El Dr. Marco Molero aclaró que las iglesias, aunque con regímenes impositivos especiales, deben registrar sus ingresos (incluyendo diezmos y donaciones) como cualquier actividad económica.
En La Mañana de Natagalá, señaló que incluso algunas congregaciones reciben contribuciones por transferencia bancaria, lo que facilita la trazabilidad. “La transparencia es obligatoria, independientemente del carácter religioso”, afirmó, destacando que muchas construcciones de templos se financian con aportes internacionales además de los feligreses.
Sobre el caso de Mauro Andión, de quién Molero es defensor, reveló que no se opondrá a la elevación a juicio pero evalúa un posible juicio abreviado. “La acusación original se ha reducido significativamente: galpones que se decían inexistentes fueron verificados”, explicó. Criticó que la prisión preventiva se decretó pese a colaboración activa con la fiscalía y anticipó que la etapa de juicio (improbable para 2025) enfrentará una acusación “anémica” centrada en desprolijidades administrativas más que en defraudación.
Molero describió el costo humano del proceso: “nadie es feliz privado de libertad, aunque las pruebas se desmoronen”. Reveló que Andión podría recuperar su libertad mediante juicio abreviado –opción que analizarán por “relación costo-beneficio”–, pero descartó resoluciones rápidas: “la Cámara recién revisará el caso hacia septiembre”. Concluyó que el sistema “se autolegitima”: una vez decretada la prisión preventiva, es difícil revertirla sin condena.
El abogado identificó como falla sistémica el principio de legalidad que obliga a investigar todo delito, generando saturación: “tenemos casos de 1997 aún sin resolver”. Contrastó con el modelo anglosajón de oportunidad procesal, donde solo se investigan casos viables. “Aquí se destinan recursos a causas spam mientras las importantes languidecen”, lamentó, atribuyendo esta dinámica a presiones mediáticas que influyen en decisiones judiciales.
El letrado propuso revolucionar el sistema con inteligencia artificial: “un algoritmo sin intereses políticos dictaría fallos puramente jurídicos”. Comparó los juicios actuales con “entrar a un cuarto oscuro” por la imprevisibilidad de criterios, y elogió los jurados populares como paso hacia decisiones más asépticas. “Soñar con justicia algorítmica no es utopía: ya superamos el miedo a los jurados”, afirmó, aunque reconoció resistencias del poder político.
Una bomba política sacudió la agenda chaqueña en las últimas horas. El periodista Roberto Espinoza encendió la polémica al revelar que el Gobierno de Leandro Zdero no podrá cumplir con el pago de la cláusula gatillo a los docentes, una herramienta clave que protege los salarios frente a la inflación.
La información cayó como baldazo de agua fría entre los trabajadores de la educación. La cláusula gatillo, que se había convertido en un mínimo acuerdo de contención salarial, hoy parece estar en riesgo. Y lo que empezó como un rumor, fue confirmado por fuentes oficiales: no hay fondos para pagarla en tiempo y forma.
Jorge Macri le cortó el transporte gratuito a los cartoneros de Juan Grabois. Se trata de 3000 recuperadores que tenían traslado desde la Provincia financiado por el gobierno porteño.
Desde el gobierno porteño festejaron el “fin de los privilegios de las organizaciones ligadas a Grabois”.
En total, hay 6 mil cartoneros nucleados en 12 cooperativas que participan del sistema de reciclado urbano. Cerca de la mitad pertenece a cooperativas que forman parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular liderada por Grabois.
Desde el gobierno porteño señalaron que solo los cartoneros que pertenecen a la UTEP tenían asegurado su traslado desde la Provincia y que los otros 3000 “trabajadores que realizan las mismas tareas, nunca accedieron al mismo trato”.
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Los cartoneros tienen salarios mensuales cercanos a los 350 mil pesos y se calcula que el transporte desde la Provincia hasta la Ciudad tenía un costo anual de 6 mil millones de pesos.
En el gobierno anunciaron que ese presupuesto se destinará a “obras de infraestructura en los Centros Verdes, el refuerzo de rutas de recolección y el aumento de la capacidad operativa” de esos centros.
“Decidimos terminar con el financiamiento del traslado diario de cartoneros de cooperativas vinculadas a Juan Grabois que venían desde el conurbano. Estamos desarmando un sistema que, lejos de dar soluciones, se volvió parte del problema”, dijo Jorge Macri.
Una fuente del Ejército denuncia que los recursos terminan “en una nebulosa”. La SIGEN denunció irregularidades en 2018 que aún se mantienen.
Las críticas a la gestión de Luis Petri ahora incluyen a la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Fuentes del Ejército apuntan al ministro por usar la casa de altos estudios “para hacer caja” en medio de un profundo ajuste que aplica el ministerio y afecta los salarios de los docentes del Instituto Damaso Centeno.
Es por esto que los militares están enojados con Petri, a quien acusan de usar los recursos importantes del ministerio para financiar su campaña política en Mendoza.
LPO reveló en exclusivo que en el manejo de los recursos del ministerio, como el es caso de la obra social de los militares, aparecen misteriosos cobradores como el empresario Fernando Riccomi, apuntado por el Ejército por recaudar a nombre de Petri. El rosarino Riccomi es propietario de Wico Combustibles, con refinería en Luján de Cuyo, Mendoza, la provincia de Petri.
Riccomi es también el titular de la prepaga Medycin, que adquirió porciones de Delta Salud S.A. y fue aportante de campaña del socialismo en Santa Fe. Es accionista en empresas como Rosario Futuros y Opciones S.A y tiene una acción en el Rofex, el mercado de futuros.
Petri pidió 40 mil millones para mejorar la obra social de los militares pero denuncian que sólo lo usó para pagar deudas
Con este cuadro de situación, la UNDEF entra en escena porque en 2024 totalizó $3.703millones, un incremento interanual del 106%, pero que fuentes del Ejército denuncian que esto no se expresó en aumento de sueldos ni en mejorar para el funcionamientos. “Fue todo a la caja”, remarcan.
En 2018, un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló ausencia de Tesorería, Compras, Contrataciones y Administración de Personal; inexistencia de manuales de procedimiento; liquidaciones irregulares de vacaciones y contrataciones directas sin competencia.
El informe también acreditó que la universidad destinó $18,5millones -el 97% de un refuerzo presupuestario gestionado en 2016- a la compra de LEBACs sin intervención de la Tesorería General.
Con este cuadro de situación, la UNDEF entra en escena porque en 2024 totalizó $3.703millones, un incremento interanual del 106%, pero que fuentes del Ejército denuncian que esto no se expresó en aumento de sueldos ni en mejorar para el funcionamientos. “Fue todo a la caja”, remarcan
Siete años después, los funcionarios apuntados en el informe mantienen sus cargos y se pone especial énfasis en Hernán Isasmendi continuó como secretario general con control de las finanzas y David Zeigner ascendió de subsecretario de Coordinación Administrativa a secretario.
“Estas dos personas estuvieron en la gestión durante la época de Macri con otro rector, Gonzalo Álvarez, donde hubo irregularidades en los fondos y compras de dos autos”, afirma una fuente que conoce de cerca la UNDEF.
La crisis en el colegio del Ejército aumenta la tensión de las Fuerzas Armadas con Petri
La UNDEF se creó el 19denoviembre de 2014, mediante la Ley27.015, con la finalidad de integrar y modernizar la formación académica de más de cincuenta institutos de las Fuerzas Armadas -entre ellos la Escuela Superior deGuerra, la EscuelaNaval y la Escuela de AviaciónMilitar-.
Con la llegada de Milei y su ofensiva contra la UBA y otras universidades, la UNDEF se negó a recibir auditorías. Esto alimenta la teoría de la discrecionalidad en el manejo de los recursos y la existencia de “una nebulosa que termina en Mendoza” en detrimento de un sistema educativo castrense en crisis y cargado de tensiones.