Quiero expresar con total claridad que la causa judicial iniciada en la Fiscalía Federal de Sáenz Peña, impulsada por la señora Silvina Canata y sostenida con sorprendente torpeza y mala fe por el fiscal federal Carlos Amad, no es más que un capítulo más de la persecución política que impulsa el gobierno de Leandro Zdero contra el peronismo chaqueño.

La única asociación ilícita que existe en esta causa es la de Canata y Amad, con Zdero como ideólogo y jefe de la maniobra. Esta operación judicial-mediática pretende instalar una narrativa falsa, carente de pruebas, y basada en una denuncia ridícula, plagada de suposiciones, prejuicios y vínculos personales sin relevancia jurídica.

La denuncia de Canata es una hoja y media. Lo que hay detrás no es una causa judicial seria, sino un intento de criminalizar la gestión del exgobernador Jorge Milton Capitanich y de la compañera Marta Soneira, basándose en procedimientos que se ajustaron a la Ley de Tierras de la provincia. La entrega de tierras fiscales observada fue hecha por otra presidenta del Instituto de Colonización, Sheina Wassman, siguiendo todos los pasos administrativos y legales. Aún más claro: ¡las tierras siguen siendo del Estado!

Acusan de “enriquecimiento ilícito” cuando ni siquiera se titularizaron las tierras. Acusan “asociación ilícita” sin incluir a los verdaderos responsables administrativos si hubiera existido delito. Es evidente: no buscan justicia, buscan titulares.

Y yo lo digo claramente: con un fiscal como Amad, ningún ciudadano está seguro. Hoy les toca a Capitanich y Soneira, ¿pero quiénes son los próximos? ¿Cuál es el límite de este abuso? Si permitimos que se utilicen los estrados judiciales para venganzas políticas, mañana cualquier chaqueño o chaqueña puede ser víctima del mismo circo judicial.
¿Quién controla al fiscal Carlos Amad? ¿Quién lo autoriza a forzar una figura penal como la de asociación ilícita sobre actos administrativos perfectamente legales? Hacemos un llamado público al Procurador General de la Nación y a la Auditoría General del Ministerio Público Fiscal para que investiguen de oficio la conducta del fiscal Amad, por abuso de poder, falta de objetividad y actuación parcial en causas de notoria connotación política.

Leandro Zdero debería explicar por qué su gobierno no gestiona, no gobierna y solo se dedica a perseguir opositores. Porque mientras se hunde la provincia en el ajuste brutal, el hambre y el desempleo, el gobierno dedica recursos del Estado a sostener una guerra judicial contra el peronismo. No pueden tapar su fracaso con causas inventadas.

Los mismos que desfinancian la salud, despiden trabajadores, reprimen al pueblo y quitan derechos, ahora pretenden encarcelar a quienes sí hicieron. La verdad es muy simple: quieren disciplinar a quienes defienden un modelo de inclusión y justicia social. No lo van a lograr.
Invitamos a todo el pueblo chaqueño a estar alerta. Porque cuando la justicia se transforma en un arma del poder, la democracia está en peligro.

Por Raúl Bittel

La asociación de abogados ambientalistas denuncia que el ministro o un familiar directo de Dudik estaría vinculado a un desmonte cuando ya estaba vigente la cautelar impuesta por la jueza Zunilda Niremperger

🧨🧨Tras la escandalosa salida del primer ministro de la Producción de Leandro Zdero, Hernán Halavacs por estar implicado en desmontes ilegales, ahora es el tuno de Dudik. ¿Otra vez el zorro al cuidado del gallinero?

Lo que denuncian los abogados ambientalistas es que Dudik posee o poseia un campo en el cual se habria realizado un desmonte ilegal cuando ya estaba vigente la cautelar de la Jueza Niremperger. Si bien en los pasillos del ministerio se afirma que dicho campo ya no pertenece al ministro, en las actuaciones administrativas iniciadas se debería haber presentado la documentación que acredite la transferencia del predio, en vez paralizar su tratamiento e incluso archivarlas.

La sospecha tiene razón de ser: el expediente quedó parado ahí, no le dieron trámite directamente. Inclusive, antes de asumir este cargo, ya tendría que haberse desvinculado de este expediente. Si lo vendió, se presenta los papeles, y el tema se cierra. Pero eso no se hizo, argumentan.

En definitiva, los ambientalistas señalan que Dudik o un familiar directo estaría vinculado a un desmonte cuando ya estaba vigente la cautelar impuesta por la jueza Zunilda Niremperger.

Vale recordar que la Justicia Federal de Resistencia ordenó suspender los desmontes en los bosques de Chaco en agosto del año pasado. Así lo decidió en ese entonces Niremperger al hacer lugar a una medida cautelar. Consideró el daño inminente e irreversible que podría ocasionarse al ecosistema de continuarse con los actos de desmontes.

Lo loco de todo esto es que Dudik se hizo el ofendido ante las investigaciones de los ambientalistas. En lugar de enojarse, el ministro debe dar explicaciones si es otro Halavacs. O sea, digamos, si no es otro zorro al cuidado del gallinero.

El Ministerio de Producción y Desarrollo Sostenible del Chaco envió una carta documento a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas intimándola a que “cese de manera inmediata en toda declaración pública o manifestación que involucre acusaciones contra el Gobierno provincial” o sus políticas ambientales y que en 48 horas presente pruebas sobre sus afirmaciones públicas.

En respuesta a la denuncia penal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) sobre desmontes ilegales en la provincia conocida como la causa por “La Mafia del Desmonte”, el gobierno del Chaco decidió contraatacar amenazando con una mordaza legal para los denunciantes.

Según informó el portal Agro Perfiles el ministro de Producción, Oscar Dudik, envió una carta documento a la AAdeAA exigiendo, en un plazo de 48 horas, que retiren todas las acusaciones contra el gobierno y presenten pruebas técnicas que respalden sus afirmaciones. En el texto, advierten con acciones legales —civiles, penales y administrativas— si no cumplen con el requerimiento.

“Lo/los intimo formalmente a que cese, de manera inmediata, en toda declaración pública o manifestación que involucre acusaciones contra el Gobierno Provincial, sus funcionarios o sus políticas ambientales; se abstengan de divulgar cualquier tipo de información falsa; y a que, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles posterior a la recepción de la presente, aporte el material técnico, documental probatorio u otros que respalde esas afirmaciones vertidas en sus presentaciones públicas”, señala la carta documento dirigida a la AAdeAA, que preside el abogado Enrique Viale, querellante en la causa por la “Mafia del Desmonte”.

Uno de los puntos más graves de la intimación exige a los ambientalistas “ratificar y probar” sus denuncias sobre “poderosos intereses económicos-gubernamentales” que habrían presionado a la jueza federal Zunilda Niremperger para que se declare incompetente en causas ambientales. El gobierno chaqueño amenaza con demandar por “daños a la imagen institucional” si no aportan evidencias.

En la misiva, el gobierno niega toda responsabilidad y tilda las denuncias de “discursos extremistas” y “narrativas carentes de rigor técnico”, asegurando que sus políticas son “sustentables y respetuosas de la ley”. Sin embargo, organizaciones ambientales insisten en que el avance de los desmontes ilegales sigue siendo una realidad alarmante en la provincia, con complicidad estatal.

Actualmente, la causa por la “Mafia del Desmonte” se encuentra a la espera de que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revise la apelación de la Fiscalía Federal de Resistencia y de la querella de la AAdeAA contra la resolución de la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, que declaró la incompetencia del fuero federal.

Mientras el gobierno chaqueño intenta judicializar la protesta ambiental, las dudas persisten: ¿Qué busca ocultar con estas intimidaciones?

REvista Litigio