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Politica

La Justicia frenó el desalojo a UATRE de la sede de su obra social

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La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo prohibió al interventor de la OSPRERA, Marcelo Petrera, y al Poder Ejecutivo llevar a cabo cualquier medida destinada a impedir el ingreso o restringir el uso normal de las sedes sindicales del gremio que lidera José Voytenco.

La Justicia desestimó el recurso de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano y rechazó el intento de desalojo de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) de las oficinas que comparte con la Obra Social del Personal Rural y Estibador de la República Argentina (OSPRERA).

El pasado 2 de julio, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo emitió un fallo que prohíbe al interventor de la OSPRERA, Marcelo Petrera, y al Poder Ejecutivo Nacional llevar a cabo cualquier medida destinada a desalojar, impedir el ingreso o restringir el uso normal, habitual y pacífico de las sedes sindicales de UATRE, ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, y cualquier otro local sindical en el país que sea propiedad de la obra social, hasta que se dicte una sentencia definitiva.

El fallo, firmado por los jueces Carlos Pose, Gabriel Vázquez y Manuel Diez Selva, reafirma la histórica vinculación entre UATRE y OSPRERA. La decisión judicial se da dos días después de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazara la intervención del sindicato.

En abril de 2025, los tres jueces de la Cámara ya habían desestimado por unanimidad un primer intento de intervención. Ahora, con fecha 1 de julio de 2025, la misma Cámara volvió a pronunciarse de manera unánime, desechando un nuevo recurso presentado por el Gobierno.

“Esta resolución reafirma el compromiso de la Justicia con la defensa de la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a una representación gremial autónoma. Este doble revés judicial representa un hito en la lucha de UATRE por proteger su independencia y los derechos de los trabajadores rurales y estibadores. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando incansablemente para garantizar la defensa de nuestra organización y los intereses de nuestros afiliados”, sostuvo un comunicado del gremio que lidera José Voytenco.

En mayo, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar una queja interpuesta por el dirigente de UATRE La Plata Marcelo Andrada y confirmó la incompetencia del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, para intervenir en una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Voytenco.

El tribunal, integrado por los jueces Diego Barroetaveña, Alejandro Slokar y Carlos Mahiques, sostuvo que no había una “sentencia definitiva” y que Andrada “no logró refutar de forma adecuada la ausencia del presupuesto objetivo de admisibilidad”, en línea con lo resuelto previamente por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

Sin embargo, casi en simultáneo, Voytenco quedó nuevamente en la mira de la Justicia. En las últimas horas, el Juzgado Penal Económico N° 5, a cargo del juez Diego Amarante, recibió una denuncia penal contra el titular de UATRE y todo su secretariado por presunto desvío de millones de dólares de fondos sindicales y por posibles maniobras de lavado de dinero.

El Destape

 

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Politica

El Gobierno de Leandro Zdero no podrá pagar la cláusula gatillo a los docentes chaqueños

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Una bomba política sacudió la agenda chaqueña en las últimas horas. El periodista Roberto Espinoza encendió la polémica al revelar que el Gobierno de Leandro Zdero no podrá cumplir con el pago de la cláusula gatillo a los docentes, una herramienta clave que protege los salarios frente a la inflación.

La información cayó como baldazo de agua fría entre los trabajadores de la educación. La cláusula gatillo, que se había convertido en un mínimo acuerdo de contención salarial, hoy parece estar en riesgo. Y lo que empezó como un rumor, fue confirmado por fuentes oficiales: no hay fondos para pagarla en tiempo y forma.

 

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Politica

Jorge Macri dejó de financiar el transporte de los cartoneros de Grabois

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 Jorge Macri le cortó el transporte gratuito a los cartoneros de Juan Grabois. Se trata de 3000 recuperadores que tenían traslado desde la Provincia financiado por el gobierno porteño.

 

Desde el gobierno porteño festejaron el “fin de los privilegios de las organizaciones ligadas a Grabois”.

 

En total, hay 6 mil cartoneros nucleados en 12 cooperativas que participan del sistema de reciclado urbano. Cerca de la mitad pertenece a cooperativas que forman parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular liderada por Grabois.

 

Desde el gobierno porteño señalaron que solo los cartoneros que pertenecen a la UTEP tenían asegurado su traslado desde la Provincia y que los otros 3000 “trabajadores que realizan las mismas tareas, nunca accedieron al mismo trato”.

Jorge Macri habló con la Coalición Cívica y piensan en reeditar Juntos por el Cambio

 

Los cartoneros tienen salarios mensuales cercanos a los 350 mil pesos y se calcula que el transporte desde la Provincia hasta la Ciudad tenía un costo anual de 6 mil millones de pesos.

 

En el gobierno anunciaron que ese presupuesto se destinará a “obras de infraestructura en los Centros Verdes, el refuerzo de rutas de recolección y el aumento de la capacidad operativa” de esos centros.

 

“Decidimos terminar con el financiamiento del traslado diario de cartoneros de cooperativas vinculadas a Juan Grabois que venían desde el conurbano. Estamos desarmando un sistema que, lejos de dar soluciones, se volvió parte del problema”, dijo Jorge Macri.

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Politica

Denuncian que Petri usa los recursos de la universidad de Defensa para hacer campaña en Mendoza

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Una fuente del Ejército denuncia que los recursos terminan “en una nebulosa”. La SIGEN denunció irregularidades en 2018 que aún se mantienen.

Las críticas a la gestión de Luis Petri ahora incluyen a la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Fuentes del Ejército apuntan al ministro por usar la casa de altos estudios “para hacer caja” en medio de un profundo ajuste que aplica el ministerio y afecta los salarios de los docentes del Instituto Damaso Centeno.

Es por esto que los militares están enojados con Petri, a quien acusan de usar los recursos importantes del ministerio para financiar su campaña política en Mendoza.

LPO reveló en exclusivo que en el manejo de los recursos del ministerio, como el es caso de la obra social de los militares, aparecen misteriosos cobradores como el empresario Fernando Riccomi, apuntado por el Ejército por recaudar a nombre de Petri. El rosarino Riccomi es propietario de Wico Combustibles, con refinería en Luján de Cuyo, Mendoza, la provincia de Petri.

Riccomi es también el titular de la prepaga Medycin, que adquirió porciones de Delta Salud S.A. y fue aportante de campaña del socialismo en Santa Fe. Es accionista en empresas como Rosario Futuros y Opciones S.A y tiene una acción en el Rofex, el mercado de futuros.

Petri pidió 40 mil millones para mejorar la obra social de los militares pero denuncian que sólo lo usó para pagar deudas

Con este cuadro de situación, la UNDEF entra en escena porque en 2024 totalizó $3.703millones, un incremento interanual del 106%, pero que fuentes del Ejército denuncian que esto no se expresó en aumento de sueldos ni en mejorar para el funcionamientos. “Fue todo a la caja”, remarcan.

En 2018, un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló ausencia de Tesorería, Compras, Contrataciones y Administración de Personal; inexistencia de manuales de procedimiento; liquidaciones irregulares de vacaciones y contrataciones directas sin competencia.

El informe también acreditó que la universidad destinó $18,5millones -el 97% de un refuerzo presupuestario gestionado en 2016- a la compra de LEBACs sin intervención de la Tesorería General.

Con este cuadro de situación, la UNDEF entra en escena porque en 2024 totalizó $3.703millones, un incremento interanual del 106%, pero que fuentes del Ejército denuncian que esto no se expresó en aumento de sueldos ni en mejorar para el funcionamientos. “Fue todo a la caja”, remarcan

Siete años después,  los funcionarios apuntados en el informe mantienen sus cargos y se pone especial énfasis en Hernán Isasmendi continuó como secretario general con control de las finanzas y David Zeigner ascendió de subsecretario de Coordinación Administrativa a secretario.

“Estas dos personas estuvieron en la gestión durante la época de Macri con otro rector, Gonzalo Álvarez, donde hubo irregularidades en los fondos y compras de dos autos”, afirma una fuente que conoce de cerca la UNDEF.

La crisis en el colegio del Ejército aumenta la tensión de las Fuerzas Armadas con Petri

La UNDEF se creó el 19denoviembre de 2014, mediante la Ley27.015, con la finalidad de integrar y modernizar la formación académica de más de cincuenta institutos de las Fuerzas Armadas -entre ellos la Escuela Superior deGuerra, la EscuelaNaval y la Escuela de AviaciónMilitar-.

Con la llegada de Milei y su ofensiva contra la UBA y otras universidades, la UNDEF se negó a recibir auditorías. Esto alimenta la teoría de la discrecionalidad en el manejo de los recursos y la existencia de “una nebulosa que termina en Mendoza” en detrimento de un sistema educativo castrense en crisis y cargado de tensiones.

 

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