CORRUPCION
“Pasamos hambre”: la angustiante situación de las comunidades indígenas de El Impenetrable, en primera persona
Desde marzo, rige una medida cautelar que ordena al gobierno de Leandro Zdero garantizar la provisión de agua potable y alimentos a la comunidad Wichí en El Impenetrable. Sin embargo, la situación es cada día peor. Los testimonios de los pobladores pintan un panorama de precariedad, hambre y falta de medicamentos, contradiciendo la versión oficial. La Defensora General Adjunta insistió al juez de la causa que ordene al gobierno acatar la sentencia. Caso contrario, pidió que se imponga multas a los funcionarios responsables.
Todo está peor. Precariedad, hambre y falta de medicamentos. Este es el panorama que atraviesa por estas horas a las comunidades Wichí de El Impenetrable chaqueño, a cuatro meses de que se dictara una medida cautelar que obligó al gobierno provincial proveerles de alimentos y agua potable, en medio de un agravamiento de sus condiciones de vida producto de las persistentes políticas de ajuste.
En este contexto, la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, denunció ante el titular del Juzgado Civil y Comercial 6 de Resistencia, Jorge Sinkovich, el persistente incumplimiento de la medida cautelar dictada el pasado 18 de marzo en favor de las comunidades indígenas asentadas en las localidades de Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y poblaciones de parajes El Tartagal, Tres Pozos, Nueva Población, Pozo del Toba, Comandancia Frías; Fortín Belgrano y todas aquellas ubicadas en el Departamento General Güemes.
La resolución del juez Sinkovich amplía al pueblo Wichí los alcances de una medida cautelar dictada en 2007 por la Corte Suprema, que originalmente beneficiaba solo al pueblo Qom. Aquella medida fue impulsada por el entonces Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, quien denunció en ese momento un “genocidio silencioso” durante la gestión del exgobernador Roy Nikisch, actual intendente de Resistencia. En esta causa, además de la Defensoría General Adjunta, que promueve el cumplimiento de la medida, intervienen como “amigos del tribunal” el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría General de la Nación, a través de su programa Diversidad Cultural.
Según pudo saber LITIGIO, la reciente presentación de Gauna Wirz incluye testimonios orales en lengua Wichí, recabados durante reuniones mantenidas en Misión Nueva Pompeya y Sauzalito el 28 y 29 de junio. La funcionaria informó al magistrado sobre la decisión de los caciques, referentes y representantes de las comunidades indígenas de prestar sus testimonios en su propio idioma, con el objetivo de detallar, no sólo el incumplimiento, sino también la “angustiante situación” y el “empeoramiento” de las condiciones que motivaron la acción judicial original.
Ante la “gravedad de esta omisión”, que constituye una “afectación directa a la vida y dignidad del pueblo Wichí”, solicitó al Juez, con “carácter de máxima urgencia”, que intime al Gobierno del Chaco a cumplir “de forma inmediata” con la medida cautelar. Además, se pidió que, en caso de persistir el incumplimiento, se proceda a la aplicación de “astreintes” (multas) a los funcionarios del Poder Ejecutivo responsables.
Los testimonios
Magdalena “Lena” Martínez, una mujer con diabetes de la comunidad, desmintió categóricamente las afirmaciones sobre la recepción cada 30 días de las “cajas Ñachec”, módulo alimentario que entrega el gobierno provincial y contiene tan sólo ocho productos: 400 gramos de lentejas secas, un kilo de azúcar común tipo A, un kilo de harina de maíz tipo polenta, un kilo de harina de trigo tipo “000”, un kilo de arroz largo fino tipo “00000”, una botella de 900 centímetros cúbicos de aceite de girasol, un kilo de yerba mate y 800 gramos de leche entera en polvo.
“Estamos viviendo una situación muy mala. A veces tenemos algo, a veces no. Sobre la comida de la que ellos hablan, como si comiéramos a cualquier hora, no es cierto. A veces comemos recién a las cinco de la tarde, y después ya no comemos más hasta el día siguiente. Hay días en que pasamos hambre”, relató.
Magdalena detalló de manera desgarradora como atraviesan el hambre en las comunidades. “A veces comemos un pedacito de torta y tomamos un poco de mate, y después dormimos hasta el otro día. Al día siguiente salimos a buscar algo para comer. Algunos tienen ocho hijos, otros nueve, y sufren con ellos”, relató.
También denunció la escasez de medicamentos, vital para su condición de diabética: “A veces tengo los medicamentos, a veces no. Cuando los tengo me siento mejor, pero muchas veces no los tengo”.
La situación habitacional también es crítica, con viviendas de nylon que no ofrecen protección contra el frío, mientras que las viviendas dignas se otorgan con favoritismo a los criollos. En su testimonio, Magdalena apeló al Sinkovich: “Se lo aviso al señor Juez, porque dicen que estamos bien aquí en El Sauzalito, que estamos bien en los lotes, pero no es verdad. Hay días en que sufrimos junto a nuestros hijos, y hay días en que tenemos que ir al pueblo a pedir”. Además, destacó la inequidad en la distribución de las cajas Ñachec: “Nos dan solo una caja y nada más. A los no indígenas les dan hasta tres cajas”.
“No hay nada”
Marcela Martínez, otra integrante de la comunidad, reforzó las denuncias de escasez de alimentos y la falsedad de las declaraciones oficiales. Con una familia de veintidós personas, incluyendo nietos, lamentó: “No tenemos alimentos. Y si podemos, vendemos algo para conseguir un kilo de arroz, un kilo de azúcar, o un poco de harina. Vendemos nuestras cosas, lo que tenemos, incluso nuestras plantas”.
“Muchos de nosotros somos muy pobres. Necesitamos alimentos. Dicen que tenemos comida todos los días, pero es mentira. Es mentira”, sostuvo.
También se refirió a la ineficacia de las gestiones en la Municipalidad: “A veces vamos a la Municipalidad. Nos quedamos hasta las dos de la tarde, esperando conseguir algo de lo que ellos tienen. Pero cuando llegamos, nos dicen: ‘No hay nada’. No hay nada. Es verdad. Estamos mal”.
Los módulos alimentarios, cuando los reciben, son insuficientes. “Si me dan, es una sola caja para toda la familia, y no alcanza ni para un mes”, sostuvo y añadió: “No tenemos para comer, pero nos apoyamos en El Hombre que está arriba”, en alusión a Dios.
Luisa Bramajo, residente del Lote 9, también compartió su experiencia de abandono y promesas incumplidas. “Hace mucho tiempo que vivimos en el Lote 9. Nosotros vivimos ahí, pero tampoco recibimos ayuda”, expresó. Denunció que la asistencia solo aparece en épocas electorales: “Solo cada vez que hay elecciones, los no indígenas se acercan a nosotros y quieren que los apoyemos, porque quieren ser autoridades. Pero no ayudan a mis hijos”.
Bramajo, quien es jubilada, afirmó que a veces no recibe el monto completo de su pensión y que el dinero no le alcanza debido a los altos precios. Relató cómo los políticos prometen bienes como motos o freezers, pero “todo es mentira. Volvemos a quedar como antes, sin nada. Seguimos siendo pobres”.
“Hace mucho que estoy con mis hijos. Tengo muchos nietos y nietas, pero ninguno tiene nada. Algunos son muy pobrecitos, y tienen que ir a pedir lo que sea. A veces ni siquiera nos dan lo que pedimos. Dicen que no hay”, contó.
Asimismo, manifestó su preocupación por sus tres hijos con diabetes y la falta de preocupación por parte de las autoridades. La situación de las viviendas es igualmente precaria: “Dicen que iban a dar viviendas. Incluso limpiaron un terreno en el monte, prepararon todo… Pero al final, no apareció nada. Ni siquiera una casita”. Los únicos materiales que a veces se entregan, como el nylon, son insuficientes y no resisten las inclemencias del tiempo.
“Polenta sin carne”
Cirilo Mansilla, cacique del paraje El Vizcacheral, expresó la grave situación que atraviesa su comunidad, destacando la interrupción en la entrega de las cajas Ñachec. “A los que vivimos acá ya no nos (las) dan más. No sabemos por qué”, afirmó. Mansilla también señaló la alarmante falta de medicamentos en el hospital y la precaria alimentación de los niños en las escuelas, donde “solo les daban polenta. Eso no está bien. Sin carne, sin nada más. Solo polenta”.
El cacique denunció el abandono generalizado por parte del gobierno y el intendente, y exigió ayuda en salud, educación y la reanudación de la entrega de los módulos alimentarios. Además, puso de manifiesto un trato discriminatorio, al observar la entrega de colchones, frazadas y viviendas a personas no indígenas, mientras los Wichí continúan viviendo “bajo plásticos”.
Desde El Sauzalito, Augusto Peñaloza, referente de una organización local, manifestó las múltiples dificultades que enfrentan en su localidad, incluyendo problemas en educación, salud y producción. Hizo un llamado urgente a los gobiernos provincial y nacional para que escuchen sus reclamos y concreten una audiencia donde puedan exponer la cruda realidad que viven.
“Estamos necesitando mucha ayuda, tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional. Por eso estamos aquí reunidos: queremos que el Gobierno, tanto de la provincia como de la Nación, nos escuche”, sostuvo.
“No alcanza”
Arturo Martínez, de Tres Pozos, se sumó a las denuncias, enfatizando la insuficiencia de los alimentos entregados a las familias Wichí. Detalló que una caja contiene solo “entre siete y ocho productos comestibles nada más”, y que a menudo una sola caja debe ser compartida por dos o tres familias, lo que “no está bien, no alcanza”.
Respecto al agua, Martínez señaló que, si bien hay disponibilidad, “muchas veces le ponen demasiado cloro, tanto que no es apta para el consumo”. También lamentó la falta de medicamentos en la salud pública y la ausencia de enseñanza adecuada por parte de maestros que “vienen desde muy lejos”. Concluyó con una invitación directa al Juez para que visite y conozca de primera mano la situación en cada localidad.
Finalmente, Casimiro Fernández, Presidente de la comunidad de El Vizcacheral y de la Federación Nacional Campesina, alertó sobre la suspensión de un comedor comunitario en su pueblo. Anteriormente, este comedor brindaba asistencia a 120 personas, entre niños y adultos, pero actualmente “ya no está en funcionamiento”.
Los testimonios unánimes subrayan una profunda crisis humanitaria y la necesidad urgente de una respuesta gubernamental, algo que en los hechos colisiona con la postura del gobierno de Leandro Zdero desde donde consideran que las comunidades están siendo asistidas.
De hecho, cuando se hizo lugar a la cautelar, la Fiscalía de Estado del Chaco la apeló afirmando que la presentación de la Defensora General Adjunta se basaba en planteos “abstractos” y que no acreditaba “ni someramente o mediante una presentación seria que respalde o justifique tal petición”. En el recurso presentado, el gobierno consideró que la medida judicial que busca garantizar condiciones mínimas de vida para estas poblaciones solamente tiene “un claro fin publicitario”.
REVISTA LITIGIO
CORRUPCION
La doble vara del gobierno de Zdero: Rubiolo cobra millones y su mujer es ñoqui del Ministerio de Educación
MARCELO RUBIOLO COBRA 16 MILLONES DE PESOS POR MES DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE LEANDRO ZDERO Y TIENE A SU MUJER COMO ÑOQUI DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
La doble vara del gobierno de Zdero: Rubiolo cobra millones y su mujer es ñoqui del Ministerio de Educación
El escándalo vuelve a golpear a la gestión de Leandro Zdero. Mientras el gobierno chaqueño ajusta a los trabajadores de la educación y recorta derechos, el periodista Marcelo Rubiolo, uno de los principales defensores mediáticos del oficialismo, se lleva una verdadera fortuna en pauta oficial.
Según datos oficiales, en los primeros 7 meses de 2025, Rubiolo facturó casi 113 millones de pesos en publicidad estatal a través de sus distintos medios: Diario 22, NG Federal, Portal NG, Cadena Federal y el programa Informadísimo. Traducido, significa que el periodista cobra alrededor de 16 millones de pesos por mes para defender al gobierno y atacar a los docentes.
Pero el escándalo no termina allí. La polémica se agrava al conocerse que la esposa del periodista, Silvia Liliana Sepúlveda, figura como Directora de Servicios Técnicos en el Ministerio de Educación, con un sueldo que supera los 2 millones de pesos mensuales.
Denuncias internas del propio ministerio aseguran que Sepúlveda es una “ñoqui”, ya que no concurre a su lugar de trabajo, a pesar de percibir un salario que supera ampliamente al de cualquier docente en actividad.
Mientras Rubiolo acusa a los gremios de “defender a docentes ñoquis en el exterior”, la realidad demuestra que la verdadera ñoqui está en su propia casa.
La frase de Fesich Sitech Castelli resuena con fuerza:
“Nadie critica gratis a los docentes chaqueños”.
Con millones de pauta oficial y un cargo fantasma en el Ministerio de Educación para su esposa, queda claro que en el gobierno de Zdero, los periodistas amigos no solo se llenan los bolsillos, sino que también cobran por atacar a quienes luchan en las calles por salarios dignos.
chacotv//radioclanfm//diarioqhc
CORRUPCION
Multan con casi $86 millones diarios al gobierno de Zdero por negarse a entregar alimentos al pueblo Wichí
El juez Civil y Comercial 6, Jorge Sinkovich aplicó una multa diaria de 85,9 millones de pesos al gobierno chaqueño por incumplir una cautelar que ordenaba asistencia alimentaria y provisión de agua a comunidades Wichí, ubicadas en El Impenetrable. Los testimonios recabados por la Defensoría General del Poder Judicial del Chaco advierten que la ayuda nunca llegó, mientras el Ejecutivo niega el incumplimiento y prepara la apelación.
El gobierno del Chaco deberá afrontar una sanción inédita: casi 86 millones de pesos diarios por incumplir una medida cautelar que lo obligaba a garantizar alimentos y agua potable al pueblo Wichí. Así lo resolvió el Juzgado Civil y Comercial 6 de Resistencia, a cargo del juez Jorge Sinkovich, quien advirtió que la gestión provincial desobedeció durante más de cinco meses lo ordenado por la Justicia.
La resolución, a la que tuvo acceso LITIGIO, tiene fecha del viernes. En el escrito, el magistrado estableció que el monto –calculado en base a la Canasta Básica Alimentaria de julio y a una población estimada de 20.000 personas– sea destinado a las comunidades demandantes. La decisión busca asegurar la efectividad de la tutela judicial y revertir la situación de “extrema vulnerabilidad” que atraviesan los pueblos originarios del noroeste provincial.
Sinkovich recordó que el derecho a la vida y a la salud gozan de jerarquía constitucional y están amparados por tratados internacionales de derechos humanos, lo que obliga al Estado a adoptar medidas positivas para su cumplimiento. Aunque todavía no se confirmó oficialmente, se da por hecho que el gobierno chaqueño apelará la resolución.
El origen
El reclamo por asistencia alimentaria se inició en diciembre de 2024, cuando la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, presentó un amparo con medida cautelar reclamando ayuda urgente para el pueblo Wichí. La causa recayó en el juzgado de Sinkovich, quien ya supervisaba la ejecución de una cautelar dictada en 2007 por la Corte Suprema en favor de comunidades Qom.
Durante la feria judicial de enero, el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) solicitó que el alcance se ampliara a los Wichí, en especial a los asentados en Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y otros parajes de El Impenetrable. En una audiencia, representantes del Ejecutivo prometieron asistencia, pero –según denunció el IDACH– nunca cumplieron.
En marzo, el juez ordenó garantizar en forma “continua, oportuna y adecuada” el suministro de alimentos y agua. Sin embargo, los informes oficiales presentados más tarde demostraron que la ayuda fue esporádica y limitada, lo que llevó al magistrado a considerar insuficientes las acciones provinciales.
Desde la Fiscalía de Estado, el gobierno defendió su accionar y sostuvo que las comunidades ya reciben asistencia. Además, calificó la causa como “abstracta” y con un sesgo “mediático”. No obstante, la Defensoría Adjunta y referentes del territorio advirtieron que la crisis se agravó: comedores cerrados, distribución irregular de alimentos y falta de agua potable en las localidades más afectadas.
Ante esa situación, Gauna Wirz pidió aplicar sanciones económicas para forzar el cumplimiento de la cautelar. El juez accedió y fijó la multa diaria millonaria.
Revista Litigio
CORRUPCION
Coimas en la ANDIS: una auditoría urgente para frenar la onda expansiva del escándalo y las dudas sobre los audios de Diego Spagnuolo
El Gobierno ordenó una investigación sumaria de los contratos de la Agencia de Discapacidad y no descarta un circuito de pagos ilegales. El diálogo imposible de la grabación filtrada. Hipótesis y sospechas en medio de la campaña
A cinco días de la difusión de los explosivos audios de Diego Spagnuolo, en los que habló de un tenebroso circuito de coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno empezó a definir un curso de acción para contener una crisis política de dimensiones impredecibles. Instruyó al interventor del organismo, Alejandro Vilches, para que acelere una auditoría integral sobre todos los contratos del organismo, desactivó por ahora la idea de presentar una denuncia, y empezó a dar explicaciones para contener la onda expansiva del escándalo.
El primer ejecutor de este plan de acción fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que brindó una larga entrevista radial donde expuso los argumentos de la Casa Rosada ante el vendaval político que detonó la difusión de los audios donde un locuaz Spagnuolo ventilaba ante un interlocutor -todavía desconocido- los supuestos negociados que ocurrían bajo sus pies en el organismo responsable de asistir a las personas con discapacidad.
Los audios -grabados de manera clandestina, editados y difundidos con sofisticada precisión- tendrían al menos un año. No son los únicos y el Gobierno lo sabe. Exponen un trasiego macabro de negociados entre proveedores de medicamentos y el Estado. La quintaescencia de lo que vino a erradicar el gobierno que asumió en diciembre de 2023 con el mandato de barrer con la corrupción sistémica de la casta y los “empresaurios”.
Francos habló en extenso y expuso las claves de la defensa del Gobierno. Pero Infobae pudo confirmar que esa no fue la única decisión que se tomó en lo más alto del Gobierno para tratar de contener la onda expansiva de esta bomba de profundidad. En la Casa Rosada confía en que la auditoría sobre los contratos y los números de la Andis van a echar luz sobre lo que ocurrió durante la gestión deslucida de Spagnuolo, un funcionario cuestionado por su pobre actuación y que le generó a Javier Milei más de un dolor de cabeza. También está bajo sospecha Danel Garbellini, que fue director de Acceso a los Servicios de Salud y también terminó eyectado del cargo.
En más de seis meses solo pudo depurar 120 mil pensiones de un universo de más de 1.200.000 que debió investigar si fueron o no mal otorgadas durante los últimos gobiernos kirchneristas. Además, fue el responsable del triste episodio con Ian Moche, un niño con trastorno de espectro autista que es activista por los derechos de los discapacitados y a quien destrató en una reunión. Y dejó publicar una resolución con expresiones como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, en referencia a personas con discapacidad intelectual. A esa ineficacia manifiesta se le sumó la difusión de los audios.
Control de daños
“Veremos qué ocurre con la auditoría. No se va a ocultar nada y, si aparece algo turbio o una prueba de una coima, lo vamos a hacer mierda”, reconoció una fuente del Gobierno, que puso en duda que Spagnuolo le haya transmitido al presidente siquiera una sospecha sobre la supuesta protección política de ese circuito de pagos ilegales para abastecer de medicamentos a las personas con discapacidad.
Infobae habló con exfuncionarios, abogados que litigan en Comodoro Py y tienen acceso al círculo libertario, y fuentes oficiales, y en todos los casos recogió el mismo argumento: “Spagnuolo se sostenía en su cargo por la amistad y la confianza que tenía con Milei. El presidente no toleraría que nadie le sugiriera una descalificación sobre su hermana. Todos los que conocen al Presidente saben que una crítica sobre ‘El Jefe’ es equivalente a la expulsión definitiva y sin retorno a su intimidad”, explicó uno de los consultados por este medio.
“No es creíble que Spagnuolo le hubiera dicho semejantes cosas el año pasado a Milei y siguiera participando de las noches de ópera en Olivos. Lo que se escucha en los audios parece una bravuconada o que estaba tratando de dar excusas a la persona que lo grabó, que puede ser alguien de la industria de los medicamentos”, contó otro de los consultados para esta nota.
Auditoría urgente
En el Gobierno esperan que la auditoría sobre los contratos y licitaciones de la ANDIS echen algo de luz sobre los negocios que tuvo la drogería Suizo Argentina, la empresa de los Kovalivker, en más de un año y medio de gestión de Spagnuolo. Hay algunos indiciios que preocupan.
La incautación de los sobres con 266 mil dólares que se les secuestraron a Emmanuel Kovalivker en los allanamientos de la semana pasada ya alimentan todo tipo de especulaciones. ¿Qué hacía con ese dinero fraccionado en su auto? ¿Por qué, además, estaba con el pasaporte? Los investigadores admitieron que parecía un intento de fuga.
En los allanamientos a su hermano, Jonathan, no se lo encontró. En su casa, había al menos tres cajas fuertes: una estaba vacía, abierta y con bandas elásticas diseminadas. Ese escape, creen, sí se concretó.
Tanto en la ANDIS como en la sede de Suizo Argentina, los investigadores se llevaron documentación. Creen que era información sensible.
Por eso, el interventor Vilches tiene poco tiempo. El viernes al mediodía estaba en la sede de la calle Ramsay con un equipo de máxima confianza revisando papeles, archivos y bases de datos. En la ANDIS, Spagnuolo no dejó un buen recuerdo, por lo que se descarta que, si hubo irregularidades, el personal de planta no demorará en exponerlo.
“Lo primero que se tiene que determinar es la veracidad de los audios, si lo que dijo ocurrió y de quién es la responsabilidad. Ni Javier Milei, ni Karina Milei estuvieron al tanto de una situación como esta. Es una operación política en medio de la campaña, pero lo importante es que se sepa la verdad”, abundó otra vez cercana al Gobierno.
Hay, de todos modos, extrañeza en el gobierno sobre la secuencia entre que aparecen los audios antes del debate de la ley de discapacidad, el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, hace la denuncia, y el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi activan los allanamientos.
Recuerdan que, con el caso fentanilo, había decenas de muertos y el presidente en persona tuvo que pedirle a la Justicia que arresten a Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios HLB Pharma. “Acá no pasaron ni 24 horas y secuestraron plata, teléfonos y documentación. Celebramos la celeridad, pero es raro”, dijeron.
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