Dirigentes de todo el espacio político a nivel nacional manifestaron su respaldo a la ex presidenta. En el sector de Kicillof separan lo electoral de lo judicial. Unidad en un solo punto
Guillermo Moreno escuchó el último discurso de Cristina Kirchner en el PJ Nacional apoyado sobre la pared del estacionamiento que tiene la sede de Matheu 130. Estaba de traje, solo, parado detrás del auto de la custodia. Hasta el martes a la tarde, llevaba diez años sin verla.
Cuando terminó, se fue hacia el departamento donde la ex presidenta cumplirá la condena. Allí se integró a un grupo selecto de dirigentes ultra K entre los que estaban Máximo Kirchner, Mayra Mendoza, “Wado” de Pedro, Oscar Parrilli y Teresa García. Todos comieron empanadas mientras afuera la militancia seguía con el cancionero popular.
Durante la tarde, en una de las múltiples reuniones que hubo en el PJ, en una de ellas aparecieron, vía Zoom, los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja). Ambos se solidarizaron con la ex mandataria. También lo hicieron en sus redes sociales. La respaldaron en público y en privado.
Ninguno de los dos había apoyado su desembarco en el PJ Nacional. Incluso, el riojano la había confrontado, revelándose contra su conducción. Pero frente a la condena decidió acercarse. O, al menos, no se recluyó en el silencio. En el entorno de CFK recibieron en forma positiva la postura de los dos mandatarios.
Guillermo Moreno fue uno de los dirigentes que acompañó a CFK en el PJ y en su casa durante la jornada del martes (Candela Teicheira)
Hasta Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), conocidos como los “peronista con peluca”, por su cercanía al gobierno de Javier Milei, apoyaron públicamente a la ex presidenta. Con matices, con más rodeos, con menos contundencia, pero la apoyaron.
La CGT hizo lo propio. Sacó un comunicado asegurando que la democracia está en peligro y plantearon un “apoyo incondicional” a Cristina Kirchner frente a la condena en la causa Vialidad. La central obrera lleva largos años enfrentada con la ex jefa de Estado y siempre tuvieron una relación tensa.
Otro de los nombres alejados del kirchnerismo que apareció en escena fue el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey. “Desde la primera instancia, esto se pareció más a linchamiento contra Cristina que a debido proceso. Un disparate jurídico con tufillo a proscripción”, señaló.
En la tarde de ayer el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, encabezó una columna que marchó hasta el departamento de CFK. Enfrentado con La Cámpora y distanciado de la ex presidenta, decidió emprender igual la caminata. “Somos coherentes con lo que pensamos siempre. Fuimos a respaldar a Cristina frente a esta persecución judicial”, señalaron en la municipalidad.
El salteño Juan Manuel Urtubey dijo que el fallo judicial tiene “tufillo a proscripción” (Maximiliano Luna)
A su lado caminó el intendente de Ensenada, Mario Secco, uno de los dirigentes más duros que tiene el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que conduce Kicillof. “Cristina tiene todo el derecho de presentarse, como yo tengo todo el derecho de ponerme de primer concejal y nos medimos a ver quién tiene más votos”, dijo en algún momento el jefe comunal. Ayer llegó a la puerta del departamento ubicado en San José 1111.
Axel Kicillof dio sus mensajes en los últimos tres días. Fue dos veces a la sede del PJ, brindó entrevistas acusándo a la justicia federal de querer proscribir a CFK y advirtió sobre el cambio del escenario político. Resistido por el camporismo, el gobernador bonaerense mantuvo su línea argumental histórica respecto a la situación judicial de la líder peronista.
En el MDF separan lo judicial de lo político. Son dos temas distintos. Ahora es el momento de apoyar a Cristina Kirchner. En unos días llegará la instancia de los dientes apretados, el tironeo de necesidades y los reproches interminables. La disputa está abierta. No hay perdón y no hay olvido.
La condena de la ex presidenta generó un movimiento particular en el peronismo. Los que están enemistados con ella, los que están lejos y los que se acercaron, además de los del núcleo duro, se pronunciaron en un mismo sentido. Se alinearon frente a las circunstancias y caminaron hacia un punto de encuentro.
La unidad en la acción está atada a un solo tema. No hay fusión electoral. Al menos, por ahora. Pero lo que dejó sobre la mesa la condena es la necesidad de trabajar en cerrar todas las grietas para comenzar a construir un bloque anti Milei de abajo hacia arriba. Achicar las diferencias dentro de los márgenes posibles para comenzar un proceso de reorganización.
Cristina Kirchner saluda a la militancia desde el balcón de su departamento en Constitución (RS Fotos)
La negociación electoral en la provincia de Buenos Aires se puso en pausa en forma obligada. El foco está sobre los movimientos de CFK y los días que le quedan en libertad hasta efectivizar la condena. Sobre la organización de las acciones y actividades vinculadas a la situación judicial de la ex presidenta. En esa línea, se trabajará este jueves, en la reunión del consejo nacional del PJ, que se realizará a las 16 en la sede histórica de Matheu 130.
“Todo debe continuar tal como se arregló el último jueves. Hay que avanzar en los próximos días. No se puede volver a foja cero”, aseguró un funcionario del gabinete bonaerense respecto a la negociación electoral. El jueves pasado la ex mandataria y el Gobernador acordaron formar una mesa, con integrantes de ambos sectores, para poder armar una estrategia en conjunto y comenzar a diseñar las listas seccionales.
El peronismo tiene capacidad para reorganizarse. Lo que no está claro aún es si se reorganizará con CFK en el centro de la escena, sin ella o con su figura jugando un rol importante pero no determinante para construir una opción de poder. Sin la ex vicepresidenta en la cancha electoral, las hipótesis se modifican y los acuerdos cambian. Inevitablemente.
De cara al fin de semana largo la agrupación convocó a manifestar en el Puente Punta Iglesias, pleno centro de la ciudad.
Militantes de La Cámpora cortaron este viernes el principal acceso a Mar del Plata. En la previa al fin de semana largo, la protesta por la condena a Cristina Kirchner se hizo sobre la Ruta 2 que une ese balneario con la Ciudad de Buenos Aires y la zona Metropolitana.
“Cortan el acceso pisando el fin de semana largo. Quieren tomar de rehén a Mar del Plata. No jodan a la ciudad”, advirtió el intendente Guillermo Montenegro. Para el sábado la movilización está convocada en el emblemático Puente Punta Iglesias, en pleno centro de la ciudad.
Mar del Plata -uno de los principales puntos turísticos del país- se prepara para recibir a miles de visitantes y las protestas podrían alterar la actividad turística, el principal motor económicos de la ciudad.
La agrupación había definido para hoy un corte total sobre la Ruta 2, sin permitir la circulación de vehículos particulares, camiones y transporte de larga distancia. En la manifestación hubo proclamas en favor de la ex presidenta y acusaciones contra Héctor Magnetto a quien consideraron de “mafioso y cagón”.
“El pueblo argentino se moviliza para defender la democracia y las instituciones frente a una nueva embestida del Partido Judicial y los grupos concentrados de poder”, dijeron desde el Movimiento Evita.
Facundo ‘Apache’ Villalva -uno de los referentes de esa agrupación dijo que “nadie puede quedarse en su casa ante semejante injusticia, cuando lo que está en juego es la democracia y el futuro de nuestra patria”.
En tanto, desde el gobierno de Montenegro indicaron que realizarán una denuncia penal por pintadas en edificios públicos y locales partidarios.
Durante esta madrugada, aparecieron pintadas en la sede del EMTur y en un local de La Libertad Avanza. Desde la intendencia vinculan directamente a estos hechos con el clima de tensión política generado tras el fallo judicial.
Analizan prohibirle las redes, un control estricto de las visitas y que no pueda salir al balcón a dar discursos. En Comodoro Py no descartan que le nieguen la domiciliaria.
Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, que condenaron y ahora deberán ejecutar la pena contra Cristina Kirchner, quieren endurecer las condiciones de detención de la expresidenta y no descartan negarle la prisión domiciliaria.
La ejecución de la pena de Cristina está a cargo del juez Jorge Gorini, presidente del TOF 2, que había anunciado que la semana próxima se tomaría una licencia, pero finalmente lo postergó y se quedará para resolver la situación de la presidenta del PJ el próximo miércoles. Fuentes de los tribunales explicaron a LPO que igualmente las medidas están acordadas con los otros integrantes del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Un dato no menor es que los tres integrantes del Tribunal arrastran viejos rencores con el kirchnerismo, al que acusan de haberlos espiado ilegalmente y filtrado datos personales, entre otras presiones.
En ese contexto hay que entender ahora que el rumor de las últimas horas es la posibilidad de que le nieguen a Cristina la prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución, donde se ha montado una vigilia de militantes.
Ante esto Cristina pareció anticiparse y este viernes por la mañana hizo un largo posteo en el que reclama que le acepten su casa como lugar de detención. “No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”, expuso.
Fuentes de Comodoro Py dijeron a LPO que no creen que le nieguen la domiciliaria -aunque no lo descartan-, pero sí que endurezcan las condiciones de prisión de la presidenta del Partido Justicialista. De todos modos, el beneficio de la domiciliaria puede ser revertido en cualquier momento por el TOF 2.
Entre las medidas para endurecer las condiciones de prisión se mencionan la prohibición del uso de redes sociales, un control muy estricto de quienes puedan visitarla, que no pueda salir al balcón y mucho menos a dar discursos.
Entre las medidas para endurecer las condiciones de prisión se mencionan la prohibición del uso de redes sociales, un control muy estricto de quienes puedan visitarla, que no pueda salir al balcón y mucho menos a dar discursos
En resumen, medidas para evitar que Cristina convierta la esquina de San José y Humberto Primo en su Guardia de Hierro. De concretarse estas medidas será un argumento muy fuerte para los que denuncian una persecución contra la expresidenta.
Las medidas que analizan los jueces para condicionar a Cristina están en línea con el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que mantienen una posición muy dura contra la expresidenta y de hecho reclamaron su detención inmediata.
Cristina esperará en prisión otros tres juicios: el caso Hotesur-Los Sauces, la causa de los Cuadernos y el memorándum con Irán. El único que tiene fecha de comienzo es Cuadernos, el próximo 6 de noviembre. Se espera que en poco tiempo se establezca la fecha de inicio del proceso del memorándum y para más adelante quedará Hotesur-Los Sauces.
La dirigente sindical Zulema Coria pidió formalmente constituirse como querellante particular en la causa contra el gobernador Leandro Zdero, a quien acusa de injurias y violencia política y de género. Además, solicitó que se lo cite a declarar en calidad de imputado. La medida se presenta ante lo que Coria percibe como una necesidad de acción judicial frente a las “expresiones asertivas con contenido injuriante” emitidas por el mandatario. La causa está radicada en el Juzgado Correccional 2 y hasta el momento no tuvo avance alguno.
En su carácter de Secretaria General del Gremio del INSSSEP, con el patrocinio letrado de Araceli Ortigoza Peña, Coria detalló en su presentación que el 8 de mayo de 2025, el gobernador realizó una serie de declaraciones públicas “manifiestamente ofensivas, vejatorias y lesivas” hacia su persona durante el programa “La Mañana de la Radio” del canal estatal “Somos Uno”. Estas expresiones fueron amplificadas en plataformas digitales como YouTube y Edición Norte, ambas sostenidas con fondos públicos provinciales a través de pauta oficial.
Allí, Zdero se refirió a Coria con frases como “la dirigente sindical eterna”, “es una mujer mala”, “todos saben lo perversa que es esta señora” y “hay que escarbar muy fuerte para encontrarle corazón”.
La presentación subraya que estas expresiones “superan cualquier crítica política o sindical legítima” y fueron proferidas con una “clara intencionalidad de menoscabo público, sin sustento fáctico alguno”. Coria enfatiza que la gravedad del daño se magnifica por el hecho de que las declaraciones fueron emitidas desde una “posición de poder institucional máximo” y amplificadas por medios de comunicación sostenidos por el Estado.
Coria sostiene que estas declaraciones “exceden cualquier crítica política o sindical legítima” y que fueron proferidas desde una “posición de poder institucional máximo” con el objetivo de estigmatizar, desacreditar y silenciar su participación sindical. La dirigente afirma haber sufrido consecuencias emocionales severas —angustia, estrés, insomnio y ansiedad—, además de hostigamiento en redes sociales y ataques que también afectaron a su familia.
Enmarca estas acciones dentro de la “violencia política, simbólica e institucional por razones de género”, al utilizar expresiones estigmatizantes contra una mujer sindicalista en ejercicio legítimo de sus funciones. Destaca que el accionar del gobernador configura un “abuso de poder institucional” y la “reproducción de prácticas machistas que buscan disciplinar y silenciar la participación política y sindical de las mujeres”.
En su fundamento legal, Coria invoca el artículo 110 del Código Penal, que sanciona el deshonor o descrédito intencional a una persona. Argumenta que las expresiones del gobernador “exceden ampliamente el marco del interés público” y son “manifestaciones personales que buscan desacreditarme, mediante insultos, descalificaciones y acusaciones sin sustento alguno, como tildarme de ‘perversa’, ‘dañina’, ‘mala’, etc.”.
Finalmente, Zulema Coria solicitó que se le dé intervención en la causa como querellante particular, que se ordene la apertura de una investigación por el delito de injurias, se tengan por ofrecidas las pruebas, se proceda a la investigación penal preparatoria y se cite a declarar al gobernador Leandro Zdero en calidad de imputado.
Asimismo, pidió medidas de resguardo para su integridad personal en el marco del Protocolo de Prevención de la Violencia de Género e Institucional. Coria concluye que “la violencia ejercida desde posiciones de poder no puede naturalizarse ni quedar impune”.
Derechos Humanos se apartó
Paralelamente, Coria presentó una denuncia administrativa ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, dirigida a su titular, Hugo Maldonado. En ese escrito, invocó las leyes provinciales 2957-A, 2023-A y 2772-L, que contemplan mecanismos específicos de prevención y abordaje frente a casos de violencia laboral en la administración pública. Solicitó que se activen protocolos de protección, resguardo emocional y medidas preventivas para evitar nuevas agresiones institucionales.
Sin embargo, el 20 de mayo la Subsecretaría rechazó la denuncia “in límine”, es decir, sin darle trámite, argumentando que el gobernador está fuera del alcance del protocolo por ser “la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Provincial” y haber sido elegido por “sufragio popular”. Según el criterio del organismo, aplicar un protocolo en su contra afectaría la imparcialidad institucional, ya que Zdero es además la autoridad de aplicación de la normativa vigente en materia de violencia laboral.
El rechazo dejó planteado un fuerte cuestionamiento a la efectividad de los mecanismos institucionales de protección frente a casos de violencia ejercida desde el poder.