La presentación fue realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la Defensora General Adjunta, Gisela Gaúna Wirz y la presidenta del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, Bashé Charole. Se solicitó una medida cautelar para que el organismo internacional ordene al gobierno provincial la implementación urgente de un abordaje integral de las adicciones en contexto de encierro, garantizando asistencia médica y psiquiátrica adecuada. El pedido se realizó tras la muerte de tres internos en el Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña en poco más de un mes, todas vinculadas al consumo problemático de drogas y la falta de atención médica.
La Defensora General Adjunta, Gisela Gaña Wirz, en su rol de Defensora Pública Interamericana por Argentina, y Bashé Charole, presidenta del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, presentaron una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a la muerte de tres internos en menos de un mes dentro del Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña. Las muertes estarían relacionadas con el consumo problemático de sustancias y la falta de atención médica adecuada.
La solicitud se fundamenta en una denuncia previa de 2022, que advertía sobre la falta de programas de tratamiento de adicciones en el sistema penitenciario chaqueño. A esta situación se suma la decisión reciente del gobierno provincial de prohibir el uso de teléfonos móviles en los penales, limitando el acceso de los reclusos a la salud, la educación y la posibilidad de denunciar abusos.
La presentación ante la CIDH exige al Estado la implementación de un abordaje integral de las adicciones en contexto de encierro, garantizando asistencia médica y psiquiátrica adecuada. También solicita medidas preventivas contra muertes por suicidio o hechos violentos, así como la realización de investigaciones imparciales en casos de fallecimientos dentro de los penales. Además, reclama el acceso irrestricto de organismos de derechos humanos y mecanismos de prevención de la tortura a las instituciones penitenciarias.
“Las personas privadas de libertad en la provincia del Chaco enfrentan una crisis humanitaria exacerbada por la ausencia total de políticas estatales efectivas para abordar las adicciones”, señala la presentación. “Esta negligencia ha desencadenado una serie de muertes trágicas, incluyendo sobredosis y posibles suicidios, que evidencian el abandono y la desprotección a la que están sometidos. La situación descrita es de extrema gravedad y urgencia, y el riesgo de daño irreparable a la vida e integridad de los internos es inminente. La inacción del Estado y el retiro de los teléfonos celulares agravan aún más la crisis, haciendo imperativa la intervención de la CIDH”, añade.
“Las personas privadas de libertad en el Chaco enfrentan una crisis humanitaria exacerbada por la ausencia total de políticas estatales efectivas para abordar las adicciones”
La medida cautelar presentada es en favor de las personas privadas de su libertad en la provincia del Chaco que se encuentran distribuidas en dos Complejos y siete unidades penitenciarias, de las cuales dos alojan mujeres. En la misma se solicita a la CIDH que ordene al Estado chaqueño a la aplicación de acciones urgentes, como son: implementación inmediata de programas de tratamiento para adicciones, con personal capacitado y recursos adecuados; garantizar el acceso a atención médica y psicológica especializada para personas con adicciones; adopción de medidas urgentes para prevenir muertes por sobredosis, suicidio o violencia; investigación exhaustiva e imparcial de las muertes ocurridas; cumplimiento del Protocolo de Minessota, para investigar las muertes ocurridas en las unidades penitenciarias.
A su vez, solicitaron que se intime al gobierno chaqueño al restablecimiento inmediato del uso de teléfonos celulares o medios de comunicación equivalentes y se garantice el derecho de los internos a comunicarse con sus familiares, abogados y organizaciones de derechos humanos.
También pidieron que se asegure el acceso irrestricto de organismos de derechos humanos y mecanismos de prevención de la tortura a las prisiones y se cumpla con las resoluciones de habeas corpus ya presentadas y aprobadas.
Tres muertes en 40 días
El Complejo Penitenciario II, junto con el Complejo Penitenciario I en Resistencia, aloja la mayor cantidad de internos en la provincia. La situación en estas unidades refleja un abandono estatal que, según la presentación, generó condiciones de detención inhumanas y un grave deterioro de la salud de los reclusos.
Según la denuncia, la omisión del Estado en garantizar condiciones dignas de reclusión y asistencia médica adecuada ha derivado en la violación de derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida y a la salud.
Los días 11 y 23 de enero y 24 de febrero pasados, se produjeron las muertes de tres internos del Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña: A.S.C., J.G.A. y H.G.M. Los decesos de estas personas tienen como punto en común el consumo problemático de estupefacientes dentro del establecimiento carcelario.
Si bien de las actas de fallecimiento de H.G.M. y A.D.C., surge que se produjeron por “asfixia por ahorcadura” y que hasta la fecha no han sido agregados los informes de autopsia a las causas donde son investigadas sus respectivas muertes, de los distintos testimonios y pruebas recogidos se pudo reconstruir que ambos padecían de severos consumos problemáticos.
El caso de J.G.A. resulta paradigmático: fue hallado en su celda con una jeringa en el brazo, y se confirmó que padecía adicción a las drogas. Su compañero, H.G.M., también con problemas de consumo, manifestó haber ingerido la misma sustancia (ketamina) antes de su fallecimiento. A pesar de su deterioro físico, H.G.M. no recibió la atención médica adecuada y fue encontrado sin vida semanas después en su celda.
La presentación realizada ante la CIDH también alerta sobre el tráfico de drogas dentro de los penales, con posible connivencia del Servicio Penitenciario Provincial. Un operativo de requisa en diciembre de 2024 encontró sustancias ilegales y una balanza de precisión dentro del Complejo Penitenciario II, lo que refuerza las sospechas de un sistema corrupto que facilita el consumo de estupefacientes dentro de las unidades carcelarias.
La reciente decisión de prohibir el uso de teléfonos celulares en las cárceles también es motivo de preocupación. Durante la pandemia, la utilización de dispositivos móviles fue regulada y demostró ser un recurso clave para el acceso a derechos básicos como la salud y la educación. La medida llevada adelante por el gobierno de Leandro Zdero, en cumplimiento de una ley sancionada por la Legislatura provincial, restringe la comunicación con familiares y organismos de derechos humanos, dificultando la supervisión de las condiciones de detención y aumentando la vulnerabilidad de los internos ante situaciones de abuso.
LITIGIO
