Economia
Argentina suspende el transbordo de combustible en el Paraná y los importadores hablan de desabastecimiento

Desde Paraguay piden al gobierno argentino un plazo para el pago de las habilitaciones. La Marina Mercante aseguró que Milei busca reactivar el negocio de los puertos privados. Cafym no descartó una suba de precios.
Luego de 30 años sin restricciones, Argentina quiere obligar a Paraguay a pagar por la habilitación portuaria para el transbordo de combustible en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú. De lo contrario, los importadores paraguayos deberán elegir un puerto franco, como el de Ybycuí para rehabilitar la actividad en el tramo de la zona conocida como Lote Hidrovía Sur.
La decisión de la Dirección General de Aduanas (DGA) de Argentina fue rechazada a coro por la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), la Marina Mercante y el Centro de Armadores Fluviales y Maritimos (Cafym), que la tildaron de “arbitraría y violatoria de tratados internacionales”. Frente a este escenario, en Cancillería no descartan convocar a una reunión de la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), donde Paraguay ostenta la presidencia pre tempore.
La DGA anunció esta semana la suspensión por 30 días de las operaciones llevadas adelante por las barcazas con bandera paraguaya, lo que promete abrir un nuevo frente diplomático entre los dos países. Pese a los gestos constantes de Santiago Peña a Javier Milei, Argentina solo se limitó a presentar una tarifa transitoria para el peaje en la vía fluvial, sin avanzar en un acuerdo más amplio y definitivo.
Los países de la hidrovía le piden a Milei que frene la privatización y oficialice el monto del peaje
Por su parte, Julio César Vera Cáceres, titular de la ANNP, confirmó a LPO que estaban evaluando el puerto de Ybycuí como una opción de depósito, aunque estará determinada por informes técnicos. Sin embargo, la Marina Mercante asegura que las condiciones no son las mejores por la falta de calado o profundidad permanente.

“Yo estoy viendo la posibilidad de que el puerto de Ybycuí pueda ser o no un depósito franco para el Paraguay, aunque solo es una posibilidad. Debemos estudiar si va a servir o no en función directa a nuestras necesidades y a la infraestructura disponible en ese lugar”, puntualizó Vera. La noticia generó alarma en un importador neto de combustible como es Paraguay, donde asomaron los fantasmas del desabastecimiento y la suba de precios.
Vera también pidió a las autoridades argentinas que otorguen un periodo de gracia de por lo menos 10 meses para los trámites de la habilitación. “Es lo menos que pueden hacer con un país amigo en condiciones de mediterraneidad”, sostuvo. Cafym, por su parte, fue más lejos y pidió a la DGA que revirtiera la medida.
El centro que preside Bernd Gunther lanzó un duro comunicado en el que acusó a Argentina de poner en riesgo el suministro de combustible. Las operaciones de transbordo, dijeron desde Cafym, siempre fueron realizadas bajo la supervisión de los funcionarios aduaneros. Los armadores insisten en que la suspensión ordenada por el ARCA -el organismo del que depende la DGA- “contradice décadas de una práctica operativa consolidada, segura y eficiente”.

Desde el punto de vista logístico, el traslado forzoso de las operaciones a terminales del Paraná implicaría una demora de ocho días en la reposición de combustibles y un aumento de hasta el 70% en la logística fluvial de abastecimiento, lo que puede desembocar en riesgos de congestión e impactar directamente en el precio en los consumidores finales.
Pero algunos en Paraguay ven la medida del ARC con desconfianza. “El único objetivo de los argentinos es obligar a Paraguay a pagar un puerto franco mediante una concesión y poder reactivar su Marina Mercante. Es grave y viola todos las normas internacionales de navegación. El puerto de Ybycuí no está en condiciones porque no tiene el calado necesario”, dijo un alto funcionario de la Marina Mercante paraguaya a este medio.
Economia
Le inhiben los bienes y prohíben salir del país al titular de la Sigen por el caso Vicentin

Alejandro Díaz, el funcionario encargado de controlar la transparencia del gobierno, es uno de los 26 citados a indagatoria por un fraude de USD 260 millones. Las medidas también alcanzan a la mano derecha de Sturzenegger.
El titular de la Sindicatura General de la Nación, el organismo encargado de garantizar la transparencia del gobierno, fue citado a indagatoria por el fraude de 260 millones de dólares con los préstamos que el Banco Nación le dio a Vicentin.
Alejandro Fabián Díaz, que es titular de la SIGEN desde julio pasado, es uno de los 26 citados a indagatoria por el juez federal Julián Ercolini, que además le inhibió sus bienes y le prohibió salir del país.
Díaz está investigado por su rol como síndico del Banco Nación, cargo que ocupó entre 2019 y 2021. Que esté investigado por un fraude millonario, en una causa que lleva cinco años en la justicia federal, no parece haber sido impedimento para que Javier Milei lo designe en un cargo de relevancia muy importante para el control interno del gobierno.
Además del Banco Nación, Díaz se desempeñó como síndico en la mayoría de las empresas públicas como YPF, Aerolíneas, Correo Argentino, entre otras, y desde 2020 era gerente de Auditoría Interna de Nucleoeléctrica Argentina. Díaz también es cercano a Chiqui Tapia y preside la Comisión Fiscalizadora de la AFA.

Entre los 26 citados a indagatoria también figura la mano derecha de Federico Sturzenegger, el economista radical Lucas Llach, que fue vicepresidente del Banco Nación cuando se otorgaron los créditos a Vicentin.
Ercolini también citó al expresidente del Banco Nación durante el macrismo, Javier González Fraga, y otros 17 exfuncionarios de la entidad.
Además, fueron citados el expresidente de Vicentin, Daniel Néstor Buyatti, el exvice Alberto Julián Macua, el exapoderado Herman Roberto Vicentin, y los exdirectores Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan.
Economia
Caputo metió una cláusula en el presupuesto para renegociar la deuda externa

Elimina el articulo que obliga a que cualquier canje o reestructuración de deuda cumpla al menos dos de estas tres condiciones: reducción del capital, extensión de plazos o baja de tasa de interés.
Toto Caputo aprovechó la ley de Presupuesto para colar una jugada que había intentado sin éxito: modificar la Ley de Administración Financiera. Su objetivo es flexibilizar las condiciones para los canjes de deuda, algo que, según sus propias palabras y tal como consta en el texto del proyecto de Presupuesto 2026, parece casi inevitable.
Es que el año que viene la Argentina enfrenta vencimientos en dólares por al menos USD 14.000 millones, casi la totalidad de reservas líquidas que quedan y que en rigor son los fondos del préstamo del FMI. Fondos propios no hay prácticamente nada.
Este miércoles Caputo se declaró encima, cuando al intentar cancherear en una respuesta a la periodista Naza Lomagno, insinuó la posibilidad de un canje de deuda, desenlace que palpita el mercado y que explica la persistente suba del riesgo país, que mide la capacidad de pago de los países.
Se va otra funcionaria del FMI crítica del acuerdo con Argentina: “Este naufragio es más fraudulento que el de 2018”
“En el equipo económico siempre trabajamos pensando en los escenarios no deseados. Esta no es la excepción. No nos agarra de sorpresa. Hace meses que estamos trabajando en diferentes alternativas. Como siempre, solo anunciaremos algo cuando sepamos que está concretado. Pero demás está decirte que vamos a honrar todas las deudas, como lo hemos venido haciendo desde que asumimos, aún con muchos menos recursos que ahora”, afirmó.
Por eso, preparándose para una renegociación que promete asperezas, Caputo intenta meter mano en el corset que le impuso el ex ministro Martín Guzmán a las nenegociaciones de deuda, que obliga a mejorar -para el país, no para los acreedores- dos de tres condiciones: monto, plazo o tiempo. El proyecto de Presupuesto 2026 que MIlei envió al Congreso, incluye en el artículo 55 la modificación de la la Ley 11.672 , complementaria de Presupuesto, eliminando el artículo 65 de la Ley 24.156 de Administración Financiera.
Ese artículo es el que obliga a que cualquier canje o reestructuración de deuda cumpla al menos dos de estas tres condiciones: reducción del capital, extensión de plazos o baja de tasa de interés. La idea de Caputo es que el Estado pueda realizar canjes con “objetivos de ordenamiento financiero” aunque las condiciones no cumplan necesariamente esas dos de las tres variables exigidas por la norma actual. Es decir, admite la posibilidad de que los canjes sean menos favorables para el país de lo que hoy exige la ley.
El año pasado, Caputo ya intentó en el Presupuesto 2025 modificar ese mismo artículo. Pero al final, el Gobierno retiró el proyecto completo y la jugada se cayó. El antecedente revela que en Economía ven una reestructuración de la deuda como un desenlace más que probable.
Según los datos oficiales, el stock de deuda bruta en agosto de 2025 alcanzó un equivalente de USD 454.230 millones. Sólo en agosto, la deuda aumentó USD 7.004 millones.
La consultora 1816 puso la lupa sobre los compromisos de deuda que se vienen. Sus cálculos muestran que entre septiembre y enero Argentina deberá enfrentar vencimientos por más de USD 6.500 millones en bonos y letras en moneda dura, un monto imposible de cubrir sin financiamiento fresco. Y ahí aparece el problema: con un riesgo país por encima de los 1.200 puntos, salir a buscar plata en el mercado es, en la práctica, imposible.
La deuda, tal como está planteada hoy, es impagable, como anticipó la funcionaria del FMI, Ceyla Pazarbasioglu, directora del Departamento de Estrategia, Política y Revisión, que no casualmente decidió dejar el organismo.
Economia
El dólar perforó el techo de la banda y el Central tuvo que vender USD 53 millones

La entidad que preside Santiago Bausili intervino con 53 millones de dólares para contener la cotización al filo del techo de la banda.
Finalmente ocurrió: el dólar mayorista trepó hasta perforar el techo de la banda de flotación y el Banco Central intervino con USD 53 millones de dólares del crédito otorgado por el FMI para frenar la escalada.
El dato que encendió las alarmas fue una orden de compra por apenas USD 10 millones en el sistema de operaciones en línea del Mercado Abierto Electrónico (MAE). El detalle no es menor: se ejecutó exactamente a $ 1474,50, el valor que marca el límite superior de la zona de intervención cambiaria. Fue la chispa que hizo pensar a todos que el BCRA habría realizado las primeras operaciones de venta en el mercado.
Como las operaciones en el MAE son anónimas, nadie pudo confirmarlo oficialmente. Pero el veredicto del mercado fue inmediato: los bonos soberanos en dólares se desplomaron, en una clara señal de desconfianza. Al cierre de la rueda, el BCRA se vió obligado a publicar la intervención por 53 millones, cifra que superó por mucho las sospechas del mercado.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, lo dijo explícitamente, “El Banco Central solo compra dólares en el piso de la banda. El Tesoro puede comprar en cualquier momento, como de hecho lo hizo. Compramos USD 3.000 millones algo por debajo de $1200. Al precio actual, el Tesoro ya no compra más y en el techo de la banda, el Banco Central compra pesos para absorberlos y reducir la volatilidad cambiaria”, escribió en X.
Caputo metió una cláusula en el presupuesto para renegociar la deuda externa
El mensaje generó más ruido que certezas. “Revelando que el Tesoro no compra, se declaró encima. Más incertidumbre para los acreedores que tiemblan ante una nueva cesación de pagos de la Argentina”, apuntó una fuente de la city porteña.
No obstante, lo que sacudió aún más a un mercado convulsionado fue otro mensaje de Toto, todavía más sugestivo: “Gracias a todos los que salieron de sus cuevas estas últimas semanas porque hacen más revelador aún lo que están intentando. No tengo dudas que la gente tomará nota y actuará en consecuencia”.
En paralelo, es un secreto a voces que los dólares que se destinan a contener la cotización de la divisa salen del préstamo del FMI. Según los datos oficiales que publica el Banco surge que, de los USD 40.365 millones de reservas brutas, apenas USD 20.864 millones son dólares líquidos.
Sin embargo, al descontar los pasivos en moneda extranjera, swap chino, encajes de depósitos y otros, las reservas netas se reducen a USD 6.627 millones, gran parte de ellas compuestas por el oro USD 7.136 millones y DEG del FMI USD 41 millones.
Por lo tanto, el margen de dólares de libre disponibilidad es muy acotado y, en los hechos, el principal respaldo en divisas que puede usar el Banco Central para intervenir en el mercado proviene de los desembolsos del FMI.
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