El desigual acuerdo con Estados Unidos, parece una devolución de favores de Milei a Estados Unidos por el salvataje del Tesoro.
Lo más llamativo del comunicado sobre el principio de acuerdo con Estados Unidos es el enorme grado de desigualdad en términos de compromisos ofrecidos por cada parte y que elude todo tipo de referencia al MERCOSUR. Luce mucho más como una devolución de favores por el decisivo salvataje previo a las elecciones pasadas que un acuerdo comercial de mutuo beneficio. O peor aún. Asoma como una nueva versión del “Estatuto Legal del Coloniaje”, tal como Arturo Jauretche bautizó al tristemente célebre Pacto Roca-Runciman, firmado en los albores de la “década infame” que consolidaba una relación de subordinación con una Inglaterra en decadencia como potencia hegemónica.
Según el comunicado de la Casa Blanca, Argentina otorgaría preferencias arancelarias en siete sectores relevantes de nuestra industria (medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de bienes agrícolas) y Estados Unidos lo haría en solo dos sectores con difuso impacto y con capacidad productiva local incierta (ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para su uso en aplicaciones farmacéuticas).
Argentina también eliminaría todo tipo de barreras no arancelarias, sin contrapartida por parte de Estados Unidos, incluyendo entre ellas la bonificación de la tasa estadística aduanera a las importaciones de ese origen. El tributo tiene por objeto específico financiar el funcionamiento del sistema aduanero argentino y esos gastos no se discriminan según la procedencia de las compras externas. El porcentaje que dejaría de recaudarse sería ni más ni menos que el 3% (sí, como el de Karina) de los montos totales de importación. En 2024, la recaudación por esos gravámenes a las compras provenientes de Estados Unidos totalizó 194 millones de dólares. La medida, además, implicaría una alevosa discriminación respecto al resto de los países que le venden a Argentina, incluso iría en contra de nuestros socios del MERCOSUR. El favoritismo por Estados Unidos podría dar lugar a justificados reclamos ante la OMC.
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Además, entre otras concesiones, resignaríamos la capacidad de control de las importaciones asumiendo que los estándares estadounidenses son apropiados a las condiciones de consumo y producción locales. Esta imposición desatiende que nuestro país posee condiciones diferentes, por ejemplo, a nivel geográfico y de infraestructura. Los estándares de los reglamentos técnicos de Estados Unidos para la certificación y comercialización de alimentos, productos farmacéuticos y dispositivos médicos, por caso, no necesariamente son compatibles con los de nuestro mercado.
A cambio, lo principal que estaría consiguiendo Argentina son promesas de consideración de reducciones arancelarias y de un mayor cupo de importación en tres rubros de interés real de sectores de poder nacionales: ganadería, siderurgia y aluminio (en estos dos últimos productos recae el 50% de arancel aplicado desde junio pasado y en carne vacuna rigen cupos exiguos). De lograrse algo en este sentido el impacto sería marginal a nivel macroeconómico.
El principio de acuerdo con Estados Unidos luce mucho más como una devolución de favores por el decisivo salvataje previo a las elecciones pasadas que un acuerdo comercial de mutuo beneficio. O peor aún. Asoma como una nueva versión del “Estatuto Legal del Coloniaje”, tal como Arturo Jauretche bautizó al tristemente célebre Pacto Roca-Runciman.
En consecuencia, en caso de ser publicado el texto del acuerdo y ratificado legislativamente (son los pasos siguientes), como resultado de una situación desfavorable en materia tributaria, tecnológica y de escalas productivas descendientes por la baja del consumo y el aumento de la importación que padece la industria nacional, el efecto del acuerdo, sin negociación ni consulta a los sectores afectados, profundizaría el proceso de primarización productiva local, a la vez que golpearía nuevamente la frágil situación fiscal por la reducción arancelaria prevista.
El mercado estadounidense tampoco ha sido un destino de demanda importante de bienes de alto valor agregado local. Por el contrario, representa solo el 8% de las exportaciones totales considerando el promedio de los últimos tres años y un 63% de las ventas se concentran en petróleo crudo, oro, metales, químicos y grasas y aceites, productos de nula o baja agregación manufacturera de valor.
El convenio fue negociado en el marco de una opacidad que ya se ha transformado en un penoso clásico del gobierno de Milei. En menos de dos años de gestión, escondió el envío y el uso del oro de Argentina, ha mantenido enigmáticas intervenciones del Tesoro en el mercado cambiario y ha ocultado las condiciones de la trama financiera con Estados Unidos. Y el resultado de esta nueva entrega fue presentada vagamente, sin el desarrollo y publicación de estudios de impacto y sin los necesarios entendimientos con los actores interesados e involucrados directamente. Operan impunemente en una clandestinidad impropia para la administración de recursos públicos y con resultados que desalientan el desarrollo productivo.
El nivel de sumisión de Argentina y el abuso en la relación vuelve consistente el agrupamiento de lo negociado por Estados Unidos, que nos incluyó en un paquete de presentación pública con tres países pobres, mucho más pequeños y sin capacidades industriales, como El Salvador, Ecuador y Guatemala.
Además, sorprende que el entendimiento viola el Tratado de Asunción, normativa internacional que creó el MERCOSUR. El artículo 1 del tratado establece que las negociaciones comerciales se realizan en conjunto y, de hecho, así ha sido desde los casi 35 años de vida del bloque regional. Si bien Uruguay intentó negociar de forma individual desde 2021 tratados de libre comercio, todavía no ha presentado un acuerdo de preferencias arancelarias.
En la última reunión del Grupo Mercado Común -es el órgano ejecutivo más activo del MERCOSUR-, celebrada el 3 y 4 de noviembre pasados, las delegaciones de Brasil y Paraguay reiteraron la importancia de las negociaciones en bloque, en línea con los estándares del MERCOSUR y sus objetivos consagrados en sus instrumentos fundacionales. Y, como consta en el acta del encuentro realizado en Brasilia, los Estados Parte recordaron el fuerte ritmo de negociaciones que el MERCOSUR ha venido marcando recientemente, con la conclusión de varios acuerdos, como el MERCOSUR-Unión Europea, el MERCOSUR-AELC (bloque integrado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y el MERCOSUR-Singapur, además de otras negociaciones en curso. O sea, en un escenario en el que el bloque viene siendo marcadamente aperturista, operar de forma individual y descoordinada, con tratados con resultados desiguales vulnera su institucionalidad y empobrece a nuestro país.
El convenio fue negociado en el marco de una opacidad que ya se ha transformado en un penoso clásico del gobierno de Milei. En menos de dos años de gestión, escondió el envío y el uso del oro de Argentina, ha mantenido enigmáticas intervenciones del Tesoro en el mercado cambiario y ha ocultado las condiciones de la trama financiera con Estados Unidos.
Lo negociado podría romper también el nivel máximo de las excepciones acordadas en el Arancel Externo Común del MERCOSUR (para confirmarlo hace falta que se publique el texto completo del acuerdo, pero con llegar a más de cien las posiciones arancelarias a 8 dígitos del NCM exceptuadas ya provocaría la ruptura). Poner en peligro la relación con nuestro espacio regional de pertenencia también implica una degradación como país que destruiría la principal plataforma de integración regional de inserción internacional, donde en términos comerciales genera la mayor demanda de bienes industriales con más alta generación de empleo formal. El 58,3% de lo que exportó Argentina al MERCOSUR en los primeros nueve meses de 2025 fueron manufacturas de origen industrial y recibió el 20,4% de la exportación total.
Las concesiones sectoriales que demandó Estados Unidos coinciden con rubros donde Argentina tiene capacidades tecnológicas y exporta de bienes no tradicionales que la distingue positivamente del nivel general de Latinoamérica y donde la plataforma de inserción internacional del MERCOSUR fue fundamental para el desarrollo de escalas mínimas de exportación. Ahora ese desarrollo corre peligro.
En definitiva, la pretensión del gobierno de Milei, coronada por el empuje de Estados Unidos, parece buscar acelerar el proceso de latinoamericanización de nuestra estructura productiva y social. Se trata de un ansiado intento de los sectores de poder en Argentina de normalización de nuestro país hacia lo peor de los estandares productivos y distributivos regionales. Lo característico de la normalidad latinoamericana es un esquema productivo donde predomina la explotación de recursos naturales sin valor agregado industrial, la desorganización y disciplinamiento de los trabajadores por parte de los grandes grupos de poder sin tensiones distributivas que garantizan la estabilidad, pero también el sometimiento, la ausencia de una resistencia social amplia y sostenida ante el empeoramiento de las condiciones de vida, la desigualdad distributiva, la ausencia de un sistema de desarrollo científico y tecnológico liderado por el Estado y acentuados límites de acceso a la enseñanza universitaria de alto nivel. Allá vamos.
Desde el sector empresarial plantearon que el esquema de multas propuesto en el proyecto de ley “es excesivo”. “Podría generar un fuerte impacto en las empresas”, señalaron.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) analizó el proyecto de ley “Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario”, conocido como “inocencia fiscal” y expresó su preocupación por los cambios tributarios que contempla la iniciativa.
La entidad que preside Natalio Mario Grinman respaldó la reducción de impuestos y la simplificación del sistema tributario que impulsa el proyecto, pero alertó que el esquema de multas propuesto es excesivo y podría generar un fuerte impacto sobre las empresas.
El texto oficial que envió el presidente Javier Milei al Congreso el pasado 9 de diciembre promete modificar el sistema tributario.
La CAC reconoció la necesidad de actualizar los montos de las sanciones, pero sostuvo: “Los valores propuestos para la Ley N° 11.683 resultan excesivos y pueden llevar a numerosas empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, a sufrir importantes quebrantos”.
La Cámara de Comercio advirtió por el impacto de las nuevas multas tributarias que propone la reforma laboral (Foto: NA – Daniel Vides)
Ante este escenario, la entidad recomendó avanzar hacia un sistema de multas escalonado, “suficientemente punitivo y disuasivo” para cada tipo de contribuyente, pero “sin provocar daños desmedidos” en su estructura económica y financiera.
“Se propone modificar el sistema de multas planteado por uno escalar, en particular para las infracciones formales, que permita que el monto de las sanciones se adecue al tipo de contribuyente considerando su capacidad económica presunta”, señaló la CAC en un comunicado.
Reforma del régimen Penal Tributario: qué dice el proyecto
El proyecto, conocido como “inocencia fiscal”, es una iniciativa que apunta a redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes.
El objetivo central es simplificar los procesos impositivos, bajar la conflictividad judicial y promover la regularización voluntaria de los contribuyentes, en especial de aquellos que tienen dólares fuera del sistema financiero.
En la práctica, el esquema les permitiría reingresar esos fondos sin multas ni sanciones penales.
Reforma del régimen Penal Tributario: qué dice el proyecto (Foto: Adobe Stock)
La iniciativa introduce tres grandes reformas: en el procedimiento, en el régimen penal tributario y en las declaraciones impositivas.
Con respecto al régimen penal tributario, la propuesta actualiza los montos que determinan los delitos fiscales, hoy desactualizados.
Por ejemplo, el piso para la evasión simple subirá de $1,5 millones a $100 millones, y para la evasión agravada de $15 millones a $1.000 millones.
También se incorpora un mecanismo que permite extinguir la acción penal si el contribuyente cancela la deuda e intereses antes de que se formule la denuncia.
Si el proceso ya se inició, podrá cerrarlo con el pago total más un 50% adicional dentro de los 30 días. Esta posibilidad solo podrá usarse una vez por persona o empresa.
El Ejecutivo quiere replicar el ajuste que realizó entre 2023 y julio de 2025 para ampliar un 10% más las bajas del personal estatal, que implica eliminar alrededor de 28.000 puestos adicionales. La dotación total del sector público nacional asciende actualmente a 282.570 empleados.
El Gobierno acelera la motosierra y prepara un recorte en organismos descentralizados y empresas públicas tras haber reducido más de 53.000 puestos de trabajo desde el inicio de la gestión. El Ejecutivo quiere replicar el ajuste que realizó entre 2023 y julio de 2025 para ampliar un 10% más las bajas del personal estatal.
“Quedan muchas áreas por recortar, pero hay que hacer un trazado fino”, expresan en Nación. En el gabinete hubo malestar durante 2024 cuando el exjefe de gabinete Nicolás Posse bajó un porcentaje de reducción obligatorio de los empleados contratados. Los ministros argumentaron que eran los que más funciones cumplían y que no había mayor masa de reducción.
En la Casa Rosada apuntan contra el régimen de los trabajadores estatales permanentes y advierten que el margen de maniobra en la administración centralizada -como ministerios y secretarías- es limitado. Nación aparte ya no cuenta con las facultades delegadas que le permitieron reformar la estructura estatal.
Según el último informe del INDEC, la dotación total del sector público nacional asciende actualmente a 282.570 empleados, de forma que alcanzar una reducción del 10% implica eliminar alrededor de 28.000 puestos adicionales en el transcurso de un año. Los ministerios concentran poco más de 39.000 empleados,los organismos descentralizados abarcan 116.900, los desconcentrados incluyen 22.000 y otros entes, 14.000.
El segundo bloque bajo revisión son las empresas y sociedades del Estado, que cuentan con una dotación cercana a los 90.000 trabajadores (Foto: REUTERS/Cristina Sille).
El foco principal está puesto en los organismos descentralizados, que hoy concentran cerca de 117.000 empleados. La estrategia oficial no apunta al cierre masivo de entes, sino a la eliminación de áreas duplicadas, la reorganización funcional y a la no renovación de contratos. Si este segmento absorbiera poco más de la mitad del ajuste total, el recorte debería rondar los 15.000 a 16.000 puestos, lo que equivale a una reducción interna de alrededor del 13% de su planta.
El segundo bloque bajo revisión son las empresas y sociedades del Estado, que cuentan con una dotación cercana a los 90.000 trabajadores. Para completar el recorte total del 10%, ese universo debería aportar unas 12.000 a 13.000 bajas, lo que representa una reducción de alrededor del 14%. En este caso, el Gobierno contempla como alternativa central la privatización, concesión o liquidación de compañías, lo que permitiría reducir personal sin que todas las salidas computen como despidos directos.
La articulación de la “motosierra 2.0” está coordinada por la Jefatura de Gabinete, que encabeza Manuel Adorni, junto con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El Presupuesto 2026 refuerza ese esquema al centralizar la autorización para cubrir vacantes y consolidar el congelamiento de ingresos. En el Gobierno aseguran que el ajuste continuará de manera gradual durante los dos primeros trimestres del año próximo.
Ante la posibilidad de nuevos despidos en el Estado, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) anunció que evalúa adelantar el paro nacional que estaba programado para cuando el Congreso trate la reforma laboral. “El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”, expresó su secretario general, Rodolfo Aguiar.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual se aceleró contra octubre. En los últimos 12 meses sumó 31,4%. Los rubros que más subieron.
La inflación de noviembre fue de 2,5% y acumula 27,9% en los primeros once meses de 2025, informó este jueves el INDEC. La variación mensual se aceleró contra octubre y anotó así el segundo avance consecutivo. En términos interanuales, la variación del IPC fue de 31,4%.
La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,4%. En segundo lugar se ubicó Transporte, con 3%, seguido por los alimentos, que aumentaron 2,8% en el mes. En este último rubro, la suba de la carne -en torno a 6%, según la región- tuvo un rol fundamental.
El INDEC, además, detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. Cuyo mostró el mayor incremento, con 2,8%.
En línea con el dato nacional se ubicaron Gran Buenos Aires y la región Pampeana (2,5%), seguidas por el Noreste (2,4%).El menor aumento se registró en el Noroeste y en la Patagonia con 2,3%.
A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).
Tras conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó en su cuenta de X: “La inflación acumulada en los primeros 11 meses del año fue de 27,9%, la menor para este período del año desde 2017 (21%)”.
El ministro Luis Caputo destacó que la inflación acumulada en los primeros 11 meses fue la menor para este período del año desde 2017. (Foto: Reuters).
“A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años. El orden fiscal y monetario permitió mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico, con una suba de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre”, escribió el titular de la cartera económica.
Rubro por rubro: las divisiones que aumentaron en noviembre
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,4%.
