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Triple crimen en Florencio Varela: cuál habría sido el rol del quinto detenido y su conexión con “Pequeño J”

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Lázaro Víctor Sotacuro fue expulsado de Bolivia y ya está bajo custodia en una prisión de máxima seguridad en Jujuy. Lo acusan de manejar la camioneta en la que viajaban Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

En medio de un fuerte operativo policial, Lázaro Víctor Sotacuro, el quinto acusado por el triple crimen ocurrido en la localidad bonaerense Florencio Varela, fue expulsado de Bolivia y entregado a las autoridades argentinas.

El traslado, que estuvo coordinado entre la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, la Fiscalía local y la policía boliviana, permitió que el acusado sea alojado este sábado en una cárcel de máxima seguridad en Jujuy.

Sotacuro, de 41 años, era uno de los prófugos buscados desde el miércoles, cuando encontraron los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) enterrados en el patio de una casa en Florencio Varela.

La investigación apuntó a él a partir del análisis de las cámaras de seguridad, ya que creen que él era el conductor de la camioneta donde trasladaron a las chicas desde la rotonda de La Tablada hasta el lugar del crimen, indicaron fuentes de la causa a TN.

La camioneta que llevó a las chicas desde la rotonda de La Tablada hasta la casa en Florencio Varela. (Foto: TN).
La camioneta que llevó a las chicas desde la rotonda de La Tablada hasta la casa en Florencio Varela. (Foto: TN).

En ese sentido, la acusación que pesa sobre Sotacuro es que integraba la banda narco liderada por Victoriano Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, y sirvió de apoyo para concretar el engaño y posterior asesinato planificado contra las víctimas

Además de él están detenidos Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28).

A los dos primeros se los acusa de homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género. A los dos siguientes, por su parte, se les atribuye el encubrimiento agravado del mismo delito: ambos fueron sorprendidos por la policía cuando limpiaban la escena del horror.

La Justicia también emitió una orden de captura nacional contra “Pequeño J”, de 20 años, acusado de ser el autor intelectual del triple crimen; y contra quien sería su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 28.

Así fue detenido el quinto acusado del triple crimen

Todo comenzó cuando el Ministerio de Seguridad de Jujuy recibió la alerta de dos pedidos de captura en la mañana del viernes. De inmediato, la policía jujeña y la Brigada de Investigaciones revisaron las cámaras de videovigilancia de la vieja terminal con la sospecha de que Sotacuro podría haber llegado en un colectivo de tour de compras.

Al analizar la lista de pasajeros, confirmaron que el miércoles a la noche el sospechoso había llegado a San Salvador de Jujuy en un micro desde Buenos Aires. A partir de ese dato, los investigadores iniciaron una intensa búsqueda en hoteles de toda la provincia.

Sotacuro fue entregado a las autoridades argentinas durante este sábado. (Foto: Ministerio Público de la Acusación de Jujuy).
Sotacuro fue entregado a las autoridades argentinas durante este sábado. (Foto: Ministerio Público de la Acusación de Jujuy).

Así, en un trabajo conjunto con la Policía Nacional de Bolivia, lograron ubicar a Sotacuro en un hotel de la ciudad de Villazón durante la noche del viernes.

La expulsión y el traslado a la Argentina

El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy informó que, al comprobar el ingreso ilegal de Sotacuro a Bolivia, el fiscal Alberto Mendivil y su par boliviano gestionaron la expulsión, que se concretó a las 2:15 de la madrugada del sábado.

Una vez cumplidos los trámites migratorios, ejecutaron la orden de detención dictada por el Juzgado de Garantías N.º 4 de La Matanza y convalidada por el juez Roberto Assef. El imputado fue recibido en territorio argentino bajo una estricta custodia de efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, Infantería y otras unidades especiales.

Sotacuro luego fue trasladado al Hospital Jorge Uro para su revisión médica y fue alojado en la Seccional N.º 17 de La Quiaca. Más tarde, a las 15:53, entró a la cárcel de máxima seguridad de Jujuy.

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Nación actualiza subsidios, empresas no pagan salarios y UTA amenaza con paro en Corrientes

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La UTA #Corrientes advirtió que, si las empresas no depositan los salarios en la tarde de este jueves, el servicio urbano se paralizaría desde el primer turno del viernes.

El secretario general de la seccional, José Luis Sabao, adelantó la posible medida de fuerza ante el incumplimiento en el pago de salarios por parte de algunas empresas del transporte público de pasajeros.

En diálogo con Canal 5TV, Sabao explicó que el gremio se encuentra en estado de alerta por la falta de depósitos que debían realizarse este jueves.

Señaló que “las empresas tienen la obligación de depositar el mismo cuarto día hábil de cada mes. Lo que la UTA dice es que a aquellas empresas que no cumplen con el salario como corresponde se tomarán medidas de acción”.

En un principio se especuló que el conflicto estaría vinculado al fraccionamiento de pagos, incluido el aguinaldo, situación que, según afirmó Sabao, depende exclusivamente de las empresas: “Hasta el momento no hablaron de cuotas, pero tampoco aseguran poder cumplir. Nosotros les respondemos que, en caso de no poder cumplir, se va a estar parando a partir del primer servicio del día de mañana”.

Respecto a la Resolución 86/2025 publicada este jueves por el Gobierno Nacional, que actualiza los subsidios para el transporte urbano y suburbano del AMBA y del interior del país, Sabao aclaró que el gremio no fue convocado para dialogar sobre el tema.

“Nosotros no participamos de ningún tipo de diálogo con el Gobierno ni con el municipio. Reclamamos lo que consideramos que le corresponde al trabajador. No es una cuestión que tenemos que solucionar nosotros”, dijo Sabao.

El dirigente remarcó que la decisión de llevar adelante la medida dependerá de que las empresas efectúen los depósitos durante la tarde, ya que habitualmente “los pagos suelen realizarse a partir de las 17”. En caso contrario, el paro se anunciaría cerca de la medianoche.

Si bien el conflicto afecta principalmente al servicio urbano, Sabao adelantó que también evaluarán la situación de los servicios de larga distancia que operan dentro de la provincia.

“Las empresas tienen que cumplir con el salario como corresponde en el día de hoy. Si no cumplen, mañana lamentablemente vamos a tomar una medida de acción”, concluyó. Ver menos

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“El pueblo es chico”: fijan fecha para el juicio contra policías acusados de golpear y amenazar a una familia de Machagai

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La Cámara Segunda en lo Criminal fijó para el próximo 15 de diciembre el inicio del juicio contra cuatro policías acusados de golpear y amenazar a una familia de Machagai. La resolución habilita finalmente el debate oral en una causa emblemática de violencia institucional ocurrida en el interior provincial. El proceso incluye cargos agravados contra el comisario Daniel Báez y otros tres agentes.

La Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña fijó para el próximo 15 de diciembre el inicio del juicio oral por los graves hechos de violencia policial ocurridos en 2022 contra una familia de comerciantes madereros de Machagai. Así lo resolvió la jueza Fanny Zamateo.

La resolución se dictó tras el pedido del abogado querellante, Ramiro Cabaña, y representa un paso clave para avanzar hacia un juzgamiento en un plazo razonable en una de las causas más sensibles por apremios ilegales en el interior provincial.

El proceso involucra a cuatro policías del Departamento de Seguridad Rural de Machagai, acusados del delito de apremios ilegales agravados por violencia y amenazas en perjuicio de la familia Vergara y sus colaboradores, en un hecho ocurrido en mayo de 2022.

Según el expediente, el 13 de mayo de 2022, la familia Vergara —dedicada al transporte, comercialización y fabricación de muebles de madera— envió un cargamento de muebles desde la localidad de Machagai alrededor de las once y media de la noche. El vehículo, que tenía como destino la provincia de Santa Fe, era conducido por Brian Vergara, de 20 años, quien iba acompañado por dos ayudantes.

Mientras atravesaban la Ruta Nacional 16, camino a Colonia Aborigen, fueron adelantados por una camioneta de la Policía Rural de Machagai. Unos kilómetros más adelante, se encontraron nuevamente con la misma camioneta, esta vez realizando un control. Los agentes detuvieron el vehículo y pidieron la documentación correspondiente.

Brian presentó la guía de transporte, pero al ser consultado por el tique de balanza, explicó que no contaban con uno porque en la localidad de Presidencia de la Plaza —de donde provenía la guía— no había balanza. Aclaró además que la guía tenía plena validez legal, ya que había sido emitida de forma regular.

Los policías, en un tono prepotente según relataron los testigos, dijeron que debían demorarlos, retener el cargamento y escoltarlos hacia la comisaría de Machagai. Durante el trayecto, el vehículo —que días antes había sufrido un accidente— comenzó a levantar temperatura. Brian, preocupado, les dijo a los policías que necesitaba detenerse al costado de la ruta y que iba a recibir auxilio. Los agentes accedieron, pero le advirtieron que tendría que “arreglar” la situación directamente con el comisario.

A los diez minutos llegó el padre de Brian, Daniel Vergara, quien se convirtió luego en la principal víctima del hecho. Mientras revisaban el vehículo, apareció otra camioneta policial con siete agentes a bordo, entre ellos el comisario Daniel Báez, el subcomisario Luis Fernández, el sargento Dante Gerzel y el cabo Leonardo Villalobo. Al llegar, uno de ellos preguntó en tono de amenaza: “¡¿Así que ustedes se van a hacer los vivos?!”.

Gas y golpiza

Intentaron esposarlos de manera arbitraria. Si bien en la causa la defensa de los uniformados incorporó una denuncia por una supuesta resistencia a la autoridad, lo cierto es que los policías imputados, al ser consultados por la fiscalía, solicitaron hacer uso de su derecho constitucional de no declarar.

En medio de esa situación, Daniel intentó explicar lo que ocurría. Sin embargo, terminó siendo arrojado al suelo. Los comerciantes y sus ayudantes (siete personas en total) fueron tirados al piso en fila, donde además se les roció gas pimienta lo que a una de las víctimas le provocó una lesión en los ojos.

La golpiza posterior fue brutal. Incluyó golpes con la culata de la escopeta en la cabeza, puñetazos en la cara y patadas en las costillas. La agresión le causó a Daniel una fractura en la muñeca de la mano izquierda, por la cual debió ser operado, quedando con una incapacidad permanente. Permanecieron aproximadamente media hora en el suelo, recibiendo golpes e insultos por parte de los efectivos.

Cerca de la una de la madrugada fueron trasladados a la comisaría de Machagai y encerrados en una celda. Daniel pidió que le quitaran las esposas debido a la inflamación y el dolor insoportable en la mano. Recién cerca de las cinco de la mañana, el comisario Báez comenzó a llamarlos uno por uno y, según el relato de las víctimas, aseguró que los iban a dejar en libertad a cambio de que no denuncien el accionar policial. El pedido fue más una amenaza que una invitación: “El pueblo es chico y nos podemos encontrar por ahí”.

La fiscal adjunta de Derechos Humanos, Silvia Sluzar, elevó la causa a juicio al considerar acreditados los apremios ilegales. “No hay dudas respecto de la responsabilidad que le cabe a los imputados en la producción del evento criminoso (…) por lo que cabe concluir que deberán responder en juicio por su accionar delictivo”, añadió la fiscal.

Las imputaciones contra los policías son graves. Para el comisario Báez y el subcomisario Luis Fernández la imputación es de apremios ilegales agravados por violencia y amenazas, como autor y coautor, según el caso. Mientras que el sargento ayudante Dante Gerzel y el cabo Leonardo Villalobo también están imputados por apremios ilegales agravados por violencia, en calidad de autores.

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Cayó un helicóptero en una cancha de tenis en Palermo: hay tres personas heridas

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Ocurrió en Salguero al 3400. Iban tres pasajeros a bordo. El piloto, un hombre de 46 años que resultó lesionado, fue imputado por lesiones culposas.

 

Un helicóptero con dos pasajeros y su piloto cayó este jueves por la noche en pleno barrio de Palermo, y generó momentos de tensión y un gran despliegue de equipos de emergencia.

El accidente se produjo pasadas las 20 en las canchas de tenis ubicadas sobre Jerónimo Salguero al 3400, al costado de la Autopista Arturo Illia. La aeronave quedó completamente destrozada tras el impacto y hay tres heridos.

Según informaron fuentes policiales a TN, los tres ocupantes del helicóptero, dos hombres y una mujer, lograron salir de la aeronave por sus propios medios. “Se encuentran fuera de la aeronave, conscientes y con vida”, detallaron.

Cayó un helicóptero en una cancha de tenis en Palermo: hay un megaoperativo en la zona. (Foto: TN)
Cayó un helicóptero en una cancha de tenis en Palermo: hay un megaoperativo en la zona. (Foto: TN)

También explicaron que “el piloto es el que presenta lesiones graves”, mientras que el pasajero sufrió politraumatismos y la mujer -de 32 años- no presentaría heridas. Todos fueron trasladados al Hospital Fernández.

El accidente provocó un importante operativo de seguridad. Unos 12 móviles llegaron en la zona para coordinar el procedimiento y asegurar el perímetro. Además, se dispuso un corte total en el área para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Las causas del accidente todavía no fueron informadas y la zona permanece bajo resguardo mientras se realizan las pericias correspondientes.

Imputaron al piloto

Luego de la medianoche, TN pudo saber que la Unidad de Fragancia Norte pidió imputar al piloto del helicóptero por lesiones culposas, un hombre de 46 años.

Como parte de la investigación, también se le hará un test de alcoholemia. Luego del accidente, el piloto fue trasladado al Hospital Fernández, al igual que los otros dos acompañantes.

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