CORRUPCION
Dope Thief en Rosario: Policías torturaban y robaban cocaína a los dealers
Los detuvieron el año pasado por robar 15 kilos de cocaína. Ahora revelan que usaron picanas para que confesaran donde guardaban la droga.
En agosto del año pasado un grupo de ocho policías de Rosario quedaron presos por armar una brutal emboscada contra un grupo de dealers a los que en un allanamiento ilegal les robaron 15 ladrillos de cocaína, armas de fuego y 50 mil dólares. Ahora cayó preso el jefe que los conducía. Y con eso quedó al desnudo la brutalidad que las fuerzas del orden aplicaron para concretar sus objetivos. Una escena que incluyó torturas con picana eléctrica a dos vendedores para obtener información de dónde estaba guardada la droga.
El diálogo entre dos policías de este grupo deja ver que la tortura es un modus operandi. Utilizaban una picana robada por uno de ellos en un bunker. El sadismo se revela como moneda corriente. Disfrutan contando cómo arrancaron la información que los llevó hasta los que tenían esa partida de cocaína con un salvaje apriete a dos vendedores pequeños a los que atormentaron un rato antes.
En los teléfonos de estos mismos queda probado, meses antes, que torturaban. Entre risas comentan lo que hicieron con una persona a la que llevaron a un descampado. “Jajaja. Cómo lloraba el de la vía” dice uno de los policías. “No tiene desperdicio”, le replica su colega. Finalmente el primero dice que necesita “dar otra sesión de masajes eléctricos”.
Lo que quedó expuesto completa el descenso a un infierno urbano, una bestialidad que terminó con una acusación por torturas contra seis policías que ya estaban imputados. Lo que pasó en esa casa de barrio Azcuénaga de Rosario, en la calle Forest 5600, es una película neo noir donde efectivos de la policía rosarina se burlan de los fiscales, asaltan una casa donde saben que hay droga y se la llevan después de someter a una pesadilla a los que estaban en la vivienda.
El que detuvieron ahora es Miguel Alberto Aguilar, jefe de Servicio de la Compañía Alfa de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Rosario, que estaba a cargo de la dotación que irrumpió en la casa y al que apresaron en su vivienda de la ciudad de Coronda. En la audiencia judicial se reprodujo la conversación entre dos de los policías imputados que surge ahora. El oficial Guillermo Toledo le cuenta a su colega Juan Angel Balais cómo obtuvieron la información para encontrar los 15 ladrillos de cocaína. A Abel Ferrara, de Un maldito policía, el diálogo le habría dado pudor.
“Encontramos a un loco en la puerta de un búnker. Le entramos a revisar el celular y tenía fotos de una metra, fierros. Lo secuestramos. Lo llevamos al medio del campo. Se llevó una cagada a palos. Con todo lo que le hicimos, no dijo ni una palabra. Le rompimos la cabeza a pistolazos, lo cagamos a palos con un fierro, lo meamos, lo ahorcamos. No sabés todo lo que le hicimos. Lo dejamos tirado en el medio de la nada, medio en pelotas. No dijo una palabra. Alto soldado era”, dice Toledo.
Este audio está en un intercambio del 17 de septiembre de 2024. Unos meses antes, en abril del año pasado, Toledo le explica a un subalterno cómo obtener información en forma ilícita. “Los fierros que metimos la guardia pasada en el oeste, paramos a uno que tenía droga, a ver el teléfono… y es esa foto con los fierros. Y así es, ya le vas a encontrar la vuelta. Depende la dotación que te toque. Tenés que ir viendo cómo laburan los que están con vos”, explica Toledo.
Este policía está hablando sobre la metodología en los operativos. Al describir la gravedad de esa situación, la fiscal María Virginia Sosa definió al policía como “un verdadero pedagogo de la ilegalidad”.
El robo de los 15 kilos de cocaína que concretaron los policías tiene dos pasos. La secuencia empezó a la tarde del 13 de agosto de 2024 cuando un par de policías dan con un par de dealers, en la calle Jean Jaures 5500, a los que golpean y torturan con picana eléctrica para sacarle la dirección “del pez gordo”, vale decir, el proveedor. Bajo esos apremios brutales estos revelan que el suministro viene de la casa de calle Forest.
Ahí cayeron tres móviles de la PAT sin orden judicial y en esa tarde tan espesa arrasaron con la casa. Había tres adultos y dos niños de ocho y un año frente a los cuales actuaron con violencia extrema hasta encontrar los 15 ladrillos de droga, 50 mil dólares, 285 mil pesos y una veintena de armas. Este procedimiento fue a las 18.31 de ese 13 de agosto como consecuencia de los datos que pasaron los dos dealers torturados dos horas antes en la calle Jean Jaures.
Estos dos habían sido detenidos con un kilo de cocaína por el mismo grupo policial. Según testigos durante el procedimiento lloraban adentro de una camioneta. Un equipo conducido por el fiscal Javier Arzubi Calvo los convocó a declarar. Allí surgió que los policías los habían torturado con picana eléctrica para que dijeran quién era el que los proveía. Bajo ese apremio escupieron lo que le pedían.
“Los policías revisaron los celulares de los dos detenidos, amenazaron el futuro de sus familias, les aplicaron golpes y descargas eléctricas sobre sus cuerpos con un dispositivo que uno de los policías tenía en su poder. Insistieron hasta obtener el dato y luego, en los móviles policiales, fueron a Forest al 5600”, dijo la fiscal federal Sosa.
Que tenían una picana eléctrica quedó probado por las propias conversaciones de los policías. En un momento en que producían operativos efectivos del mismo grupo mencionan la dirección de un lugar donde “volvieron a activar”. Un integrante pregunta dónde es la acción y otro le responde: “Donde Balais hizo el secuestro de la picana”. Ese lugar era un bunker y de allí lo robaron. ¿Dónde se encontró la picana? “En la mochila de suboficial Balais cuando fue allanado”, dijeron los fiscales en la audiencia judicial.
Los fiscales federales desplegaron audios de distintos momentos, que provienen de los celulares secuestrados a los policías, para mostrar que la tortura con picana era un hábito.
De lo más interesante es la temeridad advertida en el suboficial Toledo, del cual se advierte que con ocho años en la fuerza tenía un desempeño consolidado en todo tipo de delitos. Un ejemplo contundente es cómo procedió con los 15 ladrillos de cocaína que les robaron a los traficantes: se la llevó a su propia casa.
Y la preocupación de Toledo no era tener en su vivienda esa partida mejicaneada a unos narcos, o las consecuencias penales de ese acto, sino que alguien pudiera robársela a él. Con los policías ya tenían colocada esa droga según surge con claridad de sus teléfonos. Habían gestionado su venta en la ciudad de Santa Fe. Y hasta habían hecho cálculos de la plata que iban a ganar con esa operación. Calcularon que iban a obtener ganancias por 155 millones de pesos. Eso incluía el dinero que le sacaron a los que tenían los ladrillos.
Los ocho policías quedaron ahora con prisión preventiva por los próximos seis meses dispuesta por el juez federal Carlos Vera Barros. Uno de ellos, el jefe Aguilar, estará preso por 90 días. Están imputados como coautores de los delitos de omisión de evitar torturas, allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada, robo agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público, comercio de estupefacientes e integrar una asociación ilícita.
Los trabajadores del Hospital revelaron que el Consejo de Administración que responde a Lugones tiene el equivalente a un cuarto del presupuesto en un fondo común de inversión.
En medio de la crisis del Garrahan y mientras en Diputados se intenta revertir el veto de Milei a la emergencia pediátrica, los trabajadores del Hospital revelaron que los funcionarios que responden al ministro de Salud, Mario Lugones, guardan más de 40 mil millones de pesos de la entidad en un fondo común de inversión.
La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan dio a conocer que en el balance financiero del año 2024 figura la conformación de un FCI en el Banco Nación, que con los intereses sumaba más de 44 mil millones de pesos al 31 de diciembre pasado.
“Son estos funcionarios que nos dicen que no hay plata que somos ñoquis”, denunció la secretaria general de la APyT, Norma Lezama, que indicó que la suma invertida en la timba financiera equivale a un cuarto del presupuesto del hospital.
“Se están guardando 40 mil millones de pesos de la recaudación del tercer pagador (que es lo que el Hospital cobra a las obras sociales y prepagas) que representa al 35% de las prácticas que se realizan en nuestro hospital y que, en lugar de ser distribuidas como corresponde a obras de infraestructura y en gran parte a un ítem que se llama recursos genuinos que percibimos en nuestros salarios, se lo están guardando en un fondo de inversión”, declaró Lezama a Noticias Argentinas.
La información surgió de un pedido de información pública realizado por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. “¿Que hicieron con el superávit del Garrahan? Lo metieron íntegro en un fondo de inversión. Le quitaron recursos propios y se lo llevaron a la cuenta de inversión del Nación”, afirmó.
Lezama contó que les solicitaron al director médico Mariano Pirozzo y a la consejera administrativa Mariel Sánchez, entre otras autoridades, las explicaciones pertinentes sobre la situación porque ese dinero “tiene que estar en el bolsillo de cada uno de los trabajadores”.
La administración del Hospital Garrahan depende de Lugones, el ministro más cercano a Santiago Caputo. El asesor fue socio en la consultora Move de Rodrigo Lugones, hijo del jefe de la cartera sanitaria.
CORRUPCION
Conmoción en la política santafesina, un ex fiscal denunció: “Traferri armó la estructura de las coimas”
Gustavo Ponce Asahad, condenado por esta trama, hundió al histórico senador peronista en el juicio contra el ex jefe de los fiscales de Rosario.
“Las coimas venían de una estructura que se había formado por instrucciones del senador Traferri y las pagaba el empresario de juego Leonardo Peiti”. La declaración la hizo el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad al salir de declarar en el juicio que se sigue contra su ex jefe, el fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, a quien le piden 12 años de prisión por haber sido organizador de una trama que favorecía al juego clandestino en una terminal que sostenía también campañas electorales.
Ponce Asahad cumplió una condena de seis años de prisión por formar parte de esa asociación ilícita en la que están situados como jefes el propio Serjal y el senador justicialista Armando Traferri, quien fue convencional hasta la semana pasada en la Convención que reformó la Constitución Santafesina, y que también fue presidente de la comisión de juicio político hasta el año pasado en la Legislatura.
Esa declaración la hizo este miércoles en la audiencia ante los jueces Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra. Antes de entrar a la audiencia Ponce Asahad le dijo a un grupo de periodistas. “Acá el gran ausente es el senador Traferri”, dijo del dirigente que fue ex intendente de la ciudad de San Lorenzo y por cuatro períodos miembro de la Cámara alta santafesina.
Empezó el juicio contra el ex jefe de fiscales de Rosario, un caso que sacude a la política santafesina
Peiti es un empresario de juego clandestino que intentó, a través de un grupo de senadores, obtener la concesión del juego online en Santa Fe. A partir de eso pagó contribuciones desde su actividad. El mismo declaró en una entrevista con LPO que a Traferri le dio 200 mil dólares.
Ponce Asahad es un verborrágico ex funcionario judicial que tuvo un paso polémico cuando fue secretario de Instrucción en el viejo sistema penal y que terminó, en este mismo caso, condenado por cohecho pasivo e incumplimiento de sus deberes. Como arrepentido en los inicios de este trámite aceptó que recibía dinero de Peiti hasta que este capitalista de juego en un momento quiso denunciar lo ocurrido, porque temía ir preso debido a que el entonces fiscal de Melincué Matías Merlo lo tenía cercado en una pesquisa. Peiti denunció esto a través de su abogado Luis Rossini, ya fallecido.
“Rossini, el abogado de Peiti, me dice de hacer una reunión un viernes a la noche en una cochera en Pichincha. Traferri me pide que vaya y que después le transmita que decía. Rossini me dice que Peiti iba a declarar porque estaba cansado y (un grupo criminal) lo estaba amenazando con pintadas. Me dice que a Traferri no lo iban a nombrar. Yo al otro día le conté al senador. Me respondió: “«Tranquilo, si abren la boca veremos cómo nos defendemos»”.
En su testimonio como imputado de hace casi cinco años, que este miércoles refrendó en el juicio, Ponce Asahad aseguró que entró en contacto con Traferri para cerrar acuerdos que implicaban cobrarle a Leonardo Peiti cuotas regulares de dinero de manera de no interferir en sus múltiples negocios de juego y casinos clandestinos, casi 200, desplegados en distintas zonas de la provincia. Proporcionó lugares de encuentro y fechas que fueron cotejados por los investigadores con el impacto de los teléfonos celulares de ambos en las antenas de telefonía ubicadas en los lugares mencionados.
En ese marco afirmó que su primer encuentro con el senador provincial fue en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en Montevideo 1968 de Rosario, el 24 de abril de 2017, es decir dos semanas después de que Serjal asumiera como fiscal regional.
Ponce Asahad produjo una declaración por escrito en la que implica a Traferri en el esquema de recaudación ilegal. “Vamos a ver si con lo que yo declaro la política le saca los fueros al senador tan rápido como hizo conmigo al destituirme”, sostuvo Ponce Asahad ante los fiscales a mitad de 2020. Eso no pasó hasta que Traferri lo aceptó por voluntad propia. Recién estuvo frente a un juez cuando el Ministerio Público de la Acusación cambió a los fiscales que lo investigaron, como él solicitaba como condición. Y cuando el año pasado renunció voluntariamente a sus fueros tras ser reelecto senador en diciembre de 2023.
“Yo sé cómo se recauda con el juego porque soy peronista de siempre y esta es una caja con la que se financia históricamente el partido. Y no solo el peronismo lo hace con el juego”, afirmó Ponce Asahad en 2020.
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La declaración contra Traferri fue detallada. Sostuvo que el juego en la circunscripción de Rosario tenía tres patas: Peiti, Serjal y Traferri. Afirmó que al encontrarse por primera vez en el hall del MPA de calle Montevideo con Traferri, el ex fiscal regional Serjal le indicó delante del senador que debía tener una reunión con Peiti. Y que en esa cita, de la que proporcionó la fecha, el capitalista le dio una caja en la que habría dinero. “Esto es para Patricio y el senador está al tanto”, aseguró que le dijo Peiti.
Según afirmó, el día que se conocieron en la fiscalía, Traferri le comentó que no tenía su teléfono: “Haceme una (llamada) perdida que te agendo”, le pidió. Ponce lo hizo y proporcionó la referencia. Fue una llamada de 12 segundos el 24 de abril de 2017. Trece días antes, el 11 de abril, había asumido Serjal.
Se confirmaron esos contactos, lo que fue expuesto en audiencia, donde los teléfonos de ambos se cruzan tocados por la misma antena, cuestión que sugiere encuentros personales. El vínculo de Peiti y Traferri está acreditado por indicios. Un día que Peiti rompió su teléfono, luego de que Serjal y Ponce Asahad se enteraran que aquel estaba siendo investigado, el empresario pidió el contacto de Traferri a su secretaria. También se constató que la secretaria de Peiti le dijo a su jefe: “Me estoy yendo a San Lorenzo. ¿Tenés algo que mandarle al Pipi?”
En abril de 2021 Ponce Asahad se convirtió en imputado colaborador y prestó aportes sobre el funcionamiento del grupo ante los fiscales que llevaban el caso. Por eso obtuvo una rebaja de pena a tres años de prisión.
El ex fiscal Ponce estuvo detenido a partir del 31 de julio de 2020 cuando fue señalado por el empresario de juego Leonardo Peiti por haberle cobrado coimas durante un año para ayudarlo a esquivar investigaciones y allanamientos en su contra. En ese momento Peiti también acusó de participar de esas maniobras a Serjal. El escándalo terminó con ambos funcionarios judiciales desplazados y tras las rejas. A Serjal le concedieron a los ocho meses domiciliaria por cuestiones de salud psíquica. Desde el lunes es juzgado.
En octubre pasado, por los hechos que se ventilan en este trámite, Traferri fue finalmente imputado de organizador de juegos de azar ilegales como partícipe primario, de tráfico de influencias agravado por hacer valer su posición frente a un magistrado en cuatro hechos, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y de peculado de caudales públicos.
CORRUPCION
Afiliaciones truchas: Habrían borrado datos del celular de Capi Rodríguez y El fiscal declaró sentirse “un boludo”
El presidente de La Libertad Avanza en Chaco, Capi Rodríguez, se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser imputado por presuntas afiliaciones políticas fraudulentas y, más recientemente, por un polémico procedimiento de incautación de su teléfono celular que ha generado indignación en la esfera judicial. En el informe expuesto por Telenueve denuncia se muestran declaraciones del fiscal, admitiendo el grave riesgo procesal de la destrucción de pruebas clave para el proceso.
La denuncia inicial detalla que Rodríguez fue imputado por el fiscal Patricio Sabadini luego de que se descubriera que las afiliaciones necesarias para conformar el partido en Chaco fueron inventadas o falsificadas. Se reporta que muchas personas fueron afiliadas sin su conocimiento, lo que llevó a que el fiscal lo imputara automáticamente.
En respuesta a esta situación, la jueza de la causa, Niremberger, ordenó el secuestro del teléfono celular de Capi Rodríguez y dispuso que la Prefectura realizara tareas de inteligencia para asegurar la requisa. Según las fuentes, este es un procedimiento correcto para una requisa con secuestro, que incluso podría haberse acompañado de un allanamiento. La orden especificaba la intercepción y secuestro del teléfono, además de requisar su vehículo.
Sin embargo, la ejecución de la orden ha desatado una fuerte controversia. El pasado 29 de agosto, efectivos de la Prefectura llevaron a cabo la vigilancia para determinar el momento en que Rodríguez regresaba a su domicilio. Al interceptar a Capi Rodríguez cuando entraba a su edificio, los prefectos le mostraron el oficio judicial para solicitar su celular. Lejos de acatar la orden de inmediato, Rodríguez tomó el oficio y se dirigió a su casa, mientras el prefecto intentaba detenerlo. Los oficiales no lograron impedir que entrara a su departamento.
Lo más grave, según la denuncia que se dio a conocer este fin de semana en Telenueve denuncia, es que Capi Rodríguez permaneció 11 minutos dentro de su departamento antes de salir y entregar su celular. Al momento de la entrega, Rodríguez alegó haber “olvidado la clave”. La situación ha llevado a la contundente afirmación de que al imputado “lo dejaron borrar 11 minutos su celular”.
Tanto el fiscal Sabadini como la jueza Niremberger expusieron su profundo malestar con el desarrollo del procedimiento. El fiscal declaró sentirse “un boludo” y que lo último que puede tolerar es que lo tomen por “pelotudo”. La jueza, basándose en el informe de Prefectura y las imágenes del hecho, comparte la sensación de que los están “tomando de boludos”.
Ante la gravedad de los hechos y la aparente negligencia en el cumplimiento de la orden judicial, se comunicará esta situación a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El fiscal considera que la Dra. Bullrich “necesita que las fuerzas federales trabajen bien” y que esto afecta directamente a su gestión.
La investigación continúa abierta y se esperan nuevas repercusiones en el ámbito político y judicial de Chaco.
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