Economia
Entre amenazas y amnistías: el naufragio del régimen penal tributario

Hoy el régimen se ha vuelto tan incoherente que permite castigar, incluso a un simple monotributista, con penas mayores a las del homicidio en riña o del abuso sexual a un menor de edad
Atinadamente, el Poder Ejecutivo presentó un reconocidamente esperado proyecto de reforma de la Ley Penal Tributaria. Sin embargo, la técnica legislativa empleada reincide en un error persistente: la mera actualización de los montos mínimos configurativos de los delitos fiscales. Esta metodología habilita retroactivamente la aplicación de la ley más benigna conforme al artículo 2 del Código Penal y la doctrina consolidada del caso Vidal (CSJN, 2019). Como resultado, no sólo miles de causas penales quedarán archivadas, consolidando un patrón de impunidad sistémica, sino que, de persistir cierto grado de inflación, sus montos progresivamente se irán desactualizando.
El debilitamiento progresivo de la amenaza penal
Las consecuencias no son gratis: convierten a la inflación en una vía indirecta de amnistía, malogrando su carácter disuasorio y su finalidad retributiva, supuesta razón de su misma existencia. La reciente moratoria y el nuevo régimen de blanqueo refuerzan aún más esa fundada percepción de que, en la Argentina, el delito fiscal está de adorno, es pour la gallery. De este modo, la amenaza penal no es más que un mero graffiti olvidando aquella máxima intemporal de Césare de Beccaria según la cual “una pena moderada, pero segura y rápida, será siempre más eficaz que una muy severa, pero incierta o demorada”. Hoy, la posibilidad de una condena penal es marginal dentro de la ecuación costo-beneficio que evalúa un contribuyente al momento de decidir si evade o no.
A nuestro modo de ver, la fragilidad del régimen penal tributario responde a diversos factores:
- Penas desproporcionadas que generan artilugios jurídicos para evitar su efectiva aplicación.
- Inflación persistente, que torna obsoletos los parámetros monetarios de punibilidad.
- Reiteradas amnistías legislativas, que erosionan la previsibilidad del régimen.
- Coexistencia de varios institutos penales y procesales que actúan como fuga del proceso.
- Uso inadecuado del sistema penal por parte de la ARCA, al judicializar casos sin ardid o sin dolo, lo que genera sobreseimientos masivos y resta credibilidad aún más a la amenaza penal.
Algunas sugerencias
Una solución técnica viable sería adoptar la Unidad de Valor Tributaria (UVT), que permitiría actualizar los umbrales delictivos con periodicidad y objetividad. Otra alternativa es replicar la técnica legislativa del artículo 303 del Código Penal (lavado de activos), que ha demostrado ser más estable y efectiva.
Una nueva redacción del tipo penal de evasión con el fin de mantener una razonable proporción entre las distintas figuras típicas y la magnitud de afectación al bien jurídico protegido en relación con el contenido del injusto de los diferentes delitos”. Midiendo su gravedad en base al:
- Disvalor de acción claro: engaño grosero y a sabiendas.
- Disvalor de resultado significativo: montos elevados, daño fiscal grave.
Ello posibilitará disminuir el flujo de nuevas causas en los juzgados y optimizar su gestión mediante un previsible incremento de casos resueltos con sentencia condenatoria, dotando de este modo al instrumento legal de una mayor eficacia disuasoria.
Es que no se trata de criminalizar al contribuyente común sino, como se dijo ya en la primera sanción de la ley, “al gran evasor”. Hoy el régimen se ha vuelto tan incoherente que permite castigar, incluso a un simple monotributista, con penas mayores a las del homicidio en riña o del abuso sexual a un menor de edad. Por coherencia, las penas deben ser ajustadas en función de la gravedad de la conducta y en relación con el resto del sistema penal.
Por último, aunque su desarrollo excede este espacio, se impone:
- La derogación de figuras penales imprecisas y ambiguas como, por ejemplo, la asociación ilícita tributaria o la agravante por la intervención de dos o más personas.
- Limitar el margen de discrecionalidad con que ARCA presenta denuncias sin sustento, para evitar la judicialización masiva de causas.
- La consideración de los mecanismos de control internos de las empresas al evaluar su responsabilidad penal, entre otras necesarias modificaciones.
Entre las constantes amnistías, las periódicas reformas, la incoherencia de un sistema que prevé figuras graves que nunca se aplican, las equivocadas, las costosas decisiones de ARCA que denuncia a mansalva y otras incongruencias, el sistema penal tributario se asemeja a ese barco sin un rumbo que marcaba Séneca cuando decía que “ningún viento es favorable para quién no sabe bien a qué puerto se dirige”.
El autor es socio a cargo del departamento jurídico del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich
Economia
Le inhiben los bienes y prohíben salir del país al titular de la Sigen por el caso Vicentin

Alejandro Díaz, el funcionario encargado de controlar la transparencia del gobierno, es uno de los 26 citados a indagatoria por un fraude de USD 260 millones. Las medidas también alcanzan a la mano derecha de Sturzenegger.
El titular de la Sindicatura General de la Nación, el organismo encargado de garantizar la transparencia del gobierno, fue citado a indagatoria por el fraude de 260 millones de dólares con los préstamos que el Banco Nación le dio a Vicentin.
Alejandro Fabián Díaz, que es titular de la SIGEN desde julio pasado, es uno de los 26 citados a indagatoria por el juez federal Julián Ercolini, que además le inhibió sus bienes y le prohibió salir del país.
Díaz está investigado por su rol como síndico del Banco Nación, cargo que ocupó entre 2019 y 2021. Que esté investigado por un fraude millonario, en una causa que lleva cinco años en la justicia federal, no parece haber sido impedimento para que Javier Milei lo designe en un cargo de relevancia muy importante para el control interno del gobierno.
Además del Banco Nación, Díaz se desempeñó como síndico en la mayoría de las empresas públicas como YPF, Aerolíneas, Correo Argentino, entre otras, y desde 2020 era gerente de Auditoría Interna de Nucleoeléctrica Argentina. Díaz también es cercano a Chiqui Tapia y preside la Comisión Fiscalizadora de la AFA.

Entre los 26 citados a indagatoria también figura la mano derecha de Federico Sturzenegger, el economista radical Lucas Llach, que fue vicepresidente del Banco Nación cuando se otorgaron los créditos a Vicentin.
Ercolini también citó al expresidente del Banco Nación durante el macrismo, Javier González Fraga, y otros 17 exfuncionarios de la entidad.
Además, fueron citados el expresidente de Vicentin, Daniel Néstor Buyatti, el exvice Alberto Julián Macua, el exapoderado Herman Roberto Vicentin, y los exdirectores Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan.
Economia
Caputo metió una cláusula en el presupuesto para renegociar la deuda externa

Elimina el articulo que obliga a que cualquier canje o reestructuración de deuda cumpla al menos dos de estas tres condiciones: reducción del capital, extensión de plazos o baja de tasa de interés.
Toto Caputo aprovechó la ley de Presupuesto para colar una jugada que había intentado sin éxito: modificar la Ley de Administración Financiera. Su objetivo es flexibilizar las condiciones para los canjes de deuda, algo que, según sus propias palabras y tal como consta en el texto del proyecto de Presupuesto 2026, parece casi inevitable.
Es que el año que viene la Argentina enfrenta vencimientos en dólares por al menos USD 14.000 millones, casi la totalidad de reservas líquidas que quedan y que en rigor son los fondos del préstamo del FMI. Fondos propios no hay prácticamente nada.
Este miércoles Caputo se declaró encima, cuando al intentar cancherear en una respuesta a la periodista Naza Lomagno, insinuó la posibilidad de un canje de deuda, desenlace que palpita el mercado y que explica la persistente suba del riesgo país, que mide la capacidad de pago de los países.
Se va otra funcionaria del FMI crítica del acuerdo con Argentina: “Este naufragio es más fraudulento que el de 2018”
“En el equipo económico siempre trabajamos pensando en los escenarios no deseados. Esta no es la excepción. No nos agarra de sorpresa. Hace meses que estamos trabajando en diferentes alternativas. Como siempre, solo anunciaremos algo cuando sepamos que está concretado. Pero demás está decirte que vamos a honrar todas las deudas, como lo hemos venido haciendo desde que asumimos, aún con muchos menos recursos que ahora”, afirmó.
Por eso, preparándose para una renegociación que promete asperezas, Caputo intenta meter mano en el corset que le impuso el ex ministro Martín Guzmán a las nenegociaciones de deuda, que obliga a mejorar -para el país, no para los acreedores- dos de tres condiciones: monto, plazo o tiempo. El proyecto de Presupuesto 2026 que MIlei envió al Congreso, incluye en el artículo 55 la modificación de la la Ley 11.672 , complementaria de Presupuesto, eliminando el artículo 65 de la Ley 24.156 de Administración Financiera.
Ese artículo es el que obliga a que cualquier canje o reestructuración de deuda cumpla al menos dos de estas tres condiciones: reducción del capital, extensión de plazos o baja de tasa de interés. La idea de Caputo es que el Estado pueda realizar canjes con “objetivos de ordenamiento financiero” aunque las condiciones no cumplan necesariamente esas dos de las tres variables exigidas por la norma actual. Es decir, admite la posibilidad de que los canjes sean menos favorables para el país de lo que hoy exige la ley.
El año pasado, Caputo ya intentó en el Presupuesto 2025 modificar ese mismo artículo. Pero al final, el Gobierno retiró el proyecto completo y la jugada se cayó. El antecedente revela que en Economía ven una reestructuración de la deuda como un desenlace más que probable.
Según los datos oficiales, el stock de deuda bruta en agosto de 2025 alcanzó un equivalente de USD 454.230 millones. Sólo en agosto, la deuda aumentó USD 7.004 millones.
La consultora 1816 puso la lupa sobre los compromisos de deuda que se vienen. Sus cálculos muestran que entre septiembre y enero Argentina deberá enfrentar vencimientos por más de USD 6.500 millones en bonos y letras en moneda dura, un monto imposible de cubrir sin financiamiento fresco. Y ahí aparece el problema: con un riesgo país por encima de los 1.200 puntos, salir a buscar plata en el mercado es, en la práctica, imposible.
La deuda, tal como está planteada hoy, es impagable, como anticipó la funcionaria del FMI, Ceyla Pazarbasioglu, directora del Departamento de Estrategia, Política y Revisión, que no casualmente decidió dejar el organismo.
Economia
El dólar perforó el techo de la banda y el Central tuvo que vender USD 53 millones

La entidad que preside Santiago Bausili intervino con 53 millones de dólares para contener la cotización al filo del techo de la banda.
Finalmente ocurrió: el dólar mayorista trepó hasta perforar el techo de la banda de flotación y el Banco Central intervino con USD 53 millones de dólares del crédito otorgado por el FMI para frenar la escalada.
El dato que encendió las alarmas fue una orden de compra por apenas USD 10 millones en el sistema de operaciones en línea del Mercado Abierto Electrónico (MAE). El detalle no es menor: se ejecutó exactamente a $ 1474,50, el valor que marca el límite superior de la zona de intervención cambiaria. Fue la chispa que hizo pensar a todos que el BCRA habría realizado las primeras operaciones de venta en el mercado.
Como las operaciones en el MAE son anónimas, nadie pudo confirmarlo oficialmente. Pero el veredicto del mercado fue inmediato: los bonos soberanos en dólares se desplomaron, en una clara señal de desconfianza. Al cierre de la rueda, el BCRA se vió obligado a publicar la intervención por 53 millones, cifra que superó por mucho las sospechas del mercado.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, lo dijo explícitamente, “El Banco Central solo compra dólares en el piso de la banda. El Tesoro puede comprar en cualquier momento, como de hecho lo hizo. Compramos USD 3.000 millones algo por debajo de $1200. Al precio actual, el Tesoro ya no compra más y en el techo de la banda, el Banco Central compra pesos para absorberlos y reducir la volatilidad cambiaria”, escribió en X.
Caputo metió una cláusula en el presupuesto para renegociar la deuda externa
El mensaje generó más ruido que certezas. “Revelando que el Tesoro no compra, se declaró encima. Más incertidumbre para los acreedores que tiemblan ante una nueva cesación de pagos de la Argentina”, apuntó una fuente de la city porteña.
No obstante, lo que sacudió aún más a un mercado convulsionado fue otro mensaje de Toto, todavía más sugestivo: “Gracias a todos los que salieron de sus cuevas estas últimas semanas porque hacen más revelador aún lo que están intentando. No tengo dudas que la gente tomará nota y actuará en consecuencia”.
En paralelo, es un secreto a voces que los dólares que se destinan a contener la cotización de la divisa salen del préstamo del FMI. Según los datos oficiales que publica el Banco surge que, de los USD 40.365 millones de reservas brutas, apenas USD 20.864 millones son dólares líquidos.
Sin embargo, al descontar los pasivos en moneda extranjera, swap chino, encajes de depósitos y otros, las reservas netas se reducen a USD 6.627 millones, gran parte de ellas compuestas por el oro USD 7.136 millones y DEG del FMI USD 41 millones.
Por lo tanto, el margen de dólares de libre disponibilidad es muy acotado y, en los hechos, el principal respaldo en divisas que puede usar el Banco Central para intervenir en el mercado proviene de los desembolsos del FMI.
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