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Tras una semana de insultos y gritos en el Congreso, un grupo de Diputados impulsa un proyecto para frenar la violencia verbal

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Cruces personales, acusaciones en redes y un proyecto para sancionar expresiones violentas marcan una semana de alta tensión en la Cámara baja.

Desde hace meses, la relación entre los legisladores dentro del Congreso es tensa. Un enfrentamiento que comenzó siendo político derivó en lo personal y tuvo su punto más alto durante la última sesión en la que se trataron las condiciones del sistema previsional. Cansados de los malos tratos, descalificaciones e insultos, algunos diputados buscan ponerle un freno a la escalada de violencia verbal.

Con ese objetivo también pretenden respaldar al presidente de la Cámara, Martín Menem, cuya conducción muchas veces se ve desbordada por conflictos que exceden el reglamento y se centran en los vínculos personales entre los representantes.

Una de las impulsoras de esta iniciativa es Alejandra Torres, diputada de Encuentro Federal, quien presentó una iniciativa junto a Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer y Francisco Morchio.

“Presentamos un proyecto para repudiar los insultos personales y expresiones violentas que se escucharon en la última sesión del Congreso. Estamos hartos de que el Congreso sea escenario de agresiones. La ciudadanía espera altura, argumentos y propuestas. No insultos, no violencia”, publicó Torres en sus redes.

La diputada Alejandra Torres. (Foto: X @Ale_Torres60)
La diputada Alejandra Torres. (Foto: X @Ale_Torres60)

En la iniciativa, los legisladores hacen referencia a lo ocurrido en la sesión del miércoles 4 de junio, “en la que se profirieron insultos personales, denigrantes y cargados de connotaciones agraviantes hacia otros miembros de este Cuerpo, en clara violación del decoro parlamentario y la convivencia democrática”.

Un clima desbordado

Todo comenzó cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, le concedió la palabra a Gerardo Milman, diputado del PRO, quien pidió una cuestión de privilegio. “Este Cuerpo utiliza de manera incorrecta las cuestiones de privilegio regladas en el artículo 127 inciso 6 de nuestro reglamento”, señaló, y agregó que ese mecanismo debe servir para “asegurar el normal funcionamiento y resguardar su decoro”.

Milman utilizó su intervención para presentar objeciones contra varios diputados de Unión por la Patria: Aldo Leiva, Carolina Gaillard, Florencia Carignano y Rodolfo Tailhade, entre otros.

También mencionó a figuras del anterior gobierno como Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa y Axel Kicillof. Mientras hablaba, desde las bancas le gritaron “asesino” y “trucho”, en alusión a su presunto vínculo con el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner en 2022. Menem intentó varias veces pedir orden en el recinto.

La última sesión en Diputados donde se aprobó el aumento a las jubilaciones y se tensionó la relación entre los diputados. Foto Cámara de Diputados
La última sesión en Diputados donde se aprobó el aumento a las jubilaciones y se tensionó la relación entre los diputados. Foto Cámara de Diputados

La tensión escaló cuando la diputada Florencia Carignano pidió responderle. “Celebro que el diputado Milman haya dejado los fármacos que lo tenían dopado, hecho una lechuga y tirado durante dos años. ¡Bien! Pudiste hablar después de dos años; lo hiciste leyendo, pero pudiste hablar. La verdad que es un gran avance”, ironizó. Además, recordó que se vinculó a Milman con el atentado a Cristina Kirchner, al atribuírsele la frase: “Cuando la maten a Cristina yo ya voy a estar yendo a la costa”.

Desde la bancada violeta, Lilia Lemoine reaccionó a los gritos: “¡Eso es falso! ¡Dejen de mentir!”. A lo que Carignano respondió: “¡Cállate, loca!”. Y luego insistió: “¡Cállate la boca, gato!”. El clima se tornó incontrolable, y los cruces continuaron fuera del recinto, en redes sociales, en medios de comunicación y ahora también en la Justicia.

Denuncias y amenazas cruzadas

Lilia Lemoine publicó un extenso descargo en sus redes sociales: “La diputada Carignano, teniendo de compañera de banca a Natalia Zaracho, dice que yo no soy idónea y que soy un ‘gato’ porque supuestamente tengo una banca por haber sido novia de Javier Milei, el mejor presidente del mundo, cuando aún no era candidato. ¿Entonces Cristina era el gato de Néstor? ¿O solo dejó de ser gato porque se casaron?”.

Por su parte, Gerardo Milman anticipó que analiza acciones legales contra Carignano: “Estoy consultando con las autoridades de la Cámara y mis letrados para tomar medidas, en los ámbitos institucionales que correspondan, contra la diputada Florencia Carignano, por sus dichos improcedentes contra mi persona y la de otros diputados en la sesión pasada”.

Y añadió: “Se me quiso involucrar con la causa del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner desde el primer momento por los enfrentamientos que he tenido con ella en materia parlamentaria y judicial. El problema de los mitómanos es que mienten tanto que se creen sus propias mentiras, y ese es el problema de Carignano”.

Gerardo Milman, diputado del Pro, protagonista en la ultima sesión de Diputados. (Foto: Télam).
Gerardo Milman, diputado del Pro, protagonista en la ultima sesión de Diputados. (Foto: Télam).

Carignano respondió con una nueva publicación: “Se la pasaron diciendo barbaridades y mentiras de todo el mundo. Y por una vez que les dicen las cosas en términos libertarios se ponen sensibles y moralistas. Dejen de llorar. Asesino, Loca y Gato. Fin”. Recibió el respaldo de varios referentes de UxP, entre ellos Germán Martínez, Rodolfo Tailhade y Gabriela Estévez.

Además, la diputada santafesina presentó una denuncia penal contra Milman por declaraciones que consideró intimidatorias. En su cuenta de X, compartió frases del legislador: “Ha dicho estupideces en la sesión de ayer que le van a traer consecuencias. Ojalá, está a tiempo de retractarse y decir ‘me equivoqué’. Si le pasa algo a la diputada Carignano tengo otro problema porque me van a acusar de ser el autor de la amenaza. Ojalá no le pase nada, por Dios. Pero algo tengo que hacer, no puedo dejar las cosas así”.

Carignano afirmó: “Estas expresiones no constituyen simples opiniones ni declaraciones políticas genéricas. Son amenazas veladas y tentativas de coacción que insinúan un mal futuro, dirigido a condicionar mi accionar institucional, buscando forzar una retractación pública bajo coacción”.

Florencia Carignano, diputada nacional Unión por la Patria, denunció penalmente al diputado Gerardo Milman. Foto Cámara de Diputados
Florencia Carignano, diputada nacional Unión por la Patria, denunció penalmente al diputado Gerardo Milman. Foto Cámara de Diputados

La diputada del PRO, Silvana Giudici, salió en defensa de Milman: “Decís que te sentís ‘amedrentada’ por un diputado que ni siquiera levantó la mirada para responder el agravio, justo vos que fuiste funcionaria de un golpeador”, en alusión al expresidente Alberto Fernández.

No es el primer episodio de violencia en la Cámara baja. El 12 de marzo pasado, la sesión terminó en escándalo cuando los diputados Oscar Zago (MID) y Lisandro Almirón (LLA) se cruzaron a empujones durante una votación para normalizar la Comisión de Juicio Político. Ese mismo día, la diputada libertaria Marcela Pagano le tiró un vaso con agua a su compañera Lilia Lemoine.

La tensión obligó a Martín Menem a levantar la sesión por falta de quórum, lo que generó la protesta airada del bloque de Unión por la Patria. La Comisión de Juicio Político, hasta hoy, sigue sin presidente.

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La Cámpora corta los accesos a Mar del Plata y Montenegro advierte: “no jodan con la ciudad”

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De cara al fin de semana largo la agrupación convocó a manifestar en el Puente Punta Iglesias, pleno centro de la ciudad.

Militantes de La Cámpora cortaron este viernes el principal acceso a Mar del Plata. En la previa al fin de semana largo, la protesta por la condena a Cristina Kirchner se hizo sobre la Ruta 2 que une ese balneario con la Ciudad de Buenos Aires y la zona Metropolitana.

“Cortan el acceso pisando el fin de semana largo. Quieren tomar de rehén a Mar del Plata. No jodan a la ciudad”, advirtió el intendente Guillermo Montenegro. Para el sábado la movilización está convocada en el emblemático Puente Punta Iglesias, en pleno centro de la ciudad.

Mar del Plata -uno de los principales puntos turísticos del país- se prepara para recibir a miles de visitantes y las protestas podrían alterar la actividad turística, el principal motor económicos de la ciudad.

La agrupación había definido para hoy un corte total sobre la Ruta 2, sin permitir la circulación de vehículos particulares, camiones y transporte de larga distancia. En la manifestación hubo proclamas en favor de la ex presidenta y acusaciones contra Héctor Magnetto a quien consideraron de “mafioso y cagón”.

La Cámpora corta los accesos a Mar del Plata y Montenegro advierte: "no jodan con la ciudad"

 

 

 

“El pueblo argentino se moviliza para defender la democracia y las instituciones frente a una nueva embestida del Partido Judicial y los grupos concentrados de poder”, dijeron desde el Movimiento Evita.

Facundo ‘Apache’ Villalva -uno de los referentes de esa agrupación dijo que “nadie puede quedarse en su casa ante semejante injusticia, cuando lo que está en juego es la democracia y el futuro de nuestra patria”.

En tanto, desde el gobierno de Montenegro indicaron que realizarán una denuncia penal por pintadas en edificios públicos y locales partidarios.

Durante esta madrugada, aparecieron pintadas en la sede del EMTur y en un local de La Libertad Avanza. Desde la intendencia vinculan directamente a estos hechos con el clima de tensión política generado tras el fallo judicial.

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Los jueces quieren endurecer las condiciones de detención de Cristina y no descartan negarle la domiciliaria

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Analizan prohibirle las redes, un control estricto de las visitas y que no pueda salir al balcón a dar discursos. En Comodoro Py no descartan que le nieguen la domiciliaria.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, que condenaron y ahora deberán ejecutar la pena contra Cristina Kirchner, quieren endurecer las condiciones de detención de la expresidenta y no descartan negarle la prisión domiciliaria.

La ejecución de la pena de Cristina está a cargo del juez Jorge Gorini, presidente del TOF 2, que había anunciado que la semana próxima se tomaría una licencia, pero finalmente lo postergó y se quedará para resolver la situación de la presidenta del PJ el próximo miércoles. Fuentes de los tribunales explicaron a LPO que igualmente las medidas están acordadas con los otros integrantes del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Un dato no menor es que los tres integrantes del Tribunal arrastran viejos rencores con el kirchnerismo, al que acusan de haberlos espiado ilegalmente y filtrado datos personales, entre otras presiones.

En ese contexto hay que entender ahora que el rumor de las últimas horas es la posibilidad de que le nieguen a Cristina la prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución, donde se ha montado una vigilia de militantes.

Ante esto Cristina pareció anticiparse y este viernes por la mañana hizo un largo posteo en el que reclama que le acepten su casa como lugar de detención. “No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”, expuso.

Los jueces quieren endurecer las condiciones de detención de Cristina y no descartan negarle la domiciliaria

Fuentes de Comodoro Py dijeron a LPO que no creen que le nieguen la domiciliaria -aunque no lo descartan-, pero sí que endurezcan las condiciones de prisión de la presidenta del Partido Justicialista. De todos modos, el beneficio de la domiciliaria puede ser revertido en cualquier momento por el TOF 2.

Entre las medidas para endurecer las condiciones de prisión se mencionan la prohibición del uso de redes sociales, un control muy estricto de quienes puedan visitarla, que no pueda salir al balcón y mucho menos a dar discursos.

Entre las medidas para endurecer las condiciones de prisión se mencionan la prohibición del uso de redes sociales, un control muy estricto de quienes puedan visitarla, que no pueda salir al balcón y mucho menos a dar discursos

En resumen, medidas para evitar que Cristina convierta la esquina de San José y Humberto Primo en su Guardia de Hierro. De concretarse estas medidas será un argumento muy fuerte para los que denuncian una persecución contra la expresidenta.

Las medidas que analizan los jueces para condicionar a Cristina están en línea con el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que mantienen una posición muy dura contra la expresidenta y de hecho reclamaron su detención inmediata.

Cristina esperará en prisión otros tres juicios: el caso Hotesur-Los Sauces, la causa de los Cuadernos y el memorándum con Irán. El único que tiene fecha de comienzo es Cuadernos, el próximo 6 de noviembre. Se espera que en poco tiempo se establezca la fecha de inicio del proceso del memorándum y para más adelante quedará Hotesur-Los Sauces.

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“No puede quedar impune”: piden citar como imputado a Zdero en una causa por injurias, violencia política y de género

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La dirigente sindical Zulema Coria pidió formalmente constituirse como querellante particular en la causa contra el gobernador Leandro Zdero, a quien acusa de injurias y violencia política y de género. Además, solicitó que se lo cite a declarar en calidad de imputado. La medida se presenta ante lo que Coria percibe como una necesidad de acción judicial frente a las “expresiones asertivas con contenido injuriante” emitidas por el mandatario. La causa está radicada en el Juzgado Correccional 2 y hasta el momento no tuvo avance alguno.

En su carácter de Secretaria General del Gremio del INSSSEP, con el patrocinio letrado de Araceli Ortigoza Peña, Coria detalló en su presentación que el 8 de mayo de 2025, el gobernador realizó una serie de declaraciones públicas “manifiestamente ofensivas, vejatorias y lesivas” hacia su persona durante el programa “La Mañana de la Radio” del canal estatal “Somos Uno”. Estas expresiones fueron amplificadas en plataformas digitales como YouTube y Edición Norte, ambas sostenidas con fondos públicos provinciales a través de pauta oficial.

 

 

Allí, Zdero se refirió a Coria con frases como “la dirigente sindical eterna”, “es una mujer mala”, “todos saben lo perversa que es esta señora” y “hay que escarbar muy fuerte para encontrarle corazón”.

La presentación subraya que estas expresiones “superan cualquier crítica política o sindical legítima” y fueron proferidas con una “clara intencionalidad de menoscabo público, sin sustento fáctico alguno”. Coria enfatiza que la gravedad del daño se magnifica por el hecho de que las declaraciones fueron emitidas desde una “posición de poder institucional máximo” y amplificadas por medios de comunicación sostenidos por el Estado.

Coria sostiene que estas declaraciones “exceden cualquier crítica política o sindical legítima” y que fueron proferidas desde una “posición de poder institucional máximo” con el objetivo de estigmatizar, desacreditar y silenciar su participación sindical. La dirigente afirma haber sufrido consecuencias emocionales severas —angustia, estrés, insomnio y ansiedad—, además de hostigamiento en redes sociales y ataques que también afectaron a su familia.

Enmarca estas acciones dentro de la “violencia política, simbólica e institucional por razones de género”, al utilizar expresiones estigmatizantes contra una mujer sindicalista en ejercicio legítimo de sus funciones. Destaca que el accionar del gobernador configura un “abuso de poder institucional” y la “reproducción de prácticas machistas que buscan disciplinar y silenciar la participación política y sindical de las mujeres”.

En su fundamento legal, Coria invoca el artículo 110 del Código Penal, que sanciona el deshonor o descrédito intencional a una persona. Argumenta que las expresiones del gobernador “exceden ampliamente el marco del interés público” y son “manifestaciones personales que buscan desacreditarme, mediante insultos, descalificaciones y acusaciones sin sustento alguno, como tildarme de ‘perversa’, ‘dañina’, ‘mala’, etc.”.

Finalmente, Zulema Coria solicitó que se le dé intervención en la causa como querellante particular, que se ordene la apertura de una investigación por el delito de injurias, se tengan por ofrecidas las pruebas, se proceda a la investigación penal preparatoria y se cite a declarar al gobernador Leandro Zdero en calidad de imputado.

Asimismo, pidió medidas de resguardo para su integridad personal en el marco del Protocolo de Prevención de la Violencia de Género e Institucional. Coria concluye que “la violencia ejercida desde posiciones de poder no puede naturalizarse ni quedar impune”.

Derechos Humanos se apartó

Paralelamente, Coria presentó una denuncia administrativa ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, dirigida a su titular, Hugo Maldonado. En ese escrito, invocó las leyes provinciales 2957-A, 2023-A y 2772-L, que contemplan mecanismos específicos de prevención y abordaje frente a casos de violencia laboral en la administración pública. Solicitó que se activen protocolos de protección, resguardo emocional y medidas preventivas para evitar nuevas agresiones institucionales.

Sin embargo, el 20 de mayo la Subsecretaría rechazó la denuncia “in límine”, es decir, sin darle trámite, argumentando que el gobernador está fuera del alcance del protocolo por ser “la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Provincial” y haber sido elegido por “sufragio popular”. Según el criterio del organismo, aplicar un protocolo en su contra afectaría la imparcialidad institucional, ya que Zdero es además la autoridad de aplicación de la normativa vigente en materia de violencia laboral.

El rechazo dejó planteado un fuerte cuestionamiento a la efectividad de los mecanismos institucionales de protección frente a casos de violencia ejercida desde el poder.

 

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