CORRUPCION
Organismos del Estado contrataron casi 600 pólizas con Nación Seguros en los últimos dos años del gobierno de Alberto Fernández
Luego de que el ex presidente firmara el decreto 823/21, aumentaron 45% con respecto a 2020. Fueron contrataciones directas adjudicadas por 91 dependencias públicas
A partir del decreto dictado por Alberto Fernández que obligó a todos los ministerios y organismos del Estado nacional a contratar sus pólizas con Nación Seguros, aumentaron un 45% las adjudicaciones directas a esa aseguradora estatal en sus últimos dos años de mandato. Así surge del relevamiento que hizo Infobae de las contrataciones publicadas en el sitio oficial Compr.Ar. En paralelo, creció el negocio de brokers cercanos al ex presidente, que se quedaron con comisiones millonarias.
Ese decreto 823/21 le entregó el negocio cautivo de los seguros de organismos públicos a la aseguradora del banco estatal, manejada en ese momento por un amigo de la juventud de Fernández, Alberto Pagliano, con quien había compartido sus inicios en el rubro de seguros en los 90′s. Además de otorgarle el monopolio de las pólizas, la redacción del artículo cuarto de esa norma habilitó el ingreso de productores privados, que cobraron un porcentaje por su intermediación entre dos organismos estatales, sin mediar una licitación que formalizara su participación en el negocio.
En total, durante la gestión del ex mandatario hubo 972 adjudicaciones a Nación Seguros. De esta cifra el 60% – un total de 587- se otorgaron después de la firma del decreto que puso al todavía hoy presidente del Partido Justicialista bajo la lupa de la Justicia. Casi en su totalidad (578) fueron por contrataciones directas a través de convenios interadministrativos. Solo hubo dos licitaciones privadas, cuatro públicas, dos compulsas de precios y un concurso privado dejado sin efecto. En cambio, en los dos años previos a la norma firmada el 1 de diciembre de 2021 por Fernández, los convenios con Nación Seguros habían sumado 385, de los cuales 359 fueron contrataciones directas (93%), 20 licitaciones privadas y 6 públicas.
Uno de esos productores de seguros favorecidos y hoy investigados por la Justicia Federal, es Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada histórica de Fernández, María Cantero, amigo y acreedor del ex presidente. En una nota enviada al mercado asegurador, el empresario negó que el ex presidente haya intervenido a favor de sus empresas y aseguró que no tuvo relación comercial con ANSES. “Nunca hemos solicitado como empresa al ex presidente su intervención en ninguno de nuestros negocios”, sostuvo. Otra es la aseguradora Castello Mercuri SA, principal aportante de su campaña electoral en 2019 y propiedad de Oscar Alberto Castello y Ernesto Mercuri. Un tercer intermediario en el negocio de Nación Seguros que quedó bajo sospecha es el empresario Pablo Torres García, de la firma TG Broker SA, a quien le adjudican un vínculo con el empresario Nicolás “Nicky” Caputo, y conexiones políticas que van desde el PRO hasta el massismo.
Del análisis que hizo Infobae de las pólizas con Nación Seguros publicadas en Compr.Ar hasta el 13 de marzo, surge que en 2017 (no hay datos de años anteriores), en la gestión de Mauricio Macri, los contratos con Nación Seguros habían sido 109. El primer año del gobierno de Fernández, cuando aún no era obligatorio para el Estado nacional contratar las pólizas con Nación Seguros, fueron 195. En 2021, sumaron 207. Sin embargo, a partir del decreto 823/21, las adjudicaciones saltaron a 282 en 2022. Y, en el último año de su mandato hasta la llegada de Milei a la Casa Rosada, escalaron a 288.
A Flourish chartEl caso que destapó la maniobra fue el de los préstamos otorgados por la ANSES a jubilados, revelado por Ricardo Roa en Clarín, en la que los brokers privados habrían cobrado una comisión del 17%, un porcentaje elevado para los valores del mercado, que terminaba siendo descontada de los haberes jubilatorios. La operatoria fue detectada por el ex titular del organismo, Osvaldo Giordano, despedido tras la polémica por el fracaso de la Ley Ómnibus. La prima anual era cercana a los $20.000 millones, lo que representaba cerca de $300 millones mensuales en comisiones para los productores designados como intermediarios.
A partir de las denuncias de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto, y de la abogada Silvina Martínez, se abrió una investigación en la Justicia, a la que sumó luego otra del propio Gobierno, presentada por el Ministerio de Capital Humano, la ANSES y Nación Seguros. Todas se unificaron en el Juzgado Federal de Julián Ercolini, y Fernández quedó imputado por presunta administración fraudulenta, al igual que Martínez Sosa y Torres García. El fiscal Ramiro González sostuvo que, según los denunciantes, a partir de esa normativa se consolidó un monopolio en el sector de seguros estatales que habría facilitado la intervención de reasegurados privados y brokers en operaciones “poco transparentes”.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/5XJ7SVZOYZC6RK6EXSQ77N2VSA.jpg 420w)
El decreto 823/21 que dictó Alberto Fernández el 1 de diciembre de 2021, obligó a los organismos públicas a contratar sus pólizas con Nación SegurosCon el paso de los días, el Gobierno fue detectando la misma modalidad en otros organismos del Estado como los ministerios de Defensa y de Seguridad, las Fuerzas Armadas, Gendarmería, el Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Casa de la Moneda, y el Instituto del Teatro.
Sin embargo, los organismos que contrataron Nación Seguros desde el dictado del decreto 823/21, fueron muchos más. Según lo publicado en el sitio Compr.Ar, entre el 1 de diciembre de 2021 y el 10 de diciembre de 2023, los ministerios y dependencias oficiales que adjudicaron contratos a la aseguradora estatal suman 91. Algunos de ellos con más de 40 adjudicaciones en esos dos años, con pólizas que van desde seguros para vehículos, embarcaciones, aeronaves oficiales y obras de arte, hasta muestras en museos, maquinarias, equipos informáticos y fotográficos, pasando por los bustos de la Casa Rosada y una variedad de seguros de accidentes personales, responsabilidad civil y contra incendios.
El ranking de contrataciones con Nación Seguros en la anterior gestión, a partir del decreto de Fernández, lo lidera la Administración de Parques Nacionales, con 47 contratos; seguida del Ministerio de Seguridad y la Secretaría General de la Presidencia, ambas con 45; y la Dirección Nacional de Vialidad, con 40.
De las 45 pólizas del Ministerio de Seguridad, casi la mitad son en dólares, y en su mayoría intervino Martínez Sosa como productor intermediario. Las tres más caras corresponden a aeronaves de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, con valores de entre USD 1,3 y USD 1,7 millones cada seguro. En tanto, los tres contratos más onerosos adjudicados a Nación Seguros por la cartera que en ese momento estaba a cargo de Aníbal Fernández, van desde los $196 millones a los $394 millones cada uno, para asegurar automotores.
En cuanto a la Secretaría general de la Presidencia, las 45 pólizas que adjudicó a Nación Seguros, post decreto 823/21, sumaron más de USD 1,2 millones en esa divisa, y $124 millones. El contrato más costoso que concretó Julio Vitobello – a cargo de esa dependencia en la gestión de Fernández – fue en junio de 2023, para asegurar las tres aeronaves presidenciales por USD 1.179.315 durante un año. A principios de marzo, el Gobierno de Milei anunció que transferirá a la Fuerza Aérea la flota de aviones de la Presidencia, – compuesta del Boeing 757 comprado por Fernández en 2022, un Boeing 737, y un Leart 60 que ya estaba en manos de esa Fuerza, y tres helicópteros -, con el objetivo de reducir gastos. En tanto, para asegurar la flota de automotores de la Secretaría General, Vitobello contrató a Nación Seguros por otra póliza valuada en $73,4 millones, el contrato más alto en pesos de ese organismo.
En el ranking de contrataciones con Nación Seguros aparecen, luego, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán”, con 18; la Secretaría de Educación, con 16; el Estado Mayor General de la Armada, con 15; el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone”, cada uno con 13; el Estado Mayor General del Ejército y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, con 12; y el ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, así como el ex ministerio de Ambiente, ambos con con 11.
Hay otras 18 contrataciones que aparecen con fecha de apertura después de la asunción de Milei, pero que en realidad corresponden a procesos que comenzaron durante la gestión de Fernández. Sumadas, implicaron una erogación de más de $562,5 millones.
A continuación, el listado de contrataciones realizadas por la Administración Pública en el gobierno de Fernández, tras el dictado del decreto 823/21. Debido a las fallas en el sistema informático del sitio Compr.Ar no fue posible descargar sus montos.
CORRUPCION
La doble vara del gobierno de Zdero: Rubiolo cobra millones y su mujer es ñoqui del Ministerio de Educación
MARCELO RUBIOLO COBRA 16 MILLONES DE PESOS POR MES DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE LEANDRO ZDERO Y TIENE A SU MUJER COMO ÑOQUI DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
La doble vara del gobierno de Zdero: Rubiolo cobra millones y su mujer es ñoqui del Ministerio de Educación
El escándalo vuelve a golpear a la gestión de Leandro Zdero. Mientras el gobierno chaqueño ajusta a los trabajadores de la educación y recorta derechos, el periodista Marcelo Rubiolo, uno de los principales defensores mediáticos del oficialismo, se lleva una verdadera fortuna en pauta oficial.
Según datos oficiales, en los primeros 7 meses de 2025, Rubiolo facturó casi 113 millones de pesos en publicidad estatal a través de sus distintos medios: Diario 22, NG Federal, Portal NG, Cadena Federal y el programa Informadísimo. Traducido, significa que el periodista cobra alrededor de 16 millones de pesos por mes para defender al gobierno y atacar a los docentes.
Pero el escándalo no termina allí. La polémica se agrava al conocerse que la esposa del periodista, Silvia Liliana Sepúlveda, figura como Directora de Servicios Técnicos en el Ministerio de Educación, con un sueldo que supera los 2 millones de pesos mensuales.
Denuncias internas del propio ministerio aseguran que Sepúlveda es una “ñoqui”, ya que no concurre a su lugar de trabajo, a pesar de percibir un salario que supera ampliamente al de cualquier docente en actividad.
Mientras Rubiolo acusa a los gremios de “defender a docentes ñoquis en el exterior”, la realidad demuestra que la verdadera ñoqui está en su propia casa.
La frase de Fesich Sitech Castelli resuena con fuerza:
“Nadie critica gratis a los docentes chaqueños”.
Con millones de pauta oficial y un cargo fantasma en el Ministerio de Educación para su esposa, queda claro que en el gobierno de Zdero, los periodistas amigos no solo se llenan los bolsillos, sino que también cobran por atacar a quienes luchan en las calles por salarios dignos.
chacotv//radioclanfm//diarioqhc
CORRUPCION
Multan con casi $86 millones diarios al gobierno de Zdero por negarse a entregar alimentos al pueblo Wichí
El juez Civil y Comercial 6, Jorge Sinkovich aplicó una multa diaria de 85,9 millones de pesos al gobierno chaqueño por incumplir una cautelar que ordenaba asistencia alimentaria y provisión de agua a comunidades Wichí, ubicadas en El Impenetrable. Los testimonios recabados por la Defensoría General del Poder Judicial del Chaco advierten que la ayuda nunca llegó, mientras el Ejecutivo niega el incumplimiento y prepara la apelación.
El gobierno del Chaco deberá afrontar una sanción inédita: casi 86 millones de pesos diarios por incumplir una medida cautelar que lo obligaba a garantizar alimentos y agua potable al pueblo Wichí. Así lo resolvió el Juzgado Civil y Comercial 6 de Resistencia, a cargo del juez Jorge Sinkovich, quien advirtió que la gestión provincial desobedeció durante más de cinco meses lo ordenado por la Justicia.
La resolución, a la que tuvo acceso LITIGIO, tiene fecha del viernes. En el escrito, el magistrado estableció que el monto –calculado en base a la Canasta Básica Alimentaria de julio y a una población estimada de 20.000 personas– sea destinado a las comunidades demandantes. La decisión busca asegurar la efectividad de la tutela judicial y revertir la situación de “extrema vulnerabilidad” que atraviesan los pueblos originarios del noroeste provincial.
Sinkovich recordó que el derecho a la vida y a la salud gozan de jerarquía constitucional y están amparados por tratados internacionales de derechos humanos, lo que obliga al Estado a adoptar medidas positivas para su cumplimiento. Aunque todavía no se confirmó oficialmente, se da por hecho que el gobierno chaqueño apelará la resolución.
El origen
El reclamo por asistencia alimentaria se inició en diciembre de 2024, cuando la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, presentó un amparo con medida cautelar reclamando ayuda urgente para el pueblo Wichí. La causa recayó en el juzgado de Sinkovich, quien ya supervisaba la ejecución de una cautelar dictada en 2007 por la Corte Suprema en favor de comunidades Qom.
Durante la feria judicial de enero, el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) solicitó que el alcance se ampliara a los Wichí, en especial a los asentados en Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y otros parajes de El Impenetrable. En una audiencia, representantes del Ejecutivo prometieron asistencia, pero –según denunció el IDACH– nunca cumplieron.
En marzo, el juez ordenó garantizar en forma “continua, oportuna y adecuada” el suministro de alimentos y agua. Sin embargo, los informes oficiales presentados más tarde demostraron que la ayuda fue esporádica y limitada, lo que llevó al magistrado a considerar insuficientes las acciones provinciales.
Desde la Fiscalía de Estado, el gobierno defendió su accionar y sostuvo que las comunidades ya reciben asistencia. Además, calificó la causa como “abstracta” y con un sesgo “mediático”. No obstante, la Defensoría Adjunta y referentes del territorio advirtieron que la crisis se agravó: comedores cerrados, distribución irregular de alimentos y falta de agua potable en las localidades más afectadas.
Ante esa situación, Gauna Wirz pidió aplicar sanciones económicas para forzar el cumplimiento de la cautelar. El juez accedió y fijó la multa diaria millonaria.
Revista Litigio
CORRUPCION
Coimas en la ANDIS: una auditoría urgente para frenar la onda expansiva del escándalo y las dudas sobre los audios de Diego Spagnuolo
El Gobierno ordenó una investigación sumaria de los contratos de la Agencia de Discapacidad y no descarta un circuito de pagos ilegales. El diálogo imposible de la grabación filtrada. Hipótesis y sospechas en medio de la campaña
A cinco días de la difusión de los explosivos audios de Diego Spagnuolo, en los que habló de un tenebroso circuito de coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno empezó a definir un curso de acción para contener una crisis política de dimensiones impredecibles. Instruyó al interventor del organismo, Alejandro Vilches, para que acelere una auditoría integral sobre todos los contratos del organismo, desactivó por ahora la idea de presentar una denuncia, y empezó a dar explicaciones para contener la onda expansiva del escándalo.
El primer ejecutor de este plan de acción fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que brindó una larga entrevista radial donde expuso los argumentos de la Casa Rosada ante el vendaval político que detonó la difusión de los audios donde un locuaz Spagnuolo ventilaba ante un interlocutor -todavía desconocido- los supuestos negociados que ocurrían bajo sus pies en el organismo responsable de asistir a las personas con discapacidad.
Los audios -grabados de manera clandestina, editados y difundidos con sofisticada precisión- tendrían al menos un año. No son los únicos y el Gobierno lo sabe. Exponen un trasiego macabro de negociados entre proveedores de medicamentos y el Estado. La quintaescencia de lo que vino a erradicar el gobierno que asumió en diciembre de 2023 con el mandato de barrer con la corrupción sistémica de la casta y los “empresaurios”.
Francos habló en extenso y expuso las claves de la defensa del Gobierno. Pero Infobae pudo confirmar que esa no fue la única decisión que se tomó en lo más alto del Gobierno para tratar de contener la onda expansiva de esta bomba de profundidad. En la Casa Rosada confía en que la auditoría sobre los contratos y los números de la Andis van a echar luz sobre lo que ocurrió durante la gestión deslucida de Spagnuolo, un funcionario cuestionado por su pobre actuación y que le generó a Javier Milei más de un dolor de cabeza. También está bajo sospecha Danel Garbellini, que fue director de Acceso a los Servicios de Salud y también terminó eyectado del cargo.
En más de seis meses solo pudo depurar 120 mil pensiones de un universo de más de 1.200.000 que debió investigar si fueron o no mal otorgadas durante los últimos gobiernos kirchneristas. Además, fue el responsable del triste episodio con Ian Moche, un niño con trastorno de espectro autista que es activista por los derechos de los discapacitados y a quien destrató en una reunión. Y dejó publicar una resolución con expresiones como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, en referencia a personas con discapacidad intelectual. A esa ineficacia manifiesta se le sumó la difusión de los audios.
Control de daños
“Veremos qué ocurre con la auditoría. No se va a ocultar nada y, si aparece algo turbio o una prueba de una coima, lo vamos a hacer mierda”, reconoció una fuente del Gobierno, que puso en duda que Spagnuolo le haya transmitido al presidente siquiera una sospecha sobre la supuesta protección política de ese circuito de pagos ilegales para abastecer de medicamentos a las personas con discapacidad.
Infobae habló con exfuncionarios, abogados que litigan en Comodoro Py y tienen acceso al círculo libertario, y fuentes oficiales, y en todos los casos recogió el mismo argumento: “Spagnuolo se sostenía en su cargo por la amistad y la confianza que tenía con Milei. El presidente no toleraría que nadie le sugiriera una descalificación sobre su hermana. Todos los que conocen al Presidente saben que una crítica sobre ‘El Jefe’ es equivalente a la expulsión definitiva y sin retorno a su intimidad”, explicó uno de los consultados por este medio.
“No es creíble que Spagnuolo le hubiera dicho semejantes cosas el año pasado a Milei y siguiera participando de las noches de ópera en Olivos. Lo que se escucha en los audios parece una bravuconada o que estaba tratando de dar excusas a la persona que lo grabó, que puede ser alguien de la industria de los medicamentos”, contó otro de los consultados para esta nota.
Auditoría urgente
En el Gobierno esperan que la auditoría sobre los contratos y licitaciones de la ANDIS echen algo de luz sobre los negocios que tuvo la drogería Suizo Argentina, la empresa de los Kovalivker, en más de un año y medio de gestión de Spagnuolo. Hay algunos indiciios que preocupan.
La incautación de los sobres con 266 mil dólares que se les secuestraron a Emmanuel Kovalivker en los allanamientos de la semana pasada ya alimentan todo tipo de especulaciones. ¿Qué hacía con ese dinero fraccionado en su auto? ¿Por qué, además, estaba con el pasaporte? Los investigadores admitieron que parecía un intento de fuga.
En los allanamientos a su hermano, Jonathan, no se lo encontró. En su casa, había al menos tres cajas fuertes: una estaba vacía, abierta y con bandas elásticas diseminadas. Ese escape, creen, sí se concretó.
Tanto en la ANDIS como en la sede de Suizo Argentina, los investigadores se llevaron documentación. Creen que era información sensible.
Por eso, el interventor Vilches tiene poco tiempo. El viernes al mediodía estaba en la sede de la calle Ramsay con un equipo de máxima confianza revisando papeles, archivos y bases de datos. En la ANDIS, Spagnuolo no dejó un buen recuerdo, por lo que se descarta que, si hubo irregularidades, el personal de planta no demorará en exponerlo.
“Lo primero que se tiene que determinar es la veracidad de los audios, si lo que dijo ocurrió y de quién es la responsabilidad. Ni Javier Milei, ni Karina Milei estuvieron al tanto de una situación como esta. Es una operación política en medio de la campaña, pero lo importante es que se sepa la verdad”, abundó otra vez cercana al Gobierno.
Hay, de todos modos, extrañeza en el gobierno sobre la secuencia entre que aparecen los audios antes del debate de la ley de discapacidad, el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, hace la denuncia, y el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi activan los allanamientos.
Recuerdan que, con el caso fentanilo, había decenas de muertos y el presidente en persona tuvo que pedirle a la Justicia que arresten a Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios HLB Pharma. “Acá no pasaron ni 24 horas y secuestraron plata, teléfonos y documentación. Celebramos la celeridad, pero es raro”, dijeron.
Caen las acciones argentinas en Wall Street tras la derrota del Gobierno en las elecciones legislativas de PBA
Del “peronismo arrasó” a “duro golpe para Milei”: así reflejaron los medios del mundo la derrota de LLA
“Es el preludio del 26 de octubre”: Capitanich celebró la victoria peronista en Buenos Aires y llamó a consolidar la unidad
CORRUPCION Direccionar una contratación con pago de sobreprecios, la acusación contra Aída Ayala
TERRIBLE DENUNCIA Ricardo Osuna: “Zdero me armó la causa por abigeato y me metió preso”
El gobierno del Chaco solicitó al STJ que rechace los planteos judiciales contra la ley de OTBN
