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Otorgaron el arresto domiciliario al jubilado chaqueño acusado de amenazar a Milei

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Lo resolvió el juez Ariel Lijo, en cumplimiento de una decisión de la Cámara Federal porteña. Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia rechazaron la excarcelación solicitada por la defensa de D.R.V., pero hicieron lugar al pedido de morigeración de su detención. Además del arresto domiciliario, se dispuso retener su pasaporte y la colocación de un dispositivo de rastreo para monitorear su ubicación.

Tras casi diez días detenido, D.R.V. pudo regresar a su casa. El jubilado chaqueño, acusado de amenazar en redes sociales al presidente Javier Milei, al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y a periodistas oficialistas, ya se encuentra en su domicilio de Resistencia junto a su familia, con la salvedad de que aún no se encuentra en libertad.

La decisión fue adoptada el viernes por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4, Ariel Lijo —juez propuesto por Milei para integrar la Corte Suprema—, en cumplimiento de lo dispuesto por la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su resolución, los jueces Bruglia y Bertuzzi denegaron la excarcelación solicitada por la defensa de D.R.V. —representado por Ignacio Funes Peralta, abogado vinculado al dirigente Juan Grabois—, pero accedieron a morigerar las condiciones de detención mediante el beneficio de la prisión domiciliaria.

Los camaristas impusieron una serie de restricciones adicionales para “garantizar los fines del proceso”: prohibieron su salida del país, ordenaron la retención del pasaporte y dispusieron la instalación de un sistema de rastreo para controlar su ubicación de forma continua.

Ese mismo viernes, D.R.V. fue trasladado a su casa, escoltado por dos policías. Según pudo saber LITIGIO, las condiciones del arresto domiciliario no fueron del todo claras, ya que no se le habría entregado copia del oficio judicial. Incluso, su familia manifestó dudas respecto a si podía o no salir del domicilio. “Los policías le dijeron que lo único que no podía hacer era salir del país”, explicaron a este medio.

D.R.V. fue detenido el 2 de julio por personal de la Sección de Relevamiento en Investigaciones Complejas, dependiente de la División de Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, tras tareas de “ciberprevención”. En una de esas investigaciones detectaron las publicaciones del usuario “Elpidio Sánchez”, desde donde se habrían difundido los presuntos amedrentamientos.

Durante el procedimiento, se incautó una carabina calibre .22 y cuatro armas de aire comprimido, elementos a todas luces insuficiente para concretar algún tipo de atentado contra figuras públicas. Además, está claro que no cuenta con los recursos operativos y logísticos para hacer lo que supuestamente dijo que haría. A pesar de lo desproporcionado y grotesco del procedimiento policial-judicial, varios medios locales y nacionales lo calificaron con el exagerado mote de “el temible jubilado”.

Tras su detención, fue alojado en una oficina de la Comisaría Tercera de Resistencia, sin cama, colchón, elementos básicos ni acceso a sanitarios. No contaba con defensa legal, desconocía los cargos en su contra y lo único que recibió por parte de los agentes fue la amenaza de ser trasladado a Buenos Aires, lejos de su familia.

Ante esta situación, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentó un hábeas corpus correctivo ante la jueza Zunilda Niremperger. El organismo solicitó el cese del agravamiento en sus condiciones de detención y que el imputado comparezca con urgencia ante el juez de la causa para conocer la imputación en su contra.

La magistrada hizo lugar al pedido y ordenó una serie de medidas: instruyó a la Policía del Chaco a garantizar condiciones básicas de habitabilidad (cama, colchón, baño e higiene), brindar atención médica inmediata por su hipertensión crónica, permitir el contacto irrestricto con su defensa y evitar toda exposición mediática indebida que pudiera vulnerar su dignidad e integridad.

Luego de esta resolución, D.R.V. fue trasladado a la sede que la Policía Federal posee en el centro de Resistencia. Allí su situación mejoró: recibió atención médica, accedió a su medicación, pudo dormir en una cama y recibir visitas familiares.

Lijo y las “amenazas”

No es la primera vez que el juez Ariel Lijo actúa en causas contra personas que se expresan en redes sociales contra el presidente Milei. En octubre de 2024, procesó por amenazas a un hombre que, en un video viralizado durante el debate de la Ley Bases en el Congreso, decía que iba a matar al presidente.

“Le voy a dar un tiro, un cuetazo en la cabeza, me voy a tomar 10 Rivotril y le voy a romper un tiro en la cabeza”, se lo escuchaba decir en las imágenes difundidas por el periodista Tomás Díaz Cueto en su cuenta de X (ex Twitter).

El hecho motivó una denuncia de la División Custodia Presidencial, que derivó en el allanamiento del domicilio del acusado, Fabián Barraza, y su posterior detención. Lijo lo procesó, aunque sin prisión preventiva, por lo que ordenó su libertad.

Para el magistrado, se trató de un episodio grave: “No fue una amenaza contra un bien jurídico de menor tutela, fue una amenaza de muerte. Es decir, contra la vida del Presidente de la Nación”, sostuvo en su fallo.

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Informe reservado: el Gobierno alerta por la presencia en la Argentina de 28 presuntos miembros de una organización narco brasileña

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Un documento oficial al que accedió TN, detalla que hay 14 personas detenidas en cárceles federales y 14 en libertad que tendrían participación directa en bandas narcos que buscan propagarse por la región.

Tras el megaoperativo antinarcotráfico que culminó con más de 120 muertos en dos favelas de Río de Janeiro, TN accedió a un informe reservado que alerta por la presencia en la Argentina de 14 alojadas en cárceles federales de la Argentina y otras 14 en libertad que podrían tener vínculos con una organización criminal de Brasil.

El documento oficial remarcó que el crimen organizado brasileño intenta propagarse o expandirse hacia otros países en busca de ampliar su dominio territorial, así como diversificar y multiplicar sus actividades delictivas.

En ese marco, organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) habrían demostrado un elevado nivel de estructura, recursos logísticos y capacidad de expansión transnacional, que habría llegado a la Argentina.

Vinculado al PCC, aparece Adriano Giménez Morales, de nacionalidad paraguaya, alojado en la Colonia Penal de Candelaria Unidad N°17. Detenido por tráfico de estupefacientes, el hombre habría reconocido haber residido en los países de Brasil, Perú, Bolivia y Argentina, territorios en los cuales operaría la mencionada organización criminal. También admitió haber hecho “trabajos de sicariato para una banda narco peruana”.

Otro de los mencionados es Jonathan Renato Goncalves, de nacionalidad brasileña, ingresó a la órbita del Servicio Penitenciario Federal tras un operativo de Gendarmería Nacional Argentina y se encuentra alojado en el mismo lugar que Giménez Morales.

A través de un ritual conocido como “bautismo”, el cual consiste en registrar sus datos en un “libro blanco”, inicialmente en formato físico y luego digitalizado para ser compartido por correo, mensajería y plataformas virtuales, estas bandas suman nuevos miembros a su organización.

Según pudo confirmar este medio en base a fuentes, desde 2014 se habría detectado una fuerte expansión del PCC desde Brasil hacia países productores de drogas como Paraguay y Bolivia, y posteriormente a otras regiones de América Latina, América del Norte y Europa, incluyendo tanto miembros en libertad como detenidos en cárceles.

En un operativo, se detectó una hoja de cálculo con información de 28 miembros activos en la Argentina (14 aparentemente en condición de detenidos y 14 en condición de libertad), de los cuales se identificaron 26 con registros y datos adicionales; situación que podría confirmar la expansión del PCC en territorio argentino, detallando que la radicalización se habría dado en establecimientos carcelarios de las provincias de Santa Fe y Chaco.

Alguno de los involucrados son Ariel José Rojas, mencionado como uno de los autores de la denominada “masacre Coronda”, ocurrida durante su alojamiento en el penal de Santa Fe.

El informe menciona también a Néstor Horacio Barczuk, alojado en la Colonia Penal de Santa Rosa, quien habría sido parte de un bautismo en Resistencia, Chaco, y se lo habría identificado gracias a una hoja de cálculo denominada “hermanos activos en argentina”.

En esa misma hoja de ruta aparecen mencionados Víctor Hugo Pedraz Cristofoletti Roberto Silvera Mafra. También Gusmao Leonardo Monte Alto, vinculado a un Grupo Delictivo Organizado denominado ‘Callau Barriga’, cuya principal actividad estaría vinculada a los delitos de tráfico de estupefacientes, con asiento en la provincia de Entre Ríos, precisamente en la localidad de Ibicuy.

Todos los mencionados, además de los delitos cometidos, tienen elementos distintivos como tatuajes que son característicos o que se asemejan a organizaciones criminales, dedicados al tráfico de estupefacientes, sicariatos, entre otros.

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Una organización narcocriminal se abastecía de droga desde Rosario y las distribuía en Río Negro

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Durante 15 meses, los gendarmes efectuaron tareas investigativas sobre la banda delictiva.

El análisis de datos, escuchas telefónicas y vigilancia aérea con Drone, permitieron localizar al principal investigado y las maniobras de narcotráfico y lavado de activos.

Se detuvo a 10 integrantes de la organización de nacionalidades argentina, chilena y paraguaya.

Por órdenes del Magistrado interviniente, los funcionarios de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “General Roca” avanzaron sobre una organización narcocriminal con estructura de clan familiar y territorialidad en Rosario (Santa Fe), la cual distribuía sustancias ilícitas en localidades del Alto Valle rionegrino.

Durante 15 meses, los gendarmes realizaron una ardua tarea de investigación, que consistió en el análisis de datos, escuchas telefónicas y vigilancia aérea, los mismos permitieron identificar al líder de la banda delictiva, las maniobras de distribución de narcóticos que eran realizadas mediante la utilización de rodados de mediana y alta gama, quienes junto a testaferros familiares y allegados tenían en su círculo, cinco chacras. Esto motivó con autorización judicial geolocalizar con el uso de drones los espacios de tierra donde hallaron un invernadero y una plantación con cultivo activo de plantas de marihuana en diferentes etapa de crecimiento.

 

 

Asimismo, los efectivos obtuvieron información que vinculaba a la banda delictiva con operaciones de lavado de activos. Tras esos resultados, el Juzgado interviniente, con conocimiento de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), libró 13 órdenes de allanamientos simultáneos sobre inmuebles ubicados en la ciudad de Villa Regina y en las localidades de Ingeniero Huergo y Valle Azul.

 

 

En el transcurso del día de ayer, los uniformados pertenecientes de las diferentes Unidades de la Fuerza llevaron adelante las medidas judiciales y se dirigieron hacia los objetivos, en los domicilios encontraron: 989 gramos de cocaína, 2 kilos 765 gramos cannabis sativa, 693 plantas (en diferentes etapas de crecimiento) y 60 semillas de marihuana, tres armas de aire comprimido y siete armas de fuego, 279 municiones de distintos calibres, 3.933.580 pesos y 51.933 dólares, 13 vehículos y demás elementos de interés para la causa.

 

 

 

 

Por último, los funcionarios detuvieron a 10 hombres (entre ellos al principal investigado) de nacionalidades argentina, chilena y paraguaya, quienes quedaron a disposición de la justicia.

En este hecho, intervino la Unidad Fiscal de la ciudad de General Roca y la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación (PROCUNAR).

 

 

 

 

 

 

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Santiago del Estero: Acondicionó más de 5 kilos de cocaína dentro de dos gatos hidráulicos

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Los gendarmes recepcionaron un oficio judicial para realizar la apertura de los crickets hidráulicos tipo “botella”.

Tras la apertura de las herramientas, los funcionarios constataron la existencia de la sustancia compactada.

El conductor del rodado quedó detenido en infracción a la Ley 23.737.

Es el resultado del intercambio de información, con los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Santiago del Estero”, el Escuadrón 59 y el personal de ARCA de la provincia, el cual permitió desplegar un operativo el pasado 14 de octubre y controlar un camón de cargas generales de bandera boliviana, donde se trasladaba dos crickets hidráulicos tipo “botella” (los mismos son utilizados para levantar vehículos).

 

 

En la tarde de ayer, los uniformados fueron autorizados por el Juzgado Federal Nº 2 para inspeccionar minuciosamente las herramientas y corroboraron la existencia de una sustancia blancuzca compactada.

 

 

 

 

Ante el hallazgo de 5 kilos 815 gramos de cocaína, el Magistrado interviniente dispuso el decomiso de la droga y demás elementos de interés para la causa. Asimismo, ordenó la detención del conductor del rodado.

 

 

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