El Frente Renovador de la Concordia mantuvo su hegemonía. La Libertad Avanza testeó con satisfacción su sello oficial y obturó a sus segundas marcas. Los partidos tradicionales retrocedieron varios casilleros. El ex policía, preso por sedición y candidato, obtuvo casi el 20% de los votos y quedó en tercer lugar
La elección en Misiones de este domingo fue otro hito en tendencias que se viene dando en los comicios adelantados provinciales. El primero: que hay un desinterés social por las elecciones que se traduce en baja participación. El segundo: que los oficialismos se imponen. La única excepción fue la ciudad de Buenos Aires.
En la tierra colorada votó apenas el 50% del padrón. El nivel es inferior al 59% que se registró en 2021 (con la pandemia aún activa) durante la votación similar a la del último domingo: renovación parcial de la Legislatura provincial. Está lejos del 70% que se dio en la elección para gobernador e intendentes en 2023 y del 78% del 2017, cuando las provinciales se hicieron en forma concomitante con las legislativas nacionales.
Pese a esas condiciones, el Frente Renovador de la Concordia logró sus tres objetivos básicos. Uno: ganó la elección. Dos: conservaría quórum propio y mayoría en la Legislatura, según los primeros datos oficiales. Es que la distribución de bancas lo dejaría con 6 ó 7 de los 20 lugares en pugna. Eso se definirá en el escrutinio definitivo y por aplicación del sistema D’Hont.
Estas bancas se agregarían a las 14 que conserva, a lo que habría que sumar el reacomodamiento político post asunción de cargos. Esto se traduce en la tercera de las metas: el mandatario Hugo Passalacqua no tendrá comprometida la gobernabilidad.
El gobernador Hugo Passalaqua agradeció el apoyo de los misioneros en los comicios de este domingo
En la Renovación misionera evalúan que el resultado de las urnas es una victoria del proyecto provincialista por sobre los intentos de nacionalizar la puja electoral. Lo cierto es que, para presentar una cara renovada, tuvieron que apelar al “blend”, nombre que eligieron a fin de describir la combinación de referentes propios en las listas con personas ligadas al espectro libertario.
De igual manera, la fórmula sigue funcionando a pesar del desgaste que genera 25 años ininterrumpidos en el poder.
La Libertad Avanza sigue avanzando
El partido del presidente Javier Milei tildó una casilla de aprobado en Misiones. Se convirtió en la segunda fuerza de la provincia, hito que sólo había logrado la alianza Cambiemos/Juntos por el Cambio durante su efímera existencia.
Esto le permitirá ubicar representantes propios en la Legislatura. Serán entre 4 y 5. Antes de la votación, los referentes de LLA estimaban que podrían sacar 2 o 3 en una mala elección y 7 en una excelente. Estarían más cerca del techo que del piso.
El segundo lugar es también un triunfo político. El sello oficial ganó aun sin tener el color violeta en el cuarto oscuro. Es que todas las boletas en Misiones son blanco y negro. Con la premisa “(Diego) Hartfield es Milei”, lograron fidelizar el voto libertario y evitaron que se diluya entre segundas marcas. De allí la caída de Martín Arjol, el diputado nacional “radical con peluca” que armó una propuesta libertaria blue. Terminó afectado por el mismo virus que Ramiro Marra en Buenos Aires: entre el original y la copia, la gente elige el original.
Diego Hartfield, el candidato de La Libertad Avanza en Misiones que quedó en segundo lugar
Ahora, LLA misionera deberá prepararse para afrontar el aluvión de dirigencia que quedó huérfana y que buscará cobijo en el partido del Presidente. Las previsiones ya están hechas.
En el plano local, los principales referentes libertarios de la tierra colorada tienen un pliego de condiciones para abrir la puerta: que se pinten de violeta y se afilien a LLA y que vayan al último lugar de la cola.
En lo nacional, la decisión de dejar o no el paso abierto de cara a los comicios de octubre quedará en manos de la presidenta del partido, Karina Milei.
El Presidente dijo que su objetivo era pintar de violeta la Argentina. En Misiones dio varias pinceladas en ese sentido.
Sorpresas
La elección misionera trajo algunos datos que, al observador externo, le dejan la boca abierta.
Ramón Amarilla, un ex policía preso que hizo campaña con videos en redes sociales desde la cárcel logró ubicarse en el tercer lugar de la elección, con cerca del 20% de los votos. Esto le permitiría llegar a una banca en la Legislatura. Para que se concrete, habrá que aguardar que el Tribunal Electoral decida si le otorga o no el título de diputado.
Amarilla fue el líder de la revuelta policial de mayo de 2024 que puso en vilo al Gobierno provincial. Meses después, intentó encabezar una réplica, pero fue detenido y puesto en prisión preventiva.
Atraído por su figura, Miguel Núñez, un ex referente del PRO, lo motivó para encabezar la lista de su partido “Por la vida y los valores”. Como dato curioso, Amarilla se impuso en Cerro Azul. En esa pequeña localidad está ubicada la Unidad Penal VIII en la que está detenido.
La baja participación electoral en Misiones marca una tendencia nacional
Otro dato sorpresivo fue la elección que hizo Héctor “Cacho” Bárbaro con su Partido Agrario y Social. Exdiputado nacional del Frente de Todos entre 2019 y 2023, este dirigente rural, productor de yerba mate y tabaco, quedó ubicado en un cuarto lugar expectante que le permitirá lograr una banca y tal vez competir por otra.
Derrotas
En la cuenta de los fracasos de la jornada hay que listar a la aventura de Arjol. El “radical con peluca” pretendió subirse por el último vagón al tren violeta a través del Partido Libertario. Pero se quedó en el andén. El quinto lugar está lejos de los resultados que obtuvo como figura emergente en 2021, cuando ganó la elección legislativa nacional, e incluso en 2023 al encabezar como candidato a gobernador la propuesta de Juntos por el Cambio.
A la UCR oficial le fue peor. La alianza que realizó con lo que queda del PRO y la Coalición Cívica terminó incluso por detrás de Arjol. La confluencia, que se llamó “Unidos por el Futuro”, cayó en votos, prestigio y cantidad de bancas en comparación con JxC, la denominación con la que habían logrado los lugares en la Legislatura que ahora perdieron.
Al peronismo le fue incluso peor. Por decisión de Cristina Kirchner, el partido está intervenido. Los normalizadores sacaron el sello PJ del Frente Renovador. No querían quedar pegados con el acercamiento del FRC a la Casa Rosada, pero no lograron presentar lista provincial y terminaron apoyando a una alianza, Confluencia Popular, que quedó englobada en la categoría “otros” en el conteo. Los datos oficiales parciales lo ubican con menos de 1% de los votos.
De cara al fin de semana largo la agrupación convocó a manifestar en el Puente Punta Iglesias, pleno centro de la ciudad.
Militantes de La Cámpora cortaron este viernes el principal acceso a Mar del Plata. En la previa al fin de semana largo, la protesta por la condena a Cristina Kirchner se hizo sobre la Ruta 2 que une ese balneario con la Ciudad de Buenos Aires y la zona Metropolitana.
“Cortan el acceso pisando el fin de semana largo. Quieren tomar de rehén a Mar del Plata. No jodan a la ciudad”, advirtió el intendente Guillermo Montenegro. Para el sábado la movilización está convocada en el emblemático Puente Punta Iglesias, en pleno centro de la ciudad.
Mar del Plata -uno de los principales puntos turísticos del país- se prepara para recibir a miles de visitantes y las protestas podrían alterar la actividad turística, el principal motor económicos de la ciudad.
La agrupación había definido para hoy un corte total sobre la Ruta 2, sin permitir la circulación de vehículos particulares, camiones y transporte de larga distancia. En la manifestación hubo proclamas en favor de la ex presidenta y acusaciones contra Héctor Magnetto a quien consideraron de “mafioso y cagón”.
“El pueblo argentino se moviliza para defender la democracia y las instituciones frente a una nueva embestida del Partido Judicial y los grupos concentrados de poder”, dijeron desde el Movimiento Evita.
Facundo ‘Apache’ Villalva -uno de los referentes de esa agrupación dijo que “nadie puede quedarse en su casa ante semejante injusticia, cuando lo que está en juego es la democracia y el futuro de nuestra patria”.
En tanto, desde el gobierno de Montenegro indicaron que realizarán una denuncia penal por pintadas en edificios públicos y locales partidarios.
Durante esta madrugada, aparecieron pintadas en la sede del EMTur y en un local de La Libertad Avanza. Desde la intendencia vinculan directamente a estos hechos con el clima de tensión política generado tras el fallo judicial.
Analizan prohibirle las redes, un control estricto de las visitas y que no pueda salir al balcón a dar discursos. En Comodoro Py no descartan que le nieguen la domiciliaria.
Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, que condenaron y ahora deberán ejecutar la pena contra Cristina Kirchner, quieren endurecer las condiciones de detención de la expresidenta y no descartan negarle la prisión domiciliaria.
La ejecución de la pena de Cristina está a cargo del juez Jorge Gorini, presidente del TOF 2, que había anunciado que la semana próxima se tomaría una licencia, pero finalmente lo postergó y se quedará para resolver la situación de la presidenta del PJ el próximo miércoles. Fuentes de los tribunales explicaron a LPO que igualmente las medidas están acordadas con los otros integrantes del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Un dato no menor es que los tres integrantes del Tribunal arrastran viejos rencores con el kirchnerismo, al que acusan de haberlos espiado ilegalmente y filtrado datos personales, entre otras presiones.
En ese contexto hay que entender ahora que el rumor de las últimas horas es la posibilidad de que le nieguen a Cristina la prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución, donde se ha montado una vigilia de militantes.
Ante esto Cristina pareció anticiparse y este viernes por la mañana hizo un largo posteo en el que reclama que le acepten su casa como lugar de detención. “No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”, expuso.
Fuentes de Comodoro Py dijeron a LPO que no creen que le nieguen la domiciliaria -aunque no lo descartan-, pero sí que endurezcan las condiciones de prisión de la presidenta del Partido Justicialista. De todos modos, el beneficio de la domiciliaria puede ser revertido en cualquier momento por el TOF 2.
Entre las medidas para endurecer las condiciones de prisión se mencionan la prohibición del uso de redes sociales, un control muy estricto de quienes puedan visitarla, que no pueda salir al balcón y mucho menos a dar discursos.
Entre las medidas para endurecer las condiciones de prisión se mencionan la prohibición del uso de redes sociales, un control muy estricto de quienes puedan visitarla, que no pueda salir al balcón y mucho menos a dar discursos
En resumen, medidas para evitar que Cristina convierta la esquina de San José y Humberto Primo en su Guardia de Hierro. De concretarse estas medidas será un argumento muy fuerte para los que denuncian una persecución contra la expresidenta.
Las medidas que analizan los jueces para condicionar a Cristina están en línea con el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que mantienen una posición muy dura contra la expresidenta y de hecho reclamaron su detención inmediata.
Cristina esperará en prisión otros tres juicios: el caso Hotesur-Los Sauces, la causa de los Cuadernos y el memorándum con Irán. El único que tiene fecha de comienzo es Cuadernos, el próximo 6 de noviembre. Se espera que en poco tiempo se establezca la fecha de inicio del proceso del memorándum y para más adelante quedará Hotesur-Los Sauces.
La dirigente sindical Zulema Coria pidió formalmente constituirse como querellante particular en la causa contra el gobernador Leandro Zdero, a quien acusa de injurias y violencia política y de género. Además, solicitó que se lo cite a declarar en calidad de imputado. La medida se presenta ante lo que Coria percibe como una necesidad de acción judicial frente a las “expresiones asertivas con contenido injuriante” emitidas por el mandatario. La causa está radicada en el Juzgado Correccional 2 y hasta el momento no tuvo avance alguno.
En su carácter de Secretaria General del Gremio del INSSSEP, con el patrocinio letrado de Araceli Ortigoza Peña, Coria detalló en su presentación que el 8 de mayo de 2025, el gobernador realizó una serie de declaraciones públicas “manifiestamente ofensivas, vejatorias y lesivas” hacia su persona durante el programa “La Mañana de la Radio” del canal estatal “Somos Uno”. Estas expresiones fueron amplificadas en plataformas digitales como YouTube y Edición Norte, ambas sostenidas con fondos públicos provinciales a través de pauta oficial.
Allí, Zdero se refirió a Coria con frases como “la dirigente sindical eterna”, “es una mujer mala”, “todos saben lo perversa que es esta señora” y “hay que escarbar muy fuerte para encontrarle corazón”.
La presentación subraya que estas expresiones “superan cualquier crítica política o sindical legítima” y fueron proferidas con una “clara intencionalidad de menoscabo público, sin sustento fáctico alguno”. Coria enfatiza que la gravedad del daño se magnifica por el hecho de que las declaraciones fueron emitidas desde una “posición de poder institucional máximo” y amplificadas por medios de comunicación sostenidos por el Estado.
Coria sostiene que estas declaraciones “exceden cualquier crítica política o sindical legítima” y que fueron proferidas desde una “posición de poder institucional máximo” con el objetivo de estigmatizar, desacreditar y silenciar su participación sindical. La dirigente afirma haber sufrido consecuencias emocionales severas —angustia, estrés, insomnio y ansiedad—, además de hostigamiento en redes sociales y ataques que también afectaron a su familia.
Enmarca estas acciones dentro de la “violencia política, simbólica e institucional por razones de género”, al utilizar expresiones estigmatizantes contra una mujer sindicalista en ejercicio legítimo de sus funciones. Destaca que el accionar del gobernador configura un “abuso de poder institucional” y la “reproducción de prácticas machistas que buscan disciplinar y silenciar la participación política y sindical de las mujeres”.
En su fundamento legal, Coria invoca el artículo 110 del Código Penal, que sanciona el deshonor o descrédito intencional a una persona. Argumenta que las expresiones del gobernador “exceden ampliamente el marco del interés público” y son “manifestaciones personales que buscan desacreditarme, mediante insultos, descalificaciones y acusaciones sin sustento alguno, como tildarme de ‘perversa’, ‘dañina’, ‘mala’, etc.”.
Finalmente, Zulema Coria solicitó que se le dé intervención en la causa como querellante particular, que se ordene la apertura de una investigación por el delito de injurias, se tengan por ofrecidas las pruebas, se proceda a la investigación penal preparatoria y se cite a declarar al gobernador Leandro Zdero en calidad de imputado.
Asimismo, pidió medidas de resguardo para su integridad personal en el marco del Protocolo de Prevención de la Violencia de Género e Institucional. Coria concluye que “la violencia ejercida desde posiciones de poder no puede naturalizarse ni quedar impune”.
Derechos Humanos se apartó
Paralelamente, Coria presentó una denuncia administrativa ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, dirigida a su titular, Hugo Maldonado. En ese escrito, invocó las leyes provinciales 2957-A, 2023-A y 2772-L, que contemplan mecanismos específicos de prevención y abordaje frente a casos de violencia laboral en la administración pública. Solicitó que se activen protocolos de protección, resguardo emocional y medidas preventivas para evitar nuevas agresiones institucionales.
Sin embargo, el 20 de mayo la Subsecretaría rechazó la denuncia “in límine”, es decir, sin darle trámite, argumentando que el gobernador está fuera del alcance del protocolo por ser “la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Provincial” y haber sido elegido por “sufragio popular”. Según el criterio del organismo, aplicar un protocolo en su contra afectaría la imparcialidad institucional, ya que Zdero es además la autoridad de aplicación de la normativa vigente en materia de violencia laboral.
El rechazo dejó planteado un fuerte cuestionamiento a la efectividad de los mecanismos institucionales de protección frente a casos de violencia ejercida desde el poder.