En medio de la crisis del Garrahan y mientras en Diputados se intenta revertir el veto de Milei a la emergencia pediátrica, los trabajadores del Hospital revelaron que los funcionarios que responden al ministro de Salud, Mario Lugones, guardan más de 40 mil millones de pesos de la entidad en un fondo común de inversión.

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan dio a conocer que en el balance financiero del año 2024 figura la conformación de un FCI en el Banco Nación, que con los intereses sumaba más de 44 mil millones de pesos al 31 de diciembre pasado.

“Son estos funcionarios que nos dicen que no hay plata que somos ñoquis”, denunció la secretaria general de la APyT, Norma Lezama, que indicó que la suma invertida en la timba financiera equivale a un cuarto del presupuesto del hospital.

“Se están guardando 40 mil millones de pesos de la recaudación del tercer pagador (que es lo que el Hospital cobra a las obras sociales y prepagas) que representa al 35% de las prácticas que se realizan en nuestro hospital y que, en lugar de ser distribuidas como corresponde a obras de infraestructura y en gran parte a un ítem que se llama recursos genuinos que percibimos en nuestros salarios, se lo están guardando en un fondo de inversión”, declaró Lezama a Noticias Argentinas.

La información surgió de un pedido de información pública realizado por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. “¿Que hicieron con el superávit del Garrahan? Lo metieron íntegro en un fondo de inversión. Le quitaron recursos propios y se lo llevaron a la cuenta de inversión del Nación”, afirmó.

Lezama contó que les solicitaron al director médico Mariano Pirozzo y a la consejera administrativa Mariel Sánchez, entre otras autoridades, las explicaciones pertinentes sobre la situación porque ese dinero “tiene que estar en el bolsillo de cada uno de los trabajadores”.

La administración del Hospital Garrahan depende de Lugones, el ministro más cercano a Santiago Caputo. El asesor fue socio en la consultora Move de Rodrigo Lugones, hijo del jefe de la cartera sanitaria.

“Las coimas venían de una estructura que se había formado por instrucciones del senador Traferri y las pagaba el empresario de juego Leonardo Peiti”. La declaración la hizo el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad al salir de declarar en el juicio que se sigue contra su ex jefe, el fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, a quien le piden 12 años de prisión por haber sido organizador de una trama que favorecía al juego clandestino en una terminal que sostenía también campañas electorales.

Ponce Asahad cumplió una condena de seis años de prisión por formar parte de esa asociación ilícita en la que están situados como jefes el propio Serjal y el senador justicialista Armando Traferri, quien fue convencional hasta la semana pasada en la Convención que reformó la Constitución Santafesina, y que también fue presidente de la comisión de juicio político hasta el año pasado en la Legislatura.

Esa declaración la hizo este miércoles en la audiencia ante los jueces Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra. Antes de entrar a la audiencia Ponce Asahad le dijo a un grupo de periodistas. “Acá el gran ausente es el senador Traferri”, dijo del dirigente que fue ex intendente de la ciudad de San Lorenzo y por cuatro períodos miembro de la Cámara alta santafesina.

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Peiti es un empresario de juego clandestino que intentó, a través de un grupo de senadores, obtener la concesión del juego online en Santa Fe. A partir de eso pagó contribuciones desde su actividad. El mismo declaró en una entrevista con LPO que a Traferri le dio 200 mil dólares.

Ponce Asahad es un verborrágico ex funcionario judicial que tuvo un paso polémico cuando fue secretario de Instrucción en el viejo sistema penal y que terminó, en este mismo caso, condenado por cohecho pasivo e incumplimiento de sus deberes. Como arrepentido en los inicios de este trámite aceptó que recibía dinero de Peiti hasta que este capitalista de juego en un momento quiso denunciar lo ocurrido, porque temía ir preso debido a que el entonces fiscal de Melincué Matías Merlo lo tenía cercado en una pesquisa. Peiti denunció esto a través de su abogado Luis Rossini, ya fallecido.

“Rossini, el abogado de Peiti, me dice de hacer una reunión un viernes a la noche en una cochera en Pichincha. Traferri me pide que vaya y que después le transmita que decía. Rossini me dice que Peiti iba a declarar porque estaba cansado y (un grupo criminal) lo estaba amenazando con pintadas. Me dice que a Traferri no lo iban a nombrar. Yo al otro día le conté al senador. Me respondió: “«Tranquilo, si abren la boca veremos cómo nos defendemos»”.

Las coimas venían de una estructura que se había formado por instrucciones del senador Traferri y las pagaba el empresario de juego Leonardo Peiti

En su testimonio como imputado de hace casi cinco años, que este miércoles refrendó en el juicio, Ponce Asahad aseguró que entró en contacto con Traferri para cerrar acuerdos que implicaban cobrarle a Leonardo Peiti cuotas regulares de dinero de manera de no interferir en sus múltiples negocios de juego y casinos clandestinos, casi 200, desplegados en distintas zonas de la provincia. Proporcionó lugares de encuentro y fechas que fueron cotejados por los investigadores con el impacto de los teléfonos celulares de ambos en las antenas de telefonía ubicadas en los lugares mencionados.

En ese marco afirmó que su primer encuentro con el senador provincial fue en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en Montevideo 1968 de Rosario, el 24 de abril de 2017, es decir dos semanas después de que Serjal asumiera como fiscal regional.

El ex fiscal Serjal

Juan José García

Ponce Asahad produjo una declaración por escrito en la que implica a Traferri en el esquema de recaudación ilegal. “Vamos a ver si con lo que yo declaro la política le saca los fueros al senador tan rápido como hizo conmigo al destituirme”, sostuvo Ponce Asahad ante los fiscales a mitad de 2020. Eso no pasó hasta que Traferri lo aceptó por voluntad propia. Recién estuvo frente a un juez cuando el Ministerio Público de la Acusación cambió a los fiscales que lo investigaron, como él solicitaba como condición. Y cuando el año pasado renunció voluntariamente a sus fueros tras ser reelecto senador en diciembre de 2023.

“Yo sé cómo se recauda con el juego porque soy peronista de siempre y esta es una caja con la que se financia históricamente el partido. Y no solo el peronismo lo hace con el juego”, afirmó Ponce Asahad en 2020.

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La declaración contra Traferri fue detallada. Sostuvo que el juego en la circunscripción de Rosario tenía tres patas: Peiti, Serjal y Traferri. Afirmó que al encontrarse por primera vez en el hall del MPA de calle Montevideo con Traferri, el ex fiscal regional Serjal le indicó delante del senador que debía tener una reunión con Peiti. Y que en esa cita, de la que proporcionó la fecha, el capitalista le dio una caja en la que habría dinero. “Esto es para Patricio y el senador está al tanto”, aseguró que le dijo Peiti.

Según afirmó, el día que se conocieron en la fiscalía, Traferri le comentó que no tenía su teléfono: “Haceme una (llamada) perdida que te agendo”, le pidió. Ponce lo hizo y proporcionó la referencia. Fue una llamada de 12 segundos el 24 de abril de 2017. Trece días antes, el 11 de abril, había asumido Serjal.

Se confirmaron esos contactos, lo que fue expuesto en audiencia, donde los teléfonos de ambos se cruzan tocados por la misma antena, cuestión que sugiere encuentros personales. El vínculo de Peiti y Traferri está acreditado por indicios. Un día que Peiti rompió su teléfono, luego de que Serjal y Ponce Asahad se enteraran que aquel estaba siendo investigado, el empresario pidió el contacto de Traferri a su secretaria. También se constató que la secretaria de Peiti le dijo a su jefe: “Me estoy yendo a San Lorenzo. ¿Tenés algo que mandarle al Pipi?”

Ponce Asahad cumplió una condena de seis años de prisión por formar parte de esa asociación ilícita en la que están situados como jefes el propio Serjal y el senador Traferri, quien fue convencional hasta la semana pasada en la Convención que reformó la Constitución Santafesina

En abril de 2021 Ponce Asahad se convirtió en imputado colaborador y prestó aportes sobre el funcionamiento del grupo ante los fiscales que llevaban el caso. Por eso obtuvo una rebaja de pena a tres años de prisión.

El ex fiscal Ponce estuvo detenido a partir del 31 de julio de 2020 cuando fue señalado por el empresario de juego Leonardo Peiti por haberle cobrado coimas durante un año para ayudarlo a esquivar investigaciones y allanamientos en su contra. En ese momento Peiti también acusó de participar de esas maniobras a Serjal. El escándalo terminó con ambos funcionarios judiciales desplazados y tras las rejas. A Serjal le concedieron a los ocho meses domiciliaria por cuestiones de salud psíquica. Desde el lunes es juzgado.

En octubre pasado, por los hechos que se ventilan en este trámite, Traferri fue finalmente imputado de organizador de juegos de azar ilegales como partícipe primario, de tráfico de influencias agravado por hacer valer su posición frente a un magistrado en cuatro hechos, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y de peculado de caudales públicos.