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Río Negro presentó una demanda colectiva contra el gobierno nacional por el “abandono” de una ruta

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Con el apoyo de cinco intendentes y cámaras empresarias, Alberto Weretilneck exigió la reparación urgente de la autovía, frente a su alto nivel de deterioro y falta de mantenimiento

En el interior del país crece la preocupación de los gobernadores por la falta de obras y recursos destinados al mantenimiento y ampliación de la infraestructura pública, como la de las rutas nacionales. Después de meses de reclamos a Javier Milei, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, resolvió ir un paso más allá: anunció la presentación de una demanda colectiva ante Nación por el estado crítico de “abandono” de la Ruta Nacional 151.

El mandatario presentó la acción judicial ante el Juzgado Federal de General Roca, donde denunció tanto al Estado nacional como a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Les exigió la intervención urgente ante el “grave deterioro” del corredor vial.

La 151, de acceso a la Patagonia, está destruida. Pone en riesgo vidas todos los días. El Estado Nacional mira para otro lado, pero nosotros no. Junto a intendentes, cámaras empresariales y la Defensoría del Pueblo, presentamos una demanda colectiva contra Nación y Vialidad. Exigimos la reparación total del tramo Cipolletti – La Pampa, señalización urgente y un plan serio de obras”, anunció hoy Weretilneck, desde sus cuentas de redes sociales

El escrito, firmado por el mandatario patagónico y el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, así como por varios intendentes del Alto Valle —Rodrigo Buteler (Cipolletti), Daniela Salzotto (Catriel), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Horacio Zuñiga (Contralmirante Cordero) y Daniel Hernández (Campo Grande)—, solicita “medidas cautelares urgentes y la reparación integral de los 150 kilómetros” afectados.

La demanda cuenta también con el apoyo de representantes de la sociedad civil y otros estamentos del sector público. Desde el sector privado, acompañaron la medida los presidentes de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Bunter, la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro, Federico Paolo, y la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro, Ramiro Arceo, además de la defensora del Pueblo, Adriana Santagati.

La presentación sostiene que el “deterioro de la ruta obstaculiza el servicio de salud pública, con más de 576 traslados sanitarios en lo que va de 2025 que deben circular por ese tramo; la educación, afectando el acceso diario de más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas; y actividades clave como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera”. Sobre este último punto, destaca que esta industria representa “el 72% del petróleo y el 42% del gas” de la provincia.

Intendentes del Alto Valle acompañaronIntendentes del Alto Valle acompañaron la presentación judicial junto al gobernador Weretilneck en el Juzgado Federal de General Roca

En cuanto al estado de la Ruta 151, Vialidad Rionegrina elaboró un diagnóstico a escala provincial, según publicó el Diario Río Negro, donde se detalla la presencia de “deformaciones del tipo ahuellamientodescascaramientos y baches” a lo largo del trayecto. La situación se tornó crítica para los rionegrinos, dado que la infraestructura en su estado actual “afecta gravemente los servicios esenciales, actividades productivas y la economía regional”.

El juzgado federal ya dio curso a la presentación y ordenó el traslado de la demanda a Vialidad Nacional, que dispone de cinco días para responder sobre “el estado de abandono de la ruta, en el contexto de la medida cautelar establecida”. Las medidas urgentes contemplan “la señalización inmediata, bacheo provisorio y campañas informativas para prevenir accidentes, además de un plan técnico y presupuestario que garantice la ejecución de las obras, con informes periódicos sobre los avances”.

El amparo exige a NaciónEl amparo exige a Nación la ejecución urgente de obras, señalización y campañas informativas para reducir riesgos de accidentes

En el comunicado oficial, el gobierno de Río Negro explica que “la presentación busca proteger los derechos a la vida, la salud, la integridad física y la seguridad de las miles de personas que la usan a diario”. Como argumento central, se señala la “desnaturalización del régimen de financiamiento vial”, ya que, a pesar de que el 28,58% del Impuesto a los Combustibles debe destinarse por ley al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, el Estado nacional habría desviado esos fondos, “dejando a rutas estratégicas como la 151 en un estado calamitoso”.

En palabras de la administración provincial, “esta demanda representa un paso firme del gobierno de Río Negro para defender los derechos de sus habitantes frente a la inacción del Estado Nacional”. Se anticipa, además, que este caso podría sentar “un precedente judicial para que otras provincias exijan judicialmente obras públicas ante omisiones estructurales del Estado central”.

El gobierno rionegrino denunció elEl gobierno rionegrino denunció el desvío de fondos federales destinados al mantenimiento vial y la falta de inversiones en rutas clave

La situación de las rutas nacionales cobró relevancia en la agenda local desde fines de mayo, cuando el gobierno provincial esbozó su intención de litigar contra el Poder Ejecutivo nacional por el mal estado de cuatro rutas troncales: la 1512223 y 40. La presentación sobre la Ruta 151 se convierte así en el primer antecedente concreto en esta estrategia.

Desde el año pasado, tanto Weretilneck, como otros gobernadores patagónicos, reclaman que se transfiera la jurisdicción de las autovías a las provincias, entre ellas, la RN 151. “Exigimos lo que nos corresponde, defendemos a nuestra gente, con hechos y en la Justicia”, compartió el gobernador, desde sus redes sociales.

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Politica

El Gobierno de Leandro Zdero no podrá pagar la cláusula gatillo a los docentes chaqueños

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Una bomba política sacudió la agenda chaqueña en las últimas horas. El periodista Roberto Espinoza encendió la polémica al revelar que el Gobierno de Leandro Zdero no podrá cumplir con el pago de la cláusula gatillo a los docentes, una herramienta clave que protege los salarios frente a la inflación.

La información cayó como baldazo de agua fría entre los trabajadores de la educación. La cláusula gatillo, que se había convertido en un mínimo acuerdo de contención salarial, hoy parece estar en riesgo. Y lo que empezó como un rumor, fue confirmado por fuentes oficiales: no hay fondos para pagarla en tiempo y forma.

 

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Politica

Jorge Macri dejó de financiar el transporte de los cartoneros de Grabois

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 Jorge Macri le cortó el transporte gratuito a los cartoneros de Juan Grabois. Se trata de 3000 recuperadores que tenían traslado desde la Provincia financiado por el gobierno porteño.

 

Desde el gobierno porteño festejaron el “fin de los privilegios de las organizaciones ligadas a Grabois”.

 

En total, hay 6 mil cartoneros nucleados en 12 cooperativas que participan del sistema de reciclado urbano. Cerca de la mitad pertenece a cooperativas que forman parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular liderada por Grabois.

 

Desde el gobierno porteño señalaron que solo los cartoneros que pertenecen a la UTEP tenían asegurado su traslado desde la Provincia y que los otros 3000 “trabajadores que realizan las mismas tareas, nunca accedieron al mismo trato”.

Jorge Macri habló con la Coalición Cívica y piensan en reeditar Juntos por el Cambio

 

Los cartoneros tienen salarios mensuales cercanos a los 350 mil pesos y se calcula que el transporte desde la Provincia hasta la Ciudad tenía un costo anual de 6 mil millones de pesos.

 

En el gobierno anunciaron que ese presupuesto se destinará a “obras de infraestructura en los Centros Verdes, el refuerzo de rutas de recolección y el aumento de la capacidad operativa” de esos centros.

 

“Decidimos terminar con el financiamiento del traslado diario de cartoneros de cooperativas vinculadas a Juan Grabois que venían desde el conurbano. Estamos desarmando un sistema que, lejos de dar soluciones, se volvió parte del problema”, dijo Jorge Macri.

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Denuncian que Petri usa los recursos de la universidad de Defensa para hacer campaña en Mendoza

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Una fuente del Ejército denuncia que los recursos terminan “en una nebulosa”. La SIGEN denunció irregularidades en 2018 que aún se mantienen.

Las críticas a la gestión de Luis Petri ahora incluyen a la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Fuentes del Ejército apuntan al ministro por usar la casa de altos estudios “para hacer caja” en medio de un profundo ajuste que aplica el ministerio y afecta los salarios de los docentes del Instituto Damaso Centeno.

Es por esto que los militares están enojados con Petri, a quien acusan de usar los recursos importantes del ministerio para financiar su campaña política en Mendoza.

LPO reveló en exclusivo que en el manejo de los recursos del ministerio, como el es caso de la obra social de los militares, aparecen misteriosos cobradores como el empresario Fernando Riccomi, apuntado por el Ejército por recaudar a nombre de Petri. El rosarino Riccomi es propietario de Wico Combustibles, con refinería en Luján de Cuyo, Mendoza, la provincia de Petri.

Riccomi es también el titular de la prepaga Medycin, que adquirió porciones de Delta Salud S.A. y fue aportante de campaña del socialismo en Santa Fe. Es accionista en empresas como Rosario Futuros y Opciones S.A y tiene una acción en el Rofex, el mercado de futuros.

Petri pidió 40 mil millones para mejorar la obra social de los militares pero denuncian que sólo lo usó para pagar deudas

Con este cuadro de situación, la UNDEF entra en escena porque en 2024 totalizó $3.703millones, un incremento interanual del 106%, pero que fuentes del Ejército denuncian que esto no se expresó en aumento de sueldos ni en mejorar para el funcionamientos. “Fue todo a la caja”, remarcan.

En 2018, un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló ausencia de Tesorería, Compras, Contrataciones y Administración de Personal; inexistencia de manuales de procedimiento; liquidaciones irregulares de vacaciones y contrataciones directas sin competencia.

El informe también acreditó que la universidad destinó $18,5millones -el 97% de un refuerzo presupuestario gestionado en 2016- a la compra de LEBACs sin intervención de la Tesorería General.

Con este cuadro de situación, la UNDEF entra en escena porque en 2024 totalizó $3.703millones, un incremento interanual del 106%, pero que fuentes del Ejército denuncian que esto no se expresó en aumento de sueldos ni en mejorar para el funcionamientos. “Fue todo a la caja”, remarcan

Siete años después,  los funcionarios apuntados en el informe mantienen sus cargos y se pone especial énfasis en Hernán Isasmendi continuó como secretario general con control de las finanzas y David Zeigner ascendió de subsecretario de Coordinación Administrativa a secretario.

“Estas dos personas estuvieron en la gestión durante la época de Macri con otro rector, Gonzalo Álvarez, donde hubo irregularidades en los fondos y compras de dos autos”, afirma una fuente que conoce de cerca la UNDEF.

La crisis en el colegio del Ejército aumenta la tensión de las Fuerzas Armadas con Petri

La UNDEF se creó el 19denoviembre de 2014, mediante la Ley27.015, con la finalidad de integrar y modernizar la formación académica de más de cincuenta institutos de las Fuerzas Armadas -entre ellos la Escuela Superior deGuerra, la EscuelaNaval y la Escuela de AviaciónMilitar-.

Con la llegada de Milei y su ofensiva contra la UBA y otras universidades, la UNDEF se negó a recibir auditorías. Esto alimenta la teoría de la discrecionalidad en el manejo de los recursos y la existencia de “una nebulosa que termina en Mendoza” en detrimento de un sistema educativo castrense en crisis y cargado de tensiones.

 

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