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Politica

Tensión en Defensa: tras la salida de Petri, las Fuerzas Armadas esperan una renovación en la cúpula militar

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El alejamiento de Luis Petri abrió una etapa de incertidumbre sobre el futuro de la conducción militar. Se analizan nombres para la sucesión y crecen las presiones internas en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

La renuncia de Luis Petri al Ministerio de Defensa, que se hará efectiva el 10 de diciembre cuando asuma como diputado, provocó un nuevo temblor dentro de las Fuerzas Armadas. Su salida no sólo deja vacante un ministerio clave, sino que reabre la disputa por los cargos de conducción militar y la jefatura del Estado Mayor Conjunto (EMCO).

Petri había llegado al Gobierno de Javier Milei con la promesa de modernizar las Fuerzas y avanzar en el reequipamiento. Durante su gestión se confirmó la compra de 24 aviones caza F-16 a Dinamarca, de los cuales cinco llegarán en diciembre, y dos de los cuatro Orion P3 destinados a la Armada. Sin embargo, su imagen interna se deterioró rápidamente por la crisis en la obra social IOSFA y los reclamos salariales, que continúan sin solución.

Del entusiasmo inicial al desgaste político

Dentro de las filas militares, el entusiasmo del comienzo se fue apagando ante la sensación de abandono. En los últimos meses, Petri concentró su energía en la campaña legislativa en Mendoza, lo que profundizó el malestar entre los cuadros de mando. Varios oficiales reconocen que el ministro “ya estaba con un pie afuera” y que la gestión quedó en manos del viceministro Marcelo Rozas Garay, la jefa de Gabinete Luciana Carrasco y el secretario de Asuntos Internacionales, Juan Battaleme.

En ese contexto, crece la expectativa sobre quién asumirá la conducción del ministerio y si el recambio incluirá también a las cúpulas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En las últimas semanas, comenzaron a circular nombres y versiones sobre posibles movimientos en la estructura militar.

El recuerdo de la gestión Posse y las internas del EMCO

Buena parte de la estructura actual fue diseñada en los primeros meses del Gobierno, bajo la influencia del ex jefe de Gabinete Nicolás Posse y del fallecido ex secretario de Asuntos Estratégicos Jorge Antelo. Ambos intervinieron directamente en la designación de los jefes militares, en un proceso atravesado por disputas internas entre las distintas fuerzas.

El brigadier general Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto, fue designado por su cercanía con el entorno de Corporación América, grupo empresario que colaboró con Milei durante la campaña y que participó en la negociación por los F-16. Junto a él fueron nombrados el teniente general Luis Presti en el Ejército y el almirante Carlos Allievi en la Armada.

En la Fuerza Aérea, en tanto, la salida de Fernando Luis Mengo —forzada por un escándalo vinculado al uso de aviones oficiales para fines personales—. Y las posteriores acusaciones públicas no comprobadas generaron un profundo malestar institucional. Fue reemplazado por el brigadier Gustavo Javier Valverde, quien asumió en medio de tensiones internas.

Movimientos y rumores de sucesión

El mes pasado, una reunión entre el general Presti y Karina Milei en la Casa Rosada reavivó las versiones sobre un inminente cambio en la cúpula. Según fuentes del Ejecutivo, el encuentro estuvo relacionado con actividades protocolares de los Granaderos. Pero su carácter reservado y el hecho de que el militar se presentara de traje civil alimentaron las especulaciones.

En los pasillos del EMCO se menciona la posibilidad de que Presti suceda a Isaac. O incluso que este último dé un salto político y se convierta en el primer uniformado al frente del Ministerio de Defensa. Y es que se trataba de un cargo tradicionalmente reservado a civiles. Por ahora, ninguna versión fue confirmada, aunque en las fuerzas hay consenso en que el recambio “será profundo”.

Un tablero militar que espera señales

Desde el entorno de Milei aseguran que la definición del nuevo ministro se tomará “sin apuro”. Priorizando así la estabilidad institucional y el equilibrio entre las fuerzas. El desafío no será menor: el próximo titular de Defensa deberá recomponer la moral interna. Además, de normalizar la situación de la obra social militar y sostener el ambicioso plan de reequipamiento iniciado este año.

En las Fuerzas Armadas, mientras tanto, predomina la cautela. “Hasta ahora sólo hay rumores. Pero todos sabemos que después del 10 de diciembre nada quedará igual”, confió un oficial con acceso a la conducción del Ejército.

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Politica

Bronca de los libertarios de Bahía con Pareja porque les impone referentes del Conurbano

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Puso como coordinadora en la Sexta a una senadora electa por la Primera y restalló la interna. Alarma con la fiscalización.

Crece la bronca de los libertarios de Bahía Blanca con Sebastián Pareja luego de que el armador bonaerense haya expresado públicamente su apoyo como coordinadora seccional en la Sexta a una dirigente que fue electa senadora en el Conurbano.

 

En declaraciones recientes a La Nueva, Pareja destacó “el trabajo de excelencia que han hecho nuestras coordinadoras, María Luz Bambaci y Franca Grippo”. Ese gesto fue tomado dentro de la interna libertaria bahiense como un destrato más a quien encabezó la lista que ganó en la Sexta, Oscar Liberman.

 

Sucede que Bambaci fue candidata en la lista libertaria que, en la Primera, encabezó Diego Valenzuela. “Nunca hizo campaña ni fiscalizó en la Sexta”, dijo a LPO un dirigente libertario bahiense.

 

LPO reveló que, por las imposiciones de Pareja en la lista seccional y los problemas generados con la fiscalización del 7 de septiembre, Liberman dejó de responder al presidente del partido en la provincia y se acercó a Las Fuerzas del Cielo.

 

Además, la inclusión del ex intendente Hector Gay en la boleta a la Legislatura generó rispideces con el ritondismo bahiense que, a la vez, fue corrido de algunas actividades organizadas por la gente de Pareja en la Sexta, ya en la campaña al 26.

 

En ese contexto, en Bahía hay desconfianza con Pareja, ya que -como contó LPO-hubo inconvenientes con la fiscalización en la elección provincial y temen que se repita la historia este domingo.

 

“Todavía no bajaron los recursos prometidos”, alertó una fuente de la interna bahiense que, durante la semana, advirtió que, solo en Bahía, a La Libertad Avanza, le faltaban 502 fiscales de mesa.

 

Las tensiones con Pareja también abarcan a otra de las referentes elogiadas por el armador bonaerense, Franca Grippo Harrington, quien encabezó la lista de concejales en Bahía.

Alertan sobre un caos total en la fiscalización libertaria y crece la bronca con Pareja

 

De linaje estanciero por parte de madre, Grippo Harrington es nieta y bisnieta de dos ex intendentes bahienses y es delegada por Tornquist de la Sociedad Rural Argentina. Incluso, anfitrionó a Nicolás Pino en la reciente visita que el titular de la Rural hizo a Bahía.

Ahí, llamó la atención que algunos videos de la recorrida de Pino por la Expo Rural bahiense se hayan difundido con el sello La Libertad Avanza, ligando directamente al titular de la SRA con la campaña del Gobierno.

Algunos dirigentes que ni siquiera se enteraron de la presencia de Pino en la ciudad, también le recriminan a Grippo Harrington no tener una actitud aperturista hacia a otros sectores de la alianza libertaria local.

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Politica

Casación rechazó últimos planteos de Cristina Kirchner para evitar la ejecución de bienes por Vialidad

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Los jueces sostuvieron que la resolución apelada «no vulnera las garantías invocadas, ni comporta un exceso de jurisdicción».

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que el Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2), el mismo que condenó a la expresidenta Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Báez en la causa Vialidad, será el encargado de ejecutar el decomiso multimillonario dispuesto en la sentencia. De esta forma, el máximo tribunal penal del país rechazó los recursos presentados por las defensas de ambos, que habían cuestionado la competencia del tribunal.

El fallo, firmado por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, confirmó que la ejecución del decomiso deberá realizarse bajo la supervisión del TOF 2 y en coordinación con los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Según el dictamen, el monto actualizado del decomiso asciende a $684.990.350.139,86, que los condenados deberán afrontar de manera solidaria.

En su voto, el juez Hornos destacó que «el decomiso del producto de un hecho delictivo se ha transformado en un eslabón central de una investigación penal», y subrayó la obligación de los magistrados de «proceder a la confiscación no solo de las cosas que han servido para cometer el hecho delictivo, sino también de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho de ese delito».

La decisión ratifica la competencia del TOF 2 frente a los planteos de la defensa de Cristina Kirchner, que había solicitado trasladar la ejecución al fuero comercial federal, y de Báez, quien alegó que sus bienes ya estaban bajo cautela del Tribunal Oral Federal 4, en el marco de la causa conocida como «La ruta del dinero». Ambos argumentos fueron desestimados por los magistrados.

Causa Vialidad: los argumentos de los jueces

Borinsky, al rechazar el recurso de la expresidenta, sostuvo que la resolución apelada «no vulnera las garantías invocadas, no comporta un exceso de jurisdicción ni se aparta del marco normativo aplicable; por el contrario, se adecua a los principios que rigen la ejecución de penas pecuniarias». Por ello, concluyó que «los agravios deducidos por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner no pueden prosperar».

La decisión de Casación consolida así la etapa de ejecución de una de las condenas más resonantes de la historia judicial argentina. Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, y cumple arresto domiciliario tras quedar firme la sentencia en la Corte Suprema. Lázaro Báez, en tanto, tiene una condena unificada a quince años de prisión por la misma causa y por lavado de activos en La ruta del Dinero K.

El tribunal de Casación remarcó en su fallo la importancia del decomiso como herramienta fundamental para desmantelar los beneficios económicos derivados de la corrupción y garantizar que “el delito no sea rentable”. De esta manera, el TOF 2 retomará las actuaciones para materializar la incautación de bienes y fondos de los condenados, en un proceso que involucra cientos de propiedades, cuentas bancarias y activos valuados en cientos de millones de dólares.

Con esta resolución, el expediente Vialidad avanza hacia su fase final, centrada en la recuperación de los activos ilícitos detectados durante la investigación que abarcó el direccionamiento del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz a empresas vinculadas a Báez entre 2003 y 2015, período en el que Cristina Kirchner ocupó la Presidencia de la Nación.

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Elecciones legislativas: ¿Cómo justificar el no voto por internet?

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De no justificar la ausencia a votar, la multa podría ser de hasta $500 y la imposibilidad de ejercer cargos o empleos públicos.

No asistir a votar sin justificación válida puede traer consecuencias legales y administrativas, pero la Cámara Nacional Electoral (CNE) permite realizar un trámite sencillo para justificar la ausencia y evitar multas. Este procedimiento es obligatorio para quienes no pudieron emitir su voto por motivos de salud, distancia u otras causas de fuerza mayor, y debe completarse dentro de los 60 días hábiles posteriores a las elecciones legislativas.

Justificar el no voto impide el ingreso al Registro de Infractores y evita sanciones que incluyen el pago de una multa y la inhabilitación para realizar trámites ante organismos públicos. El monto puede variar entre 50 y 500 pesos, dependiendo de las faltas acumuladas, y su falta de pago puede acarrear consecuencias más severas, como la imposibilidad de ejercer cargos o empleos públicos.

Entre quienes están legalmente eximidos de votar se encuentran los menores de 18 años (desde los 16 pueden hacerlo, pero no están obligados), los mayores de 70 años, las personas con problemas de salud debidamente acreditados, los electores que se encuentren a más de 500 kilómetros de su lugar de votación, los jueces de mesa, las fuerzas de seguridad en funciones y quienes justifiquen una causa de fuerza mayor. En todos los casos, es necesario presentar la documentación correspondiente que respalde la ausencia.

El trámite puede realizarse de forma digital en el sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral (www.electoral.gob.ar), organismo dependiente del Poder Judicial que administra los procesos electorales y el Registro de Infractores. Allí, en la sección de «Temas» o «Registro de Infractores», se puede consultar si una persona figura con faltas en las elecciones anteriores.

Para ingresar, el sistema solicita completar los datos personales: número de documento, género, distrito electoral y un código de validación. Luego, la plataforma informa si el votante se encuentra en infracción. En caso de estarlo, se habilita un formulario para justificar la ausencia, donde se debe seleccionar la causa correspondiente, adjuntar la documentación respaldatoria, consignar un teléfono y correo electrónico de contacto y finalizar el trámite.

Elecciones legislativas: justificar el no voto

Una vez presentada la solicitud, la CNE evaluará la justificación. Si es aceptada, el ciudadano quedará exento del pago de la multa. Si no prospera, deberá abonar la sanción dentro del plazo establecido para evitar penalidades adicionales. El organismo recuerda que la participación en las elecciones «es una obligación ciudadana y un pilar del sistema democrático», por lo que el cumplimiento o la justificación formal del voto tiene carácter obligatorio.

También se puede realizar el trámite de forma presencial en la sede de la Cámara Nacional Electoral, ubicada en Avenida Leandro N. Alem 232, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se reciben las constancias físicas que respaldan el motivo de la inasistencia.

Qué se vota este 26 de octubre

Este 26 de octubre se elegirán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 escaños del Senado, en una votación que, como cada dos años, renovará parcialmente el Congreso y redefinirá el equilibrio de fuerzas entre el oficialismo y la oposición. Quienes no hayan votado en elecciones anteriores continúan incluidos en el padrón electoral, aunque sus infracciones previas deberán ser justificadas o abonadas para evitar sanciones.

 

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