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Politica

ADEPA rechazó el fallo judicial que impide a los medios la difusión de audios

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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas advierte que la decisión judicial afecta la transparencia y el derecho ciudadano a conocer hechos de interés institucional, en medio de un debate sobre libertades fundamentales

La reciente decisión judicial que impide a los medios de comunicación difundir audios presuntamente grabados en la Casa de Gobierno de la Nación y atribuidos a la Secretaria General de la presidencia ha reavivado el debate sobre los límites a la libertad de prensa en Argentina. Para la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), este tipo de medidas estatales representan una restricción ilegítima a los derechos fundamentales de expresión y acceso a la información, especialmente cuando involucran a funcionarios públicos o hechos de interés institucional.

Desde hace tiempo, ADEPA sostiene una postura firme contra cualquier decisión de funcionarios públicos que ordene no difundir información, subrayando que la transparencia resulta esencial en asuntos que afectan a la administración pública y a la vida institucional del país. La organización considera que la reciente sentencia de la justicia en lo Civil y Comercial Federal constituye un nuevo caso de órdenes estatales que, en su opinión, limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa.

En el plano internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que, salvo en situaciones que involucren la protección de la infancia y la adolescencia, toda medida preventiva que restrinja la circulación de información implica un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión. Este criterio refuerza la posición de ADEPA, que advierte sobre los riesgos de las prohibiciones previas a la publicación de información.

La organización periodística remarca que la publicación de informaciones puede dar lugar a responsabilidades ulteriores, y que el gobierno dispone de herramientas legales para investigar y sancionar delitos relacionados con la grabación de los audios, así como para aplicar sanciones a cualquier funcionario que haya incumplido sus deberes de secreto. No obstante, ADEPA enfatiza que las prohibiciones preventivas resultan incompatibles con el artículo 14 de la Constitución Nacional, ya que afectan el derecho de la ciudadanía a informarse y a conocer hechos de relevancia pública, los cuales pueden influir —o no— en la formación de la opinión pública.

El comunicado completo

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ha rechazado de modo constante, todas aquellas decisiones de funcionarios públicos por las cuales se ordene no difundir información. En especial cuando se trata de información relativa a funcionarios públicos o a hechos de interés o relevancia institucional.

La reciente sentencia de la justicia en lo Civil y Comercial Federal por la cual se prohíbe a todos los medios de comunicación la difusión de audios presuntamente grabados en la Casa de Gobierno de la Nación atribuidos a la Secretaria General de la presidencia, es un nuevo ejemplo de esas órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene resuelto que, con la sola excepción de la protección de la infancia y la adolescencia, cualquier medida preventiva que limite la circulación de información constituye un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión.

La publicación de informaciones solo puede dar lugar a responsabilidades ulteriores y el gobierno puede promover la investigación y sanción de los delitos que puedan haber dado lugar a la grabación de los audios, del mismo modo que puede procurar la sanción de cualquier funcionario que haya violado sus deberes de secreto.

Las prohibiciones preventivas, en cambio, son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional y afectan el derecho de la ciudadanía a informarse y conocer hechos de relevancia pública que pueden -o no- influir en la formación de la opinión pública.

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Politica

Capitanich: “vamos a participar activamente en las comisiones, haremos valer nuestra voz, nuestra representación y nuestro voto”

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El senador nacional Jorge Capitanich mantuvo este lunes una reunión de trabajo con diputados nacionales del Chaco, pertenecientes al espacio Fuerza Patria.

Durante el encuentro, del cual participaron Julieta Campos, Aldo Leiva y Sergio Dolce; el senador destacó la necesidad de ampliar la convocatoria. “el objetivo es conformar un espacio de trabajo conjunto entre todos los senadores y diputados nacionales de la provincia”, expresó.
“Tenemos que constituir un bloque compacto para defender los intereses del Chaco”, señaló al mismo tiempo que marcó como prioridades la construcción del segundo puente Chaco–Corrientes, la compensación del déficit del sistema previsional, la garantía de cobertura del INSSSEP, la finalización de obras viales en ejecución, la construcción de viviendas y el desarrollo de infraestructura estratégica en todo el territorio provincial.

Por otro lado, subrayó la importancia de reactivar la obra pública como motor de empleo y desarrollo, particularmente para los sectores vinculados a la construcción y a los oficios, hoy afectados por la paralización de proyectos.

COMISIONES Y VIOLACIÓN DE REGLAMENTO

En otro tramo de sus declaraciones, el legislador chaqueño se refirió a la reciente conformación de las comisiones en el Senado de la Nación. Manifestó su preocupación por la falta de respeto al reglamento interno y a la proporcionalidad en la integración de los bloques parlamentarios.

Capitanich recordó que la oposición representa el 38,8 por ciento del cuerpo y que esa participación debe reflejarse en la composición de las comisiones.

Señaló que, conforme al reglamento, en las comisiones de 17 miembros corresponde una integración de 10 senadores por el oficialismo y 7 por la oposición, y en las de 19 miembros, 12 y 7, respectivamente.

“No estamos solicitando más de lo que corresponde por criterio aritmético y reglamentario”, sostuvo.

Indicó además que no se convocó a una sesión especial para resolver la integración y que se avanzó mediante decisiones sin facultades delegadas, situación que podría derivar en instancias judiciales evitables.

“Vamos a participar activamente en las comisiones, haremos valer nuestra voz, nuestra representación y nuestro voto. Lo que si quisiera saber es: ¿Por qué los gobernadores de otros espacios que no pertenecen al nuestro apoyan la quita de recursos para sus propios habitantes y ciudadanos?. La verdad es que es una pregunta que me gustaría hacerles, por qué mandan a sus legisladores a apoyar estas iniciativas de detracción sistemática de recursos”, concluyó.

DEBATE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN LABORAL EN COMISIÓN

Capitanich participó del plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto en el debate, el senador señaló que “muchos de los tributos que se derogan, y reducen ingresos, afectan a las provincias argentinas, porque se coparticipan”.

Puso como ejemplo, los 2.179 millones de dólares por reducción de impuestos a las sociedades comerciales y los 548 millones de dólares equivalentes a la derogación de bienes suntuarios.

Agregó que en la iniciativa se involucra la distribución primaria y secundaria de los recursos de las provincias.

Luego, preguntó por qué el proyecto contempla la derogación estatutos de carácter específicos, por ejemplo de la ley 14.546 del estatuto de viajante o el estatuto del periodista.

Además, invitó al gobierno Nacional a discutir iniciativas para formalizar el empleo a partir de la mejora de normativas vigentes. En ese sentido, señaló la ley 23.377, régimen de corresponsabilidad gremial, para lograr mecanismos de mejora con el objetivo de beneficiar a los trabajadores rurales en su registración, o trabajadores de casas particulares.

Por último, llamó a mejorar la situación de la industria maderera del Chaco, y la situación de las micro pymes, que tienen una informalidad del 77%.

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La Justicia autorizó a Cristina Kirchner a usar la terraza dos horas al día y modificó el régimen de visitas

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La expresidenta Cristina Kirchner podrá subir dos horas por día a la terraza del edificio ubicado en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 2, que tiene a su cargo la ejecución de la pena.

La medida se resolvió luego de la elaboración del segundo informe de control trimestral sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas cuando se le concedió la prisión domiciliaria, en junio pasado. A partir de esa evaluación, el tribunal introdujo una modificación puntual en el régimen vigente.

El juez del TOF2 Jorge Gorini resolvió mantener el arresto domiciliario en el departamento de San José 1111, pero autorizó que Cristina Kirchner pueda acceder a la terraza del inmueble por un máximo de dos horas diarias. Ese permiso fue equiparado al régimen de salida al patio que rige para las personas privadas de la libertad alojadas en establecimientos penitenciarios.

Las nuevas condiciones para Cristina Kirchner
El fallo ratificó, además, la continuidad de la prisión domiciliaria, el uso obligatorio de la tobillera electrónica y la realización de controles trimestrales para verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas. Esos aspectos del régimen no sufrieron modificaciones respecto de lo dispuesto originalmente.

No obstante, la resolución introdujo cambios en el régimen de visitas sin necesidad de autorización previa. A partir de lo decidido, se recortó un porcentaje de las personas que tenían ingreso irrestricto conforme al listado aportado por Cristina Kirchner, y en esos casos se exigirá que se detallen los motivos de las visitas.

La restricción alcanza a algunos abogados, médicos, contadores y familiares, quienes deberán justificar el motivo de su ingreso al domicilio. De este modo, el tribunal mantuvo el esquema general de la prisión domiciliaria, pero ajustó determinadas condiciones vinculadas a la circulación y al control de visitas.

 

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Un ministro de Lula dijo que Milei alucina y escucha voces

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Guilherme Boulos, secretario General de la Presidencia, respondió a una publicación de Milei que ligaba al gobierno de Lula con la pobreza.

Javier Milei publicó un mapa de Brasil como si fuera un villa miseria y desató la furia del gobierno de Lula da Silva, que lo acusó de tener alucinaciones y escuchar voces.

Guilherme Boulos, el secretario General de la Presidencia del gobierno brasileño fue el encagado de responderle al libertario, que publicó un mapa de Sudamérica que se mostraba dividido en dos.

Por un lado la franja de países gobernados por gobierno de derecha como Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador que mostraban desarrollo y prosperidad contra los países dominados por la izquierda a los que la ilustración los asemeja a la miseria y la pobreza.

Entre esos países aparece Brasil. Por eso, Boulos citó esa imagen y respondió: “El ataque del presidente argentino al pueblo brasileño es vergonzoso. Parece más bien la alucinación de alguien que busca el consejo de voces externas para intentar gobernar un país. Milei es la cara de la ultraderecha: estupidez y prejuicio”.

No es la primera vez que se sugiere que Milei habla con gente que no existe. Una versión que gira entorno al jefe de estado es sus conversaciones con Konan, el perro muerto que dicen lo aconseja desde el más allá en la toma de decisiones sobre del rumbo de la Argentina.

Boulos sería el ala izquierda del gobierno de Lula. Integrante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), supo ser candidato a presidente en 2018 y 2022 pero selló su alianza con Lula cuando compitió por la alcaldía de San Pablo, donde salió derrotado por el actual mandatario local aliado del gobernador de derecha y posible competidor de Lula el año que viene, Tarcisio Gomes da Freitas.

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