La presentación fue realizada por los diputados Nicolás Slimel y Mariela Quirós ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Denunciaron que el administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela, siendo funcionario, recibió casi mil hectáreas de tierras fiscales (el equivalente a 1.790 canchas de fútbol) y que la presidenta del Instituto de Tierras Fiscales, Ana María Canata, firmó la resolución que lo autorizó. Exigieron la nulidad del acto y su remisión al Ministerio Público Fiscal ante posibles delitos de acción pública.

Una denuncia presentada ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia del Chaco involucra a dos funcionarios del gobierno de Leandro Zdero por presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales.

El escrito fue presentado por los diputados del Frente Chaqueño, Nicolás Slimel y Mariela Quirós, quienes solicitaron que se investigue el accionar de Omar Canela, Administrador General de la Dirección de Vialidad Provincial, y de Ana María Canata, presidenta del Instituto de Tierras Fiscales.

Según los denunciantes, Canela habría sido beneficiado de manera ilegal con la adjudicación de un inmueble rural de propiedad fiscal, en clara violación a la Ley 471-P que regula el régimen de tierras fiscales en la provincia.

El hecho central señalado en la denuncia es la Resolución N° 1979, firmada por Canata el 17 de diciembre de 2024, mediante la cual se adjudicó a Canela un predio de 956 hectáreas, ubicado en el Departamento Almirante Brown, identificado como Parcela 456, Circunscripción II.

El proceso de adjudicación se basó en la subrogación de derechos hereditarios que originalmente correspondían a Eloy Próspero Gómez, transferidos a Canela, quien no era heredero, sino un tercero adquirente. La operación se formalizó a través de los expedientes administrativos E14-1984-42-E y E14-2022-3565-AE.

Lo paradójico del hecho es que la propia Canata es recordada por haber denunciado varios presuntos hechos de corrupción perpetrados durante gobiernos de signo peronista, muchos de ellos vinculados a entregas irregulares de tierras fiscales, como en el caso del dirigente piquetero, hoy detenido, Ramón “Tito” López.

“Manifiestamente ilegal”

La denuncia señala que la adjudicación resulta “manifiestamente ilegal”, dado que Canela ocupa desde diciembre de 2023 el cargo de Administrador General de la Dirección de Vialidad Provincial, designado mediante el Decreto N° 58/2023. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 471-P, dicha ley prohíbe expresamente que los funcionarios públicos accedan a tierras fiscales, ya sea de manera directa o indirecta.

En particular, el artículo establece que no podrán ser adjudicatarios de tierras fiscales los miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los funcionarios y empleados de la administración pública provincial, ni los cónyuges y descendientes de los mismos. En este contexto, Canela se encuentra claramente alcanzado por esta prohibición, por lo que la adjudicación resulta irregular.

La denuncia afirma que la maniobra a través de la subrogación de derechos fue un intento de “eludir indirectamente las restricciones legales”, disfrazando una adjudicación directa en un proceso que, según los denunciantes, configura un “desvío de poder” mediante el cual se utilizó la estructura administrativa estatal para beneficiar a un funcionario público en actividad, “en perjuicio del interés general y en contravención al principio de finalidad pública”.

Además de la presunta violación de la Ley 471-P, la denuncia menciona otros incumplimientos, tales como la Ley 1341-A de Ética y Transparencia en la Función Pública y la Ley 1128-A de Incompatibilidades. Los denunciantes sostienen que los hechos podrían configurar delitos de acción pública, ya que se habrían producido en el marco del ejercicio de funciones públicas. También se alerta sobre la posible violación de principios esenciales de la administración pública, tales como la legalidad, la equidad, la transparencia y la confianza pública.

En este sentido, Slimel y Quirós pidieron que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas actúe con celeridad, solicitando una revisión exhaustiva de la legalidad del acto administrativo y evaluando posibles responsabilidades penales.

“Fraudulento”

El escrito de los denunciantes sostiene que la resolución firmada por Canata podría ser eventualmente anulada si se confirma que violó disposiciones legales de orden público. En su denuncia, los diputados subrayan que el acto administrativo que formalizó la adjudicación “configura una violación múltiple al régimen legal de tierras fiscales”, y que el procedimiento seguido para llevar a cabo la operación fue “fraudulento”.

Asimismo, advierten que las irregularidades denunciadas podrían revestir características de delitos de acción pública, como abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de fondos públicos e incluso estafa procesal, si se probara que se indujo a error al juez interviniente mediante el ocultamiento de información relevante.

Los legisladores indicaron en su presentación que la conducta de Canela reviste un carácter “activo y doloso”, en tanto aceptó y permitió ser beneficiario de un acto administrativo manifiestamente prohibido por la ley, “con pleno conocimiento de su incompatibilidad funcional”. “Esta participación deliberada en un procedimiento viciado configura un incumplimiento grave de sus deberes de abstención, transparencia y lealtad institucional”, afirmaron.

“Omisiva”

En cuanto a Canata, advirtieron que la funcionaria incurrió, por lo menos, en una “conducta omisiva de especial gravedad”, al haber autorizado o consentido el dictado de un acto “manifiestamente ilegal”.

“Sin perjuicio de ello, no puede descartarse que su participación haya sido activa, en el marco de una posible connivencia funcional orientada a posibilitar la adjudicación prohibida. En su calidad de autoridad máxima del Instituto de Tierras Fiscales, tenía el deber jurídico de verificar la legalidad del procedimiento, detectar las incompatibilidades existentes y abstenerse de ejecutar actos contrarios al régimen legal vigente”, indicaron.

“El acto administrativo que formalizó la adjudicación configura una violación múltiple al régimen legal de tierras fiscales, y por tanto resulta nulo de nulidad absoluta, al haber sido dictado fuera de los supuestos legales autorizados, mediante un procedimiento fraudulento que encubre una transferencia no permitida a un funcionario inhabilitado”, indicaron los legisladores.

Y añadieron que “permitir o tolerar que un funcionario público en actividad resulte adjudicatario de tierras fiscales mediante un mecanismo jurídicamente inválido configura una forma directa de corrupción administrativa, aun cuando se presente bajo apariencia formal”.

LITIGO