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La Justicia ordenó levantar la clausura de todas la ferias que funcionan en La Salada

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Lo decidió el juez federal Luis Armella bajo una serie de condiciones. La fiscal había pedido que se reabra la feria de Urkupiña con un plan de blanqueo

El juez federal Luis Armella ordenó hoy levantar la clausura de las tres ferias que funcionan en el predio de La Salada, mientras continúa la investigación por lavado de dinero, asociación ilícita y evasión impositiva. En la resolución, a la que accedió Infobae, el magistrado determinó que la fiscal Cecilia Incardona deberá decidir el momento y las circunstancias de la reapertura.

“Deberá la Sra. Representante del Ministerio Público Fiscal interviniente determinar la fecha y oportunidad en que se llevara a cabo la apertura comercial de los predios en forma total o parcial”, dice el fallo.

Armella dispuso que que levante la clausura de las tres ferias que funcionan en la megaferia de La Salada: Punta Mogote, Ocean y Urkupiña.

Además, determinó que se designen interventores en las ferias, que todas las operaciones sean bancarizadas, y que haya fiscalizadores permanentes de ARCA (ex AFIP) y del Ministerio de Trabajo.

“Las sumas de dinero correspondientes al pago del canon locativo de cada puesto deberá ser depositada en una cuenta bancaria recaudadora abierta a tal efecto por el Interventor, con la debida rendición de cuentas”, es una de las condiciones enumeradas en la resolución de 25 carillas.

Armella también dispuso que cada comerciante “debe ser previamente autorizado por el respectivo administrador”. “Sólo podrá contratar la locación del espacio aquella persona que se encuentre inscripta como monotributista ante el Fisco y pueda ejercer libremente el comercio”, se lee en el fallo.

La fiscal Cecilia Incardona, que llevó adelante la investigación durante dos años, había dictaminado a favor de levantar la clausura de la feria de Urkupiña, tal como adelantó este medio. Pero lo hizo con una serie de condiciones que apuntan al blanqueo general de la operación.

En cuanto a la actuación de ARCA, Incardona pidió:

Fiscalización aleatoria semanal de la actividad del interventor y/o representante legal.

Inspecciones aleatorias de cada uno de los puestos de venta, mediante un sistema rotativo y sorpresivo.

Registración de cada uno de los comerciantes en la categoría fiscal que corresponda (monotributo, responsable inscripto, etc.). Control y exigencia de la facturación respectiva tanto de venta como de compra.

. Remisión de un informe semanal al Juzgado y a la Fiscalía de cada inconsistencia detectada y las medidas tomadas al respecto.

La feria de La Salada, un enorme complejo de más de seis mil puestos en Ingeniero Budge (Lomas de Zamora), había sido clausurada el 22 de mayo, tras una serie de allanamientos. Ese día fueron detenidos Jorge Castillo, el llamado “Rey de La Salada”, que cayó en su mansión de Luján, Aldo Presa, su histórico administrador, y varios de sus allegados. En cambio, Enrique Antequera, jefe de la feria Urkupiña, todavía continúa prófugo.

A partir de ese momento, los feriantes comenzaron a realizar cortes y protestas en la Municipalidad de Lomas de Zamora e incluso en la puerta de la Fiscalía que llevó adelante de la investigación. La presión finalmente desembocó en la reapertura dispuesta este viernes.

La investigación y las escuchas sobre toda la organización

Durante más de un año, la Policía Federal escuchó las conversaciones de Jorge Castillo y sus familiares más cercanos. El empresario se cuidaba mucho al hablar por teléfono pero cada tanto daba pistas sobre su vida y su patrimonio. En las escuchas, autorizadas por la justicia federal, Castillo y sus familiares hablan de operaciones inmobiliarias, compra de armas, y hasta de viajes por el mundo.

Al momento de imputarlo, la fiscal Cecilia Incardona acusó a Castillo, entre otras cosas, por la compra de un paquete turístico para conocer dos destinos exclusivos: Emiratos Árabes y las playas de Maldivas. El “Rey de La Salada” viajó junto a su mujer, su suegra, y sus cuatro hijos entre el 27 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de este año. Según las estimaciones de los investigadores, el tour habría costado casi 85 mil dólares.

Los preparativos comenzaron a mediados del año pasado. Las escuchas revelaron que la mujer de Castillo, Natalia Luengo, ahora detenida, comenzó a contactarse con agencias de viaje en agosto. El plan inicial era comprar una casa en el barrio Costa Esmeralda, pero terminaron optando por el viaje a Emiratos Arabes y Maldivas para pasar el Fin de Año.

El 6 de agosto, en una charla con su mamá, Luengo confirma que prefiere ir “a los shoppings más exclusivos del mundo”.

– Natalia Luengo: Llamé a una agencia, porque primero Jorge me dijo “Bueno, está bien, seña la casa esa”, viste, que señé lo de allá en Costa Esmeralda.

– Nilda Arrieta: Sí ….

– NL: Pero yo anoche también, ya viste, a la tipa le dan la mano y yo ya voy por todo. (risas). Ya que está. Bueno mandé a varias agencias, y una que es muy conocida que me presupueste a Maldivas …. Uno dice que es caro pero ¿qué es caro? (risas) Y mirá, 12 días en Maldivas y 7 días en Dubái, con aéreo, 8.800 por persona, no es tan caro… Casi 70.000 dólares.

-NA: ¿Qué es hotel nada más?

-NL: Hotel y aéreo

-NA: Y escúchame, ¿Qué es lo que hay en Dubai? ¿Qué es lo que hay de lindo en Dubai?

-NL: Bueno, en Dubái iríamos primero al desierto, quiero conocer lo que es el desierto…

-NA: ¿Ahí es dónde están los camellos?

-NL: SI, sí. Y están los shoppings más exclusivos del mundo. Es todo..

Los teléfonos de Castillo y su mujer eran escuchados las 24 horas del día. El registro de las comunicaciones revela cada ingreso a su casa del country “Haras Argentino Farm Club”, en el partido de Luján, por los llamados que hacía la seguridad. Hay decenas de nombres que luego fueron investigados.

Las llamadas a los teléfonos de la pareja revelaron, además, operaciones inmobiliarias, datos de cuentas bancarias y domicilios desconocidos. El 29 de abril de 2024, la mujer de Castillo se comunica con una inmobiliaria de Luján para alquilar una propiedad en la calle Lavalle al 400, en esa misma localidad. Y el 4 de mayo, la guardia del barrio le avisa a la mujer que había llegado una persona para reunirse con Castillo por la venta de un campo “de acá de Torres”.

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Politica

La Cámpora corta los accesos a Mar del Plata y Montenegro advierte: “no jodan con la ciudad”

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De cara al fin de semana largo la agrupación convocó a manifestar en el Puente Punta Iglesias, pleno centro de la ciudad.

Militantes de La Cámpora cortaron este viernes el principal acceso a Mar del Plata. En la previa al fin de semana largo, la protesta por la condena a Cristina Kirchner se hizo sobre la Ruta 2 que une ese balneario con la Ciudad de Buenos Aires y la zona Metropolitana.

“Cortan el acceso pisando el fin de semana largo. Quieren tomar de rehén a Mar del Plata. No jodan a la ciudad”, advirtió el intendente Guillermo Montenegro. Para el sábado la movilización está convocada en el emblemático Puente Punta Iglesias, en pleno centro de la ciudad.

Mar del Plata -uno de los principales puntos turísticos del país- se prepara para recibir a miles de visitantes y las protestas podrían alterar la actividad turística, el principal motor económicos de la ciudad.

La agrupación había definido para hoy un corte total sobre la Ruta 2, sin permitir la circulación de vehículos particulares, camiones y transporte de larga distancia. En la manifestación hubo proclamas en favor de la ex presidenta y acusaciones contra Héctor Magnetto a quien consideraron de “mafioso y cagón”.

La Cámpora corta los accesos a Mar del Plata y Montenegro advierte: "no jodan con la ciudad"

 

 

 

“El pueblo argentino se moviliza para defender la democracia y las instituciones frente a una nueva embestida del Partido Judicial y los grupos concentrados de poder”, dijeron desde el Movimiento Evita.

Facundo ‘Apache’ Villalva -uno de los referentes de esa agrupación dijo que “nadie puede quedarse en su casa ante semejante injusticia, cuando lo que está en juego es la democracia y el futuro de nuestra patria”.

En tanto, desde el gobierno de Montenegro indicaron que realizarán una denuncia penal por pintadas en edificios públicos y locales partidarios.

Durante esta madrugada, aparecieron pintadas en la sede del EMTur y en un local de La Libertad Avanza. Desde la intendencia vinculan directamente a estos hechos con el clima de tensión política generado tras el fallo judicial.

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Politica

Los jueces quieren endurecer las condiciones de detención de Cristina y no descartan negarle la domiciliaria

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Analizan prohibirle las redes, un control estricto de las visitas y que no pueda salir al balcón a dar discursos. En Comodoro Py no descartan que le nieguen la domiciliaria.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, que condenaron y ahora deberán ejecutar la pena contra Cristina Kirchner, quieren endurecer las condiciones de detención de la expresidenta y no descartan negarle la prisión domiciliaria.

La ejecución de la pena de Cristina está a cargo del juez Jorge Gorini, presidente del TOF 2, que había anunciado que la semana próxima se tomaría una licencia, pero finalmente lo postergó y se quedará para resolver la situación de la presidenta del PJ el próximo miércoles. Fuentes de los tribunales explicaron a LPO que igualmente las medidas están acordadas con los otros integrantes del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Un dato no menor es que los tres integrantes del Tribunal arrastran viejos rencores con el kirchnerismo, al que acusan de haberlos espiado ilegalmente y filtrado datos personales, entre otras presiones.

En ese contexto hay que entender ahora que el rumor de las últimas horas es la posibilidad de que le nieguen a Cristina la prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución, donde se ha montado una vigilia de militantes.

Ante esto Cristina pareció anticiparse y este viernes por la mañana hizo un largo posteo en el que reclama que le acepten su casa como lugar de detención. “No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”, expuso.

Los jueces quieren endurecer las condiciones de detención de Cristina y no descartan negarle la domiciliaria

Fuentes de Comodoro Py dijeron a LPO que no creen que le nieguen la domiciliaria -aunque no lo descartan-, pero sí que endurezcan las condiciones de prisión de la presidenta del Partido Justicialista. De todos modos, el beneficio de la domiciliaria puede ser revertido en cualquier momento por el TOF 2.

Entre las medidas para endurecer las condiciones de prisión se mencionan la prohibición del uso de redes sociales, un control muy estricto de quienes puedan visitarla, que no pueda salir al balcón y mucho menos a dar discursos.

Entre las medidas para endurecer las condiciones de prisión se mencionan la prohibición del uso de redes sociales, un control muy estricto de quienes puedan visitarla, que no pueda salir al balcón y mucho menos a dar discursos

En resumen, medidas para evitar que Cristina convierta la esquina de San José y Humberto Primo en su Guardia de Hierro. De concretarse estas medidas será un argumento muy fuerte para los que denuncian una persecución contra la expresidenta.

Las medidas que analizan los jueces para condicionar a Cristina están en línea con el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que mantienen una posición muy dura contra la expresidenta y de hecho reclamaron su detención inmediata.

Cristina esperará en prisión otros tres juicios: el caso Hotesur-Los Sauces, la causa de los Cuadernos y el memorándum con Irán. El único que tiene fecha de comienzo es Cuadernos, el próximo 6 de noviembre. Se espera que en poco tiempo se establezca la fecha de inicio del proceso del memorándum y para más adelante quedará Hotesur-Los Sauces.

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“No puede quedar impune”: piden citar como imputado a Zdero en una causa por injurias, violencia política y de género

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La dirigente sindical Zulema Coria pidió formalmente constituirse como querellante particular en la causa contra el gobernador Leandro Zdero, a quien acusa de injurias y violencia política y de género. Además, solicitó que se lo cite a declarar en calidad de imputado. La medida se presenta ante lo que Coria percibe como una necesidad de acción judicial frente a las “expresiones asertivas con contenido injuriante” emitidas por el mandatario. La causa está radicada en el Juzgado Correccional 2 y hasta el momento no tuvo avance alguno.

En su carácter de Secretaria General del Gremio del INSSSEP, con el patrocinio letrado de Araceli Ortigoza Peña, Coria detalló en su presentación que el 8 de mayo de 2025, el gobernador realizó una serie de declaraciones públicas “manifiestamente ofensivas, vejatorias y lesivas” hacia su persona durante el programa “La Mañana de la Radio” del canal estatal “Somos Uno”. Estas expresiones fueron amplificadas en plataformas digitales como YouTube y Edición Norte, ambas sostenidas con fondos públicos provinciales a través de pauta oficial.

 

 

Allí, Zdero se refirió a Coria con frases como “la dirigente sindical eterna”, “es una mujer mala”, “todos saben lo perversa que es esta señora” y “hay que escarbar muy fuerte para encontrarle corazón”.

La presentación subraya que estas expresiones “superan cualquier crítica política o sindical legítima” y fueron proferidas con una “clara intencionalidad de menoscabo público, sin sustento fáctico alguno”. Coria enfatiza que la gravedad del daño se magnifica por el hecho de que las declaraciones fueron emitidas desde una “posición de poder institucional máximo” y amplificadas por medios de comunicación sostenidos por el Estado.

Coria sostiene que estas declaraciones “exceden cualquier crítica política o sindical legítima” y que fueron proferidas desde una “posición de poder institucional máximo” con el objetivo de estigmatizar, desacreditar y silenciar su participación sindical. La dirigente afirma haber sufrido consecuencias emocionales severas —angustia, estrés, insomnio y ansiedad—, además de hostigamiento en redes sociales y ataques que también afectaron a su familia.

Enmarca estas acciones dentro de la “violencia política, simbólica e institucional por razones de género”, al utilizar expresiones estigmatizantes contra una mujer sindicalista en ejercicio legítimo de sus funciones. Destaca que el accionar del gobernador configura un “abuso de poder institucional” y la “reproducción de prácticas machistas que buscan disciplinar y silenciar la participación política y sindical de las mujeres”.

En su fundamento legal, Coria invoca el artículo 110 del Código Penal, que sanciona el deshonor o descrédito intencional a una persona. Argumenta que las expresiones del gobernador “exceden ampliamente el marco del interés público” y son “manifestaciones personales que buscan desacreditarme, mediante insultos, descalificaciones y acusaciones sin sustento alguno, como tildarme de ‘perversa’, ‘dañina’, ‘mala’, etc.”.

Finalmente, Zulema Coria solicitó que se le dé intervención en la causa como querellante particular, que se ordene la apertura de una investigación por el delito de injurias, se tengan por ofrecidas las pruebas, se proceda a la investigación penal preparatoria y se cite a declarar al gobernador Leandro Zdero en calidad de imputado.

Asimismo, pidió medidas de resguardo para su integridad personal en el marco del Protocolo de Prevención de la Violencia de Género e Institucional. Coria concluye que “la violencia ejercida desde posiciones de poder no puede naturalizarse ni quedar impune”.

Derechos Humanos se apartó

Paralelamente, Coria presentó una denuncia administrativa ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, dirigida a su titular, Hugo Maldonado. En ese escrito, invocó las leyes provinciales 2957-A, 2023-A y 2772-L, que contemplan mecanismos específicos de prevención y abordaje frente a casos de violencia laboral en la administración pública. Solicitó que se activen protocolos de protección, resguardo emocional y medidas preventivas para evitar nuevas agresiones institucionales.

Sin embargo, el 20 de mayo la Subsecretaría rechazó la denuncia “in límine”, es decir, sin darle trámite, argumentando que el gobernador está fuera del alcance del protocolo por ser “la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Provincial” y haber sido elegido por “sufragio popular”. Según el criterio del organismo, aplicar un protocolo en su contra afectaría la imparcialidad institucional, ya que Zdero es además la autoridad de aplicación de la normativa vigente en materia de violencia laboral.

El rechazo dejó planteado un fuerte cuestionamiento a la efectividad de los mecanismos institucionales de protección frente a casos de violencia ejercida desde el poder.

 

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