En una última serie de medidas, el Ejecutivo busca reestructurar organismos clave como el INTA, el INTI y los entes reguladores de energía y transporte

El próximo martes 8 será el último día de vigencia de las “facultades delegadas” que el Congreso de la Nación le otorgó por un año al gobierno al aprobar la “Ley Bases”. Si bien el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dice que esas facultades explican solo el 5% de las cosas que su cartera puede hacer para desenmarañar y eficientizar las regulaciones que rigen la actividad privada y el funcionamiento del Estado, el gobierno presentará, este lunes o el mismo martes, una última andanada de iniciativas en la que trabajan la propia cartera desreguladora y la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal Murphy, que serían dadas a conocer por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Buena parte de esa agenda se conoce, pero se fue demorando: involucran al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), actualmente “organismos descentralizados” del Ministerio de Economía, que pasarían a las órbitas de la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Industria, respectivamente, perdiendo su autarquía, lo que implicará que ambas tengan un fuerte recorte presupuestario e involucre despidos y venta de bienes y patrimonio en distintos lugares del país.

En el caso del INTA el Gobierno buscará reestructurar el actual organigrama directivo y quitar influencia a las entidades rurales. “Todo lo definirá el Ejecutivo”, dicen en el sector agropecuario. Sturzenegger ha señalado, por caso, que el INTA “tiene 6.000 personas y 3.000 vehículos y no se sabe muy bien qué es lo que hacen”.

El INTI, a su vez, pasaría a ser una “unidad organizativa”.“El kirchnerismo hizo crecer tanto al Estado, con un montón de organismos que se llaman descentralizados, como la Anmat y el INTA. El organismo descentralizado puede cobrar, y cuando puede cobrar es una caja. Es una manera de crear una repartición del Estado con una caja, porque si sos parte de la administración pública no cobrás. Y si sos un organismo descentralizado tenés la potestad de cobrar. Esos organismos, a su vez, al poder hacer caja empezaron a crear trámites para cobrar, y generar caja para recaudar. Lo que vamos a hacer es volver esos organismos a la administración central”, dijo Sturzenegger, que en los últimos días habló con medios del interior del país para explicar y defender sus iniciativas desreguladoras.

Además, el Gobierno trabaja en la fusión de los entes reguladores de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas), en lo que pasaría a llamarse Ente Nacional Regulador de Gas y la Electricidad, bajo la órbita de la Secretaría de Energía, también dependiente de la cartera que encabeza el ministro Luis Caputo.

El Gobierno trabaja en la fusión del ENRE y el Enargas

Esa fusión ya había sido propuesta en 2024, en el artículo 161 del proyecto original de la ley Bases, pero se cayó.

El gobierno también trabaja en la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, prevé desguazar la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Tránsito, áreas que serían absorbidas por otras reparticiones de la Secretaría de Transporte o en funciones de Gendarmería asuma en los controles de tránsito de jurisdicción nacional.

Esto significaría una completa reestructuración de Vialidad, cambios en su presupuesto y la creación de una Agencia de Control de Concesiones de Transporte, que unifique las tareas de fiscalización y control de los contratos de concesión, también bajo el ala de Caputo.

De este modo, además, la Casa Rosada pretende traspasar a los gobiernos provinciales obras nacionales, aunque no está claro con qué recursos presupuestarios.

En sus entrevistas con medios del interior, Sturzenegger reiteró que en un año y medio de gestión el Gobierno logró ahorros de funcionamiento del Estado por USD 2.000 millones, que “volvieron a la gente”.

Por caso, en una entrevista televisiva con un medio santafecino dijo, respecto de la desregulación del mercado de GLP (gas en garrafa) que “la idea de que uno puede regular un mercado y digitarlo termina siempre en catástrofe. ¿Cómo hace uno para que la garrafa llegue de la manera más barata a la gente?”, se preguntó. Y respondió: “dejando que el mercado funcione con la mayor libertad posible”.

La norma sobre el sector, explicó, “prohibía la importación de gas si era un precio menor al del mercado local, prohibía a los argentinos comprar gas de manera más barata. Es una ley cuyo objetivo primario fue, lo hizo Néstor Kirchner en 2005, armar una suerte de centros de canje, como un intermediario que el mercado no necesita. Cada intermediario que vos pones en un mercado, lo encarece. Así que la idea es dejar que el mercado funcione de una manera más libre para que el gas esté más disponible y más barato”.

Sobre el final de este período de facultades delegadas, Sturzenegger explicó que no se trató de un poder otorgado a título personal, sino a todo el Ejecutivo, con un enfoque claro: reducir el tamaño del Estado, eliminar estructuras redundantes y mejorar la eficiencia del aparato público. “Fue una herramienta puntual que nos permitió avanzar en una tarea conjunta, con el objetivo de que el Estado funcione mejor”, señaló en recientes entrevistas con medios del interior.

Sturzenegger cuestionó la lógica de centralización implementada por gestiones anteriores sobre la obra pública

Según el ministro, el recorte de unos 50.000 empleos públicos a lo largo del último año y medio se tradujo en un ahorro estimado de USD 2.000 millones, recursos que —afirmó— ya no deberán salir del bolsillo de los contribuyentes. “Cada peso que el Estado deja de gastar es un peso menos en impuestos”, insistió, al justificar la estrategia de reducción del gasto como una forma directa de aliviar la carga fiscal.

En cuanto a la obra pública, Sturzenegger cuestionó la lógica de centralización implementada por gestiones anteriores, que derivó en el uso de fondos nacionales para proyectos de competencia local. “Cuando asumimos había un plan para gastar USD 6.000 millones en alcantarillas. ¿Es eso una obra nacional?”, se preguntó. Y apuntó contra el modelo de intermediación política que, según él, fomentaba la discrecionalidad y la corrupción.

La nueva lógica oficial busca que cada nivel de gobierno se haga cargo de sus responsabilidades y que la Nación solo intervenga en obras estratégicas o de alcance interprovincial, como las rutas nacionales, que serán concesionadas.

En esa línea, el ministro anticipó una reforma profunda en Vialidad Nacional, con la intención de separar la ejecución de obras del control. “No puede ser que el mismo organismo que hace una obra sea el que se fiscaliza a sí mismo. Por eso, en los decretos que se van a publicar antes del martes, uno de los ejes será justamente reorganizar Vialidad y crear una agencia externa que supervise las concesiones”, adelantó.

Finalmente, Sturzenegger subrayó que, si bien las facultades delegadas otorgadas por el Congreso llegan a su fin, la agenda desreguladora continuará. “Estos poderes especiales representaban apenas un 5% de lo que hacemos. El resto lo seguiremos impulsando con decretos, resoluciones y normativa vigente. Vamos a continuar con esta tarea porque creemos que simplificar el Estado es clave para liberar a la sociedad y a la economía”, concluyó.