La jueza federal subrogante de Sáenz Peña, Belén López Macé, hizo lugar al pedido del fiscal Carlos Amad y fijó fecha del 16 de abril para que declare la exministra en una causa que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y lavado de activos. También deberán hacerlo varios empresarios, su pareja y dos de sus hermanos. Por cuestiones procesales, el exgobernador Jorge Capitanich no fue citado por ahora.

La jueza federal subrogante de Sáenz Peña, Belén López Macé, citó este jueves a prestar declaración indagatoria a la expresidenta del Instituto de Colonización y exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Territorial del Chaco, Marta Soneira, a seis empresarios agropecuarios chaqueños -entre quienes se encuentran su pareja y dos de sus hermanos-, y al exdelegado del Instituto de Colonización en Pampa del Infierno. Es en el marco de la causa en la que, a requerimiento del fiscal Carlos Amad, se investiga presunto fraude a la administración pública y lavado de activos.

La fecha fijada para la declaración de la exfuncionaria es el 16 de abril próximo, a las 11 horas, y será de forma virtual, a través de la plataforma Meet de Google. El resto de los investigados lo harán entre el 14 y el mismo 16 de abril, bajo la misma modalidad, ya que la jueza es titular del Juzgado Federal Nº 2 de Formosa.

La expresidenta del Instituto de Colonización del Chaco será indagada por los presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

En tanto, los empresarios Mauricio Cian, Nelson Pochón, Diego Soneira, Federico Storti, Federico Soneira y Leandro Bessone serán indagados por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activos de origen delictivo agravado.

En tanto que Darío Giménez Osvaldo, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, será indagado por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, lavado de activos de origen delictivo agravado, en calidad de partícipe necesario, y abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos.

La jueza López Macé advirtió que al no contar con los domicilios para las notificaciones, aún no se fijará fecha para las declaraciones indagatorias del exgobernador Jorge Capitanich y de la expresidenta del Instituto de Colonización, Sheina Waicman. A ambos, el fiscal Carlos Amad también los acusa por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, lavado de activos de origen delictivo agravado y abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos.

Según se desprende de la acusación del fiscal Amad, Capitanich habría actuado como “socio” de Marta Soneira quién habría adjudicado ilegalmente cuatro inmuebles fiscales por alrededor de 3600 hectáreas a personas de su círculo íntimo, como su pareja Mauricio Cian y dos de sus hermanos. Además, el fiscal advirtió que al tomar esas decisiones Soneira actuó simultáneamente como presidenta del Instituto de Colonización y como secretaria de Ambiente y Desarrollo Territorial, lo cual implicó una violación a la ley de Etica Pública.

De acuerdo al requerimiento fiscal, “la irregularidad en la entrega de tierras constituye en un acto de corrupción encabezado por la (sic) en ese entonces ostentaba un cargo fundamental como era el que ocupaba la Sra. Marta Soneira en connivencia con el agente de inspecciones Giménez, Waicman, su pareja Cian, los socios de este último, Storti, Pochón y Bessone entre otros y por supuesto del ex Gobernador de la provincia del Chaco Jorge Milton Capitanich, sin el cual no se podría haber concertado toda esta maniobra, pues es quien en definitiva emite el decreto adjudicatorio de dichas tierras”.

Más allá de las posibles irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales, de la presentación no se desprende cuáles habrían sido las maniobras de lavado de activos que habrían desplegado los imputados, por lo que en el caso podría trabarse una cuestión de competencia, ya que los delitos de “corrupción” no son de competencia federal.