El Juzgado Federal N° 1 de Resistencia avanza en una causa por presunto lavado contra Jorge Ledesma.

La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, ordenó el levantamiento del secreto fiscal y financiero del pastor evangélico Jorge Ledesma, quien semanas atrás recibió al presidente Javier Milei en el templo Portal del Cielo. La decisión fue impulsada por el fiscal Patricio Sabadini, tras detectar que la Iglesia Cristiana Internacional no presenta balances desde 2016 ni estados contables ante el registro público de comercio. La investigación se centra en el presunto lavado de dinero y en determinar si hubo ingreso de fondos públicos para la construcción del estadio religioso con capacidad para 15.000 personas.

El caso tomó fuerza luego de que Ledesma afirmara en una entrevista radial que la financiación fue posible gracias a “un milagro”, relatando que los 100.000 pesos guardados en una caja de seguridad aparecieron luego convertidos en dólares. “No fue ni la primera ni la última experiencia similar”, dijo. Consultado por la regularización del dinero ante la AFIP, el pastor respondió: “Ahí empieza el trabajo de la contadora”. Para Sabadini, el relato carece de sustento: “No le creo la conversión de pesos a dólares. Gran parte de la ciudadanía tampoco le cree”, sostuvo.

La Justicia busca determinar el verdadero origen de los fondos utilizados para edificar el templo en uno de los barrios más vulnerables de la capital chaqueña. Se solicitaron informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Municipalidad de Resistencia y el Ministerio de Infraestructura del Chaco. También se indaga sobre posibles vínculos políticos y financiamiento estatal encubierto en una obra de gran magnitud.

Además, se analiza la trazabilidad del dinero a través de los registros contables, que según consta en el expediente, presentan vacíos significativos. La resolución también incluye el relevamiento de las cuentas bancarias personales y jurídicas del pastor y de la Iglesia Cristiana Internacional, así como el acceso a la documentación que acredite el origen y destino de los fondos en cuestión.

Fuente: tn.com.ar

A fines de junio, la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, declaró la incompetencia del fuero federal para seguir investigando la denuncia por irregularidades en la autorización de desmontes en el Chaco. Los motivos. La resolución fue apelada y será definida por la Cámara Federal de Resistencia.

La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, declaró la incompetencia del fuero federal para continuar investigando la denuncia penal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) por irregularidades en la autorización de desmontes en zonas protegidas del Chaco, en la que se conoce como la causa por la “Mafia del Desmonte”.

A pesar del dictamen en contrario del fiscal federal Patricio Sabadini, la magistrada entendió que después de casi un año de abierta la investigación aún no se obtuvieron elementos para considerar que hubo delitos como lavado de activos u otros de competencia federal. Al contrario, para la jueza se estaría ante posibles de delitos de corrupción de funcionarios provinciales cuyas consecuencias -habilitar desmontes ilegalmente en zonas protegidas- no afectarían más allá de la provincia del Chaco, por lo que no se justifica la intervención del fuero extraordinario.

Vale recordar que entre los imputados se encuentran el exministro de Producción de Zdero, Hernán Halavacs; el exdirector de Bosques, Miguel Angel López, y el exsubsecretario de Desarrollo Forestal, Luciano Olivares, estos últimos de las gestiones peronistas. Se les atribuyen delitos como abuso de autoridad, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

Niremperger advirtió que “la hipótesis delictiva expuesta inicialmente por la fiscalía no ha mutado con el devenir de la causa, por cuanto en definitiva se mantiene como una presunta maniobra realizada por funcionarios provinciales, quienes de manera organizada y valiéndose de la función pública que ostentaban en el ámbito de la provincia del Chaco, de manera alternada, y durante determinado tiempo, habrían ejecutado acciones mancomunadas con particulares tendientes a facilitar el desmonte ilegal en perjuicio de los montes nativos ubicados en el territorio provincial y en beneficio de la actividad extractivista, a cambio de un beneficio personal para sus integrantes”.

Al declinar su competencia, Niremperger advirtió que la hipótesis delictiva “no involucra directamente intereses federales, por cuanto se circunscriben al accionar de funcionarios y legisladores de la provincia del Chaco, que aprovechándose de que los cargos que ocupaban en la órbita provincial les habría permitido regular y manejar arbitrariamente la política forestal dentro de la provincia, ya sea como autoridades de aplicación del Régimen Forestal y/o mediante su labor o influencia en el ámbito legislativo provincial, y en algunos casos de manera alternada en el ámbito privado, habrían propiciado el desmonte de los bosques nativos existentes en la provincia del Chaco, a través de la extensión indiscriminada y parcial de permisos de “cambio de uso de suelo” (desmonte) en beneficio de algunos particulares, soslayando los mecanismos legales y constitucionales para su otorgamiento; como así, mediante la promoción y sanción de una ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos provincial de carácter regresivo e inconstitucional”.

La resolución destaca que los hechos investigados se circunscriben al territorio del Chaco y corresponden al ejercicio de competencias provinciales en materia ambiental. En ese contexto, la jueza señaló que federalizar este tipo de casos sin fundamento suficiente afectaría el principio de jurisdicción natural y las atribuciones propias de las provincias.

Pese a esta decisión procesal, Niremperger reconoció la gravedad de los hechos denunciados y destacó que durante la investigación se adoptaron medidas cautelares para suspender los desmontes en la provincia. Aunque el expediente fue remitido a la Mesa Única de Ingreso de Intervención Temprana (MUIIT) de la Fiscalía Penal del Chaco para que continúe su trámite en la justicia provincial, la medida fue apelada por la Fiscalía Federal y también por la querella de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), que la acompañó con fuertes críticas a la decisión de la jueza Niremperger.

“La mafia del desmonte opera en la justicia”

A través de sus redes sociales, la AAdeAA denunció que “la Mafia del Desmonte arrasa con los bosques nativos y ahora también opera activamente para desarmar y frenar la mayor causa judicial en su contra”. En ese sentido, aseguraron que “de manera intempestiva, la Jueza Federal Zunilda Niremperger se declaró incompetente en la causa penal, sin siquiera petición de parte”.

Para los querellantes, que ya apelaron la decisión ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, la decisión de la jueza de apartarse de la causa “es sorpresiva”. En ese sentido, advirtieron que “los hechos y evidencias que surgen del proceso judicial demuestran la competencia federal de la Jueza” y denunciaron que el “verdadero motivo” de la decisión son “los poderosos intereses económico-gubernamentales que se encuentran presionando”.

Según la AAdeAA, su denuncia “es la más importante de la historia alrededor del entramado político empresarial detrás de la destrucción del monte chaqueño y es por eso que sectores de poder económico y político buscan garantizar su impunidad presionando al Poder Judicial”.

Al respecto, consideraron que en caso de confirmarse la incompetencia de la justicia federal en la causa, la investigación “se desperdigaría en numerosos juzgados locales, afectando la unidad investigativa y quedando mucho más vulnerable frente a los lobbies locales”.

Desde marzo, rige una medida cautelar que ordena al gobierno de Leandro Zdero garantizar la provisión de agua potable y alimentos a la comunidad Wichí en El Impenetrable. Sin embargo, la situación es cada día peor. Los testimonios de los pobladores pintan un panorama de precariedad, hambre y falta de medicamentos, contradiciendo la versión oficial. La Defensora General Adjunta insistió al juez de la causa que ordene al gobierno acatar la sentencia. Caso contrario, pidió que se imponga multas a los funcionarios responsables.

Todo está peor. Precariedad, hambre y falta de medicamentos. Este es el panorama que atraviesa por estas horas a las comunidades Wichí de El Impenetrable chaqueño, a cuatro meses de que se dictara una medida cautelar que obligó al gobierno provincial proveerles de alimentos y agua potable, en medio de un agravamiento de sus condiciones de vida producto de las persistentes políticas de ajuste.

En este contexto, la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, denunció ante el titular del Juzgado Civil y Comercial 6 de Resistencia, Jorge Sinkovich, el persistente incumplimiento de la medida cautelar dictada el pasado 18 de marzo en favor de las comunidades indígenas asentadas en las localidades de Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y poblaciones de parajes El Tartagal, Tres Pozos, Nueva Población, Pozo del Toba, Comandancia Frías; Fortín Belgrano y todas aquellas ubicadas en el Departamento General Güemes.

La resolución del juez Sinkovich amplía al pueblo Wichí los alcances de una medida cautelar dictada en 2007 por la Corte Suprema, que originalmente beneficiaba solo al pueblo Qom. Aquella medida fue impulsada por el entonces Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, quien denunció en ese momento un “genocidio silencioso” durante la gestión del exgobernador Roy Nikisch, actual intendente de Resistencia. En esta causa, además de la Defensoría General Adjunta, que promueve el cumplimiento de la medida, intervienen como “amigos del tribunal” el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría General de la Nación, a través de su programa Diversidad Cultural.

Según pudo saber LITIGIO, la reciente presentación de Gauna Wirz incluye testimonios orales en lengua Wichí, recabados durante reuniones mantenidas en Misión Nueva Pompeya y Sauzalito el 28 y 29 de junio. La funcionaria informó al magistrado sobre la decisión de los caciques, referentes y representantes de las comunidades indígenas de prestar sus testimonios en su propio idioma, con el objetivo de detallar, no sólo el incumplimiento, sino también la “angustiante situación” y el “empeoramiento” de las condiciones que motivaron la acción judicial original.

Ante la “gravedad de esta omisión”, que constituye una “afectación directa a la vida y dignidad del pueblo Wichí”, solicitó al Juez, con “carácter de máxima urgencia”, que intime al Gobierno del Chaco a cumplir “de forma inmediata” con la medida cautelar. Además, se pidió que, en caso de persistir el incumplimiento, se proceda a la aplicación de “astreintes” (multas) a los funcionarios del Poder Ejecutivo responsables.

Los testimonios

Magdalena “Lena” Martínez, una mujer con diabetes de la comunidad, desmintió categóricamente las afirmaciones sobre la recepción cada 30 días de las “cajas Ñachec”, módulo alimentario que entrega el gobierno provincial y contiene tan sólo ocho productos: 400 gramos de lentejas secas, un kilo de azúcar común tipo A, un kilo de harina de maíz tipo polenta, un kilo de harina de trigo tipo “000”, un kilo de arroz largo fino tipo “00000”, una botella de 900 centímetros cúbicos de aceite de girasol, un kilo de yerba mate y 800 gramos de leche entera en polvo.

“Estamos viviendo una situación muy mala. A veces tenemos algo, a veces no. Sobre la comida de la que ellos hablan, como si comiéramos a cualquier hora, no es cierto. A veces comemos recién a las cinco de la tarde, y después ya no comemos más hasta el día siguiente. Hay días en que pasamos hambre”, relató.

Magdalena detalló de manera desgarradora como atraviesan el hambre en las comunidades. “A veces comemos un pedacito de torta y tomamos un poco de mate, y después dormimos hasta el otro día. Al día siguiente salimos a buscar algo para comer. Algunos tienen ocho hijos, otros nueve, y sufren con ellos”, relató.

También denunció la escasez de medicamentos, vital para su condición de diabética: “A veces tengo los medicamentos, a veces no. Cuando los tengo me siento mejor, pero muchas veces no los tengo”.

La situación habitacional también es crítica, con viviendas de nylon que no ofrecen protección contra el frío, mientras que las viviendas dignas se otorgan con favoritismo a los criollos. En su testimonio, Magdalena apeló al Sinkovich: “Se lo aviso al señor Juez, porque dicen que estamos bien aquí en El Sauzalito, que estamos bien en los lotes, pero no es verdad. Hay días en que sufrimos junto a nuestros hijos, y hay días en que tenemos que ir al pueblo a pedir”. Además, destacó la inequidad en la distribución de las cajas Ñachec: “Nos dan solo una caja y nada más. A los no indígenas les dan hasta tres cajas”.

“No hay nada”

Marcela Martínez, otra integrante de la comunidad, reforzó las denuncias de escasez de alimentos y la falsedad de las declaraciones oficiales. Con una familia de veintidós personas, incluyendo nietos, lamentó: “No tenemos alimentos. Y si podemos, vendemos algo para conseguir un kilo de arroz, un kilo de azúcar, o un poco de harina. Vendemos nuestras cosas, lo que tenemos, incluso nuestras plantas”.

“Muchos de nosotros somos muy pobres. Necesitamos alimentos. Dicen que tenemos comida todos los días, pero es mentira. Es mentira”, sostuvo.

También se refirió a la ineficacia de las gestiones en la Municipalidad: “A veces vamos a la Municipalidad. Nos quedamos hasta las dos de la tarde, esperando conseguir algo de lo que ellos tienen. Pero cuando llegamos, nos dicen: ‘No hay nada’. No hay nada. Es verdad. Estamos mal”.

Los módulos alimentarios, cuando los reciben, son insuficientes. “Si me dan, es una sola caja para toda la familia, y no alcanza ni para un mes”, sostuvo y añadió: “No tenemos para comer, pero nos apoyamos en El Hombre que está arriba”, en alusión a Dios.

Luisa Bramajo, residente del Lote 9, también compartió su experiencia de abandono y promesas incumplidas. “Hace mucho tiempo que vivimos en el Lote 9. Nosotros vivimos ahí, pero tampoco recibimos ayuda”, expresó. Denunció que la asistencia solo aparece en épocas electorales: “Solo cada vez que hay elecciones, los no indígenas se acercan a nosotros y quieren que los apoyemos, porque quieren ser autoridades. Pero no ayudan a mis hijos”.

Bramajo, quien es jubilada, afirmó que a veces no recibe el monto completo de su pensión y que el dinero no le alcanza debido a los altos precios. Relató cómo los políticos prometen bienes como motos o freezers, pero “todo es mentira. Volvemos a quedar como antes, sin nada. Seguimos siendo pobres”.

“Hace mucho que estoy con mis hijos. Tengo muchos nietos y nietas, pero ninguno tiene nada. Algunos son muy pobrecitos, y tienen que ir a pedir lo que sea. A veces ni siquiera nos dan lo que pedimos. Dicen que no hay”, contó.

Asimismo, manifestó su preocupación por sus tres hijos con diabetes y la falta de preocupación por parte de las autoridades. La situación de las viviendas es igualmente precaria: “Dicen que iban a dar viviendas. Incluso limpiaron un terreno en el monte, prepararon todo… Pero al final, no apareció nada. Ni siquiera una casita”. Los únicos materiales que a veces se entregan, como el nylon, son insuficientes y no resisten las inclemencias del tiempo.

“Polenta sin carne”

Cirilo Mansilla, cacique del paraje El Vizcacheral, expresó la grave situación que atraviesa su comunidad, destacando la interrupción en la entrega de las cajas Ñachec. “A los que vivimos acá ya no nos (las) dan más. No sabemos por qué”, afirmó. Mansilla también señaló la alarmante falta de medicamentos en el hospital y la precaria alimentación de los niños en las escuelas, donde “solo les daban polenta. Eso no está bien. Sin carne, sin nada más. Solo polenta”.

El cacique denunció el abandono generalizado por parte del gobierno y el intendente, y exigió ayuda en salud, educación y la reanudación de la entrega de los módulos alimentarios. Además, puso de manifiesto un trato discriminatorio, al observar la entrega de colchones, frazadas y viviendas a personas no indígenas, mientras los Wichí continúan viviendo “bajo plásticos”.

Desde El Sauzalito, Augusto Peñaloza, referente de una organización local, manifestó las múltiples dificultades que enfrentan en su localidad, incluyendo problemas en educación, salud y producción. Hizo un llamado urgente a los gobiernos provincial y nacional para que escuchen sus reclamos y concreten una audiencia donde puedan exponer la cruda realidad que viven.

“Estamos necesitando mucha ayuda, tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional. Por eso estamos aquí reunidos: queremos que el Gobierno, tanto de la provincia como de la Nación, nos escuche”, sostuvo.

“No alcanza”

Arturo Martínez, de Tres Pozos, se sumó a las denuncias, enfatizando la insuficiencia de los alimentos entregados a las familias Wichí. Detalló que una caja contiene solo “entre siete y ocho productos comestibles nada más”, y que a menudo una sola caja debe ser compartida por dos o tres familias, lo que “no está bien, no alcanza”.

Respecto al agua, Martínez señaló que, si bien hay disponibilidad, “muchas veces le ponen demasiado cloro, tanto que no es apta para el consumo”. También lamentó la falta de medicamentos en la salud pública y la ausencia de enseñanza adecuada por parte de maestros que “vienen desde muy lejos”. Concluyó con una invitación directa al Juez para que visite y conozca de primera mano la situación en cada localidad.

Finalmente, Casimiro Fernández, Presidente de la comunidad de El Vizcacheral y de la Federación Nacional Campesina, alertó sobre la suspensión de un comedor comunitario en su pueblo. Anteriormente, este comedor brindaba asistencia a 120 personas, entre niños y adultos, pero actualmente “ya no está en funcionamiento”.

Los testimonios unánimes subrayan una profunda crisis humanitaria y la necesidad urgente de una respuesta gubernamental, algo que en los hechos colisiona con la postura del gobierno de Leandro Zdero desde donde consideran que las comunidades están siendo asistidas.

De hecho, cuando se hizo lugar a la cautelar, la Fiscalía de Estado del Chaco la apeló afirmando que la presentación de la Defensora General Adjunta se basaba en planteos “abstractos” y que no acreditaba “ni someramente o mediante una presentación seria que respalde o justifique tal petición”. En el recurso presentado, el gobierno consideró que la medida judicial que busca garantizar condiciones mínimas de vida para estas poblaciones solamente tiene “un claro fin publicitario”.

REVISTA LITIGIO