El modelo actual ya excluyó a 142.077 personas del segmento privado del mercado que posee las mejores condiciones laborales y que garantiza el cumplimiento de todos los derechos y beneficios laborales.
Existe una suerte de verdad revelada que predica que, con la legislación laboral vigente, no puede generarse empleo formal privado en el país. Sin embargo, los registros de los últimos años informados por las empresas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) del ARCA expresan una realidad distinta y bastante más compleja que tiene implicancias no tan desalentadoras como se presenta habitualmente.
De hecho, hubo situaciones muy cambiantes en el mercado laboral en la última década y media con años que llegaron a niveles de creación de empleos formales asalariados en el sector privado superiores a los 260 mil (2011 y 2022) y otros períodos de destrucción de más de 100 mil puestos de trabajo privados formales (2019, 2020 (afectado por la pandemia) y 2024).
Ahora bien, la transformación más brusca se produjo en los últimos cuatro años: el mercado pasó de un ritmo promedio de creación diario de 554 empleos asalariados en relación de dependencia en el sector privado en 2022 y 2023 a una destrucción media por día de 224 puestos de trabajo durante los 21 meses registrados de presidencia de Javier Milei. En total, como puede apreciarse en el gráfico, el modelo actual, sin fenómenos exógenos que justifiquen la abrupta reversión de la tendencia, como un desastre climático, una guerra o una pandemia, ya excluyó a 142.077 personas del segmento privado del mercado que posee las mejores condiciones laborales y que garantiza el cumplimiento de todos los derechos y beneficios laborales.
Un acuerdo para destruir la industria
Es habitual que los analistas de mayor visibilidad en los medios de comunicación enturbien las cifras reales de la dinámica de creación/destrucción de empleos realizando conclusiones maniqueas. Suelen hacer sus evaluaciones considerando los datos de las puntas de esta década y media (en general, toman el pico de 2011 y el último valor disponible), sin ponderar lo sucedido en el interior del período, donde hubo tanto administraciones que consiguieron buenos resultados como por otras que fueron muy nocivas.
Existe una suerte de verdad revelada que predica que, con la legislación laboral vigente, no puede generarse empleo formal privado en el país. Sin embargo, los datos oficiales de ARCA expresan una realidad más compleja. Años que llegaron a niveles de creación de empleos formales en el sector privado superiores a los 260 mil (2011 y 2022) y otros períodos de destrucción de más de 100 mil puestos de trabajo privados formales (2019, 2020 (afectado por la pandemia) y 2024.
Esas performances tan disímiles, que no obedecen a cambios en la legislación laboral, tuvieron un estrecho vínculo con las diversas políticas de cada etapa, hecho que es sorprendentemente omitido en los estudios de mayor difusión. Parecen creer o quizás hacer creer que la dinámica del mercado laboral tiene una lógica propia independiente de las acciones de cada gobierno y, como el resultado neto final del período posterior al crecimiento de 2003/2011 registró un estancamiento, meten todo en la misma bolsa y se quedan con ese dato. Y lo complementan con dos fenómenos reales que agravan notoriamente el cuadro general que es el crecimiento de la informalidad y del empleo bajo el régimen de monotributo, que provoca relaciones de empleo con menores derechos y sin estabilidad laboral.
Resulta paradójico que los principales difusores de la noción de que el mercado laboral no puede crear empleo de calidad provengan del oficialismo o difundan sus ideas por dos razones: la más evidente es que, a pesar de que son activos usuarios de las planillas de Excel, los datos de la evolución de empleo registrado en el sector privado son de muy fácil acceso y tienen aperturas interesantes para hacer un seguimiento minucioso que mejoraría sustancialmente sus conclusiones.
Y el segundo punto es que esos analistas y formadores de opinión tienden a basar sus argumentos en una visión idealizada del modelo estadounidense. Sin embargo, en ese país, el dato más relevante que siguen los operadores financieros del mercado en general y la Reserva Federal en particular para tomar decisiones es justamente el dato de creación de puestos de trabajo. Acá simplemente lo ignoran y, ya sea por sesgo cognitivo o por el paradigma dominante, cierran filas y compiten por ver quién reclama con mayor estridencia por una reforma laboral que se concentre en reducir el costo laboral de cualquier manera.
En otros casos, quizás no tan ligados al oficialismo, también replican esa mirada. Detrás de ese comportamiento negligente o de pereza intelectual y a veces también afectado por la preocupación latente de que su visión pueda ser asociada a intereses políticos, su veredicto supuestamente técnico queda congraciado con las aspiraciones del círculo rojo. Hay una tendencia (y posiblemente también una necesidad material) entre los profesionales desclasados de volcar sus conclusiones hacia un costado más afín al interés empresarial que al de los trabajadores. De esta forma, entre prejuicios y el deseo por mostrar una realidad compatible con el sentido de la reforma buscada por el establishment y el gobierno (expresa ese mismo interés) imprimen un relato en contra de sus propios intereses. Ese discurso promueve un debate sobre la reforma laboral sin abordar aspectos positivos que la legislación vigente posee, desarticulado de las políticas económicas complementarias que requiere la creación de puestos de trabajo formales y orientando su foco hacia esquemas que implican esencialmente reducciones de costos laborales y/o un debilitamiento de la capacidad de negociación de los trabajadores.
Analistas y formadores de opinión tienden a basar sus argumentos en una visión idealizada del modelo estadounidense. Sin embargo, en ese país, el dato más relevante que siguen los operadores financieros del mercado en general y la Reserva Federal en particular para tomar decisiones es justamente el dato de creación de puestos de trabajo. Acá simplemente lo ignoran y, ya sea por sesgo cognitivo o por el paradigma dominante.
El gobierno, efectivamente, ha logrado construir un escenario que abarca condiciones básicas necesarias para intentar modificar las relaciones de trabajo en favor de los grupos de poder que lo sostienen. Y también desarrolló un escudo de fuerza: cualquier propuesta alternativa que intente velar por los derechos y beneficios de los trabajadores y que proponga esquemas de contratación más similares a los de los países de mayor desarrollo y equidad distributiva es destratada e incluso corre el riesgo de ser estigmatizada como “comunista”.
En un país que históricamente se caracterizó por la organización de los trabajadores y la resistencia social a las políticas de ajuste, este escenario de pobreza en el debate público y de degradación del mercado de trabajo es óptimo para la misión de llevar el costo laboral al mínimo posible, cercano al de los países más desiguales del planeta que poseen estructuras productivas menos sofisticadas y trabajadores más sometidos. Probablemente, este sea un motivo de peso por el que Milei impulsa esta reforma con carácter prioritario, inclusive por encima de la previsional y la impositiva.
Si bien la regulación de las relaciones del trabajo debe aggiornarse a los nuevos tiempos debido a los cambios tecnológicos y de funcionamiento del mercado, al flagelo de la informalidad y a la necesidad de mejorar la situación de las pymes y de contemplar diferencias entre tamaños de empresas y sectores específicos de la economía (por caso, el tratamiento de un sector con demanda cautiva no debería ser el mismo que el de uno que debe competir internacionalmente), es desproporcionada la carga de responsabilidad que se le atribuye por el incremento de la informalidad laboral, sobre todo cuando se observa la evolución de la generación de empleo formal en el país, con rigurosidad, sin prejuicios ni intereses corporativos. Desde ya, es necesario diseñar la reforma en función de las nuevas condiciones de la economía nacional, que sea capaz de contribuir al impulso de la inversión y de una inserción internacional con un perfil productivo y tecnológico de vanguardia. Para eso, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación disponibles es fundamental, pero hay que trabajar sobre diagnósticos reales en base a los registros disponibles.
El esquema pendular argentino entre modelos que, por un lado, estimularon con más o menos intensidad la creación de empleos y que, por el otro, provocaron altos niveles de destrucción, lamentablemente, no se corresponde en lo absoluto con las políticas de Estado que el país requiere para superar el enorme problema de la informalidad laboral. Estos grandes cambios erosionan las decisiones empresariales de creación de puestos de trabajo formales, inclusive bajo los períodos de bonanza que son interrumpidos con demasiada frecuencia por modelos con políticas desentendidas de la necesidad, por ejemplo, de políticas industriales, como sugirió recientemente el secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne.
El esquema pendular argentino entre modelos que, por un lado, estimularon con más o menos intensidad la creación de empleos y que, por el otro, provocaron altos niveles de destrucción, lamentablemente, no se corresponde en lo absoluto con las políticas de Estado que el país requiere para superar el enorme problema de la informalidad laboral.
Y, en este proceso de degradación del mercado laboral, el gobierno aprovecha para bajar la vara aún más y asentar la ruina de las condiciones laborales de los empleados públicos. Con motosierra en mano, no sólo recortó salarios hasta niveles miserables, nunca tan degradados en democracia, sino que también originó una alta inestabilidad laboral tras el despido de 60.509 trabajadores entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. Lamentablemente, sobre este tema se ha impuesto también una posición dogmática que asume a estos trabajadores como un simple costo y no como el necesario incremento de RRHH dentro de una administración pública que extiende servicios indispensables a la ciudadanía y a la producción.
Ahora, con un diagnóstico difuso, bajo el acecho de formadores de opinión maliciosos o con formación deficiente y temerosos, se instala un discurso hegemónico que confunde a la sociedad, invisibiliza períodos recientes de fuerte creación de empleo formal y habilita una discusión de una reforma laboral sin trabajar con el panorama real para el desarrollo del país.
Como en la convertibilidad, Milei consiguió saltar de una problemática que afecta a toda la sociedad como la aceleración inflacionaria a otra que, diluida en su expresión y afectada por influencers cómplices o ignorantes, presenta el drama de la precarización laboral como si fuera una pesadilla puramente heredada, sin que su modelo de represión a todo el arco productivo más dinámico en la creación de empleo tuviera algún efecto y sobre la cual el único remedio es la reforma laboral.
El estudio no puede estar escindido de las políticas económicas que se aplican. Y, si esas políticas operan a favor de la producción y no coinciden con crisis internacionales de alto impacto o una emergencia sanitaria o ambiental y son estables, como en la primera década y media del siglo XXI, volverán a ser cientos de miles los empleos formales que podrán crearse de vuelta. Como ha quedado de manifiesto en el mercado laboral, más allá de los atributos y deficiencias de la legislación vigente, es la política la que hace la mayor diferencia siempre.
Desde el sector empresarial plantearon que el esquema de multas propuesto en el proyecto de ley “es excesivo”. “Podría generar un fuerte impacto en las empresas”, señalaron.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) analizó el proyecto de ley “Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario”, conocido como “inocencia fiscal” y expresó su preocupación por los cambios tributarios que contempla la iniciativa.
La entidad que preside Natalio Mario Grinman respaldó la reducción de impuestos y la simplificación del sistema tributario que impulsa el proyecto, pero alertó que el esquema de multas propuesto es excesivo y podría generar un fuerte impacto sobre las empresas.
El texto oficial que envió el presidente Javier Milei al Congreso el pasado 9 de diciembre promete modificar el sistema tributario.
La CAC reconoció la necesidad de actualizar los montos de las sanciones, pero sostuvo: “Los valores propuestos para la Ley N° 11.683 resultan excesivos y pueden llevar a numerosas empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, a sufrir importantes quebrantos”.
La Cámara de Comercio advirtió por el impacto de las nuevas multas tributarias que propone la reforma laboral (Foto: NA – Daniel Vides)
Ante este escenario, la entidad recomendó avanzar hacia un sistema de multas escalonado, “suficientemente punitivo y disuasivo” para cada tipo de contribuyente, pero “sin provocar daños desmedidos” en su estructura económica y financiera.
“Se propone modificar el sistema de multas planteado por uno escalar, en particular para las infracciones formales, que permita que el monto de las sanciones se adecue al tipo de contribuyente considerando su capacidad económica presunta”, señaló la CAC en un comunicado.
Reforma del régimen Penal Tributario: qué dice el proyecto
El proyecto, conocido como “inocencia fiscal”, es una iniciativa que apunta a redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes.
El objetivo central es simplificar los procesos impositivos, bajar la conflictividad judicial y promover la regularización voluntaria de los contribuyentes, en especial de aquellos que tienen dólares fuera del sistema financiero.
En la práctica, el esquema les permitiría reingresar esos fondos sin multas ni sanciones penales.
Reforma del régimen Penal Tributario: qué dice el proyecto (Foto: Adobe Stock)
La iniciativa introduce tres grandes reformas: en el procedimiento, en el régimen penal tributario y en las declaraciones impositivas.
Con respecto al régimen penal tributario, la propuesta actualiza los montos que determinan los delitos fiscales, hoy desactualizados.
Por ejemplo, el piso para la evasión simple subirá de $1,5 millones a $100 millones, y para la evasión agravada de $15 millones a $1.000 millones.
También se incorpora un mecanismo que permite extinguir la acción penal si el contribuyente cancela la deuda e intereses antes de que se formule la denuncia.
Si el proceso ya se inició, podrá cerrarlo con el pago total más un 50% adicional dentro de los 30 días. Esta posibilidad solo podrá usarse una vez por persona o empresa.
El Ejecutivo quiere replicar el ajuste que realizó entre 2023 y julio de 2025 para ampliar un 10% más las bajas del personal estatal, que implica eliminar alrededor de 28.000 puestos adicionales. La dotación total del sector público nacional asciende actualmente a 282.570 empleados.
El Gobierno acelera la motosierra y prepara un recorte en organismos descentralizados y empresas públicas tras haber reducido más de 53.000 puestos de trabajo desde el inicio de la gestión. El Ejecutivo quiere replicar el ajuste que realizó entre 2023 y julio de 2025 para ampliar un 10% más las bajas del personal estatal.
“Quedan muchas áreas por recortar, pero hay que hacer un trazado fino”, expresan en Nación. En el gabinete hubo malestar durante 2024 cuando el exjefe de gabinete Nicolás Posse bajó un porcentaje de reducción obligatorio de los empleados contratados. Los ministros argumentaron que eran los que más funciones cumplían y que no había mayor masa de reducción.
En la Casa Rosada apuntan contra el régimen de los trabajadores estatales permanentes y advierten que el margen de maniobra en la administración centralizada -como ministerios y secretarías- es limitado. Nación aparte ya no cuenta con las facultades delegadas que le permitieron reformar la estructura estatal.
Según el último informe del INDEC, la dotación total del sector público nacional asciende actualmente a 282.570 empleados, de forma que alcanzar una reducción del 10% implica eliminar alrededor de 28.000 puestos adicionales en el transcurso de un año. Los ministerios concentran poco más de 39.000 empleados,los organismos descentralizados abarcan 116.900, los desconcentrados incluyen 22.000 y otros entes, 14.000.
El segundo bloque bajo revisión son las empresas y sociedades del Estado, que cuentan con una dotación cercana a los 90.000 trabajadores (Foto: REUTERS/Cristina Sille).
El foco principal está puesto en los organismos descentralizados, que hoy concentran cerca de 117.000 empleados. La estrategia oficial no apunta al cierre masivo de entes, sino a la eliminación de áreas duplicadas, la reorganización funcional y a la no renovación de contratos. Si este segmento absorbiera poco más de la mitad del ajuste total, el recorte debería rondar los 15.000 a 16.000 puestos, lo que equivale a una reducción interna de alrededor del 13% de su planta.
El segundo bloque bajo revisión son las empresas y sociedades del Estado, que cuentan con una dotación cercana a los 90.000 trabajadores. Para completar el recorte total del 10%, ese universo debería aportar unas 12.000 a 13.000 bajas, lo que representa una reducción de alrededor del 14%. En este caso, el Gobierno contempla como alternativa central la privatización, concesión o liquidación de compañías, lo que permitiría reducir personal sin que todas las salidas computen como despidos directos.
La articulación de la “motosierra 2.0” está coordinada por la Jefatura de Gabinete, que encabeza Manuel Adorni, junto con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El Presupuesto 2026 refuerza ese esquema al centralizar la autorización para cubrir vacantes y consolidar el congelamiento de ingresos. En el Gobierno aseguran que el ajuste continuará de manera gradual durante los dos primeros trimestres del año próximo.
Ante la posibilidad de nuevos despidos en el Estado, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) anunció que evalúa adelantar el paro nacional que estaba programado para cuando el Congreso trate la reforma laboral. “El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”, expresó su secretario general, Rodolfo Aguiar.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual se aceleró contra octubre. En los últimos 12 meses sumó 31,4%. Los rubros que más subieron.
La inflación de noviembre fue de 2,5% y acumula 27,9% en los primeros once meses de 2025, informó este jueves el INDEC. La variación mensual se aceleró contra octubre y anotó así el segundo avance consecutivo. En términos interanuales, la variación del IPC fue de 31,4%.
La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,4%. En segundo lugar se ubicó Transporte, con 3%, seguido por los alimentos, que aumentaron 2,8% en el mes. En este último rubro, la suba de la carne -en torno a 6%, según la región- tuvo un rol fundamental.
El INDEC, además, detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. Cuyo mostró el mayor incremento, con 2,8%.
En línea con el dato nacional se ubicaron Gran Buenos Aires y la región Pampeana (2,5%), seguidas por el Noreste (2,4%).El menor aumento se registró en el Noroeste y en la Patagonia con 2,3%.
A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).
Tras conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó en su cuenta de X: “La inflación acumulada en los primeros 11 meses del año fue de 27,9%, la menor para este período del año desde 2017 (21%)”.
El ministro Luis Caputo destacó que la inflación acumulada en los primeros 11 meses fue la menor para este período del año desde 2017. (Foto: Reuters).
“A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años. El orden fiscal y monetario permitió mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico, con una suba de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre”, escribió el titular de la cartera económica.
Rubro por rubro: las divisiones que aumentaron en noviembre
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,4%.
