El tribunal indicó que espera de la expresidenta “el criterio, la prudencia y el sentido común para discernir” si perturba la tranquilidad del barrio.
El juez Jorge Gorini, presidente del tribunal oral que condenó a Cristina Kirchner, autorizó a la expresidenta a utilizar el balcón de su casa, en San José 1111, donde cumple su detención domiciliaria.
En un oficio enviado esta tarde a sus defensores, los magistrados indicaron que “el tribunal no ha vedado a la señora Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en principio, el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita”.
También se pronunciaron frente al “comportamiento” que consideran correcto para no vulnerar las condiciones del castigo. “Se espera de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario y sus habitantes”, completaron.
En la notificación de la detención, Gorini y sus colegas Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso impusieron restricciones mayores que a los represores, según fuentes judiciales acostumbradas al seguimiento de causas de lesa humanidad.
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Entre las imposiciones, los jueces establecieron este martes que Cristina “deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente”. Una obviedad.
Pero el inciso siguiente plantea que la exmandataria “deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.
Ese punto puso en alerta a sus defensores, tras una semana de concentraciones de manifestantes en la esquina de su casa, hasta donde llegaban para expresarle su apoyo.
Por eso, tramitaron una consulta ante el tribunal para saber si la limitación “conlleva la prohibición de salir al balcón del inmueble en el que cumple prisión domiciliaria”, teniendo en cuenta -según sus abogados- que sobre esta cuestión “se ha suscitado un debate de carácter público, tal como lo reflejan los distintos medios de comunicación del país”.
En efecto, el balcón de la casa de Cristina casi se había convertido en el eje del debate público para quienes pretendían que “bailar” frente a las multitudes que se concentraban allí era violar la prisión.
Una bomba política sacudió la agenda chaqueña en las últimas horas. El periodista Roberto Espinoza encendió la polémica al revelar que el Gobierno de Leandro Zdero no podrá cumplir con el pago de la cláusula gatillo a los docentes, una herramienta clave que protege los salarios frente a la inflación.
La información cayó como baldazo de agua fría entre los trabajadores de la educación. La cláusula gatillo, que se había convertido en un mínimo acuerdo de contención salarial, hoy parece estar en riesgo. Y lo que empezó como un rumor, fue confirmado por fuentes oficiales: no hay fondos para pagarla en tiempo y forma.
Jorge Macri le cortó el transporte gratuito a los cartoneros de Juan Grabois. Se trata de 3000 recuperadores que tenían traslado desde la Provincia financiado por el gobierno porteño.
Desde el gobierno porteño festejaron el “fin de los privilegios de las organizaciones ligadas a Grabois”.
En total, hay 6 mil cartoneros nucleados en 12 cooperativas que participan del sistema de reciclado urbano. Cerca de la mitad pertenece a cooperativas que forman parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular liderada por Grabois.
Desde el gobierno porteño señalaron que solo los cartoneros que pertenecen a la UTEP tenían asegurado su traslado desde la Provincia y que los otros 3000 “trabajadores que realizan las mismas tareas, nunca accedieron al mismo trato”.
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Los cartoneros tienen salarios mensuales cercanos a los 350 mil pesos y se calcula que el transporte desde la Provincia hasta la Ciudad tenía un costo anual de 6 mil millones de pesos.
En el gobierno anunciaron que ese presupuesto se destinará a “obras de infraestructura en los Centros Verdes, el refuerzo de rutas de recolección y el aumento de la capacidad operativa” de esos centros.
“Decidimos terminar con el financiamiento del traslado diario de cartoneros de cooperativas vinculadas a Juan Grabois que venían desde el conurbano. Estamos desarmando un sistema que, lejos de dar soluciones, se volvió parte del problema”, dijo Jorge Macri.
Una fuente del Ejército denuncia que los recursos terminan “en una nebulosa”. La SIGEN denunció irregularidades en 2018 que aún se mantienen.
Las críticas a la gestión de Luis Petri ahora incluyen a la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Fuentes del Ejército apuntan al ministro por usar la casa de altos estudios “para hacer caja” en medio de un profundo ajuste que aplica el ministerio y afecta los salarios de los docentes del Instituto Damaso Centeno.
Es por esto que los militares están enojados con Petri, a quien acusan de usar los recursos importantes del ministerio para financiar su campaña política en Mendoza.
LPO reveló en exclusivo que en el manejo de los recursos del ministerio, como el es caso de la obra social de los militares, aparecen misteriosos cobradores como el empresario Fernando Riccomi, apuntado por el Ejército por recaudar a nombre de Petri. El rosarino Riccomi es propietario de Wico Combustibles, con refinería en Luján de Cuyo, Mendoza, la provincia de Petri.
Riccomi es también el titular de la prepaga Medycin, que adquirió porciones de Delta Salud S.A. y fue aportante de campaña del socialismo en Santa Fe. Es accionista en empresas como Rosario Futuros y Opciones S.A y tiene una acción en el Rofex, el mercado de futuros.
Petri pidió 40 mil millones para mejorar la obra social de los militares pero denuncian que sólo lo usó para pagar deudas
Con este cuadro de situación, la UNDEF entra en escena porque en 2024 totalizó $3.703millones, un incremento interanual del 106%, pero que fuentes del Ejército denuncian que esto no se expresó en aumento de sueldos ni en mejorar para el funcionamientos. “Fue todo a la caja”, remarcan.
En 2018, un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló ausencia de Tesorería, Compras, Contrataciones y Administración de Personal; inexistencia de manuales de procedimiento; liquidaciones irregulares de vacaciones y contrataciones directas sin competencia.
El informe también acreditó que la universidad destinó $18,5millones -el 97% de un refuerzo presupuestario gestionado en 2016- a la compra de LEBACs sin intervención de la Tesorería General.
Con este cuadro de situación, la UNDEF entra en escena porque en 2024 totalizó $3.703millones, un incremento interanual del 106%, pero que fuentes del Ejército denuncian que esto no se expresó en aumento de sueldos ni en mejorar para el funcionamientos. “Fue todo a la caja”, remarcan
Siete años después, los funcionarios apuntados en el informe mantienen sus cargos y se pone especial énfasis en Hernán Isasmendi continuó como secretario general con control de las finanzas y David Zeigner ascendió de subsecretario de Coordinación Administrativa a secretario.
“Estas dos personas estuvieron en la gestión durante la época de Macri con otro rector, Gonzalo Álvarez, donde hubo irregularidades en los fondos y compras de dos autos”, afirma una fuente que conoce de cerca la UNDEF.
La crisis en el colegio del Ejército aumenta la tensión de las Fuerzas Armadas con Petri
La UNDEF se creó el 19denoviembre de 2014, mediante la Ley27.015, con la finalidad de integrar y modernizar la formación académica de más de cincuenta institutos de las Fuerzas Armadas -entre ellos la Escuela Superior deGuerra, la EscuelaNaval y la Escuela de AviaciónMilitar-.
Con la llegada de Milei y su ofensiva contra la UBA y otras universidades, la UNDEF se negó a recibir auditorías. Esto alimenta la teoría de la discrecionalidad en el manejo de los recursos y la existencia de “una nebulosa que termina en Mendoza” en detrimento de un sistema educativo castrense en crisis y cargado de tensiones.