Es en Avellaneda, donde el municipio había presentado reclamos. Los damnificados preparan una avalancha de demandas. “Es una estafa”, dijo el Defensor del Pueblo.

Patricia Bullrich entregó a efectivos de fuerzas federales 160 viviendas que ya se habían adjudicado a familias de Avellaneda en el marco del Procrear, eliminado por el Gobierno días atrás. Por eso, los damnificados preparan una avalancha de demandas.

 

Con la llegada de Milei, los trabajos en estos departamentos del edificio Sagol se frenaron a pesar de contar con un alto grado de avance. Frente a la parálisis, Jorge Ferraresi reclamó que Nación devuelva al municipio de Avellaneda ese predio que la comuna había cedido para esa obra en el marco del Procrear.

 

Sin dar respuesta al municipio ni a los adjudicatarios que reclamaban certezas sobre la situación de sus viviendas, el gobierno libertario finalmente anunció que los departamentos se los entregaría a efectivos de fuerzas federales.

 

Bullrich apuró esa entrega en medio de las crecientes denuncias por falta de cobertura de la Superintendencia de Bienestar, la obra social de la Policía Federal, lo que viene instalando un clima de malestar en la fuerza.

 

La ministra encabezó el acto la semana pasada, mientras, afuera, numerosas familias protestaban por la maniobra que las dejaba sin casa propia.

Bullrich, al realizar la entrega de viviendas.

 

Tampoco dejaron entrar al acto al defensor de Pueblo de Avellaneda, Daniel García, que buscaba hacerle el reclamo en persona a Bullrich.

 

“Es una estafa porque tendrían que haber sostenido la adjudicación pasada. Es gente que tuvo que salir a buscar otra vivienda, pensando que ya tenían una”, dijo García a LPO.

 

El defensor del Pueblo de Avellaneda detalló que en noviembre de 2023 se adjudicaron las viviendas en cuestión, con todas las condiciones dadas. En enero de 2024, ya con la gestión libertaria, el Banco le entregó las tarjetas a dos familias pero poco después se paralizó el proceso repentinamente “por orden del Gobierno”, según García.

Ferraresi va a la Justicia para exigirle a Milei que devuelva predios que abandonó tras eliminar el Procrear

 

“Lo que pregunto es cuál fue el procedimiento para dárselas, si ya estaban adjudicadas. Por qué se las dieron a ellos y cómo las van a pagar. Pregunto eso último porque sé que se las dieron, sin pagar”, sostuvo el defensor del Pueblo, que sostuvo que tampoco es casual que esta maniobra se haya dado en Avellaneda: “Esto es político”, dijo.

 

García tiene preparados los oficios para enviar este martes al Banco Hipotecario y a los ministerios de Seguridad y Economía. “Primero vamos a presentar los oficios. Si no hay respuesta, recomendaremos la acción judicial”, dijo.

 

Por lo pronto, ya son más de 40 adjudicatarios damnificados los que decidieron avanzar con acciones judiciales. Eso, mientras ya 25 familias de efectivos policiales hicieron ocupación de las viviendas entregadas por Bullrich, en un edificio que -según deslizaron fuentes al tanto del tema- sería administrado una autoridad policial.

 

Bullrich aceleró esta entrega en medio de la ola de denuncias que crece en la Justicia por la falta de cobertura de la obra social de la Policía Federal por diversos casos.

 

LPO pudo acceder a demandas contra la Superintendencia de Bienestar en juzgados federales de Mar del Plata, La Plata y San Martin, por diversas cuestiones.

 

Entre las denuncias, se acusa a la obra social policial de no cubrir los medicamentos que necesitan tomar pacientes con cáncer de mama y a varios con diversos tipos de discapacidad. En otro, se acusa la falta de tratamiento del hijo de un efectivo que padece de Trastorno General del Desarrollo.

La exfuncionaria Silvia Tarantini aseguró que el ministro Jorge González le ofreció cargos públicos a cambio de favores sexuales, y que su caso forma parte de un patrón de acoso y abuso de poder dentro del Ministerio de Gobierno de Formosa. Según relató, otras mujeres también se acercaron a ella para contarle experiencias similares, lo que, en sus palabras, revela una problemática estructural en el ámbito estatal provincial.

Silvia Tarantini, abogada y exdirectora de Personas Jurídicas con tres décadas de trayectoria en la administración pública formoseña, relató en una entrevista a la radio local Uno los episodios de hostigamiento, maltrato y manipulación política que vivió durante la gestión de Jorge González.

La exfuncionaria describió cómo, desde el inicio del mandato de González al frente del Ministerio de Gobierno de la gestión de Gildo Insfrán, comenzó a recibir propuestas de ascenso a cargos como subsecretaria, concejal o diputada, siempre condicionadas a mantener una relación íntima con el ministro. “Me citaba a su oficina con la excusa de revisar expedientes complejos. Primero eran piropos: que las botas, que las piernas, que qué linda estaba. Yo fingía demencia, me quedaba callada. Pero después vinieron las insinuaciones más directas”, declaró Tarantini.

La denuncia de la exdirectora no se limita al acoso sexual. Según detalló, el hostigamiento laboral se manifestó en la reducción drástica de su equipo de trabajo, pasando de 28 personas a solo ocho, y en la imposición de órdenes políticas arbitrarias. “Me ordenó que no se diera personería jurídica a nadie que no sea ‘compañero’, y que él decidía quién podía acceder. Incluso se hacía trabajo de inteligencia sobre los solicitantes, a través de la policía”, afirmó Tarantini. La exfuncionaria sostuvo que su negativa a apartarse de la ley la convirtió en un obstáculo para la gestión de González.

Tarantini subrayó que su experiencia no es un hecho aislado. Tras hacer pública su situación, recibió mensajes de otras mujeres que aseguraron haber atravesado situaciones similares de acoso dentro del Estado provincial. “Muchas mujeres me buscaron después de hablar públicamente. Me dijeron que viven lo mismo, que también son acosadas. Esto no es nuevo, lo que pasa es que nadie se anima”, expresó la exfuncionaria.

La abogada también mencionó que el acoso no provino únicamente de Jorge González. Según su testimonio, otras figuras de poder, incluso “familiares del gobernador”, la acosaron. Aunque evitó dar nombres, explicó que evalúa iniciar acciones legales con el respaldo de un estudio jurídico de Buenos Aires. “No quiero dar nombres todavía porque estoy evaluando iniciar acciones legales con un estudio jurídico muy importante de Buenos Aires. Pero no fue sólo González. Esto es estructural”, sostuvo Tarantini.

Las consecuencias de este hostigamiento incluyeron graves daños a su salud física y mental. “Tuve una crisis hipertensiva, terminé con un ACV, estuve internada en terapia intensiva, me quedó una hipoacusia severa y vértigos inhabilitantes. Tengo una prótesis de titanio en la columna”, enumeró. “Todo eso fue mientras seguía bajo presión, humillada, aislada y sin poder trabajar”, agregó.

Tarantini afirmó contar con pruebas que respaldan sus denuncias. Entre ellas, mencionó capturas de pantalla de mensajes enviados por el ministro, que habría reenviado al gobernador y a otros funcionarios, así como documentación sobre presuntas maniobras fraudulentas en asociaciones de pueblos originarios. “Todo está resguardado en escribanías de Buenos Aires”, aseguró la exfuncionaria.

Uno de los episodios que más la marcó, según relató, ocurrió cuando fue citada para formalizar su salida del cargo. En esa ocasión, se encontró en una oficina con Jorge González, la subsecretaria Gloria Jiménez y el comisario Escobar. “Me dijo: ‘tenés que venir a la asunción de las nuevas autoridades. Y quedate tranquila, porque si no, te vamos a perjudicar más’. Me sentí amenazada. Entendí que querían exonerarme”, relató Tarantini.

A pesar de haber defendido durante años al gobierno provincial y de haber militado en el oficialismo, la exfuncionaria manifestó sentirse traicionada y aislada. “Me costó peleas con mi familia, con mis amigos. Yo defendí la reelección del gobernador dentro del Colegio de Abogados cuando era la única peronista. Pero ahora me premiaron así: con el exilio, la humillación y el silencio”, expresó.

Consultada sobre la posibilidad de una nueva reforma constitucional que habilite la reelección indefinida, Tarantini recordó que durante su gestión eliminó las reelecciones perpetuas en las asociaciones civiles, defendiendo la alternancia como principio democrático. “Me decían: ‘¿y por qué no le sacás la reelección al gobernador?’ Y yo contestaba: ‘cuando vos seas gobernador, hacelo’”, relató.

En el cierre de su testimonio, la exfuncionaria remarcó su decisión de no guardar silencio frente a lo que vivió. “Yo era militante del gildismo. Obedecí todas las órdenes. Pero esto fue demasiado. Me arruinaron la salud, la vida personal y la profesional. Y aún así, no me quebraron. No me voy a callar”, concluyó Silvia Tarantini.

El empresario Orlando Canido, fundador de la marca de bebidas Manaos, describió en detalle los costos que enfrenta para producir en Argentina y cuestionó el impacto de la carga impositiva sobre los precios. Sostuvo que los tributos representan el principal factor que encarece sus productos y afirmó que su presencia en el mercado obliga a las grandes marcas a moderar sus precios.

En diálogo con La Fábrica Podcast, Canido, que actualmente emplea a 600 trabajadores, explicó que una botella de gaseosa que al consumidor le llega con un precio de $1.000, por ejemplo, la podría vender en $480 si no fuera por los impuestos.

También criticó los altos costos en servicios. “Yo gasté de luz $118 millones y la factura me llegó en 600 millones por otros costos. Si me cobraran lo que yo consumo solamente, tengo la posibilidad de bajar, por lo menos, un 20% el precio”.

“Yo gasté de luz $118 millones y la factura me llegó en 600 millones”, dijo Canido

Al mismo tiempo, el empresario también expresó una fuerte crítica hacia la falta de respaldo estatal a la actividad productiva. “Desgraciadamente estamos medio huérfanos nosotros por la parte del gobierno. Somos castigados con muchos impuestos, mucha persecución y mucho control con inspecciones constantes. Yo veo, por ejemplo, cuando voy a Estados Unidos el apoyo que le dan al empresario allá, lo acompañan, lo ayudan, lo empujan para adelante. En Europa es lo mismo, se lo respeta”.

Asimismo, “me venían a buscar de Brasil para que vaya a poner una planta allá y me daban de todo y un poco más. Y acá nada. Yo salí de abajo por esfuerzo, por sacrificio, por tesón, por actitud, pero palos una rueda tuve constantemente”, manifestó.

“Yo me siento desprotegido, no siento que me cuiden acá como un hijo de Argentina, un empresario argentino, nacido en La Matanza, que vive en La Matanza. Sinceramente, quisiera otra cosa”, agregó.

“Acá el nacionalismo medio es superficial. Les da lo mismo si cerrás o no”, insistió.

Por otro lado, defendió el rol de su empresa como actor que aporta competencia real en el rubro de las bebidas y señaló que “si no fuera porque estoy yo en la Argentina, no sé cuánta gaseosa tomaría el pueblo, porque una Coca-Cola podría costar $9.000. Una gaseosa de Manaos de 2,25 litros hoy ronda los 1.500 pesos y la competencia debe estar a $4.000.

Fábrica de Manaos

Como paradoja, contó: “El distribuidor más grande en la historia de Coca Cola fui yo”. “Vendía 60 camiones por día”.

Asimismo, sostuvo que pasó a ser el número 1 en ventas de Cervezas Bieckert, superando al propio dueño. “El dueño era Antonio Cafiero, gobernador de la Provincia de Buenos Aires y yo lo superé a él”, detalló.

Respecto a cómo maneja las crisis, indicó que “cuando pude hacer una diferencia económica, compré alguna propiedad, compré campo y mucha mercadería. Entonces, a mí nunca me agarró el banco y se quedó con mi dinero o perdí porque se fue el dólar a 40 pesos y estaba a 2 pesos. Yo toda la plata la invierto en mercadería”.

Sin embargo, reconoció que sufrió pérdidas durante el período de hiperinflación entre los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem. En ese momento, vendía gaseosas con marca propia a grandes cadenas. “Makro me debía $581.000, que en ese momento eran USD 581.000, y me devolvió la mercadería vencida ocho meses después”, contó. Sobrevivió gracias a que no dependía exclusivamente de las grandes superficies: su red de distribución propia, que aún conserva, le permitió sostener el negocio.

Por último, Canido relató le “jugo en contra haber elegido Manaos, porque en algún momento me criticaron, la gaseosa argentina, pero marca brasilera”. Aunque asegura que “hoy ya está, la gente ya la incorporó”.