Politica
Fentanilo mortal: la justicia avanza sobre los responsables del laboratorio y las razones de la contaminación de la droga
La trama detrás HLB Pharma, el laboratorio ligado a los 38 pacientes fallecidos. El abogado de la ex esposa de Lázaro Báez que que desistió de la operación. Ariel García, el empresario que viajó a Rusia para distribuir la vacuna Sputnik y su madre figuran en un documento privado como presidente y vicepresidente de la empresa
La causa judicial que investiga el fentanilo de uso clínico contaminado asociado a la muerte de 38 pacientes es una caja de sorpresas. O no tanto. A medida que el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak avanza en su pesquisa se abren nuevas líneas de investigación sobre las posibles causas de la adulteración de la droga, con al menos dos bacterias, y las relaciones políticas y empresariales alrededor del laboratorio HLB Pharma que tiene como cara visible a Ariel Fernando García, el empresario que formó parte de la delegación del gobierno de Alberto Fernández que viajó a Rusia para importar y distribuir la vacuna Sputnik V contra el COVID-19.
El magistrado ya tiene en su mesa de trabajo los nombres de los directores técnicos de las dos empresas vinculadas por la elaboración de los lotes de las ampollas contaminadas, según el Instituto Malbrán-ANLIS con las bacterias Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia Picketti. Se trata de HLB Pharma y su elaborador exclusivo, Laboratorios Ramallo.
En diciembre de 2024, fecha de elaboración del lote 31202 de “Fentanilo HLB/Citrato Fentanilo, concentración 0,05 mg/ml, solución inyectable, ampollas por 5 ml, la presidenta de HLB Pharma era Olga Luisa Arena, la abuela García, ex socio del sindicalista Víctor Santa María en el canal de noticias IP.ARIEL GARCIA FURFARO Y SEBASTIAN NANINI
A poco de saltar el escándalo por el fentanilo contaminado, los primeros días de abril, Sebastián Daniel Nanini, el actual abogado de Norma Calismonte, la ex esposa de Lázaro Báez y patrocinante del hijo de ambos Martín Báez “para que pueda obtener su prisión domiciliaria” en la causa “Ruta del Dinero K” (al igual que su padre y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner), se presentó a través de un escrito en el juzgado de Ernesto Kreplak, para informarle al magistrado que, desde el 28 de mayo, es decir antes que se elaborara la droga relacionada con las 38 muertes él era el nuevo presidente de HLB Pharma y que, según se lee en el Boletín Oficial, fechado el 3 de abril de 2025, él se hacía cargo de la presidencia de la firma en lugar de la abuela de García.
En diálogo con este medio, no solo confirmó ese hecho, aseveró que había adquirido el 99% del paquete accionario y que se había firmado un documento privado que establecía “una cláusula de rescisión de seis meses.”
En el juzgado siempre sospecharon de esa operación y hasta especularon que podía ser una “distracción”. Como sea, en las últimas horas Nanini, se comunicó con quien escribe esta nota para informar que “ejecuté la cláusula de indemnidad la cual me resguarda de todo daño o responsabilidad por cualquier evento surgido con anterioridad a la firma”. Es decir que desistió de la compra.
Según los documentos que el ex apoderado de la lista del Partido Justicialista “PJ de Todos” del año 2013, envió a Infobae, el presidente de HLB Pharma es Ariel Fernando García y la vicepresidenta Nilda Furfaro, su madre.
En el acta, Nanini, desistió del “buen negocio” que significaba comprar el cuestionado laboratorio, “en virtud de los hechos de público conocimiento y no poder llevar adelante la compra del paquete accionario de la sociedad. Las partes de común acuerdo y de plena conformidad deciden desistir y dejar sin efecto ni valor legal alguna el acto jurídico”, celebrado el 28 de marzo de 2025.
En el punto tercero del documento, Nanini declina la presidencia de la empresa en favor de García.
Uno y otro no son desconocidos, razón por la cual el pase de manos del laboratorio resultaba extraño desde un comienzo. Un ejemplo, ambos participaron del “Seminario sobre Ciberdelito Argentina & Estados Unidos” que se realizó en Washington D.C. que se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad Americana de Washington.
En el tiempo libre se organizaban visitas a la Casa Blanca, visitas nocturnas a la ciudad y al Thomas Jefferson Memorial Abraham Lincoln Memorial, entre otros lugares como Pentágono y el Cementerio Arlington.
El juzgado de Kreplak está centrado en descubrir el mecanismo por el cual se contaminó el fentanilo que produjo, según el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, publicado de manera exclusiva por este medio, si se suman los casos sospechosos y confirmados por haber sido tratados con la droga adulterada, 74 pacientes afectados que estaban internados en 12 establecimientos, 38 de los cuales fallecieron.
La información revela que ya son cinco los “lotes” del fentanilo contaminado. Se trata de los números: 31202, (el que mayor cantidad de muertes produjo; 31245, 31246, 31247 y 31076.
Para los investigadores es indispensable acreditar se trató de un hecho “doloso” o “culposo”. Por eso repasan cada una de las irregularidades que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) detectó a lo largo de los años y las sanciones que se le aplicó.
En 2020, en el contexto de la pandemia de COVID-19, HLB Pharma, bajo la dirección de Ariel García, gestionó la inscripción de la vacuna Sputnik V ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
García incluso formó parte de una comitiva que viajó a Rusia para negociar la adquisición de las vacunas. Sin embargo, el gobierno de Fernández optó por establecer un acuerdo directo con el Fondo Ruso de Inversión Directa, dejando de lado a intermediarios privados como HLB Pharma. De todos modos, el laboratorio adquirió la vacuna de manera privada y la comercializó.
En ese octubre de 2020, la comitiva oficial del Gobierno que viajó a Moscú estuvo encabezada por la entonces secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini. Además, participaron representantes del laboratorio HLB Pharma Group, entre ellos, Ariel García. También se sumaron al viaje la esposa del entonces ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, la farmacéutica Raquel Méndez, que por entonces desempeñaba el rol de asesora ad honorem.
Un año antes de ese viaje a Rusia, la ANMAT había detectado diversos problemas en productos elaborados por HLB Pharma Group S.A., algunos de los cuales derivaron en prohibiciones, retiros de mercado y clausuras. Entre los incidentes más relevantes se encuentran:
– La prohibición del uso y comercialización de “Propofol HLB” y “Dopamina HLB” por carecer de etiquetas de trazabilidad y registros sanitarios, calificando ambos productos como ilegítimos y obligando al retiro inmediato.
– El retiro del “Diclofenac HLB” y “Morfina al 1% HLB” por errores en el etiquetado que podían provocar confusión y riesgo sanitario.
– En 2022, se prohibió la venta de “Agua Destilada HLB” tras encontrarse material particulado en las ampollas.
– Además, hubo clausuras de plantas por deficiencias graves en Buenas Prácticas de Manufactura, especialmente Laboratorios Ramallo, también asociados a la firma, señalando riesgos a la calidad y seguridad de productos.
– El Propofol HLB, emulsión inyectable IV 10 mg/ml (lote 60000): El producto fue considerado ilegítimo por carecer de la etiqueta de trazabilidad.
– Dopamina HLB, dopamina clorhidrato 40 mg/ml inyectable IV (lote 31214): También se retiró por falta de trazabilidad.
– Dopamina HLB 100 mg AMP 5 ml 20 mg/ml (lote 31215): Prohibido por carecer de etiquetas requeridas para su trazabilidad.
– Diclofenac HLB, solución inyectable 25 mg/ml (lote 30552): Se encontraron partículas negras en suspensión en la solución.
– Rolfita, paracetamol 500 mg, envase hospitalario de 500 comprimidos (lote del blíster A71638): Se detectaron comprimidos rotos y fuera de especificación.
El juzgado también investiga si se cumplieron todos los protocolos en la elaboración del fentanilo que resultó contaminado.
Alguna de las preguntas que se realizan algunos investigadores son:
– La planta elaboradora Laboratorios Ramallo ¿trataba el agua que utilizaba para llenar los inyectables, según las exigencias del ANMAT, y las normas internacionales de buenas prácticas GPM (es una norma utilizada en la industria farmacéutica a nivel mundial) esta agua debería ser WFI (agua para inyectables)?
– La duda surge porque la planta también generaba agua PW (agua purificada) que es de menor calidad y por tal motivo no es apta para compuestos endovenosos.
– La norma exige que la misma sea tratada en calderas destiladores osmosis, y transportadas desde el destilado en caños de acero 316, que es un acero inoxidable de altísimo rendimiento para evitar la acumulación de colonias de bacterias, lo que da como resultado la calidad de agua WFI.
– El agua, como cada una de las fórmulas utilizadas en la elaboración del medicamento debe ser analizada para descartar contaminación bacteriana y se deben incorporar al Batch Record como constancia de aprobación.
– Antes de liberar el producto este debe ser aprobado por la oficina de garantías y control de calidad de la firma que es quien libera o rechaza el medicamento.
El juzgado federal de La Plata se encuentra en la ardua tarea de analizar cada uno de estos protocolos internos. También espera más resultados de laboratorio que la ANMAT envió a realizar sobre los lotes de fentanilo secuestrados en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo secuestrados en los dos allanamientos que se realizaron.
Politica
La Cámpora corta los accesos a Mar del Plata y Montenegro advierte: “no jodan con la ciudad”
De cara al fin de semana largo la agrupación convocó a manifestar en el Puente Punta Iglesias, pleno centro de la ciudad.
Militantes de La Cámpora cortaron este viernes el principal acceso a Mar del Plata. En la previa al fin de semana largo, la protesta por la condena a Cristina Kirchner se hizo sobre la Ruta 2 que une ese balneario con la Ciudad de Buenos Aires y la zona Metropolitana.
“Cortan el acceso pisando el fin de semana largo. Quieren tomar de rehén a Mar del Plata. No jodan a la ciudad”, advirtió el intendente Guillermo Montenegro. Para el sábado la movilización está convocada en el emblemático Puente Punta Iglesias, en pleno centro de la ciudad.
Mar del Plata -uno de los principales puntos turísticos del país- se prepara para recibir a miles de visitantes y las protestas podrían alterar la actividad turística, el principal motor económicos de la ciudad.
La agrupación había definido para hoy un corte total sobre la Ruta 2, sin permitir la circulación de vehículos particulares, camiones y transporte de larga distancia. En la manifestación hubo proclamas en favor de la ex presidenta y acusaciones contra Héctor Magnetto a quien consideraron de “mafioso y cagón”.
“El pueblo argentino se moviliza para defender la democracia y las instituciones frente a una nueva embestida del Partido Judicial y los grupos concentrados de poder”, dijeron desde el Movimiento Evita.
Facundo ‘Apache’ Villalva -uno de los referentes de esa agrupación dijo que “nadie puede quedarse en su casa ante semejante injusticia, cuando lo que está en juego es la democracia y el futuro de nuestra patria”.
En tanto, desde el gobierno de Montenegro indicaron que realizarán una denuncia penal por pintadas en edificios públicos y locales partidarios.
Durante esta madrugada, aparecieron pintadas en la sede del EMTur y en un local de La Libertad Avanza. Desde la intendencia vinculan directamente a estos hechos con el clima de tensión política generado tras el fallo judicial.
Politica
Los jueces quieren endurecer las condiciones de detención de Cristina y no descartan negarle la domiciliaria
Analizan prohibirle las redes, un control estricto de las visitas y que no pueda salir al balcón a dar discursos. En Comodoro Py no descartan que le nieguen la domiciliaria.
Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, que condenaron y ahora deberán ejecutar la pena contra Cristina Kirchner, quieren endurecer las condiciones de detención de la expresidenta y no descartan negarle la prisión domiciliaria.
La ejecución de la pena de Cristina está a cargo del juez Jorge Gorini, presidente del TOF 2, que había anunciado que la semana próxima se tomaría una licencia, pero finalmente lo postergó y se quedará para resolver la situación de la presidenta del PJ el próximo miércoles. Fuentes de los tribunales explicaron a LPO que igualmente las medidas están acordadas con los otros integrantes del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Un dato no menor es que los tres integrantes del Tribunal arrastran viejos rencores con el kirchnerismo, al que acusan de haberlos espiado ilegalmente y filtrado datos personales, entre otras presiones.
En ese contexto hay que entender ahora que el rumor de las últimas horas es la posibilidad de que le nieguen a Cristina la prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución, donde se ha montado una vigilia de militantes.
Ante esto Cristina pareció anticiparse y este viernes por la mañana hizo un largo posteo en el que reclama que le acepten su casa como lugar de detención. “No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”, expuso.
Fuentes de Comodoro Py dijeron a LPO que no creen que le nieguen la domiciliaria -aunque no lo descartan-, pero sí que endurezcan las condiciones de prisión de la presidenta del Partido Justicialista. De todos modos, el beneficio de la domiciliaria puede ser revertido en cualquier momento por el TOF 2.
Entre las medidas para endurecer las condiciones de prisión se mencionan la prohibición del uso de redes sociales, un control muy estricto de quienes puedan visitarla, que no pueda salir al balcón y mucho menos a dar discursos.
En resumen, medidas para evitar que Cristina convierta la esquina de San José y Humberto Primo en su Guardia de Hierro. De concretarse estas medidas será un argumento muy fuerte para los que denuncian una persecución contra la expresidenta.
Las medidas que analizan los jueces para condicionar a Cristina están en línea con el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que mantienen una posición muy dura contra la expresidenta y de hecho reclamaron su detención inmediata.
Cristina esperará en prisión otros tres juicios: el caso Hotesur-Los Sauces, la causa de los Cuadernos y el memorándum con Irán. El único que tiene fecha de comienzo es Cuadernos, el próximo 6 de noviembre. Se espera que en poco tiempo se establezca la fecha de inicio del proceso del memorándum y para más adelante quedará Hotesur-Los Sauces.
Politica
“No puede quedar impune”: piden citar como imputado a Zdero en una causa por injurias, violencia política y de género
La dirigente sindical Zulema Coria pidió formalmente constituirse como querellante particular en la causa contra el gobernador Leandro Zdero, a quien acusa de injurias y violencia política y de género. Además, solicitó que se lo cite a declarar en calidad de imputado. La medida se presenta ante lo que Coria percibe como una necesidad de acción judicial frente a las “expresiones asertivas con contenido injuriante” emitidas por el mandatario. La causa está radicada en el Juzgado Correccional 2 y hasta el momento no tuvo avance alguno.
En su carácter de Secretaria General del Gremio del INSSSEP, con el patrocinio letrado de Araceli Ortigoza Peña, Coria detalló en su presentación que el 8 de mayo de 2025, el gobernador realizó una serie de declaraciones públicas “manifiestamente ofensivas, vejatorias y lesivas” hacia su persona durante el programa “La Mañana de la Radio” del canal estatal “Somos Uno”. Estas expresiones fueron amplificadas en plataformas digitales como YouTube y Edición Norte, ambas sostenidas con fondos públicos provinciales a través de pauta oficial.
Allí, Zdero se refirió a Coria con frases como “la dirigente sindical eterna”, “es una mujer mala”, “todos saben lo perversa que es esta señora” y “hay que escarbar muy fuerte para encontrarle corazón”.
La presentación subraya que estas expresiones “superan cualquier crítica política o sindical legítima” y fueron proferidas con una “clara intencionalidad de menoscabo público, sin sustento fáctico alguno”. Coria enfatiza que la gravedad del daño se magnifica por el hecho de que las declaraciones fueron emitidas desde una “posición de poder institucional máximo” y amplificadas por medios de comunicación sostenidos por el Estado.
Coria sostiene que estas declaraciones “exceden cualquier crítica política o sindical legítima” y que fueron proferidas desde una “posición de poder institucional máximo” con el objetivo de estigmatizar, desacreditar y silenciar su participación sindical. La dirigente afirma haber sufrido consecuencias emocionales severas —angustia, estrés, insomnio y ansiedad—, además de hostigamiento en redes sociales y ataques que también afectaron a su familia.
Enmarca estas acciones dentro de la “violencia política, simbólica e institucional por razones de género”, al utilizar expresiones estigmatizantes contra una mujer sindicalista en ejercicio legítimo de sus funciones. Destaca que el accionar del gobernador configura un “abuso de poder institucional” y la “reproducción de prácticas machistas que buscan disciplinar y silenciar la participación política y sindical de las mujeres”.
En su fundamento legal, Coria invoca el artículo 110 del Código Penal, que sanciona el deshonor o descrédito intencional a una persona. Argumenta que las expresiones del gobernador “exceden ampliamente el marco del interés público” y son “manifestaciones personales que buscan desacreditarme, mediante insultos, descalificaciones y acusaciones sin sustento alguno, como tildarme de ‘perversa’, ‘dañina’, ‘mala’, etc.”.
Finalmente, Zulema Coria solicitó que se le dé intervención en la causa como querellante particular, que se ordene la apertura de una investigación por el delito de injurias, se tengan por ofrecidas las pruebas, se proceda a la investigación penal preparatoria y se cite a declarar al gobernador Leandro Zdero en calidad de imputado.
Asimismo, pidió medidas de resguardo para su integridad personal en el marco del Protocolo de Prevención de la Violencia de Género e Institucional. Coria concluye que “la violencia ejercida desde posiciones de poder no puede naturalizarse ni quedar impune”.
Derechos Humanos se apartó
Paralelamente, Coria presentó una denuncia administrativa ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, dirigida a su titular, Hugo Maldonado. En ese escrito, invocó las leyes provinciales 2957-A, 2023-A y 2772-L, que contemplan mecanismos específicos de prevención y abordaje frente a casos de violencia laboral en la administración pública. Solicitó que se activen protocolos de protección, resguardo emocional y medidas preventivas para evitar nuevas agresiones institucionales.
Sin embargo, el 20 de mayo la Subsecretaría rechazó la denuncia “in límine”, es decir, sin darle trámite, argumentando que el gobernador está fuera del alcance del protocolo por ser “la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Provincial” y haber sido elegido por “sufragio popular”. Según el criterio del organismo, aplicar un protocolo en su contra afectaría la imparcialidad institucional, ya que Zdero es además la autoridad de aplicación de la normativa vigente en materia de violencia laboral.
El rechazo dejó planteado un fuerte cuestionamiento a la efectividad de los mecanismos institucionales de protección frente a casos de violencia ejercida desde el poder.
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