Lo que el Gobierno del Chaco presentó como un operativo histórico en la lucha contra el narcotráfico terminó, en cuestión de horas, convertido en un escándalo institucional que golpea de lleno al sistema de seguridad provincial y deja expuesto al propio discurso del gobernador Leandro Zdero.

La quema de casi tres toneladas de estupefacientes, realizada en la localidad de Colonia Benítez, fue exhibida oficialmente como una muestra de control, transparencia y firmeza estatal. Sin embargo, el procedimiento derivó rápidamente en una causa judicial de alto impacto: cinco integrantes de la Policía del Chaco, entre ellos un comisario, quedaron detenidos e investigados por el presunto ocultamiento y robo de cocaína durante el mismo operativo de incineración.

Según pudo saber este medio, los efectivos involucrados —un comisario, un subcomisario, un oficial principal y dos subalternos— formaban parte del operativo logístico y de custodia de la droga incautada en Colonia Benítez. La maniobra habría sido detectada tras movimientos irregulares observados durante el procedimiento, lo que activó una intervención inmediata de la Justicia y el posterior avance de la investigación, hoy bajo la órbita de la Justicia Federal.

El episodio generó un fuerte malestar puertas adentro del Gobierno provincial. Mientras Zdero encabezaba actos oficiales y discursos en los que insistía en la necesidad de fortalecer la seguridad con personal capacitado y mayor profesionalización de las fuerzas, el escándalo ocurrido en Colonia Benítez dejaba al descubierto una falla estructural en los controles internos, incluso en operativos diseñados para exhibir autoridad y orden.

La gravedad del caso no radica sólo en el delito investigado, sino en la jerarquía de los involucrados. La presencia de un comisario entre los detenidos tensiona la cadena de mandos y reaviva cuestionamientos sobre la conducción política y operativa de la fuerza, en un contexto donde la seguridad aparece como uno de los ejes centrales del relato oficial.

En ámbitos políticos admiten, en voz baja, que el caso erosiona el capital simbólico del Gobierno en materia de seguridad. La imagen de diplomas, juramentos y anuncios de profesionalización quedó rápidamente opacada por una causa que vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente en la provincia: la convivencia entre el discurso de mano dura y prácticas irregulares dentro de la propia fuerza policial.

Desde el Ministerio de Seguridad evitaron pronunciamientos de fondo mientras avanza la causa, aunque reconocen que el impacto político es inevitable. La investigación intenta establecer cuánta droga fue efectivamente desviada durante el operativo realizado en Colonia Benítez, cómo se organizó la maniobra y si existieron responsabilidades superiores o posibles encubrimientos.

El caso abre interrogantes incómodos para la gestión Zdero. ¿Alcanza con actos, anuncios y operativos mediáticos para ordenar un sistema de seguridad atravesado por viejas lógicas? ¿O el escándalo de Colonia Benítez es apenas la punta de un iceberg más profundo?

Por ahora, la causa avanza en sede federal y promete nuevas derivaciones. En el plano político, el daño ya está hecho: el operativo que debía reforzar la narrativa oficial contra el narcotráfico terminó exponiendo, en Colonia Benítez, una contradicción que golpea directamente al corazón del poder provincial.

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El legislador peronista cuestionó las críticas a Capitanich “de parte de un diputado electo que se oponía a las candidaturas testimoniales y terminó de ministro”. Además lamentó que Zdero “entregue a los estudiantes y a los discapacitados en el Congreso”, y pidió poner el foco sobre el escándalo de los narcopolicías: “Esto recién empieza”.

Benítez Molas salió al cruce de las declaraciones del titular de la cartera de Gobierno Julio Ferro contra el senador Jorge Capitanich, luego de que calificara al exmandatario como “un opositor sumamente crítico en su rol, no colaborativo con las políticas públicas del Chaco”.

“Ni Capitanich necesita que yo lo defienda, ni Ferro debería necesitar que le explique el rol de la oposición, que es justamente señalar las metidas de pata del gobierno. Pero si es por colaborar, que repase la batería de proyectos de Capitanich y después hablamos”, desafió el legislador provincial.

En esa línea, insistió en que “los que no colaboran con Zdero son Ferro y el resto de los funcionarios: hay cargos en Hacienda que no quieren agarrar ni los más audaces, y en lo único que piensan es en colocar deuda para evitar el quebranto. Está claro que al gobierno no le sentaron bien los cambios de gabinete”.

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También criticó la conducta del oficialismo en la sesión extraordinaria en la que se debatió el Presupuesto 2026: “Lo primero que hizo Guillermo Agüero cuando le abrieron el micrófono en el Congreso fue pedir una mirada especial para los sectores más postergados y vulnerables de la Argentina; lo segundo que hizo fue votar en contra de las universidades y los discapacitados. Por suerte esa locura no prosperó, y al menos ahora sabemos que los legisladores de Zdero son militantes anti-Chaco”.

“EL CHACO ES UN ENCLAVE NARCO”

Respecto al escándalo del robo de unos nueve kilos de estupefacientes por parte de policías de la provincia, durante la incineración de tres toneladas de marihuana y 80 kilos de cocaína, Benítez Molas aseguró que “estamos viendo la punta del iceberg, esto recién empieza”.

Para el diputado, el caso por el que la Justicia Federal ya detuvo a siete efectivos y anticipó nuevos arrestos “demuestra que hay una matriz delictiva, porque una cosa es atrapar a un policía infiel, y otra es que caiga todo el escalafón: suboficiales, oficiales, el subcomisario y el comisario. Eso es una banda organizada”.

Desde su punto de vista, “cuando la estructura completa está comprometida, es probable que haya sido infiltrada por elementos del narcotráfico, lo que significa que podría haber otros funcionarios involucrados. Pero aún en el caso más benigno tendríamos una organización criminal enquistada en nuestras fuerzas de seguridad que le roba la droga a los narcos para reintroducirla en el mercado y crear sus propios circuitos de distribución. Si esa es la forma de Zdero de combatir el narcotráfico, estamos mal”.

Finalmente, advirtió que el ministro de Seguridad Hugo Matkovich y el jefe de Policía Fernando Romero “montaron una operación de prensa para eludir la responsabilidad política que les cabe en el hecho y para no reconocer que eso que llaman ‘política de seguridad’ es una burla: no sólo las fronteras son un colador, la estructura orgánica a cargo de Matkovich es un colador”.

El diputado Samuel Vargas mantuvo un encuentro en la ciudad de Barranqueras con vecinos, comerciantes y referentes del Circuito 9, junto a importantes figuras de la política local y representantes de organizaciones del Tercer Sector. En su mensaje, Vargas agradeció el apoyo recibido en las últimas elecciones y reafirmó su acompañamiento al proyecto que encabeza el arquitecto Leandro Zdero, destacando además el enorme potencial de Barranqueras para el desarrollo económico, a partir de su historia, su puerto y su vínculo estratégico con el Mercosur.

En el marco del encuentro se realizaron reconocimientos a personas destacadas del ámbito deportivo y del trabajo social, entre ellos Oscar Bernachea, del Club de Vóley “Tu Break”, y el Sr. Marcelo Kassor, por su compromiso con el ambiente y la comunidad.

Estuvieron presentes la presidenta del Comité Local de la UCR, Lic. Lorena Karles; la secretaria de Asuntos Institucionales y Partidarios, Lidia Marrinez; el presidente de la Fundación CANELO, junto a su equipo de voluntarios; y los dirigentes Sergio Salati y el “Flaco” Salati, Susana Acevedo y la contadora Ileana Aguirre. También participaron Cecilia Boelsky y Marcelo Kassor, dirigentes ambientalistas.

La jornada concluyó con un brindis y una síntesis de las proyecciones de trabajo conjunto de cara al año 2026, renovando el compromiso de seguir fortaleciendo el vínculo con la comunidad y el trabajo territorial en Barranqueras.