Bajo la supervisión de Giustinian, hombre de confianza de la Vicepresidenta, el bloque de UP, Tagliaferri y Lousteau firmaron el expediente y quedó listo para votarse en recinto.
Victoria Villarruel le dio este jueves al peronismo las llaves del Senado para que dictamine el proyecto de aumento jubilatorio y la moratoria, que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados. Un golpe durísimo a la Casa Rosada, que sostiene -exagerando- que ese proyecto le dinamita su programa económico.
Así, contra la voluntad del gobierno, Villarruel dejó que José Mayans, Martín Losuteau y Guadalupe Tagliaferri abrieran el salón Illia para realizar la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que el jefe de bloque libertario, Ezequiel Atauche, mantenía obturada.
La jugada, sin demasiado disimulo, fue la de enviar al secretario parlamentario, Agustín Giustinian, a supervisar la convocatoria de esos senadores que lograron el quórum reglamentario y pudieron tramitar los expedientes con el vicepresidente del cuerpo, Fernando Salino, quien asumió la conducción ante la ausencia del jujeño.
En Casa Rosada seguían con atención los movimientos. Ante la consulta de LPO, admitieron con rabia que “Villarruel juega”, aunque se mantenga en silencio y no aparezca como artífice de la maniobra.
La comisión de jubilaciones se les fue de las manos a los libertarios y avanza el proyecto en el Senado
La reunión comenzó con Mayans hablando a viva voz porque las autoridades de la casa no habían dispuesto ni micrófonos ni parlantes. Tampoco transmitieron el desarrollo de la actividad parlamentaria por la pantalla de Senado TV.
Los libertarios trataron de silenciar la reunión de comisión, sacando los micrófonos y parlantes y prohibiendo que la transmita Senado TV, como es habitual.
Entre los integrantes de la comisión, se encontraban los otros seis miembros del interbloque peronista más allá de Salino, Eduardo “Wado” De Pedro, Fernando Rejal, Carlos Linares, Juan Manzur, María Teresa Margarita González y Mariano Recalde. Pero también asistieron los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco y Guadalupe Tagliaferri del PRO.
“Como Interbloque de Senadores de UxP, nos presentamos en la Comisión de Presupuesto para exigir que se traten los proyectos relacionados a la Emergencia en Discapacidad, al aumento a los jubilados y a la moratoria previsional”, precisaron los peronistas en el Instagram de la bancada.
Los gobernadores consiguen apoyo de todos los bloques para obligar a Milei a repartir fondos
Con una transmisión en vivo que realizaban desde el celular de un asesor, trataban de subsanar el cono de silencio que se imponía por instrucción del oficialismo: “Son temas que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados y que esperan la urgente sanción de la Cámara Alta para dar respuestas y soluciones como legisladores al pueblo argentino”, afirmó uno de los senadores.
Juliana di Tullio aprovechó la presencia de Giustinian para solicitarle que “dé fe de que el procedimiento se hace conforme al reglamento”. El funcionario de Villarruel no quiso prestar esa certificación.
Los proyectos de aumento jubilatorio, restitución de la moratoria y emergencia en Discapacidad ya están en condiciones de ser sancionados en el recinto.
Como sea, los opositores afirman que “hubo quórum reglamentario y mayoría, y los senadores se expresaron votando sobre la legalidad del trámite”. El resultado fue que los proyectos de aumento jubilatorio, restitución de la moratoria y emergencia en Discapacidad ya están en condiciones de ser sancionados en el recinto.
En el caso del proyecto de moratoria, Lousteau y Tagliaferri presentaron dictamen propio. El titular de la UCR afirmó durante la reunión: “Esta situación que estamos viviendo es inaudita y una vergüenza institucional, a pesar que hay una mayoría de senadores que queremos tratar estos temas, el presidente de la Comisión no quiere abrirla”.
El batacazo que dieron los senadores opositores este jueves tuvo su anticipo el martes pasado, cuando la bullrichista Carmen Álvarez Rivero pretendía levantar la reunión de la comisión de Previsión y Trabajo pero Recalde, como vicepresidente de ese cuerpo, mocionó el dictamen de los proyectos referidos a la materia previsional.
La acción de UP, Lousteau y Tagliaferri también puede leerse como el paso previo a la pérdida total del control de la Cámara Alta por parte de los libertarios.
Eso sale con más de 60 votos, los únicos que se van a oponer son Álvarez Rivero y cuatro libertarios.
Esa situación se puede materializar muy pronto, si los senadores despachan los proyectos de los gobernadores para obligar al gobierno a transferir los recursos que captura a través del impuesto a los combustibles y los ATN. “Eso sale con más de 60 votos, los únicos que se van a oponer son Álvarez Rivero y cuatro libertarios”, vaticinó un senador.
En Balcarce 50, ya habrían tomado nota de que Eduardo Vischi y Carlos “Camau” Espínola están más preocupados por la elección de Corrientes que por lo que ocurre en el Senado y el salteño Juan Carlos Romero está de licencia. Atauche es la única barrera de contención frente al avance peronista y no cuenta con más relevos que Álvarez Rivero y sus colegas de bancada.
La crisis quedó al descubierto ante el paso de comedia de la cordobesa. Se comentaba en los pasillos del Congreso que Villarruel habría sugerido a la senadora que abriera la comisión para asumir al frente de ese cuerpo pero la legisladora, acaso nerviosa, habría consultado a Lule Menem para saber si refrendaba esa iniciativa. El riojano la autorizó, sin imaginar el efecto dominó que una simple ceremonia formal podía desencadenar.
Una bomba política sacudió la agenda chaqueña en las últimas horas. El periodista Roberto Espinoza encendió la polémica al revelar que el Gobierno de Leandro Zdero no podrá cumplir con el pago de la cláusula gatillo a los docentes, una herramienta clave que protege los salarios frente a la inflación.
La información cayó como baldazo de agua fría entre los trabajadores de la educación. La cláusula gatillo, que se había convertido en un mínimo acuerdo de contención salarial, hoy parece estar en riesgo. Y lo que empezó como un rumor, fue confirmado por fuentes oficiales: no hay fondos para pagarla en tiempo y forma.
Jorge Macri le cortó el transporte gratuito a los cartoneros de Juan Grabois. Se trata de 3000 recuperadores que tenían traslado desde la Provincia financiado por el gobierno porteño.
Desde el gobierno porteño festejaron el “fin de los privilegios de las organizaciones ligadas a Grabois”.
En total, hay 6 mil cartoneros nucleados en 12 cooperativas que participan del sistema de reciclado urbano. Cerca de la mitad pertenece a cooperativas que forman parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular liderada por Grabois.
Desde el gobierno porteño señalaron que solo los cartoneros que pertenecen a la UTEP tenían asegurado su traslado desde la Provincia y que los otros 3000 “trabajadores que realizan las mismas tareas, nunca accedieron al mismo trato”.
Jorge Macri habló con la Coalición Cívica y piensan en reeditar Juntos por el Cambio
Los cartoneros tienen salarios mensuales cercanos a los 350 mil pesos y se calcula que el transporte desde la Provincia hasta la Ciudad tenía un costo anual de 6 mil millones de pesos.
En el gobierno anunciaron que ese presupuesto se destinará a “obras de infraestructura en los Centros Verdes, el refuerzo de rutas de recolección y el aumento de la capacidad operativa” de esos centros.
“Decidimos terminar con el financiamiento del traslado diario de cartoneros de cooperativas vinculadas a Juan Grabois que venían desde el conurbano. Estamos desarmando un sistema que, lejos de dar soluciones, se volvió parte del problema”, dijo Jorge Macri.
Una fuente del Ejército denuncia que los recursos terminan “en una nebulosa”. La SIGEN denunció irregularidades en 2018 que aún se mantienen.
Las críticas a la gestión de Luis Petri ahora incluyen a la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Fuentes del Ejército apuntan al ministro por usar la casa de altos estudios “para hacer caja” en medio de un profundo ajuste que aplica el ministerio y afecta los salarios de los docentes del Instituto Damaso Centeno.
Es por esto que los militares están enojados con Petri, a quien acusan de usar los recursos importantes del ministerio para financiar su campaña política en Mendoza.
LPO reveló en exclusivo que en el manejo de los recursos del ministerio, como el es caso de la obra social de los militares, aparecen misteriosos cobradores como el empresario Fernando Riccomi, apuntado por el Ejército por recaudar a nombre de Petri. El rosarino Riccomi es propietario de Wico Combustibles, con refinería en Luján de Cuyo, Mendoza, la provincia de Petri.
Riccomi es también el titular de la prepaga Medycin, que adquirió porciones de Delta Salud S.A. y fue aportante de campaña del socialismo en Santa Fe. Es accionista en empresas como Rosario Futuros y Opciones S.A y tiene una acción en el Rofex, el mercado de futuros.
Petri pidió 40 mil millones para mejorar la obra social de los militares pero denuncian que sólo lo usó para pagar deudas
Con este cuadro de situación, la UNDEF entra en escena porque en 2024 totalizó $3.703millones, un incremento interanual del 106%, pero que fuentes del Ejército denuncian que esto no se expresó en aumento de sueldos ni en mejorar para el funcionamientos. “Fue todo a la caja”, remarcan.
En 2018, un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló ausencia de Tesorería, Compras, Contrataciones y Administración de Personal; inexistencia de manuales de procedimiento; liquidaciones irregulares de vacaciones y contrataciones directas sin competencia.
El informe también acreditó que la universidad destinó $18,5millones -el 97% de un refuerzo presupuestario gestionado en 2016- a la compra de LEBACs sin intervención de la Tesorería General.
Con este cuadro de situación, la UNDEF entra en escena porque en 2024 totalizó $3.703millones, un incremento interanual del 106%, pero que fuentes del Ejército denuncian que esto no se expresó en aumento de sueldos ni en mejorar para el funcionamientos. “Fue todo a la caja”, remarcan
Siete años después, los funcionarios apuntados en el informe mantienen sus cargos y se pone especial énfasis en Hernán Isasmendi continuó como secretario general con control de las finanzas y David Zeigner ascendió de subsecretario de Coordinación Administrativa a secretario.
“Estas dos personas estuvieron en la gestión durante la época de Macri con otro rector, Gonzalo Álvarez, donde hubo irregularidades en los fondos y compras de dos autos”, afirma una fuente que conoce de cerca la UNDEF.
La crisis en el colegio del Ejército aumenta la tensión de las Fuerzas Armadas con Petri
La UNDEF se creó el 19denoviembre de 2014, mediante la Ley27.015, con la finalidad de integrar y modernizar la formación académica de más de cincuenta institutos de las Fuerzas Armadas -entre ellos la Escuela Superior deGuerra, la EscuelaNaval y la Escuela de AviaciónMilitar-.
Con la llegada de Milei y su ofensiva contra la UBA y otras universidades, la UNDEF se negó a recibir auditorías. Esto alimenta la teoría de la discrecionalidad en el manejo de los recursos y la existencia de “una nebulosa que termina en Mendoza” en detrimento de un sistema educativo castrense en crisis y cargado de tensiones.