Desde 2024, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas denuncia que existe un entramado de corrupción de décadas, en sus diferentes eslabones políticos y empresariales, que habilitó el desmonte ilegal de la provincia de Chaco. LITIGIO comparte la entrevista realizada por Tiempo Argentino al presidente de la AAdeAA, Enrique Viale.
Por Gabriela Figueroa
Desde 2024, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas denuncia que existe un entramado de corrupción de décadas, en sus diferentes eslabones políticos y empresariales, que habilitó el desmonte ilegal de la provincia de Chaco. Tiempo conversó con el presidente de la organización, el abogado Enrique Viale, acerca del último informe presentado en la causa penal que investiga la llamada «Mafia del Desmonte» en esa provincia del norte argentino.
-¿Cómo surge el informe interdisciplinario que presentaron en el marco de la denuncia penal por la “Mafia del desmonte”?
Hernán Halavacs, exministro de Producción del Chaco
-Este informe fue presentado en el marco de una causa penal iniciada el año pasado en la Justicia Federal de Chaco. A partir de este expediente y por nuestro pedido, la justicia suspendió los desmontes. También renunció el ministro provincial Hernán Halavacs, que fue denunciado en la causa, lo cual generó un revuelo político muy grande. En ese marco hubo un montón de allanamientos, requerimientos de la justicia, del Poder Ejecutivo, y se recabó muchísima información. Lo que nosotros hicimos ahora es sistematizar gran parte de esa información, volcarla en un informe con gráficos, expedientes, mapas, nombres propios, cifras oficiales. Estamos ampliando la denuncia en la cual somos querellantes y hemos solicitado nuevas medidas como la ampliación del requerimiento de instrucción contra el diputado Juan José Bergia y autoridades nacionales, entre otras cosas.
–¿Cómo está compuesto el entramado que habilita los desmontes ilegales?
-A partir del expediente surgió una investigación que revela con mucha precisión el entramado político-empresarial que existe detrás del desmonte en Chaco. El año pasado denunciamos y ahora, ampliamos con mucha más precisión esos eslabones, a partir de la información oficial recabada en ese expediente. Este entramado excede incluso el poder político local, por eso hablamos de las “mafias del desmonte”. Va más allá de quien ejerce el poder político, es algo que ya tiene mucho tiempo, parte de los análisis datan del año 2012. Mostramos con mucha precisión cómo desde hace décadas funciona una maquinaria que va modificando leyes, creando resoluciones en el Poder Ejecutivo y Legislativo local, con un Poder Judicial local que mira para otro lado. Eso hace que haya una especie de “casta” que se enriquece a partir del desmonte, de la destrucción de los montes.
«Había funcionarios que gestionaban y habilitaban el desmonte a escalas industriales en beneficio de empresas nacionales y extranjeras. Es un entramado muy poderoso, con tentáculos por todos lados. Una de las empresas más poderosas es MSU, que recibió permisos para desmontar más de 6.000 hectáreas, con permisos truchos además, porque lo que hacían eran recategorizaciones prediales o autorizaciones especiales. Eso era un invento del ex secretario forestal de la provincia, Miguel Ángel López. En solo un año, este señor otorgó 300 permisos de cambio de uso de suelo por casi 35.000 hectáreas», acotó Viale.
–¿Qué descubrieron con el cruce de datos en relación al transporte de la madera?
-Nosotros demostramos que se utilizaban las guías de transporte, que son los permisos que te permiten transportar madera en una provincia y demostrar que no es producto ilegal. En el cruce de datos, nos dimos cuenta que entregaban cantidades desproporcionadas de guías de transporte forestal respecto al volumen autorizado. Es decir, usaban una misma guía para llevar varias veces y blanquear de alguna manera la madera ilegal. A modo de ejemplo, uno de los denunciados Ramón Jalil Abraham, tuvo 1.374 guías y es propietario solo de 50 hectáreas. Es una cuestión objetiva, no da el número. Había guías sobregiradas para que puedan transportar con apariencia legal la madera extraída de manera ilegal.
–¿Qué demostraron durante la investigación en relación a los fondos de la Ley Nacional de Bosques?
-Denunciamos la corrupción en relación a los fondos nacionales de Ley de Bosques y lo constatamos con datos oficiales, el 98% de los fondos que debían destinarse a comunidades indígenas y campesinas fueron a parar a empresas, sociedades anónimas o funcionarios con negocios forestales. Esto quiero destacar, que hicimos un trabajo interdisciplinario –no solo de abogados– que llevó meses, con un minucioso cruce de datos, gráficos, y de ahí surge.
Enrique Viale, presidente de la AAdeAA (Foto: Tiempo Argentino)
–¿Qué importancia tiene en este entramado la creación de las llamadas autorizaciones especiales?
-Son un punto central en la investigación penal federal porque demostramos que desde el Poder Ejecutivo diseñaron un sistema de incentivo bajo el ropaje de legalidad. Pero es un mecanismo que permite ingresar la madera obtenida de montes ilegales al mercado formal. Es una forma de regularizar lo ilegal, por ejemplo, en el año 2024 hubo 24 autorizaciones especiales gestionadas por el ex ministro Halavacs. Por eso en el informe decimos que era el zorro en el gallinero. Era la máxima autoridad y eso es un escándalo, que la máxima autoridad de protección del bosque haya sido el gestor -en su actividad privada- de la mayor cantidad de pedidos de desmonte de la provincia, con vínculos con las empresas, entre otras cosas.
–¿Qué impacto tuvo en la ciudadanía esta denuncia?
-Era un secreto a voces lo que pasaba. La gente que vive ahí no se animaba a denunciar, lo que nosotros hicimos fue recopilar y recibir estas denuncias, habilitamos una línea para denunciar el desmonte y mantenemos el anonimato. Nos llegaron un montón y pudimos parar varios desmontes. Incluso en un caso, el del empresario Roberto Nardelli, secuestramos la topadora.
–¿Qué parte del entramado alcanza niveles nacionales?
-Nosotros denunciamos el canje de votos en el Senado. Víctor Zimmerman, senador del oficialismo de Chaco, pidió licencia cuando renunció a la Halavacs y ocupó el cargo de ministro de Producción vacante. Pero cuando el Gobierno nacional necesitaba los votos, retomó la banca en el Senado y le votó todas las leyes. Fue en canje con el Gobierno nacional por, entre otras cosas, la aprobación del ordenamiento territorial de bosque nativo que se hizo en abril de este año. Chaco es una de las regiones de mayor desmonte del mundo, no solo de Argentina. Y a su vez, es una de las provincias más pobres de nuestro país, con peores índices socioeconómicos. El área más pobre de Argentina, según el INDEC, es el Gran Resistencia, nosotros vemos una vinculación directa entre una cosa y otra. El desmonte es pobreza.
El gobierno de Zdero sigue de fiesta mientras el pueblo chaqueño sufre.
Al igual que el año pasado la Cabalgata de la Fe que promociona el gobierno de Zdero le costará muchos millones al pueblo chaqueño.
La provincia con mayores déficits y la más pobre del país deberá afrontar gastos millonarios por decisión del gobernador Leandro Zdero.
Como se sabe, una nueva edición de la denominada Cabalgata de la Fe dio inicio el sábado teniendo como punto de partida la sociedad rural de Quitilipi. El encuentro religioso se celebra hace muchos años en la provincia de Chaco, en cada una de sus ediciones recibe aportes millonarios por parte del estado para su realización.
Las órdenes de compra a las que pudo acceder Chaco Ahora dan cuenta de que aproximadamente son 129 millones de pesos lo que se gastará para esta edición y de ese monto 30 millones de pesos se los quedará el Chaqueño Palavecino por su actuación.
Mientras tanto todo el sector estatal: policías, médicos y enfermeros siguen luchando por dejar de percibir sueldos miserables que no le permiten llegar a fin de mes y deben “comerse el verso de que no “hay plata”, misma mentira que promociona el gobierno de Milei mientras deja a miles de argentinos sin trabajo en el marco de un plan de desguace del Estado. Esta situación es replicada por Zdero en la administración pública provincial que también sufre los embates de achicamiento.
DETALLE
En detalle algunos de los gastos son:
$4.800.00 en servicio de lunch para 500 personas, bebidas, morfi, etc. (ver orden de compra).
$4.200.00 en servicio de lunch-almuerzo y cena- (Ver la orden de compra)
$30.250.0000 Por el servicio de honorarios de asesoramiento por presentación del Chaqueño Palavecino
$7.500.000 por el servicio de lunch-almuerzo y cena- (Ver la orden de compra)
$16.940.000 por servicios de alquiler de equipos, 200 baños químicos, etc (ver orden de compra)
$40.000.000 por servicio de sonidos, iluminación, pantallas y proyectores.
$13.500.000 por alquiler de servicio de carpas, catering, gazebos, etc.
$1.500.000 por servicio de alojamiento a los artistas, etc.
$9.560.000 por servicio de alquiler de muebles para eventos, servicio de logística para instalación.
En medio de una crisis educativa que golpea con fuerza a las escuelas públicas del Chaco, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, firmó un contrato de locación que no pasa desapercibido: $96 millones de pesos para alquilar un inmueble destinado a oficinas de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología.
El alquiler, aprobado mediante la Resolución N.º 3470/25 del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, contempla un pago mensual de 8 millones de pesos durante 12 meses, con posibilidad de extenderse por otro año. Todo sin pasar por el sellado de ATP, según consta en el expediente.
Mientras en distintos puntos de la provincia se multiplican las denuncias por falta de infraestructura, precariedad edilicia y docentes que aún reclaman por salarios justos, el Gobierno elige priorizar los metros cuadrados de una oficina antes que las necesidades básicas de cientos de escuelas.
Hasta ahora, la ministra Naidenoff no explicó públicamente por qué se destinó semejante suma al alquiler ni si se consideraron alternativas más austeras, como el uso de edificios estatales ya disponibles. Tampoco se conoce el nombre del propietario del inmueble ni su ubicación exacta.
Una decisión que confirma una tendencia: cuando el ajuste es para abajo, la comodidad sigue siendo para los de arriba.
El Juzgado Federal N° 1 de Resistencia avanza en una causa por presunto lavado contra Jorge Ledesma.
La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, ordenó el levantamiento del secreto fiscal y financiero del pastor evangélico Jorge Ledesma, quien semanas atrás recibió al presidente Javier Milei en el templo Portal del Cielo. La decisión fue impulsada por el fiscal Patricio Sabadini, tras detectar que la Iglesia Cristiana Internacional no presenta balances desde 2016 ni estados contables ante el registro público de comercio. La investigación se centra en el presunto lavado de dinero y en determinar si hubo ingreso de fondos públicos para la construcción del estadio religioso con capacidad para 15.000 personas.
El caso tomó fuerza luego de que Ledesma afirmara en una entrevista radial que la financiación fue posible gracias a “un milagro”, relatando que los 100.000 pesos guardados en una caja de seguridad aparecieron luego convertidos en dólares. “No fue ni la primera ni la última experiencia similar”, dijo. Consultado por la regularización del dinero ante la AFIP, el pastor respondió: “Ahí empieza el trabajo de la contadora”. Para Sabadini, el relato carece de sustento: “No le creo la conversión de pesos a dólares. Gran parte de la ciudadanía tampoco le cree”, sostuvo.
La Justicia busca determinar el verdadero origen de los fondos utilizados para edificar el templo en uno de los barrios más vulnerables de la capital chaqueña. Se solicitaron informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Municipalidad de Resistencia y el Ministerio de Infraestructura del Chaco. También se indaga sobre posibles vínculos políticos y financiamiento estatal encubierto en una obra de gran magnitud.
Además, se analiza la trazabilidad del dinero a través de los registros contables, que según consta en el expediente, presentan vacíos significativos. La resolución también incluye el relevamiento de las cuentas bancarias personales y jurídicas del pastor y de la Iglesia Cristiana Internacional, así como el acceso a la documentación que acredite el origen y destino de los fondos en cuestión.