El presidente Javier Milei rechazó la norma que buscaba crear un fondo especial para las zonas afectadas por las inundaciones en marzo pasado. La justificación de la administración libertaria es las medidas que impulsaba la ley ya fueron implementadas.

El presidente Javier Milei vetó en su totalidad el proyecto de ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en la provincia de Buenos Aires, en concreto, en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por las inundaciones de marzo de 2025.

El Decreto 424/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, devuelve la iniciativa al Congreso de la Nación y deja sin efecto la creación de un fondo especial de $200.000 millones para asistencia y reconstrucción. El veto fue refrendado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Gobierno vetó ley de emergencia que creaba fondo para las inundaciones en Bahía Blanca

La decisión impacta directamente en los habitantes de las zonas afectadas, quienes esperaban la instrumentación de medidas de alivio económico, suspensión de obligaciones contractuales y acceso a créditos blandos para la reconstrucción de viviendas y apoyo a sectores productivos. La medida fue oficializada con su publicación en el Boletín Oificla en la madrugada de este martes.

El proyecto de ley, sancionado por el Congreso el 4 de junio de 2025, preveía declarar la emergencia por 180 días, crear un fondo especial bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, otorgar plazos de gracia en contratos y ejecuciones para damnificados, priorizar la contratación de recursos locales en obras de infraestructura y establecer líneas de crédito preferenciales a través del Banco Nación. Además, contemplaba la articulación con el Gobierno bonaerense para eximir de impuestos y tasas a los afectados.

Sin embargo, ahora el Gobierno desestimó la emergencia a través del decreto. En los considerandos del mismo, el Gobierno recordó que como parte de las medidas de contigencia a Bahía Blanca, se impulsó la creación de una prestación monetaria llamada “SUPLEMENTO ÚNICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN (S.U.R.)”.

En detalle, según explicó la gestión de Milei, luego de la catástrofe ocurrida en marzo, a dicho programa se inscribieron un “total de 37.546 personas” y “aún se encuentran en análisis otras 3.962” para recibir la prestación monetaria.

Sobre los inscriptos, el Gobierno aseguró que “el ochenta y cinco coma cuarenta y tres por ciento(85,43 %) del total de inscriptos para recibir el “SUPLEMENTO ÚNICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN (S.U.R.)” ya han recibido el pago correspondiente, mientras que los casos bajo análisis representan el diez coma cincuenta y cinco (10,55 %) y los rechazos únicamente el cuatro coma cero uno por ciento (4,01 %)”.

En referencia al proyecto y la ampliación de la zona de ayuda estatal, la gestión del libertario aseguró que “resulta de imposible cumplimiento incluir a la localidad de CORONEL ROSALES en el marco del programa, toda vez que la zona fue oportunamente determinada sobre la base de informes producidos por organismos técnicos, como el SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL”.

Luego, en los mismos considerandos de la medida detallaron que “el proyecto de ley sancionado no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen, requisito necesario de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, que dispone que las leyes que autoricen gastos no previstos en el presupuesto general deben especificar las fuentes de los recursos que las financiarán”.

Por último, sobre la asistencia financiera a micro, pequeñas y medianas empresas, el Gobierno justificó el veto de la emergencia asegurando que “es oportuno mencionar que el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, según lo dispone la normativa vigente, ya cuenta con las facultades para otorgar asistencia financiera” a los mencionados emprendimientos “cualquiera fuere la actividad económica en la que actúen y también otorgar créditos para la adquisición, construcción o refacción de viviendas, conforme a las condiciones que para cada caso se acuerden, siguiendo los lineamientos que establece su Carta Orgánica”.

Con su decisión, el Gobierno devolvió el proyecto al Congreso y su archivo, y de esta manera cerró la vía legislativa para la declaración de emergencia y la creación de nuevos fondos de asistencia para los damnificados por las inundaciones en Bahía Blanca con la imposibilidad de volver a discutirlo, al menos, durante este año legislativo.