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Capitanich recordó a los radicales que votaron el endeudamiento en 2016 “siguiendo la receta del ‘Messi de las finanzas’”

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El exgobernador Jorge Capitanich escrachó a los diputados radicales que actualmente integran el gobierno de Zdero y en esa época votaron el endeudamiento de la provincia en moneda extranjera. Habló de un “pacto” con Macri para capitalizar el Banco Central, y anticipó que esta gestión “terminará en la peor catástrofe financiera”.

En sus redes sociales, el actual diputado provincial electo compartió un flyer en el que se destacan las imágenes de los exlegisladores Irene Dumrauf, quien actualmente preside el Insssep; Gustavo Corradi, subsecretario de Gobierno hasta mayo, hoy secretario Parlamentario; Marilyn Canata, presidenta del Instituto de Tierras Fiscales; Hugo Domínguez, ministro de Infraestructura; Livio Gutiérrez, secretario de Coordinación de Gabinete, y Carim Peche, quien todavía funge como legislador.

Refutó las declaraciones de funcionarios del gobierno de Leandro Zdero respecto a la “deuda heredada” de administraciones anteriores: “Otra mentira más del gobierno de Zdero, aliado y cómplice de Macri (hoy de Milei), que en 2016 pactó para que sus diputados de Cambiemos votaran a favor del endeudamiento en moneda extranjera. Todo siguiendo la receta del “Messi de las finanzas” —el inefable Toto Caputo— y de Sturzenegger (sí, los mismos que hoy vuelven a escena)”.

“Fueron ellos quienes obligaron a las provincias a tomar deuda externa para capitalizar las reservas del BCRA. Es exactamente lo mismo que intentan ahora… con la diferencia de que hoy, nadie les presta un dólar afuera”, aseveró.

El exmandatario comparó la forma en que se administraron las deudas preexistentes en sus gestiones y en la actual: “Nosotros hicimos lo contrario: desendeudamos la provincia. Recibimos un “regalito” de las gestiones anteriores por 1.457 millones de dólares y lo bajamos a 247 millones en noviembre de 2023. En plena pandemia reestructuramos la deuda, logramos una adhesión del 94 % de los acreedores externos y conseguimos ahorrar 212 millones de dólares, aprovechando un contexto que permitió reducir las tasas de interés”.

“Ellos, en cambio, no pagan con fondos propios: pagan con deuda más cara, producto de una pésima administración que ya acumula, por todo concepto, 500 millones de dólares y que terminará en la peor catástrofe financiera. Porque la reputación de la provincia no se defiende mintiendo, sino administrando bien. Y hoy el déficit fiscal, de seguir así, en dos años llegará a 600.000 millones de pesos en pesos constantes, es decir, casi 500 millones de dólares”.

Finalmente, ironizó: “¿De verdad creen que van a poder resolver solos el berenjenal en el que se metieron? Ah! PD: a la cláusula gatillo la hubieran podido pagar si no se la hubieran “patinado”, háganse responsables!”.

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Presidencia de La Plaza: “Con lo poco que ingresa, hacemos maravillas”, aseguró el intendente

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En los estudios de CIUDAD TV, el intendente de Presidencia de La Plaza, Diego Bernachea, habló sobre la situación financiera, administrativa y de servicios del municipio, el impacto de la baja de la coparticipación en las localidades del interior chaqueño y el escenario político de cara a las elecciones legislativas. “Es un periodo complicado, muy complejo para las administraciones en general, pero particularmente para los municipios”, afirmó.

“Es un periodo complicado, muy complejo para las administraciones en general, para los gobiernos provinciales, pero particularmente para los municipios. Tenemos una particularidad: somos la primera puerta que la gente golpea”, expresó el jefe comunal.

Señaló que, además de las obligaciones básicas como la recolección de residuos y la limpieza, el municipio atiende problemas de instituciones locales. “Si hay un problema en alguna Escuela, vamos a atenderla, ayudarla, y todo con los mismos recursos que llegan a ingresar. En este tiempo los fondos se han reducido enormemente y principalmente repercute mucho la baja en concepto de coparticipación, que es de lo que más dependemos”.

Bernachea explicó que la caída en la actividad económica incide directamente en los ingresos: “No hay plata en la calle, los comercios venden menos, las industrias producen menos y eso es menos recaudación y, por ende, menos ingreso en concepto de coparticipación”. También remarcó que la recaudación propia está afectada: “En un momento difícil como este, la gente primero va a comer, después se va a vestir, después va a tratar de pagar el agua y la luz y recién después un impuesto inmobiliario o tasa de servicio”.

Frente a la reducción de recursos, sostuvo que a nivel local “con lo poco que ingresa hacemos maravillas” y que la gestión debió aplicar ajustes y recortes. “No podemos atender algunas cosas que en otro momento sí hacíamos para con la comunidad, inclusive necesidades importantes de instituciones o familias, porque no tenemos los fondos en ese momento”.

El jefe comunal recordó que desde 2015 mantuvo superávit todos los meses, salvo en mayo y parte de junio de este año. “Hoy estamos solventando gastos extras y haciendo obras menores o mejoras de infraestructura con nuestros ahorros de años anteriores, que invertimos para sostener el poder adquisitivo y generar rendimiento. Esa reserva nos permite salir de la situación”, afirmó. Además, aseguró que “estamos pagando a los empleados municipales en tiempo y forma” y que hubo incrementos salariales en marzo y abril.

Respecto del sector productivo, describió un panorama dispar. “El departamento Presidencia de La Plaza es ganadero, forestal e industrial. La industria maderera es muy importante y la demanda ha caído, eso repercute en menos movimiento y menos trabajo. Otros sectores como la metalúrgica, la construcción y el comercio también están resentidos”, indicó. Sobre la ganadería, dijo que “se sostiene por el precio internacional de la carne, pero venimos de años de sequía y recién se está tratando de recuperar lo perdido”.

Proceso electoral camino a octubre

En el plano político, adelantó que este sábado se realizará en el Club Comercio el Congreso Provincial del Partido Justicialista. “Me toca ser nuevamente anfitrión, organizador y hacer la apertura protocolar. Quizás será la síntesis de todo este trabajo de consenso que se viene gestando. Se están generando los consensos adecuados y creo que eso va a ser la base para la gran victoria que vamos a tener el 26 de octubre”, afirmó de cara al cierre de listas el domingo.

Bernachea también llamó a la ciudadanía a votar en las legislativas del 26 de octubre: “Es una elección nacional, se elige nada más y nada menos que a nuestros representantes en Diputados y senadores. La gente tiene que ir a decir que esto así no puede continuar y hacer un llamado de atención al gobierno nacional actual”. Consideró que “naturalmente la gente va a ir a votar más que en las provinciales de mayo” porque “quiere expresar su desacuerdo con lo que viene llevando adelante el presidente Milei, que resiente mucho al norte del país”.

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Ángel Sánchez cuestionó la desvinculación voluntaria en el Municipio: “acorralan al empleado para que renuncie”

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El concejal de Resistencia por el CER, Ángel Sánchez, expresó su rechazo al programa de desvinculación voluntaria aprobado recientemente en el Concejo, impulsado por el intendente Roy Nikisch.

Según explicó en 7AM, la medida establece que los trabajadores que renuncien recibirán una suma de alrededor de 15,6 millones de pesos, equivalentes a 50 salarios mínimos, pero a cambio perderán obra social, aportes jubilatorios y la posibilidad de volver a trabajar en el municipio.

Sánchez argumentó que la iniciativa se da en un contexto de salarios municipales muy bajos, falta de aumentos, endeudamiento generalizado y situaciones de vulnerabilidad que incluyen problemáticas de adicciones y salud mental.

En ese escenario, advirtió que muchos empleados podrían aceptar la propuesta por desesperación económica, pese a que la suma recibida no garantizaría una solución a largo plazo. “No le cuentan la letra chica al trabajador”, señaló.

El edil negó que en el municipio exista “personal de más” y sostuvo que la medida no busca mejorar los sueldos de quienes permanezcan en planta, sino reducir la cantidad de trabajadores sin un plan claro de financiamiento.

También reclamó la reactivación del sindicato de municipales, hoy sin representación efectiva, para que los empleados puedan defender sus derechos frente a lo que consideró una estrategia de ajuste disfrazada de beneficio.

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Revés judicial para Milei: suspenden el DNU que habilita el corte de agua por falta de pago

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La justicia suspendió la aplicación del decreto del gobierno libertario en cuanto dispuso la posibilidad de cortar el suministro de agua potable en caso de falta de pago. Se trata de una medida cautelar dictada por la jueza federal de San Martín, Martina Forns, en la que cuestionó severamente los artículos del decreto 493/25 que permiten el corte del servicio. ”Es abusivo”, advirtió.

Para la jueza es “improcedente el cese del suministro de agua potable cuando la morosidad del usuario obedezca a una situación de vulnerabilidad social o cuando se trate de personas que, por sus condiciones particulares, ameriten una especial tutela jurídica al encontrarse en imposibilidad real de pago”.

Por ello hace especial referencia a la protección de adultos mayores y niños y personas con discapacidad, por lo que dispuso que deberá restablecer el servicio si se hubiese cortado. La acción fue interpuesta por Unión de Usuarios y Consumidores y Consumidores Libres Coop. Ltda. de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria contra el Estado Nacional, Ministerio de Economía.

Los accionantes pidieron que se declare la nulidad absoluta e inconstitucionalidad del inciso p) del artículo 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 493/2025, del artículo 81 del Anexo I y del artículo 37 del Anexo II del mencionado decreto.

Dicha modificación consiste en la posibilidad de interrumpir, por falta de pago, la prestación de los servicios de provisión de agua potable y de desagües cloacales a los usuarios residenciales.

El inciso del artículo cuestionado del decreto 493/25 del PEN dice “Podrá efectuar el corte del servicio en caso de mora, conforme los términos y condiciones establecidos en el artículo 81 del presente Marco Regulatorio ”.

El anexo establece que el corte del Servicio Público procederá por falta de pago de una factura con una mora de como mínimo, SESENTA (60) y QUINCE (15) días para los Usuarios residenciales y no residenciales, respectivamente, contados a partir de su segundo vencimiento.

Cortar el agua supone “una regresión normativa”

Para los usuarios de los servicios de agua y desagües cloacales, tales disposiciones imponen “una regresión normativa que afecta al medio ambiente en general y en forma directa a la vida, salud y seguridad de los usuarios alcanzados por la norma cuestionada que es abiertamente inconstitucional, violatoria de los derechos humanos y de convenciones y pactos a los que la Nación adhirió”

La magistrada remarcó que “el acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, razón por la cual debe ser tutelado por los jueces”
En el fallo recordó que en la gran mayoría de los instrumentos internacionales se menciona la tutela del derecho de la población al agua potable.

En ese sentido señaló por ejemplo que la resolución A/RES/64/292, del 30/07/2010, de Naciones Unidas, declaró el derecho al agua potable y el saneamiento como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

Citó además la “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” (1979), también la “Convención sobre los Derechos del Niño”.

Jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el servicio de agua

La jueza Forns citó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses y otros s/ amparo”, del 2/12/2014, que reconoció de manera explícita el derecho humano al acceso al agua potable.

Ese fallo destacó que dicho acceso incide de forma directa sobre la vida y la salud de las personas, por lo que su tutela judicial resulta indispensable.

Citó otros fallos que advierten que la suspensión del suministro de agua potable frente a una situación de mora constituye, en las circunstancias del caso, un “uso abusivo” de una facultad legal, que deviene irrazonable y, por ende, inconstitucional.

Finalmente hizo lugar a la cautelar y ordenó al Estado que “suspenda la aplicación del -en el caso, el Decreto de inciso p) del artículo 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 493/2025, del artículo 81 del Anexo I y del artículo 37 del Anexo II del mencionado decreto- para todos los inmuebles en el que se prevé aplicar el corte en la provisión de agua potable y desagües cloacales”

Ello hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

 

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