Fue este viernes, a través de una presentación de la Fiscalía de Estado, a la que tuvo acceso LITIGIO. Uno de los fundamentos centrales es que la Subsecretaría de Ambiente de la Nación certificó la validez del OTBN aprobado por la Legislatura chaqueña en 2024. Organizaciones ambientalistas e indígenas insisten en que sea declarado inconstitucional.

El gobierno del Chaco presentó este viernes un escrito ante el Superior Tribunal de Justicia solicitando el rechazo del planteo de inconstitucionalidad contra la Ley N° 4005-R y su modificatoria N° 4125-R, que regulan el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) presentado por la organización ambientalista Conciencia Solidaria.

A través de la Fiscalía de Estado, el gobierno de Leandro Zdero sostuvo que la demanda carece de fundamentos válidos, ya que la normativa cuestionada no solo cumple con los estándares ambientales nacionales e internacionales, sino que incluso fortalece la protección de los bosques nativos. “La ley amplía las áreas de conservación y establece mecanismos más rigurosos para evitar desmontes ilegales”, destaca el escrito, al que tuvo acceso este medio.

Entre los argumentos presentados, se resaltó que la Ley N° 4125-R incrementó del 80% al 100% la protección en áreas categorizadas como amarillas y estableció la obligación de restaurar bosques afectados por desmontes no autorizados.

No obstante, uno de los fundamentos centrales de la defensa del gobierno provincial gira en torno a la Disposición N° 734/25 emitida el 25 de abril de 2025 por la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, máxima autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Bosques (26.331), que certificó la validez de la actualización del OTBN chaqueño y reconoció las categorías de conservación establecidas: 441.952 hectáreas en rojo (máxima protección), 3.049.948 hectáreas en amarillo y 1.126.024 hectáreas en verde. El mencionado documento sólo exceptuó el polígono de revisión (Art. 11 de la Ley 4005-R).

La presentación judicial destaca que el Consejo Federal de Medio Ambiente también supervisó los estudios técnicos. En ese sentido, reiteró que durante el proceso se respetaron los parámetros de la Ley 26.331, que incluye las audiencias públicas realizadas en septiembre de 2023 (en Los Frentones, Charata y Juan José Castelli) con 21 días de anticipación (como exige el Acuerdo de Escazú).

La causa federal por la “Mafia del desmonte”

Cabe subrayar que en la causa penal que se tramita ante la Justicia Federal de Resistencia, denominada “Mafia del desmonte”, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunció que la convalidación nacional del OTBN del Chaco habría sido parte de un pacto político espurio entre el gobierno nacional de Javier Milei y el provincial de Leandro Zdero, quién aportó el voto del senador chaqueño Víctor Zimmermann, quién dejó su cargo como ministro de Producción provincial para apoyar desde su banca todas las iniciativas libertarias debatidas en el Senado.

Más “amigos del tribunal”

Durante mayo también hubo más novedades en la causa que se tramita en la Sala de Asuntos Constitucionales del máximo tribunal chaqueño y fue la incorporación de 18 nuevos amicus curiae (amigos del tribunal), entre los que se encuentran organizaciones ambientalistas, investigadores del Conicet, empresarios ligados a la explotación forestal y la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación.

El pedido del Parlamento de Naciones Indígenas 

El Parlamento de las Naciones Indígenas Qom, Wichí y Moqoit del Chaco reclamó al Superior Tribunal de Justicia el pronto despacho de una medida cautelar que suspenda la vigencia de ley provincial (Nº4005-R) de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) la cual solicitan que se declare inconstitucional por haber sido aprobada sin consultar previamente a las comunidades indígenas, tal como lo establece la Constitución Provincial.

La presentación fue realizada el 10 de abril pasado con las firmas de Gustavo Ariel Mendoza, Feliciana Hernández, Jesús Pedro Mendoza y Paulino Sánchez, representantes del Parlamento de Naciones Indígenas y Tribales del Gran Chaco, que cuenta con el patrocinio de la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz.

En el breve escrito, al que tuvo acceso LITIGIO, el Parlamento Indígena señala que transcurrieron más de ocho meses desde la acción judicial y que la Sala Constitucional del máximo tribunal “no se ha expedido respecto de la medida cautelar solicitada”.

Vale recordar que la presentación del Parlamento Indígena fue acumulada a otra medida judicial impulsada por la organización ambientalista Conciencia Solidaria que apuntaba contra la Legislatura del Chaco por la aprobación de la ley en una polémica sesión durante la madrugada del 30 de abril de 2024.