Fabián Miguelez, designado por Milei, tendría que haber dejado su cargo el 31 de marzo, pero no cumplió con el esquema rotativo. Las denuncias en su contra.
El Mercado Central está atravesado por una fuerte disputa de poder debido a que su actual presidente, Fabián Miguelez, se resiste a dejar el cargo que es rotativo. El funcionario designado por Javier Milei ya ocupó ese cargo durante el gobierno de Mauricio Macri, que ahora apoya su continuidad pero en su momento lo echó por una denuncia muy grave en su contra.
El Mercado Central es administrado en forma conjunta por Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Por una norma interna, la presidencia es rotativa y Miguelez debería haber dejado su cargo el 31 de marzo, pero se niega a hacerlo.
Según supo LPO, Miguelez se sostiene en el cargo en parte por el apoyo político de Macri, que ya lo había tenido en ese cargo entre 2016 y 2018. También lo respalda Jorge Macri, a pesar de que la presidencia del Mercado en este momento correspondería al representante de la Ciudad.
En este momento el representante porteño es Ezequiel Capelli, que responde a Diego Santilli. Pero Jorge Macri ya decidió correrlo de su cargo y a partir del 1° de agosto asumirá Leonardo Sarquis, ex ministro de Agricultura de María Eugenia Vidal. Sarquis debería quedar como presidente si Miguelez cumple la rotación.
Miguelez está vinculado a Macri a través de los hermanos José y Pablo Torello. Pero tiene otra terminal de apoyo en el gobierno que explica por qué Milei lo sostiene a pesar de la pelea con el expresidente. Se trata de Luis “Toto” Caputo, cuyo hermano Flavio es íntimo amigo de Miguelez y su esposa.
Miguelez tiene otra terminal de apoyo en el gobierno que explica por qué Milei lo sostiene a pesar de la pelea con Macri. Se trata de Luis “Toto” Caputo, cuyo hermano Flavio es íntimo amigo de Miguelez y su esposa
Más allá de la pelea política, lo llamativo de que Milei haya puesto a Miguelez en el Mercado Central es que de su anterior gestión se fue envuelto en un escándalo de corrupción por contrataciones a familiares y amigos, irregularidades con los gastos de representación y otras maniobras.
En 2018, la Oficina Anticorrupción hizo un informe de 90 páginas detallando irregularidades en la gestión del Mercado y se mencionaba un desvío de 1.400 millones de pesos a siete empresas. Esa acusación se sostuvo en el testimonio arrepentido del ex gerente general del Mercado.
Por esta razón Miguelez todavía está siendo investigado en el Juzgado Federal de Morón en una causa por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y defraudación contra la administración pública.
Una bomba política sacudió la agenda chaqueña en las últimas horas. El periodista Roberto Espinoza encendió la polémica al revelar que el Gobierno de Leandro Zdero no podrá cumplir con el pago de la cláusula gatillo a los docentes, una herramienta clave que protege los salarios frente a la inflación.
La información cayó como baldazo de agua fría entre los trabajadores de la educación. La cláusula gatillo, que se había convertido en un mínimo acuerdo de contención salarial, hoy parece estar en riesgo. Y lo que empezó como un rumor, fue confirmado por fuentes oficiales: no hay fondos para pagarla en tiempo y forma.
Jorge Macri le cortó el transporte gratuito a los cartoneros de Juan Grabois. Se trata de 3000 recuperadores que tenían traslado desde la Provincia financiado por el gobierno porteño.
Desde el gobierno porteño festejaron el “fin de los privilegios de las organizaciones ligadas a Grabois”.
En total, hay 6 mil cartoneros nucleados en 12 cooperativas que participan del sistema de reciclado urbano. Cerca de la mitad pertenece a cooperativas que forman parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular liderada por Grabois.
Desde el gobierno porteño señalaron que solo los cartoneros que pertenecen a la UTEP tenían asegurado su traslado desde la Provincia y que los otros 3000 “trabajadores que realizan las mismas tareas, nunca accedieron al mismo trato”.
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Los cartoneros tienen salarios mensuales cercanos a los 350 mil pesos y se calcula que el transporte desde la Provincia hasta la Ciudad tenía un costo anual de 6 mil millones de pesos.
En el gobierno anunciaron que ese presupuesto se destinará a “obras de infraestructura en los Centros Verdes, el refuerzo de rutas de recolección y el aumento de la capacidad operativa” de esos centros.
“Decidimos terminar con el financiamiento del traslado diario de cartoneros de cooperativas vinculadas a Juan Grabois que venían desde el conurbano. Estamos desarmando un sistema que, lejos de dar soluciones, se volvió parte del problema”, dijo Jorge Macri.
Una fuente del Ejército denuncia que los recursos terminan “en una nebulosa”. La SIGEN denunció irregularidades en 2018 que aún se mantienen.
Las críticas a la gestión de Luis Petri ahora incluyen a la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Fuentes del Ejército apuntan al ministro por usar la casa de altos estudios “para hacer caja” en medio de un profundo ajuste que aplica el ministerio y afecta los salarios de los docentes del Instituto Damaso Centeno.
Es por esto que los militares están enojados con Petri, a quien acusan de usar los recursos importantes del ministerio para financiar su campaña política en Mendoza.
LPO reveló en exclusivo que en el manejo de los recursos del ministerio, como el es caso de la obra social de los militares, aparecen misteriosos cobradores como el empresario Fernando Riccomi, apuntado por el Ejército por recaudar a nombre de Petri. El rosarino Riccomi es propietario de Wico Combustibles, con refinería en Luján de Cuyo, Mendoza, la provincia de Petri.
Riccomi es también el titular de la prepaga Medycin, que adquirió porciones de Delta Salud S.A. y fue aportante de campaña del socialismo en Santa Fe. Es accionista en empresas como Rosario Futuros y Opciones S.A y tiene una acción en el Rofex, el mercado de futuros.
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Con este cuadro de situación, la UNDEF entra en escena porque en 2024 totalizó $3.703millones, un incremento interanual del 106%, pero que fuentes del Ejército denuncian que esto no se expresó en aumento de sueldos ni en mejorar para el funcionamientos. “Fue todo a la caja”, remarcan.
En 2018, un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló ausencia de Tesorería, Compras, Contrataciones y Administración de Personal; inexistencia de manuales de procedimiento; liquidaciones irregulares de vacaciones y contrataciones directas sin competencia.
El informe también acreditó que la universidad destinó $18,5millones -el 97% de un refuerzo presupuestario gestionado en 2016- a la compra de LEBACs sin intervención de la Tesorería General.
Con este cuadro de situación, la UNDEF entra en escena porque en 2024 totalizó $3.703millones, un incremento interanual del 106%, pero que fuentes del Ejército denuncian que esto no se expresó en aumento de sueldos ni en mejorar para el funcionamientos. “Fue todo a la caja”, remarcan
Siete años después, los funcionarios apuntados en el informe mantienen sus cargos y se pone especial énfasis en Hernán Isasmendi continuó como secretario general con control de las finanzas y David Zeigner ascendió de subsecretario de Coordinación Administrativa a secretario.
“Estas dos personas estuvieron en la gestión durante la época de Macri con otro rector, Gonzalo Álvarez, donde hubo irregularidades en los fondos y compras de dos autos”, afirma una fuente que conoce de cerca la UNDEF.
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La UNDEF se creó el 19denoviembre de 2014, mediante la Ley27.015, con la finalidad de integrar y modernizar la formación académica de más de cincuenta institutos de las Fuerzas Armadas -entre ellos la Escuela Superior deGuerra, la EscuelaNaval y la Escuela de AviaciónMilitar-.
Con la llegada de Milei y su ofensiva contra la UBA y otras universidades, la UNDEF se negó a recibir auditorías. Esto alimenta la teoría de la discrecionalidad en el manejo de los recursos y la existencia de “una nebulosa que termina en Mendoza” en detrimento de un sistema educativo castrense en crisis y cargado de tensiones.