En doce sentencias dictadas este lunes, la Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativa hizo lugar a las acciones de lesividad impulsadas por el actual intendente de Resistencia, Roy Nikisch, contra los nombramientos de personas en jefaturas y direcciones municipales durante el último tramo de la gestión de Gustavo Martínez.

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró nulas las titularizaciones en cargos jerárquicos de doce empleados de la Municipalidad de Resistencia avalando así las acciones de lesividad impulsadas por el intendente radical Roy Nikisch al considerar que existieron vicios en más de 650 designaciones realizadas en los últimos meses de la gestión municipal anterior.

Los fallos, que llevan las firmas de las juezas Natalia Prato Stoffel y Geraldine Varas, exponen la falta de subrogancias previas, ausencia de partidas presupuestarias y violaciones al Estatuto Municipal.

“No es posible pasar por alto actos que afectan derechos de otros agentes y la capacidad administrativa del Municipio”, señalan las sentencias, a las que tuvo acceso LITIGIO, que respaldan un informe de la Comisión Revisora -creada por Nikisch- que calificó las designaciones como “contrarias al orden público”.

Los casos

Al asumir su gestión, el intendente radical Roy Nikisch impulsó una batería de acciones de lesividad contra distintas medidas tomadas durante el último tramo de gobierno de su antecesor Gustavo Martínez vinculadas a nombramientos en cargos jerárquicos y pases a planta permanente a personal del Municipio.

En estos doce expedientes, la Cámara Contenciosa declaró la nulidad de la Resolución N° 3347/23, que en noviembre de 2023 había designado masivamente a 303 empleados en cargos jerárquicos sin cumplir con los requisitos legales. En la mayoría de los casos, los nombrados no habían subrogado previamente los cargos, tal como argumentaba la resolución que los promovió.

Los fundamentos 

Las juezas Natalia Prato Stoffel y Silvia Geraldine Varas determinaron que las designaciones se basaron en hechos falsos, por ejemplo, subrogancias inexistentes, lo que configura nulidad absoluta según el art. 126 de la Ley 179-A. Además, advirtieron que las ordenanzas municipales que intentaron convalidar las designaciones no sanearon los vicios de origen. La Cámara citó precedentes que invalidan “leyes ratificatorias” de actos inconstitucionales.

En ese contexto, las magistradas consideraron que las irregularidades afectaron el interés público y violaron el principio de igualdad entre empleados, ya que beneficiaron a agentes sin mérito.

En todos los casos, los agentes promovidos deberán dejar sus jefaturas y direcciones y mantendrán sus puestos de trabajo correspondientes. A su vez, el Municipio deberá revisar las demás designaciones anuladas y reasignar los cargos conforme a la ley.

LITIGIO

“Este volumen de contrataciones presenta características y sobreprecios que se adaptan especialmente a prácticas ilegales utilizadas para ‘hacerse de fondos públicos’ por parte de funcionarios a cargo”, sentenció el edil.

Bolatti mencionó que al inicio de la gestión, Nikisch optó por afectar los recursos a la adquisición de maquinaria y camiones necesarios para la prestación de servicios del municipio. “Algo que, de no ser por cómo se realizaron las operaciones, habríamos estado de acuerdo, ya que desde el segundo semestre 2024 a la fecha se adquirieron con procedimientos irregulares más de 50 equipos”, señaló.

“Sin embargo, llamativamente, en febrero de 2025 la gestión resuelve licitar el alquiler de 138 equipos por 6 meses, poniendo como presupuesto oficial de referencia una suma superior a los 9.000 millones de pesos. Una desproporción que permite ver irregularidades, ya que comprar 69 equipos nuevos para el municipio, o alquilar estos 69 equipos por un plazo de 12 meses (igual que 138 equipos por 6 meses) requieren la misma cantidad de recursos públicos. Es decir que, el Intendente podía optar por afectar esos 9 mil millones de pesos a adquirir 69 equipos cero km en forma definitiva para el Municipio, pero no lo hizo. En vez de comprar, decidió alquilar”.

“Este valor alcanza para alquilar o comprar, lo que deja ver implícitamente el elevado valor del alquiler, el que normalmente se calcula teniendo en cuenta el valor de adquisición, al que se lo divide normalmente en 36 meses para llegar a un valor mensual promedio de alquiler”, precisó el edil.

Estos precios elevados, tanto en compras como en alquileres, marcan una diferencia en detrimento del patrimonio municipal, y en favor de quienes intervienen en la operación, pero que además pueden verse reflejados en otros aspectos, y en este caso se expresan también en:

1-Tipo de contrato: Se utilizó la modalidad más desfavorable para el Municipio y la más rentable para los proveedores o prestadores.
2-Sobreprecios: La comparación con otras administraciones municipales evidencia un claro sobrecosto.
3-Presupuesto: No figura como parte de un plan de trabajo, a pesar de implicar el gasto más elevado del presupuesto en un solo mes.
4-Ejecución dudosa: No se observa en el territorio un despliegue de maquinaria que justifique semejante contratación.

1-Tipo de contrato utilizado
Podemos sintetizar en tres tipos o modelos de diseño. Uno, ‘el alquiler o compra de horas de máquina’. donde se adquiere un número determinado de horas para usar dentro de un plazo acordado. Otro, es el ‘alquiler con horario fijo’, es decir, se alquilan las máquinas por días y horarios específicos (ej. lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 hs), generalmente por varios meses. Y un tercer tipo, ‘full time’: las máquinas se alquilan por meses, con disponibilidad total las 24 horas del día. Este último es el tipo de contrato elegido por el Municipio para el alquiler de las 138 máquinas y equipos. Una modalidad que no requiere certificación, ya que el Municipio mantiene la posesión durante todo el período de alquiler. Para el prestador, es el contrato más rentable, ya que el equipo está alquilado todo el día, y se paga aunque no se use.

2-Sobreprecios
En el siguiente cuadro [Cuadro2] se puede observar distintos casos reales de alquileres de equipos y máquinas en otros municipios del país, con tipos de condiciones distintas (relacionado con el punto anterior), detallando para cada caso el costo mensual, diario y por hora, de cada rango, lo que permite comparar costos en forma homogénea.

Se muestran los valores mensuales, diarios y por hora, y en la última columna, el costo total que cada Municipio pagará por 6 meses, considerando igual disponibilidad del equipo.
En cualquiera de los casos, el alquiler adjudicado por Nikisch resulta ser el más costoso. Para que sea comparable con los demás, las máquinas deberían utilizarse casi 20 horas por día. Aun así, su precio duplica o triplica el de otras gestiones, para un mismo servicio.

3-No está previsto en el Presupuesto. No hay un plan de trabajo publicado
La ausencia del gasto en el Presupuesto y la falta de un plan de trabajo publicado evidencian una desconexión entre la planificación y la realidad. La sanción del Presupuesto, con solo seis votos cuando se requerían más, y su diseño general muestran una intención clara de ocultar información clave: partidas, superávit y operaciones sustanciales como el alquiler de maquinaria, que representa casi el 10% de los ingresos anuales.

El uso de la partida “Trabajo Público” y otras como “Bienes y Servicios no Personales” parece haber sido una estrategia para esconder excedentes, que luego se redistribuyen arbitrariamente gracias a los “superpoderes” que se autoasignaron, modificando y redistribuyendo y desdibujando la planificación inicial, publicada y debatida hacia la comunidad, principal objetivo que marca la Carta Orgánica al establecer el carácter participativo del Presupuesto que, no solo se incumple al no generar el mecanismo de participación ciudadana, sino que lo poco que se presenta, no constituye un plan de acción y ejecución de recursos previsto, incumpliendo con ello también el rol de autorización previa del Concejo al Ejecutivo, así como desvirtuando cualquier control que se quiera hacer.

4-Ejecución Dudosa. La inexistencia física de esas máquinas en el territorio
Durante marzo, abril y mayo – meses de ejecución de los contratos licitados – no se evidenció la presencia de los 138 equipos alquilados atendiendo las demandas de vecinas y vecinos de la ciudad. Un número que triplica la capacidad operativa municipal con equipos propios, y que es mayor si se suma de los de Vialidad y empresas que ejecutan obras. Esa magnitud haría imposible no notar su actividad, con camiones y maquinaria trabajando las 24 horas. Sin embargo, la ausencia es notoria.

Esto sugiere que el Municipio está pagando un servicio excesivamente costoso, cuya contratación no surge de una necesidad demostrada ni presupuestada. Queda clara la decisión política de avanzar en perjuicio económico del Municipio y, por lo tanto, de toda la ciudad.

El intendente de Resistencia, Roy Abelardo Nikisch, y el Concejo Municipal siguen retaceando documentación a la justicia provincial por lo que volvieron a ser intimados para que aporten la información referida a la sanción de la Ordenanza General Tributaria del año 2024 que fue judicializada por los concejales opositores que reclaman que se la declare inconstitucional por haber sido aprobada con seis votos -en una sesión “especial” realizada el 22 de diciembre de 2023- y no por los dos tercios requeridos por la Carta Orgánica Municipal.

Lo llamativo es la parsimonia con la que se desenvuelve en este caso la Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativa, que integran las juezas Natalia Prato y Geraldine Varas, ya que la acción de amparo con medida cautelar impulsada por los concejales Fabricio Bolatti, Lucila Masín, Soledad Villagra, Guillermo Monzón y Angel Sánchez está caratulada con el Nº 1/24. Es decir, fue la primera presentación realizada ante ese tribunal en lo que va del año y se encamina a ser declarada abstracta dados los tiempos dilatorios que se manejan, más allá de que hay fallos previos de ese mismo tribunal que le darían la razón a los ediles opositores.

Es el mismo tribunal que falló expeditivamente en favor de la actual gestión radical avalando la declaración de lesividad de casi todos los pases a planta del último tramo del exintendente Gustavo Martínez, incluyendo el de trabajadoras que se encontraban atravesando licencia por maternidad, como ya se informara en notas anteriores de LITIGIO.

Transcurridos ya tres meses del primer oficio enviado para requerir la documentación, tanto el Municipio y como el Concejo Municipal han hecho caso omiso al mandato judicial. En ese contexto, los concejales opositores le reclamaron al tribunal que avance con una resolución del caso y, así, las juezas de la Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativa enviaron nuevos oficios reiteratorios al Municipio y al Concejo Municipal. Mientras tanto, el tiempo transcurre y los efectos de la ordenanza presuntamente inconstitucional se siguen sintiendo en los alicaídos bolsillos de los contribuyentes de la ciudad de Resistencia percibiéndose como el Poder Judicial aplica dos temporalidades cuando se trata de tramitar casos a favor o en contra del poder político municipal.