creación de terciarios y la necesidad imperiosa que los niños, niñas y adolescentes sigan recibiendo sus raciones de comida en las escuelas, ya que en muchos casos es lo único que pueden comer durante el día.

RL