Politica
Una cautelar impide al gobierno de Zdero cerrar una escuela para jóvenes del pueblo Wichí del Chaco
Tras una medida cautelar que le ordenó restituir el aporte financiero interrumpido desde agosto a la institución educativa de General Vedia, el gobierno de Leandro Zdero decidió cerrar la institución. Ante el nuevo hecho, el Juzgado Civil 21 de Resistencia resolvió ampliar la cautelar para evitarlo y sostener la unidad educativa ubicada en General Vedia para garantizar la continuidad educativa de las niñas, niños y adolescentes del pueblo Wichí.
El Juzgado Civil y Comercial N° 21 de Resistencia amplió una medida cautelar que le ordenó al gobierno de Leandro Zdero suspender inmediatamente la clausura de la Unidad Educativa de Gestión Privada (UEGP) N° 144 “Padre Severiano”, ubicada en General Vedia, cuya matrícula está compuesta en su totalidad por niñas, niños y adolescentes del pueblo Wichí.
La resolución del juez Julián Flores, dictada el pasado 30 de octubre, responde a un nuevo acto administrativo del Ministerio de Educación del Chaco, a cargo de la ministra Sofía Naidenoff, que ordenaba el cierre de todos los niveles y servicios de la escuela, apenas tres días después de haber sido notificado de una cautelar anterior que garantizaba su financiamiento.
El fallo del juez Flores consideró que la Resolución firmada por Naifenoff emitida el 24 de octubre, colisionaba abiertamente con la tutela judicial concedida el 21 de octubre, que disponía el mantenimiento de los aportes estatales y el funcionamiento regular del establecimiento. La nueva medida administrativa, que disponía la clausura inmediata, la desafectación de la planta docente subvencionada y la reubicación de los estudiantes, fue calificada como un acto que tornaba “ilusoria” la protección judicial ya otorgada.
El tribunal destacó que la clausura representaba un “perjuicio irreparable” para la comunidad educativa, especialmente en el último trimestre del ciclo lectivo. Subrayó que implicaría la interrupción abrupta de la educación, el desarraigo de los estudiantes, la pérdida de la documentación escolar y un fuerte impacto simbólico y comunitario en un colectivo hipervulnerable. La escuela atiende de manera integral —con servicios educativos, alimentarios, sanitarios y de contención— a una matrícula compuesta en un 100% por niñas, niños y adolescentes de la etnia Wichí.

Al ampliar la cautelar, el juez aplicó con rigor los principios de protección a los derechos constitucionales y convencionales, privilegiando el derecho a la educación, la igualdad y el interés superior del niño por sobre la ejecutoriedad del acto administrativo impugnado. Se ordenó al Ministerio de Educación mantener el funcionamiento regular de la UEGP N° 144, incluyendo la transferencia de subvenciones y el pago de cargos docentes según la planta aprobada, en los mismos términos fijados en la resolución del 21 de octubre.
La decisión judicial, que se mantendrá vigente hasta que se resuelva la acción de amparo principal, evita así la interrupción de un proyecto pedagógico y comunitario esencial para una de las poblaciones más vulnerables de la provincia, reafirmando el rol del Poder Judicial como garante de derechos frente a actos administrativos desproporcionados.
No obstante, el Ministerio de Educación, a través de la Fiscalía de Estado, buscará que la medida se revertida por otro tribunal para poder avanzar con el cierre del establecimiento.

El conflicto
En menos de diez días, el Ministerio de Educación del Chaco pasó de dejar de financiar a la UEGP Nº 144 de General Vedia a cerrarla. En el interín, una medida cautelar del Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, a cargo del juez Julián Flores, le había ordenado restituir los aportes retenidos para el pago de sueldos del personal de la UEGP Nª 144 correspondientes a los meses de agosto y septiembre de este año.
Ahora, el mismo juez hizo lugar a la ampliación de la medida cautelar para suspender la resolución del Ministerio de Educación que decidió cerrar la institución educativa gestionada por la Fundación Valdocco el mismo día en que fue notificada de que debía restablecer los aportes.
El conflicto se originó cuando el Ministerio de Educación de la provincia del Chaco retuvo sin previo aviso los aportes correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2025, por un monto total de $177.429.266,99. La medida se basó en un informe preliminar que señalaba observaciones sobre el personal, y posteriormente fue formalizada mediante una disposición que iniciaba un sumario administrativo.
La UEGP N° 144 es un establecimiento subvencionado cuya matrícula está compuesta en un 100% por alumnos de la etnia Wichí. La institución no solo brinda educación en diversos niveles y modalidades, sino que también ofrece un régimen residencial que incluye alimentación, atención sanitaria y contención frente a adicciones, siendo completamente gratuita para sus estudiantes.
Revista Litigio
Politica
Los franquistas Tillard y Rolandi se hacen los distraídos para que no los echen
El titular del Banco Nación dice que echó a 2000 empleados para congraciarse con Milei. El vicejefe de gabinete, otro hombre de Eurnekian en peligro.
La caída de Guillermo Francos dejó desamparado a un grupo de funcionarios de alto rango que ahora busca volar abajo del radar para salvarse del despido.
El nuevo jefe de gabinete, Manuel Adorni, aún no definió que hará con José Rolandi, el vicejefe “ejecutivo”. Rolandi había llegado a la administración libertaria de la mano de Nicolás Posse, con quien trabajó en la Corporación América de Eduardo Eurnekian.
Tras la salida violenta de Posse de la jefatura de gabinete en los primeros meses del gobierno de Milei, Rolandi se salvó por su rol en la negociación para que el Congreso sancionara la ley Bases. También tejió un buen vínculo con Francos, otro ex Corporación América, que incluso lo ascendió.
Durante el segundo año de mandato de Milei, Rolandi cultivó un perfil mucho más bajo y no por iniciativa propia: Karina Milei lo corrió de su despacho en la Rosada y lo eliminó del chat de funcionarios.
Ahora, Francos pedirá por la continuidad de Rolandi en la reunión de transición que tendrá este martes con Adorni. El objetivo principal es no enojar tanto a Eurnekian, que ya perdió con la salida de Posse, con la de Francos y podría quedarse sin otro ministro si se va Mariano Cúneo Libarona, quien fuera su abogado en diversas causas. “Eurnekian no necesita interlocutores con el presidente”, dijeron a LPO allegados al empresario.
El franquista presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, es otro de los funcionarios que teme por su continuidad. En las últimas horas, Tillard filtró que el Nación se desprendió de 2000 empleados para congraciarse con la voracidad ajustadora de Milei. Pero en el gobierno aseguran que el cordobés, otro protegido de Francos, se tiene que ir.
Daniel Scioli, secretario de Deportes, Turismo y Ambiente, es otro de los funcionarios que quedó a la intemperie con la salida de Francos. Su destacado pero infructuoso rol en la guerra contra los carpinchos de Nordelta no le sirvió para conseguir selfies en el búnker de La Libertad Avanza, la noche de la elección. “El Pichichi está en modo figuretti, pero nadie quería salir en la foto con él”, dijo a LPO una de las personas que esquivó los flashes con el ex motonauta en el Hotel Libertador.
La otra incógnita que atraviesa el gobierno es qué pasará en el directorio de YPF que integran tanto Francos como Rolandi y si cobrarán los millonarios honorarios que perciben los directores. En el Ejecutivo aseguraron a LPO que hasta el momento Francos no presentó la renuncia al directorio y que tampoco está obligado a renunciar, salvo que él lo decida o se lo pida el Poder Ejecutivo. Por ahora, el Ejecutivo sigue con la misma representación.
Politica
Echan a la mano derecha del ministro Lugones en un golpe a Macri
Cecilia Loccisano, la ex mujer del macrista Jorge Triaca, era la que manejaba los recursos del área de Salud.
El gobierno echó a Cecilia Loccisano, la viceministra de Mario Lugones, en un golpe directo a Mauricio Macri.
Loccisano era la Secretaria de Gestión Administrativa del ministerio de Salud y quien manejaba los recursos de la cartera. La habían puesto además a cargo de los conflictos del Hospital Garrahan y el Posadas.
La funcionaria saliente es la ex esposa de Jorge Triaca, el ex ministro de Trabajo de Macri, que era impulsado por el líder del PRO para sumarse al gabinete de Javier Milei antes de que se tensara al máximo la relación entre ambos.
Macri quiere meter a Triaca, Dietrich y Etchevehere en el gabinete
Loccisano había entrado a Salud durante la gestión de Mario Russo, antecesor de Lugones, impulsada por su hijo Rodrigo Lugones. Su llegada había sido una intervención feroz sobre Russo, que se terminó yendo del ministerio tras no soportar el control paralelo que ejercía el sector que lidera Santiago Caputo.
Fuentes del gobierno dijeron a LPO que la salida de Loccisano, que estaba agotada de la gestión, se debe especialmente a sus vínculos con Macri.
Las mismas fuentes confirmaron a LPO que el sucesor de Loccisano es “cien por ciento de Rodrigo y Santiago Caputo”.
En efecto el nuevo secretario de Gestión Adininistrativa es Guido Giana, que pasó por el Pami y antes por el Sanatorio Guemes, la empresa de la que Mario Lugones es socio.
Otra señal de la extrema tensión entre los libertarios y el líder del PRO se dio este lunes cuando, como anticipó LPO, se conoció que Diego Santilli no jurará aún como ministro del Interior para impedir que asuma en su lugar en Diputados un hombre de Macri.
Politica
Bullrich se mostró con Cecilia Pando y repuso nombres de represores en las escuelas de policía
Antes de dejar el Ministerio de Seguridad, decidió reivindicar a Ramón Falcón –asesino de obreros a principios del siglo XX– y a Alberto Villar, torturador y perseguidor de militantes de los años ’70.
Después de ganar las elecciones para el Senado en la Ciudad con más del 50 por ciento, Patricia Bullrich radicalizó sus posturas. En menos de 24 horas, fungió como oradora principal en La Derecha Fest, donde se mostró junto con la activista pro impunidad Cecilia Pando, quien se movía como su sombra, e hizo una reivindicación de la represión que ha sabido desplegar la Policía Federal Argentina (PFA) a lo largo de su historia. A pocos días de dejar su cargo como ministra de Seguridad, Bullrich ordenó que la escuela de cadetes vuelva a llevar el nombre de Ramón Falcón, recordado por reprimir y asesinar obreros a principios del siglo XX, y que la de suboficiales vuelva a nombrarse Alberto Villar, recordado torturador, integrante de la Triple A y perseguidor de los militantes de los años ‘70.
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