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Los gremios se declararon en estado de alerta y movilización ante un posible fallo de la Corte contra CFK

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Los gremios se declararon en estado de alerta y movilización ante un posible fallo de la Corte Suprema contra la expresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad. Referentes de sindicatos vinculados al kirchnerismo se reúnen de urgencia en la sede del Partido Justicialista (PJ) previo a una definición del máximo tribunal, y advirtieron con realizar medidas de fuerza si se confirma la condena a la expresidenta. Mientras que desde la CGT lanzaron fuertes críticas: “La democracia está en peligro”.

El encuentro se realizará en la sede del PJ, tras las advertencias del secretario adjunto de SMATA y diputado nacional de Unión por la Patria, Mario “Paco” Manrique, sobre las intenciones, en su consideración, de “los grupos concentrados de proscribir la voluntad popular”. La expresidenta anunció la semana pasada su intención de competir como candidata a legisladora bonaerense en septiembre. Aunque, en caso de confirmarse su condena, no podrá postularse.

La cumbre de sindicalistas será a las 16.00, con las presencias de los dirigentes de SMATA, Ricardo Pignanelli (secretario general) y Manrique, Sergio Palazzo (La Bancaria), Abel Furlán (UOM), Héctor “Etín” Ponce (ATILRA), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Carlos Ortega (Secasfpi), Vanesa Siley (SITRAJU), Víctor Santa María (Suther), Alejandra López y José Luis Casares (SADOP), Norberto Di Próspero (APL) y Héctor “Gringo” Amichetti (Gráficos).

Participarán además los gremialistas Horacio Arreceygor (Satsaid), Daniel Catalano (ATE Capital), Fabián Cattanzaro y Graciela Aleña (Vialidad), Carlos Minucci (APSEE), Ana Rugiero e Ignacio “Nacho” Bruno (FATUN), Daniel Ricci (Fedun), Hugo Yasky (CTA), Nahuel Chancel (Supeh), Juan Speroni (Navales), José Ramón Luque (FOEIPCYQ), Marcelo Parente (secretario general de las 62 organizaciones), Hernán Doval (CTM Municipales) y Aníbal Torreta (SUTECBA).

Fuertes advertencias de los gremios en caso de que la Corte Suprema confirme la sentencia a Cristina Kirchner

Sindicalistas vinculados al kirchnerismo lanzaron fuertes advertencias, en el caso de que el máximo tribunal confirme la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad. Manrique dijo en declaraciones a AM 530: “Tras el anuncio de su candidatura, parece que hay gente que quiere acelerar los tiempos y lo que no puede sostener en las urnas lo va a querer traccionar desde la Justicia”.

El diputado de UxP planteó: “No podemos dejar que la voluntad popular se proscriba, se explica nada más que a través de decisiones políticas que emanan de los poderes más concentrados de la economía argentina e internacional”.

Mientras que Furlán (UOM) anticipó que no descartan “una medida de fuerza desde el movimiento obrero por estas intenciones de la Justicia que hoy sigue profundizando la persecución política sobre Cristina Kirchner”. El sindicalista dijo en declaraciones a Radio 10: “Es grave lo que está sucediendo con el intento de la persecución política, están atentando contra la democracia”.

Por su parte Catalano, de ATE Capital, advirtió en un comunicado: “Si Cristina va presa, declaramos el paro. No es justicia, es persecución. Defender a Cristina es cuidar la democracia”.

Duras críticas de la CGT, previo al fallo de la Corte Suprema por la causa Vialidad: “La democracia está en peligro”

Desde la CGT lanzaron un comunicado con fuertes críticas a la Corte, previo al fallo por la causa Vialidad: “La democracia está en peligro”. Plantearon: “En vísperas de una nueva elección, cualquier fallo que ponga en cuestión las reglas democráticas, no hace más que alterar el normal funcionamiento institucional de la Nación. Nos referimos a las causas en las que se observan serias irregularidades, difusión anticipada a través de los medios y manipulación informativa”.

La central sindical cuestionó: “De este modo, se desvirtúan y desnaturalizan los procesos de investigación y juzgamiento, que deberían ajustarse a derecho y respetar las garantías. En lugar de eso, se transforman en mecanismos de persecución y proscripción política. Un procedimiento que ya se usó en países hermanos, cuyo caso más emblemático fue el del compañero Lula da Silva en Brasil”.

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La Cámpora corta los accesos a Mar del Plata y Montenegro advierte: “no jodan con la ciudad”

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De cara al fin de semana largo la agrupación convocó a manifestar en el Puente Punta Iglesias, pleno centro de la ciudad.

Militantes de La Cámpora cortaron este viernes el principal acceso a Mar del Plata. En la previa al fin de semana largo, la protesta por la condena a Cristina Kirchner se hizo sobre la Ruta 2 que une ese balneario con la Ciudad de Buenos Aires y la zona Metropolitana.

“Cortan el acceso pisando el fin de semana largo. Quieren tomar de rehén a Mar del Plata. No jodan a la ciudad”, advirtió el intendente Guillermo Montenegro. Para el sábado la movilización está convocada en el emblemático Puente Punta Iglesias, en pleno centro de la ciudad.

Mar del Plata -uno de los principales puntos turísticos del país- se prepara para recibir a miles de visitantes y las protestas podrían alterar la actividad turística, el principal motor económicos de la ciudad.

La agrupación había definido para hoy un corte total sobre la Ruta 2, sin permitir la circulación de vehículos particulares, camiones y transporte de larga distancia. En la manifestación hubo proclamas en favor de la ex presidenta y acusaciones contra Héctor Magnetto a quien consideraron de “mafioso y cagón”.

La Cámpora corta los accesos a Mar del Plata y Montenegro advierte: "no jodan con la ciudad"

 

 

 

“El pueblo argentino se moviliza para defender la democracia y las instituciones frente a una nueva embestida del Partido Judicial y los grupos concentrados de poder”, dijeron desde el Movimiento Evita.

Facundo ‘Apache’ Villalva -uno de los referentes de esa agrupación dijo que “nadie puede quedarse en su casa ante semejante injusticia, cuando lo que está en juego es la democracia y el futuro de nuestra patria”.

En tanto, desde el gobierno de Montenegro indicaron que realizarán una denuncia penal por pintadas en edificios públicos y locales partidarios.

Durante esta madrugada, aparecieron pintadas en la sede del EMTur y en un local de La Libertad Avanza. Desde la intendencia vinculan directamente a estos hechos con el clima de tensión política generado tras el fallo judicial.

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Los jueces quieren endurecer las condiciones de detención de Cristina y no descartan negarle la domiciliaria

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Analizan prohibirle las redes, un control estricto de las visitas y que no pueda salir al balcón a dar discursos. En Comodoro Py no descartan que le nieguen la domiciliaria.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, que condenaron y ahora deberán ejecutar la pena contra Cristina Kirchner, quieren endurecer las condiciones de detención de la expresidenta y no descartan negarle la prisión domiciliaria.

La ejecución de la pena de Cristina está a cargo del juez Jorge Gorini, presidente del TOF 2, que había anunciado que la semana próxima se tomaría una licencia, pero finalmente lo postergó y se quedará para resolver la situación de la presidenta del PJ el próximo miércoles. Fuentes de los tribunales explicaron a LPO que igualmente las medidas están acordadas con los otros integrantes del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Un dato no menor es que los tres integrantes del Tribunal arrastran viejos rencores con el kirchnerismo, al que acusan de haberlos espiado ilegalmente y filtrado datos personales, entre otras presiones.

En ese contexto hay que entender ahora que el rumor de las últimas horas es la posibilidad de que le nieguen a Cristina la prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución, donde se ha montado una vigilia de militantes.

Ante esto Cristina pareció anticiparse y este viernes por la mañana hizo un largo posteo en el que reclama que le acepten su casa como lugar de detención. “No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”, expuso.

Los jueces quieren endurecer las condiciones de detención de Cristina y no descartan negarle la domiciliaria

Fuentes de Comodoro Py dijeron a LPO que no creen que le nieguen la domiciliaria -aunque no lo descartan-, pero sí que endurezcan las condiciones de prisión de la presidenta del Partido Justicialista. De todos modos, el beneficio de la domiciliaria puede ser revertido en cualquier momento por el TOF 2.

Entre las medidas para endurecer las condiciones de prisión se mencionan la prohibición del uso de redes sociales, un control muy estricto de quienes puedan visitarla, que no pueda salir al balcón y mucho menos a dar discursos.

Entre las medidas para endurecer las condiciones de prisión se mencionan la prohibición del uso de redes sociales, un control muy estricto de quienes puedan visitarla, que no pueda salir al balcón y mucho menos a dar discursos

En resumen, medidas para evitar que Cristina convierta la esquina de San José y Humberto Primo en su Guardia de Hierro. De concretarse estas medidas será un argumento muy fuerte para los que denuncian una persecución contra la expresidenta.

Las medidas que analizan los jueces para condicionar a Cristina están en línea con el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que mantienen una posición muy dura contra la expresidenta y de hecho reclamaron su detención inmediata.

Cristina esperará en prisión otros tres juicios: el caso Hotesur-Los Sauces, la causa de los Cuadernos y el memorándum con Irán. El único que tiene fecha de comienzo es Cuadernos, el próximo 6 de noviembre. Se espera que en poco tiempo se establezca la fecha de inicio del proceso del memorándum y para más adelante quedará Hotesur-Los Sauces.

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“No puede quedar impune”: piden citar como imputado a Zdero en una causa por injurias, violencia política y de género

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La dirigente sindical Zulema Coria pidió formalmente constituirse como querellante particular en la causa contra el gobernador Leandro Zdero, a quien acusa de injurias y violencia política y de género. Además, solicitó que se lo cite a declarar en calidad de imputado. La medida se presenta ante lo que Coria percibe como una necesidad de acción judicial frente a las “expresiones asertivas con contenido injuriante” emitidas por el mandatario. La causa está radicada en el Juzgado Correccional 2 y hasta el momento no tuvo avance alguno.

En su carácter de Secretaria General del Gremio del INSSSEP, con el patrocinio letrado de Araceli Ortigoza Peña, Coria detalló en su presentación que el 8 de mayo de 2025, el gobernador realizó una serie de declaraciones públicas “manifiestamente ofensivas, vejatorias y lesivas” hacia su persona durante el programa “La Mañana de la Radio” del canal estatal “Somos Uno”. Estas expresiones fueron amplificadas en plataformas digitales como YouTube y Edición Norte, ambas sostenidas con fondos públicos provinciales a través de pauta oficial.

 

 

Allí, Zdero se refirió a Coria con frases como “la dirigente sindical eterna”, “es una mujer mala”, “todos saben lo perversa que es esta señora” y “hay que escarbar muy fuerte para encontrarle corazón”.

La presentación subraya que estas expresiones “superan cualquier crítica política o sindical legítima” y fueron proferidas con una “clara intencionalidad de menoscabo público, sin sustento fáctico alguno”. Coria enfatiza que la gravedad del daño se magnifica por el hecho de que las declaraciones fueron emitidas desde una “posición de poder institucional máximo” y amplificadas por medios de comunicación sostenidos por el Estado.

Coria sostiene que estas declaraciones “exceden cualquier crítica política o sindical legítima” y que fueron proferidas desde una “posición de poder institucional máximo” con el objetivo de estigmatizar, desacreditar y silenciar su participación sindical. La dirigente afirma haber sufrido consecuencias emocionales severas —angustia, estrés, insomnio y ansiedad—, además de hostigamiento en redes sociales y ataques que también afectaron a su familia.

Enmarca estas acciones dentro de la “violencia política, simbólica e institucional por razones de género”, al utilizar expresiones estigmatizantes contra una mujer sindicalista en ejercicio legítimo de sus funciones. Destaca que el accionar del gobernador configura un “abuso de poder institucional” y la “reproducción de prácticas machistas que buscan disciplinar y silenciar la participación política y sindical de las mujeres”.

En su fundamento legal, Coria invoca el artículo 110 del Código Penal, que sanciona el deshonor o descrédito intencional a una persona. Argumenta que las expresiones del gobernador “exceden ampliamente el marco del interés público” y son “manifestaciones personales que buscan desacreditarme, mediante insultos, descalificaciones y acusaciones sin sustento alguno, como tildarme de ‘perversa’, ‘dañina’, ‘mala’, etc.”.

Finalmente, Zulema Coria solicitó que se le dé intervención en la causa como querellante particular, que se ordene la apertura de una investigación por el delito de injurias, se tengan por ofrecidas las pruebas, se proceda a la investigación penal preparatoria y se cite a declarar al gobernador Leandro Zdero en calidad de imputado.

Asimismo, pidió medidas de resguardo para su integridad personal en el marco del Protocolo de Prevención de la Violencia de Género e Institucional. Coria concluye que “la violencia ejercida desde posiciones de poder no puede naturalizarse ni quedar impune”.

Derechos Humanos se apartó

Paralelamente, Coria presentó una denuncia administrativa ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, dirigida a su titular, Hugo Maldonado. En ese escrito, invocó las leyes provinciales 2957-A, 2023-A y 2772-L, que contemplan mecanismos específicos de prevención y abordaje frente a casos de violencia laboral en la administración pública. Solicitó que se activen protocolos de protección, resguardo emocional y medidas preventivas para evitar nuevas agresiones institucionales.

Sin embargo, el 20 de mayo la Subsecretaría rechazó la denuncia “in límine”, es decir, sin darle trámite, argumentando que el gobernador está fuera del alcance del protocolo por ser “la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Provincial” y haber sido elegido por “sufragio popular”. Según el criterio del organismo, aplicar un protocolo en su contra afectaría la imparcialidad institucional, ya que Zdero es además la autoridad de aplicación de la normativa vigente en materia de violencia laboral.

El rechazo dejó planteado un fuerte cuestionamiento a la efectividad de los mecanismos institucionales de protección frente a casos de violencia ejercida desde el poder.

 

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