Quiero expresar con total claridad que la causa judicial iniciada en la Fiscalía Federal de Sáenz Peña, impulsada por la señora Silvina Canata y sostenida con sorprendente torpeza y mala fe por el fiscal federal Carlos Amad, no es más que un capítulo más de la persecución política que impulsa el gobierno de Leandro Zdero contra el peronismo chaqueño.

La única asociación ilícita que existe en esta causa es la de Canata y Amad, con Zdero como ideólogo y jefe de la maniobra. Esta operación judicial-mediática pretende instalar una narrativa falsa, carente de pruebas, y basada en una denuncia ridícula, plagada de suposiciones, prejuicios y vínculos personales sin relevancia jurídica.

La denuncia de Canata es una hoja y media. Lo que hay detrás no es una causa judicial seria, sino un intento de criminalizar la gestión del exgobernador Jorge Milton Capitanich y de la compañera Marta Soneira, basándose en procedimientos que se ajustaron a la Ley de Tierras de la provincia. La entrega de tierras fiscales observada fue hecha por otra presidenta del Instituto de Colonización, Sheina Wassman, siguiendo todos los pasos administrativos y legales. Aún más claro: ¡las tierras siguen siendo del Estado!

Acusan de “enriquecimiento ilícito” cuando ni siquiera se titularizaron las tierras. Acusan “asociación ilícita” sin incluir a los verdaderos responsables administrativos si hubiera existido delito. Es evidente: no buscan justicia, buscan titulares.

Y yo lo digo claramente: con un fiscal como Amad, ningún ciudadano está seguro. Hoy les toca a Capitanich y Soneira, ¿pero quiénes son los próximos? ¿Cuál es el límite de este abuso? Si permitimos que se utilicen los estrados judiciales para venganzas políticas, mañana cualquier chaqueño o chaqueña puede ser víctima del mismo circo judicial.
¿Quién controla al fiscal Carlos Amad? ¿Quién lo autoriza a forzar una figura penal como la de asociación ilícita sobre actos administrativos perfectamente legales? Hacemos un llamado público al Procurador General de la Nación y a la Auditoría General del Ministerio Público Fiscal para que investiguen de oficio la conducta del fiscal Amad, por abuso de poder, falta de objetividad y actuación parcial en causas de notoria connotación política.

Leandro Zdero debería explicar por qué su gobierno no gestiona, no gobierna y solo se dedica a perseguir opositores. Porque mientras se hunde la provincia en el ajuste brutal, el hambre y el desempleo, el gobierno dedica recursos del Estado a sostener una guerra judicial contra el peronismo. No pueden tapar su fracaso con causas inventadas.

Los mismos que desfinancian la salud, despiden trabajadores, reprimen al pueblo y quitan derechos, ahora pretenden encarcelar a quienes sí hicieron. La verdad es muy simple: quieren disciplinar a quienes defienden un modelo de inclusión y justicia social. No lo van a lograr.
Invitamos a todo el pueblo chaqueño a estar alerta. Porque cuando la justicia se transforma en un arma del poder, la democracia está en peligro.

Por Raúl Bittel