Es en Avellaneda, donde el municipio había presentado reclamos. Los damnificados preparan una avalancha de demandas. “Es una estafa”, dijo el Defensor del Pueblo.

Patricia Bullrich entregó a efectivos de fuerzas federales 160 viviendas que ya se habían adjudicado a familias de Avellaneda en el marco del Procrear, eliminado por el Gobierno días atrás. Por eso, los damnificados preparan una avalancha de demandas.

 

Con la llegada de Milei, los trabajos en estos departamentos del edificio Sagol se frenaron a pesar de contar con un alto grado de avance. Frente a la parálisis, Jorge Ferraresi reclamó que Nación devuelva al municipio de Avellaneda ese predio que la comuna había cedido para esa obra en el marco del Procrear.

 

Sin dar respuesta al municipio ni a los adjudicatarios que reclamaban certezas sobre la situación de sus viviendas, el gobierno libertario finalmente anunció que los departamentos se los entregaría a efectivos de fuerzas federales.

 

Bullrich apuró esa entrega en medio de las crecientes denuncias por falta de cobertura de la Superintendencia de Bienestar, la obra social de la Policía Federal, lo que viene instalando un clima de malestar en la fuerza.

 

La ministra encabezó el acto la semana pasada, mientras, afuera, numerosas familias protestaban por la maniobra que las dejaba sin casa propia.

Bullrich, al realizar la entrega de viviendas.

 

Tampoco dejaron entrar al acto al defensor de Pueblo de Avellaneda, Daniel García, que buscaba hacerle el reclamo en persona a Bullrich.

 

“Es una estafa porque tendrían que haber sostenido la adjudicación pasada. Es gente que tuvo que salir a buscar otra vivienda, pensando que ya tenían una”, dijo García a LPO.

 

El defensor del Pueblo de Avellaneda detalló que en noviembre de 2023 se adjudicaron las viviendas en cuestión, con todas las condiciones dadas. En enero de 2024, ya con la gestión libertaria, el Banco le entregó las tarjetas a dos familias pero poco después se paralizó el proceso repentinamente “por orden del Gobierno”, según García.

Ferraresi va a la Justicia para exigirle a Milei que devuelva predios que abandonó tras eliminar el Procrear

 

“Lo que pregunto es cuál fue el procedimiento para dárselas, si ya estaban adjudicadas. Por qué se las dieron a ellos y cómo las van a pagar. Pregunto eso último porque sé que se las dieron, sin pagar”, sostuvo el defensor del Pueblo, que sostuvo que tampoco es casual que esta maniobra se haya dado en Avellaneda: “Esto es político”, dijo.

 

García tiene preparados los oficios para enviar este martes al Banco Hipotecario y a los ministerios de Seguridad y Economía. “Primero vamos a presentar los oficios. Si no hay respuesta, recomendaremos la acción judicial”, dijo.

 

Por lo pronto, ya son más de 40 adjudicatarios damnificados los que decidieron avanzar con acciones judiciales. Eso, mientras ya 25 familias de efectivos policiales hicieron ocupación de las viviendas entregadas por Bullrich, en un edificio que -según deslizaron fuentes al tanto del tema- sería administrado una autoridad policial.

 

Bullrich aceleró esta entrega en medio de la ola de denuncias que crece en la Justicia por la falta de cobertura de la obra social de la Policía Federal por diversos casos.

 

LPO pudo acceder a demandas contra la Superintendencia de Bienestar en juzgados federales de Mar del Plata, La Plata y San Martin, por diversas cuestiones.

 

Entre las denuncias, se acusa a la obra social policial de no cubrir los medicamentos que necesitan tomar pacientes con cáncer de mama y a varios con diversos tipos de discapacidad. En otro, se acusa la falta de tratamiento del hijo de un efectivo que padece de Trastorno General del Desarrollo.

La exfuncionaria Silvia Tarantini aseguró que el ministro Jorge González le ofreció cargos públicos a cambio de favores sexuales, y que su caso forma parte de un patrón de acoso y abuso de poder dentro del Ministerio de Gobierno de Formosa. Según relató, otras mujeres también se acercaron a ella para contarle experiencias similares, lo que, en sus palabras, revela una problemática estructural en el ámbito estatal provincial.

Silvia Tarantini, abogada y exdirectora de Personas Jurídicas con tres décadas de trayectoria en la administración pública formoseña, relató en una entrevista a la radio local Uno los episodios de hostigamiento, maltrato y manipulación política que vivió durante la gestión de Jorge González.

La exfuncionaria describió cómo, desde el inicio del mandato de González al frente del Ministerio de Gobierno de la gestión de Gildo Insfrán, comenzó a recibir propuestas de ascenso a cargos como subsecretaria, concejal o diputada, siempre condicionadas a mantener una relación íntima con el ministro. “Me citaba a su oficina con la excusa de revisar expedientes complejos. Primero eran piropos: que las botas, que las piernas, que qué linda estaba. Yo fingía demencia, me quedaba callada. Pero después vinieron las insinuaciones más directas”, declaró Tarantini.

La denuncia de la exdirectora no se limita al acoso sexual. Según detalló, el hostigamiento laboral se manifestó en la reducción drástica de su equipo de trabajo, pasando de 28 personas a solo ocho, y en la imposición de órdenes políticas arbitrarias. “Me ordenó que no se diera personería jurídica a nadie que no sea ‘compañero’, y que él decidía quién podía acceder. Incluso se hacía trabajo de inteligencia sobre los solicitantes, a través de la policía”, afirmó Tarantini. La exfuncionaria sostuvo que su negativa a apartarse de la ley la convirtió en un obstáculo para la gestión de González.

Tarantini subrayó que su experiencia no es un hecho aislado. Tras hacer pública su situación, recibió mensajes de otras mujeres que aseguraron haber atravesado situaciones similares de acoso dentro del Estado provincial. “Muchas mujeres me buscaron después de hablar públicamente. Me dijeron que viven lo mismo, que también son acosadas. Esto no es nuevo, lo que pasa es que nadie se anima”, expresó la exfuncionaria.

La abogada también mencionó que el acoso no provino únicamente de Jorge González. Según su testimonio, otras figuras de poder, incluso “familiares del gobernador”, la acosaron. Aunque evitó dar nombres, explicó que evalúa iniciar acciones legales con el respaldo de un estudio jurídico de Buenos Aires. “No quiero dar nombres todavía porque estoy evaluando iniciar acciones legales con un estudio jurídico muy importante de Buenos Aires. Pero no fue sólo González. Esto es estructural”, sostuvo Tarantini.

Las consecuencias de este hostigamiento incluyeron graves daños a su salud física y mental. “Tuve una crisis hipertensiva, terminé con un ACV, estuve internada en terapia intensiva, me quedó una hipoacusia severa y vértigos inhabilitantes. Tengo una prótesis de titanio en la columna”, enumeró. “Todo eso fue mientras seguía bajo presión, humillada, aislada y sin poder trabajar”, agregó.

Tarantini afirmó contar con pruebas que respaldan sus denuncias. Entre ellas, mencionó capturas de pantalla de mensajes enviados por el ministro, que habría reenviado al gobernador y a otros funcionarios, así como documentación sobre presuntas maniobras fraudulentas en asociaciones de pueblos originarios. “Todo está resguardado en escribanías de Buenos Aires”, aseguró la exfuncionaria.

Uno de los episodios que más la marcó, según relató, ocurrió cuando fue citada para formalizar su salida del cargo. En esa ocasión, se encontró en una oficina con Jorge González, la subsecretaria Gloria Jiménez y el comisario Escobar. “Me dijo: ‘tenés que venir a la asunción de las nuevas autoridades. Y quedate tranquila, porque si no, te vamos a perjudicar más’. Me sentí amenazada. Entendí que querían exonerarme”, relató Tarantini.

A pesar de haber defendido durante años al gobierno provincial y de haber militado en el oficialismo, la exfuncionaria manifestó sentirse traicionada y aislada. “Me costó peleas con mi familia, con mis amigos. Yo defendí la reelección del gobernador dentro del Colegio de Abogados cuando era la única peronista. Pero ahora me premiaron así: con el exilio, la humillación y el silencio”, expresó.

Consultada sobre la posibilidad de una nueva reforma constitucional que habilite la reelección indefinida, Tarantini recordó que durante su gestión eliminó las reelecciones perpetuas en las asociaciones civiles, defendiendo la alternancia como principio democrático. “Me decían: ‘¿y por qué no le sacás la reelección al gobernador?’ Y yo contestaba: ‘cuando vos seas gobernador, hacelo’”, relató.

En el cierre de su testimonio, la exfuncionaria remarcó su decisión de no guardar silencio frente a lo que vivió. “Yo era militante del gildismo. Obedecí todas las órdenes. Pero esto fue demasiado. Me arruinaron la salud, la vida personal y la profesional. Y aún así, no me quebraron. No me voy a callar”, concluyó Silvia Tarantini.

En la convención nacional del PRO que encabezó Mauricio Macri, el equipo económico presentó un informe reservado con un duro diagnóstico sobre la coyuntura financiera y productiva, y sobre las políticas del gobierno de Javier Milei. Este análisis fue parte del temario de la cumbre, que incluyó reproches cruzados y definiciones clave sobre la estrategia electoral y el futuro vínculo con La Libertad Avanza.

El borrador del documento, al que accedió Infobae, reconoce avances tras la apertura del cepo, como la estabilización parcial del mercado cambiario y la convergencia del tipo de cambio hacia el centro de la banda, en un contexto de control fiscal y monetario.

El último dato de inflación, con un 1,5% en mayo según el Indec, la más baja de los últimos 5 años, fue presentado por el Gobierno como un logro. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el propio Milei destacaron, a través de redes sociales, que la desaceleración de precios es producto de la eliminación de regulaciones y del feroz ajuste fiscal. Según la proyección oficial que se realiza en Casa Rosada, la economía crecerá este año un 6%.

Sin embargo, el equipo económico del PRO advirtió que la baja de la inflación “no alcanza para garantizar un verdadero despegue económico” y señaló que las políticas actuales “no logran contener los problemas estructurales”, con una recuperación muy frágil tanto en el frente social como en el productivo.

Luis Caputo y Hernán Lacunza

Cuestionaron, además, la falta de acumulación de reservas genuinas, el carácter “contractivo” del enfoque oficialista y el impacto de la política cambiaria y monetaria sobre la actividad industrial, la construcción y los ingresos reales.

“Desde el punto de vista social y productivo, tras el rebote en V en la segunda mitad del año pasado, hay sectores con crecientes problemas de competitividad, especialmente transables e industriales, también en la construcción”, se planteó en el informe que el exministro de Economía Hernán Lacunza presentó en la sede del PRO de la calle Balcarce.

También alertaron sobre “un estancamiento en la recuperación del ingreso disponible de las familias”, y analizaron que “un mercado laboral más flexible de facto no aumenta la desocupación, pero sí la subocupación”.

En otro pasaje, señalaron: “El desafío cambiario también se percibe en la reducción a la mitad del superávit comercial, la profundización del déficit en el intercambio industrial, el no crecimiento del saldo favorable energético y la agudización del déficit de la cuenta de viajes”. Y concluyeron: “Todas las reformas estructurales (laboral, impositiva, federalismo, previsional) quedarán para el Congreso que viene”.

Tanto Lacunza como otros referentes económicos del PRO han manifestado en numerosas oportunidades sus diferencias con algunas políticas implementadas por Caputo. En abril de este año, el exministro de Economía de Mauricio Macri cuestionó la fecha que eligió el gobierno para levantar las restricciones cambiarias y el propio Milei lo cuestionó con dureza: lo calificó de “liberticida que decidió joderle la vida a los argentinos” y sostuvo que se merece “una estadía en Siberia de la URSS”.

Cristian Ritondo y Diego Santilli, junto a Sebastián Pareja, el armador libertario en Buenos Aires (Fotografía: Jaime Olivos)

En el plano partidario, la convención del PRO sacó a la luz las tensiones sobre la articulación con La Libertad Avanza, el funcionamiento de los bloques parlamentarios y la preservación de la identidad amarilla. En este sentido, Macri instó a negociar acuerdos “con dignidad” en cada una de las provincias, mientras que el diputado nacional Cristian Ritondo, presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, defendió el funcionamiento de la bancada en el Congreso y las negociaciones bonaerenses.

“Hay que cuidar a los intendentes. Vamos a cerrar un acuerdo con La Libertad Avanza para obtener legisladores nacionales y provinciales y proteger a los municipios”, sostienen los negociadores que la semana que viene volverán a reunirse con Sebastián Pareja, el armador bonaerense libertario.

Al finalizar el encuentro, la diputada nacional María Eugenia Vidal detalló: “Todos los presidentes provinciales del PRO se comprometieron a presentar una propuesta para las elecciones de octubre en sus distritos. El PRO es un partido federal, y cada uno va a definir lo que es mejor para su provincia”.

A su vez, y sobre la relación con el oficialismo, aclaró: “Desde el primer día dijimos que íbamos a hacer lo correcto, no lo conveniente. Apoyamos al gobierno para evitar una hiperinflación. Pero también hay temas pendientes, como que la mitad de los chicos no entiende lo que lee. No hay país con esa realidad”.

La exgobernadora bonaerense fue una de las dirigentes más críticas por la estrategia de LLA en la ciudad de Buenos Aires y por la agresividad de la campaña porteña, que terminó con el triunfo de Manuel Adorni y una dura derrota para el PRO en su distrito de origen.