“El fallo de la Corte Suprema que confirma la condena a Cristina Fernández de Kirchner y la inhabilita para presentarse como candidata en la provincia de Buenos Aires implica un grave hecho de proscripción política que debe ser repudiado”, remarcaron desde el PO en un comunicado.
En un comunicado de prensa, el Comité Ejecutivo del Partido del Obrero, manifestó su rechazo a la resolución de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner. “Un régimen político que se apoya sobre la exclusión de opositores del proceso electoral no cumple la más elemental norma de una democracia”, sostiene el texto.
“Los fundamentos de la Corte son un aval a un proceso judicial que no pretende esclarecer la enorme trama de corrupción que reina en Argentina, en el que tienen sus huellas digitales todos los gobiernos y cuyos beneficiarios son los principales empresarios del país. A ellos no se los investigó ni siquiera tras la “causa de los cuadernos”, como tampoco el fraude de Macri con Correo Argentino o de su primo Ángelo Calcaterra con el soterramiento del Tren Sarmiento. Lo único que motoriza las causas judiciales son los intereses por condicionar el proceso político, lo cual delata un régimen de proscripción”, manifiesta.
“Cristina es responsable por las corruptelas evidentes con la obra pública durante su gobierno. Pero el Poder Judicial actúa en función de los intereses políticos de las camarillas que operan en su interior. Hay una presión de los grupos capitalistas para proceder a la proscripción de CFK. También hay quienes enmarcan el fallo en los choques entre La Libertad Avanza y el PRO, con Macri quitando a Milei un elemento de polarización con el kirchnerismo que lo beneficia en su tentativa de engullirse al resto de las fuerzas políticas de derecha. Los derechos del electorado quedan supeditados a estas oscuras pulseadas de los políticos capitalistas”, afirma.
“La burocracia sindical que no lucha contra los despidos y cierres de fábricas, que firma paritarias con los topes oficiales y no movió un dedo ante el decretazo antihuelga, ahora se acuerda, en algunos gremios, de movilizar por Cristina. En todo caso en un plan de lucha para derrotar toda la ofensiva de Milei, el FMI y los gobernadores, el movimiento obrero puede rechazar la proscripción política”, considera.
Para el PO, “el uso de la Justicia para la proscripción de opositores es además el corolario de su utilización para perseguir a luchadores y militantes mediante el armado de causa truchas, cuya mayor expresión es el fraude judicial contra el Polo Obrero. El correlato de un régimen de proscripción es el ataque a las libertades democráticas y los derechos de los trabajadores”.
Tras el fallo de la Corte Suprema, todavía hay conmoción en las distintas corrientes del justicialismo. El kirchnerismo defiende a su líder y evalúa los pasos a seguir. Este jueves, a las 16, habrá una reunión del Consejo Nacional del PJ.
Si bien en el peronismo esperaban un fallo desfavorable de la Corte Suprema, la ratificación de la condena a Cristina Kirchner en la Causa Vialidad dejó a la dirigencia en una suerte de estado de shock. Hubo acompañamiento y movilización en la previa, en el momento y pos resolución del máximo tribunal, pero pocas definiciones sobre los pasos a seguir.
En las horas previas al fallo de la Corte, hubo una cumbre del PJ de la que participaron todas las corrientes internas del peronismo, aun aquellas que mantienen fuertes diferencias. Sin embargo, no hubo directivas claras hacia adelante. El foco fue el respaldo a CFK y la necesidad de mantener la unidad, sin mayores precisiones.
Este miércoles hubo una nueva reunión de autoridades del PJ en Matheu. Estuvieron presentes representantes del partido, consejeros, diputados, senadores e intendentes. La intención fue definir y coordinar las próximas acciones.
Tras el acto en el PJ, Cristina Kirchner recibió a senadores de Unión por la Patria. (Foto: Partido Justicialista)
Estuvieron en la sede del PJ José Mayans, Paco Manrique, Juliana Di Tullio, Germán Martínez, Mayra Mendoza, Mariel Fernández, Anabel Fernández Sagasti, Tere García, Oscar Parrilli, Leo Grosso, Gustavo Arrieta, Vanesa Siley, Facundo Tignanelli, Emmanuel Santalla, Itai Hagman, entre otros. Y un dato no menor: son todos nombres K, ni uno solo referenciado en el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Tampoco del massismo.
De momento, se mantiene el hermetismo entre las filas K. “Las acciones se irán anunciando los próximos días”, aseguraron a este medio. En principio, este jueves hay una reunión del Consejo Nacional del PJ, a las 16. Allí se avanzará en la estrategia política y electoral en este nuevo escenario, sin Cristina Kirchner.
“Nuestra fuerza política está teniendo un debate necesario que se acelera en el marco del proceso electoral. Lo que pasó este martes (el fallo de la Corte) viene a modificar el escenario general”, analizó este miércoles el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. El funcionario de Kicillof es uno de los que más confronta con el kirchnerismo.
Carlos Bianco es la mano derecha de Axel Kicillof y uno de los funcionarios que más confronta con el kirchnerismo. (Foto: NA)
En diálogo con radio Futurock, el funcionario provincial explicó que la decisión sobre el desdoblamiento “es una facultad que tiene el Gobernador”. “El proceso electoral está lanzado y la Junta Electoral tiene un cronograma en vigencia, pero son decisiones políticas que va a tener que tomar él”, agregó.
“Se había establecido una mesa de diálogo para discutir no solo una lista, sino una estrategia política general y una táctica electoral particular, pero ahora se vino esta situación encima. De nuestro lado, la decisión va a ser del Gobernador sobre qué hacer con este marco, que es completamente nuevo. Lo importante hoy es seguir trabajando y solidarizándose”.
No obstante, en el entorno del Gobernador rechazaron la posibilidad de dar marcha atrás con el desdoblamiento. “No es momento para hablar de eso. En esta situación tan grave”, señalaron en las filas de Kicillof a TN. Y remarcaron: “Hay fecha de elecciones y ya está dispuesto el cronograma”.
Buena parte del futuro del peronismo depende de cómo logren articular entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner. (Foto: AP).
En la misma línea, enviaron un mensaje a la interna, que pese al fragor de la reacción en defensa de CFK, sigue más vigente que nunca. “Es un momento para extremar la madurez política, no hay espacio para ningún tipo de especulación”, enfatizaron.
Presión del kirchnerismo y cautela del massismo
“La definición es más que nunca unidad y con la conducción de Cristina, que esté presa no cambia nada. Hoy más que nunca es su conducción. Los candidatos serán los que designe Cristina”, señaló a TN un dirigente K de la primera hora.
“Si hoy quieren cuestionar su liderazgo, más todavía va a haber una reacción. Ya habían quedado atrapados con la candidatura, ahora los atrapó la historia”, insistió un referente del kirchnerismo a este medio. Unidad sí, pero no a cualquier precio. “Vamos a defender la unidad y la jefatura de Cristina. No la define nadie, la Corte menos. Hay que construir la unidad bajo su liderazgo”, indicaron.
El massismo acompaña a Cristina Kirchner y apuesta a la construcción de la unidad. (Foto: @sebasgalmarini)
El Frente Renovador también se hizo presente en la cumbre convocada por CFK. “Desde lo electoral, solo le dieron más centralidad a Cristina. Es la estrategia del Gobierno, para polarizar con ella”, afirmó a TNSebastián Galmarini. Y redobló la apuesta: “Pero van a unificar al peronismo. Vamos a construir una estrategia electoral para ganarles”.
Uno de los desafíos que enfrenta el peronismo por estas horas es cómo seguir, ya sin Cristina Kirchner en la carrera electoral. “En lugar de asustarnos, lo que hace es encolumnarnos contra este Gobierno”, señaló el referente del massismo.
“En ningún lugar de la carta orgánica se habla de amor. En ningún caso las relaciones personales pueden suplantar los objetivos políticos”, profundizó Galmarini. Y añadió: “Sergio va a discutir con Cristina cómo seguir. Y sobre todo, cómo construir una argentina distinta. Sin unidad no tiene ningún sentido”. Se imponen tiempos de reflexión en el peronismo.
La Sala Primera Civil y Comercial de Sáenz Peña rechazó el recurso del InSSSeP y ordenó mantener como afiliado voluntario a un niño de 7 años que padece parálisis cerebral e hidrocefalia. Confirmó así una sentencia de primera instancia que priorizó el “interés superior del niño” y criticó las barreras administrativas que limitan derechos fundamentales.
La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Sáenz Peña confirmó la sentencia que obliga al Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP) a restablecer la cobertura médica como afiliado voluntario a un niño de 7 años con parálisis cerebral, hidrocefalia y displasia de cadera.
La decisión, a la que tuvo acceso LITIGIO, fue dictada en marzo pasado, y desestimó los argumentos de la obra social provincial que había dado de baja al niño por considerar que su pensión no contributiva y el programa Incluir Salud eran suficientes. Confirmó, así, el fallo de primera instancia de la jueza de Familia Lorena Hruza.
La sentencia, que lleva las firmas de los jueces Raúl Fernández y Elia Pisarello, respalda los argumentos de la jueza Hruza al destacar el derecho a la salud como garantía constitucional, avalado por tratados internacionales (Convención sobre los Derechos del Niño y Convención sobre Discapacidad), la “situación de vulnerabilidad excepcional” del menor, que requiere tratamientos multidisciplinarios y cirugías anuales y la incompatibilidad de exigir la renuncia a la pensión no contributiva para acceder a la cobertura del InSSSeP: “Es una conducta regresiva que viola el art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional”, señaló el tribunal.
El fallo subrayó que Incluir Salud —que solo cubre medicamentos y prácticas básicas— resulta “insuficiente” para las necesidades de Misael, quien necesita terapias continuas en el Instituto San Antonio de Padua de Avia Terai, suspendidas tras la baja de la obra social.
La Cámara cuestionó también los requisitos del InSSSeP para afiliaciones voluntarias (Resoluciones 526/95 y 923/24), que excluyen a quienes perciben otros beneficios: “Imponen una elección injusta entre salud y subsistencia económica”. Los magistrados remarcaron que el Estado debe eliminar obstáculos que limiten derechos, especialmente en casos de discapacidad infantil.
La Comisión de Disciplina archivó la investigación a los jueces del viaje a Lago Escondido bajo un cuestionado argumento legal, mientras sus miembros magistrados bloquearon el proceso retirándose en masa. El caso expone cómo la elección de jueces por sus pares fomenta la impunidad y conflictos de interés. Urge reformar la composición del órgano para evitar que la corporación judicial siga siendo juez y parte, sostiene el abogado Ezequiel Nino.
Por Ezequiel Nino*
Hace pocos días, la Comisión de Disciplina rechazó investigar a los jueces del viaje a Lago Escondido con el argumento de que había iniciado por una prueba determinada ilegal por la justicia penal. Un par de semanas antes, tres consejeros jueces que integran la Comisión (Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero) se habían retirado todos al mismo tiempo de la reunión -y en la que se discutían pruebas a recabar- dejándola sin quórum. El restante juez, Alberto Lugones, directamente no participó de la reunión. La resolución para cerrar el caso fue adoptada por esos cuatro jueces que integran la Comisión más el representante de los académicos Hugo Galdersi y el senador radical Eduardo Vischi. Más allá de la discusión sobre la justicia de la solución (quienes rechazaron la postura de la mayoría sostuvieron que las nulidades no son iguales en el proceso penal que en el proceso disciplinario y por ende se debía seguir investigando), lo que ilustra el caso es los problemas que refleja la conformación de la Comisión.
Lo ocurrido no es un hecho aislado: revela una falla sistémica en la conformación de la Comisión de Disciplina. El hecho de que los cuatro jueces se hayan retirado a la vez de la reunión revela el conflicto de interés que tienen para realizar investigaciones contra sus pares y el poder de fuego que tienen en la Comisión. Hay que recordar que los jueces llegan al Consejo por votación de sus pares, quienes obviamente tienen un interés en que sus representantes los representen ante las denuncias que reciban. En casos como el de Lago Escondido, en el cual los denunciados -todos integran tribunales muy poderosos en Comodoro Py, el fuero contencioso administrativo federal y el fuero penal económico- tienen tanta ascendencia entre sus pares por la función que cumplen, es aún más difícil que sus colegas promuevan una investigación. Cualquiera que observa las pocas reuniones de Comisión que se llevan adelante puede ver, de manera muy evidente, el trabajo en bloque de los magistrados para obstaculizar las pocas investigaciones que el resto quiere llevar adelante. En particular, la maniobra para “vaciar la reunión” donde se discutía la forma de investigar a distintos jueces demostró que cualquier diferencia entre las listas de jueces se disipa a la hora de intentar bloquear avances en investigaciones a sus colegas.
Este episodio subraya que la significativa presencia de jueces en la Comisión de Disciplina, y su elección por parte de sus propios pares, crea un entorno propicio para la defensa corporativa. Es predecible que, bajo estas condiciones, haya una tendencia natural a frenar o bloquear investigaciones que afecten a miembros del propio estamento judicial. Esto otorga a un grupo de jueces el poder de vetar de facto cualquier proceso disciplinario, afectando gravemente la independencia y la credibilidad de la justicia.
En el caso de Lago Escondido, entendemos que debieran haberse producido pruebas y solamente después evaluarse la legitimidad inicial. En el ámbito disciplinario, el estándar de prueba puede ser distinto al penal. No se busca una “certeza más allá de toda duda razonable” como para imponer una pena de prisión, sino determinar si existió una falta grave que justifique una sanción administrativa (amonestación, suspensión, remoción). La finalidad es proteger la función pública, no castigar un delito. Aunque las escuchas hayan sido anuladas, la investigación ética podría haber explorado otras vías para corroborar los hechos denunciados: testimonios, registros públicos, declaraciones juradas, análisis de patrones de comportamiento, etc. La anulación de una prueba no significa que los hechos no hayan existido o que no puedan probarse por otros medios.
La Comisión de Acusación no está integrada por magistrados y esto tiene una explicación lógica: hay que dejar investigar a la Comisión sin la presencia de colegas -que muchas veces tienen una relación personal con el funcionario denunciado-. Una vez que llega al plenario, los jueces y juezas pueden brindar su visión pero con todos los elementos sobre la mesa. Lo mismo debería ocurrir en la Comisión de Disciplina. La presencia de todos los magistrados que integran el Consejo impide, en la mayoría de los expedientes, que se desarrollen investigaciones profundas sobre los hechos denunciados. La impunidad de los hechos de Lago Escondido lo demuestran.
*Abogado, cofundador de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
