El juez Civil y Comercial 6, Jorge Sinkovich aplicó una multa diaria de 85,9 millones de pesos al gobierno chaqueño por incumplir una cautelar que ordenaba asistencia alimentaria y provisión de agua a comunidades Wichí, ubicadas en El Impenetrable. Los testimonios recabados por la Defensoría General del Poder Judicial del Chaco advierten que la ayuda nunca llegó, mientras el Ejecutivo niega el incumplimiento y prepara la apelación.

El gobierno del Chaco deberá afrontar una sanción inédita: casi 86 millones de pesos diarios por incumplir una medida cautelar que lo obligaba a garantizar alimentos y agua potable al pueblo Wichí. Así lo resolvió el Juzgado Civil y Comercial 6 de Resistencia, a cargo del juez Jorge Sinkovich, quien advirtió que la gestión provincial desobedeció durante más de cinco meses lo ordenado por la Justicia.

La resolución, a la que tuvo acceso LITIGIO, tiene fecha del viernes. En el escrito, el magistrado estableció que el monto –calculado en base a la Canasta Básica Alimentaria de julio y a una población estimada de 20.000 personas– sea destinado a las comunidades demandantes. La decisión busca asegurar la efectividad de la tutela judicial y revertir la situación de “extrema vulnerabilidad” que atraviesan los pueblos originarios del noroeste provincial.

Sinkovich recordó que el derecho a la vida y a la salud gozan de jerarquía constitucional y están amparados por tratados internacionales de derechos humanos, lo que obliga al Estado a adoptar medidas positivas para su cumplimiento. Aunque todavía no se confirmó oficialmente, se da por hecho que el gobierno chaqueño apelará la resolución.

El origen 

El reclamo por asistencia alimentaria se inició en diciembre de 2024, cuando la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, presentó un amparo con medida cautelar reclamando ayuda urgente para el pueblo Wichí. La causa recayó en el juzgado de Sinkovich, quien ya supervisaba la ejecución de una cautelar dictada en 2007 por la Corte Suprema en favor de comunidades Qom.

Durante la feria judicial de enero, el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) solicitó que el alcance se ampliara a los Wichí, en especial a los asentados en Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y otros parajes de El Impenetrable. En una audiencia, representantes del Ejecutivo prometieron asistencia, pero –según denunció el IDACH– nunca cumplieron.

En marzo, el juez ordenó garantizar en forma “continua, oportuna y adecuada” el suministro de alimentos y agua. Sin embargo, los informes oficiales presentados más tarde demostraron que la ayuda fue esporádica y limitada, lo que llevó al magistrado a considerar insuficientes las acciones provinciales.

Desde la Fiscalía de Estado, el gobierno defendió su accionar y sostuvo que las comunidades ya reciben asistencia. Además, calificó la causa como “abstracta” y con un sesgo “mediático”. No obstante, la Defensoría Adjunta y referentes del territorio advirtieron que la crisis se agravó: comedores cerrados, distribución irregular de alimentos y falta de agua potable en las localidades más afectadas.

Ante esa situación, Gauna Wirz pidió aplicar sanciones económicas para forzar el cumplimiento de la cautelar. El juez accedió y fijó la multa diaria millonaria.

Revista Litigio