En medio de una crisis educativa que golpea con fuerza a las escuelas públicas del Chaco, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, firmó un contrato de locación que no pasa desapercibido: $96 millones de pesos para alquilar un inmueble destinado a oficinas de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología.

El alquiler, aprobado mediante la Resolución N.º 3470/25 del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, contempla un pago mensual de 8 millones de pesos durante 12 meses, con posibilidad de extenderse por otro año. Todo sin pasar por el sellado de ATP, según consta en el expediente.

Mientras en distintos puntos de la provincia se multiplican las denuncias por falta de infraestructura, precariedad edilicia y docentes que aún reclaman por salarios justos, el Gobierno elige priorizar los metros cuadrados de una oficina antes que las necesidades básicas de cientos de escuelas.

Hasta ahora, la ministra Naidenoff no explicó públicamente por qué se destinó semejante suma al alquiler ni si se consideraron alternativas más austeras, como el uso de edificios estatales ya disponibles. Tampoco se conoce el nombre del propietario del inmueble ni su ubicación exacta.
Una decisión que confirma una tendencia: cuando el ajuste es para abajo, la comodidad sigue siendo para los de arriba.

ASI TE MENTIAN

TV LOCAL

El Juzgado Federal N° 1 de Resistencia avanza en una causa por presunto lavado contra Jorge Ledesma.

La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, ordenó el levantamiento del secreto fiscal y financiero del pastor evangélico Jorge Ledesma, quien semanas atrás recibió al presidente Javier Milei en el templo Portal del Cielo. La decisión fue impulsada por el fiscal Patricio Sabadini, tras detectar que la Iglesia Cristiana Internacional no presenta balances desde 2016 ni estados contables ante el registro público de comercio. La investigación se centra en el presunto lavado de dinero y en determinar si hubo ingreso de fondos públicos para la construcción del estadio religioso con capacidad para 15.000 personas.

El caso tomó fuerza luego de que Ledesma afirmara en una entrevista radial que la financiación fue posible gracias a “un milagro”, relatando que los 100.000 pesos guardados en una caja de seguridad aparecieron luego convertidos en dólares. “No fue ni la primera ni la última experiencia similar”, dijo. Consultado por la regularización del dinero ante la AFIP, el pastor respondió: “Ahí empieza el trabajo de la contadora”. Para Sabadini, el relato carece de sustento: “No le creo la conversión de pesos a dólares. Gran parte de la ciudadanía tampoco le cree”, sostuvo.

La Justicia busca determinar el verdadero origen de los fondos utilizados para edificar el templo en uno de los barrios más vulnerables de la capital chaqueña. Se solicitaron informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Municipalidad de Resistencia y el Ministerio de Infraestructura del Chaco. También se indaga sobre posibles vínculos políticos y financiamiento estatal encubierto en una obra de gran magnitud.

Además, se analiza la trazabilidad del dinero a través de los registros contables, que según consta en el expediente, presentan vacíos significativos. La resolución también incluye el relevamiento de las cuentas bancarias personales y jurídicas del pastor y de la Iglesia Cristiana Internacional, así como el acceso a la documentación que acredite el origen y destino de los fondos en cuestión.

Fuente: tn.com.ar

A fines de junio, la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, declaró la incompetencia del fuero federal para seguir investigando la denuncia por irregularidades en la autorización de desmontes en el Chaco. Los motivos. La resolución fue apelada y será definida por la Cámara Federal de Resistencia.

La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, declaró la incompetencia del fuero federal para continuar investigando la denuncia penal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) por irregularidades en la autorización de desmontes en zonas protegidas del Chaco, en la que se conoce como la causa por la “Mafia del Desmonte”.

A pesar del dictamen en contrario del fiscal federal Patricio Sabadini, la magistrada entendió que después de casi un año de abierta la investigación aún no se obtuvieron elementos para considerar que hubo delitos como lavado de activos u otros de competencia federal. Al contrario, para la jueza se estaría ante posibles de delitos de corrupción de funcionarios provinciales cuyas consecuencias -habilitar desmontes ilegalmente en zonas protegidas- no afectarían más allá de la provincia del Chaco, por lo que no se justifica la intervención del fuero extraordinario.

Vale recordar que entre los imputados se encuentran el exministro de Producción de Zdero, Hernán Halavacs; el exdirector de Bosques, Miguel Angel López, y el exsubsecretario de Desarrollo Forestal, Luciano Olivares, estos últimos de las gestiones peronistas. Se les atribuyen delitos como abuso de autoridad, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

Niremperger advirtió que “la hipótesis delictiva expuesta inicialmente por la fiscalía no ha mutado con el devenir de la causa, por cuanto en definitiva se mantiene como una presunta maniobra realizada por funcionarios provinciales, quienes de manera organizada y valiéndose de la función pública que ostentaban en el ámbito de la provincia del Chaco, de manera alternada, y durante determinado tiempo, habrían ejecutado acciones mancomunadas con particulares tendientes a facilitar el desmonte ilegal en perjuicio de los montes nativos ubicados en el territorio provincial y en beneficio de la actividad extractivista, a cambio de un beneficio personal para sus integrantes”.

Al declinar su competencia, Niremperger advirtió que la hipótesis delictiva “no involucra directamente intereses federales, por cuanto se circunscriben al accionar de funcionarios y legisladores de la provincia del Chaco, que aprovechándose de que los cargos que ocupaban en la órbita provincial les habría permitido regular y manejar arbitrariamente la política forestal dentro de la provincia, ya sea como autoridades de aplicación del Régimen Forestal y/o mediante su labor o influencia en el ámbito legislativo provincial, y en algunos casos de manera alternada en el ámbito privado, habrían propiciado el desmonte de los bosques nativos existentes en la provincia del Chaco, a través de la extensión indiscriminada y parcial de permisos de “cambio de uso de suelo” (desmonte) en beneficio de algunos particulares, soslayando los mecanismos legales y constitucionales para su otorgamiento; como así, mediante la promoción y sanción de una ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos provincial de carácter regresivo e inconstitucional”.

La resolución destaca que los hechos investigados se circunscriben al territorio del Chaco y corresponden al ejercicio de competencias provinciales en materia ambiental. En ese contexto, la jueza señaló que federalizar este tipo de casos sin fundamento suficiente afectaría el principio de jurisdicción natural y las atribuciones propias de las provincias.

Pese a esta decisión procesal, Niremperger reconoció la gravedad de los hechos denunciados y destacó que durante la investigación se adoptaron medidas cautelares para suspender los desmontes en la provincia. Aunque el expediente fue remitido a la Mesa Única de Ingreso de Intervención Temprana (MUIIT) de la Fiscalía Penal del Chaco para que continúe su trámite en la justicia provincial, la medida fue apelada por la Fiscalía Federal y también por la querella de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), que la acompañó con fuertes críticas a la decisión de la jueza Niremperger.

“La mafia del desmonte opera en la justicia”

A través de sus redes sociales, la AAdeAA denunció que “la Mafia del Desmonte arrasa con los bosques nativos y ahora también opera activamente para desarmar y frenar la mayor causa judicial en su contra”. En ese sentido, aseguraron que “de manera intempestiva, la Jueza Federal Zunilda Niremperger se declaró incompetente en la causa penal, sin siquiera petición de parte”.

Para los querellantes, que ya apelaron la decisión ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, la decisión de la jueza de apartarse de la causa “es sorpresiva”. En ese sentido, advirtieron que “los hechos y evidencias que surgen del proceso judicial demuestran la competencia federal de la Jueza” y denunciaron que el “verdadero motivo” de la decisión son “los poderosos intereses económico-gubernamentales que se encuentran presionando”.

Según la AAdeAA, su denuncia “es la más importante de la historia alrededor del entramado político empresarial detrás de la destrucción del monte chaqueño y es por eso que sectores de poder económico y político buscan garantizar su impunidad presionando al Poder Judicial”.

Al respecto, consideraron que en caso de confirmarse la incompetencia de la justicia federal en la causa, la investigación “se desperdigaría en numerosos juzgados locales, afectando la unidad investigativa y quedando mucho más vulnerable frente a los lobbies locales”.