Lo resolvió el juez Ariel Lijo, en cumplimiento de una decisión de la Cámara Federal porteña. Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia rechazaron la excarcelación solicitada por la defensa de D.R.V., pero hicieron lugar al pedido de morigeración de su detención. Además del arresto domiciliario, se dispuso retener su pasaporte y la colocación de un dispositivo de rastreo para monitorear su ubicación.
Tras casi diez días detenido, D.R.V. pudo regresar a su casa. El jubilado chaqueño, acusado de amenazar en redes sociales al presidente Javier Milei, al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y a periodistas oficialistas, ya se encuentra en su domicilio de Resistencia junto a su familia, con la salvedad de que aún no se encuentra en libertad.
La decisión fue adoptada el viernes por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4, Ariel Lijo —juez propuesto por Milei para integrar la Corte Suprema—, en cumplimiento de lo dispuesto por la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su resolución, los jueces Bruglia y Bertuzzi denegaron la excarcelación solicitada por la defensa de D.R.V. —representado por Ignacio Funes Peralta, abogado vinculado al dirigente Juan Grabois—, pero accedieron a morigerar las condiciones de detención mediante el beneficio de la prisión domiciliaria.
Los camaristas impusieron una serie de restricciones adicionales para “garantizar los fines del proceso”: prohibieron su salida del país, ordenaron la retención del pasaporte y dispusieron la instalación de un sistema de rastreo para controlar su ubicación de forma continua.
Ese mismo viernes, D.R.V. fue trasladado a su casa, escoltado por dos policías. Según pudo saber LITIGIO, las condiciones del arresto domiciliario no fueron del todo claras, ya que no se le habría entregado copia del oficio judicial. Incluso, su familia manifestó dudas respecto a si podía o no salir del domicilio. “Los policías le dijeron que lo único que no podía hacer era salir del país”, explicaron a este medio.
D.R.V. fue detenido el 2 de julio por personal de la Sección de Relevamiento en Investigaciones Complejas, dependiente de la División de Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, tras tareas de “ciberprevención”. En una de esas investigaciones detectaron las publicaciones del usuario “Elpidio Sánchez”, desde donde se habrían difundido los presuntos amedrentamientos.
Durante el procedimiento, se incautó una carabina calibre .22 y cuatro armas de aire comprimido, elementos a todas luces insuficiente para concretar algún tipo de atentado contra figuras públicas. Además, está claro que no cuenta con los recursos operativos y logísticos para hacer lo que supuestamente dijo que haría. A pesar de lo desproporcionado y grotesco del procedimiento policial-judicial, varios medios locales y nacionales lo calificaron con el exagerado mote de “el temible jubilado”.
Tras su detención, fue alojado en una oficina de la Comisaría Tercera de Resistencia, sin cama, colchón, elementos básicos ni acceso a sanitarios. No contaba con defensa legal, desconocía los cargos en su contra y lo único que recibió por parte de los agentes fue la amenaza de ser trasladado a Buenos Aires, lejos de su familia.
Ante esta situación, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentó un hábeas corpus correctivo ante la jueza Zunilda Niremperger. El organismo solicitó el cese del agravamiento en sus condiciones de detención y que el imputado comparezca con urgencia ante el juez de la causa para conocer la imputación en su contra.
La magistrada hizo lugar al pedido y ordenó una serie de medidas: instruyó a la Policía del Chaco a garantizar condiciones básicas de habitabilidad (cama, colchón, baño e higiene), brindar atención médica inmediata por su hipertensión crónica, permitir el contacto irrestricto con su defensa y evitar toda exposición mediática indebida que pudiera vulnerar su dignidad e integridad.
Luego de esta resolución, D.R.V. fue trasladado a la sede que la Policía Federal posee en el centro de Resistencia. Allí su situación mejoró: recibió atención médica, accedió a su medicación, pudo dormir en una cama y recibir visitas familiares.
Lijo y las “amenazas”
No es la primera vez que el juez Ariel Lijo actúa en causas contra personas que se expresan en redes sociales contra el presidente Milei. En octubre de 2024, procesó por amenazas a un hombre que, en un video viralizado durante el debate de la Ley Bases en el Congreso, decía que iba a matar al presidente.
“Le voy a dar un tiro, un cuetazo en la cabeza, me voy a tomar 10 Rivotril y le voy a romper un tiro en la cabeza”, se lo escuchaba decir en las imágenes difundidas por el periodista Tomás Díaz Cueto en su cuenta de X (ex Twitter).
El hecho motivó una denuncia de la División Custodia Presidencial, que derivó en el allanamiento del domicilio del acusado, Fabián Barraza, y su posterior detención. Lijo lo procesó, aunque sin prisión preventiva, por lo que ordenó su libertad.
Para el magistrado, se trató de un episodio grave: “No fue una amenaza contra un bien jurídico de menor tutela, fue una amenaza de muerte. Es decir, contra la vida del Presidente de la Nación”, sostuvo en su fallo.
